Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
9 de abril de 2012
Washington, D.C. – – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy su Informe Anual 2011 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe consta de cinco capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2011 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año.
A lo largo del año 2011, la CIDH ha realizado numerosas actividades que incluyen, entre otros, la celebración de tres períodos de sesiones, la aprobación de 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de cinco sobre el fondo, y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de País o Relatores Temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa, y la realización de 5 seminarios y cursos de formación. Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias de que es objeto la Comisión y las distintas maneras en que protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio.
Asimismo, la Comisión continuó su labor de promoción de derechos humanos a través de la publicación de varios informes temáticos. Durante el 2011, la Comisión publicó el informe sobre “Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso”; “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturas”; “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”; “El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las Mujeres en las Américas”; “Acceso a la Información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”; “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”; “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”; la “Situación de las personas Afrodescendientes en las Américas”; y más recientemente, el “Segundo Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas”.
Asimismo, en el informe, en su Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2011.
Respecto de Colombia, el informe señala que la CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta el país tras cinco décadas de violencia, del efecto del negocio del narcotráfico en la violencia, así como de los esfuerzos estatales para combatir estos fenómenos. En este sentido, la Comisión reconoce los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia. No obstante, grupos armados ilegales continúan involucrados en actos de hostigamiento y violencia que afectan especialmente a las poblaciones, pueblos, grupos y personas históricamente sometidos a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad; ejemplos son las mujeres, la niñez y los y las defensores de derechos humanos. Por otra parte, el informe toma nota de que Colombia ha impulsado una serie de medidas de índole legislativa, administrativa y judicial para intentar superar las graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas del paramilitarismo y actividades ilegales de inteligencia. Sin embargo, la CIDH continúa recibiendo denuncias por utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme. La información recibida por parte de la Comisión respecto a la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” podría indicar una disminución de estos casos, aunque advierte que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las denunciantes de violaciones y a sus familiares.
Respecto de Cuba, la Comisión reitera el reconocimiento por los logros alcanzados en relación con las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas. La CIDH valora particularmente los logros alcanzados en relación con la salud materna, en especial que el 100% de los nacimientos fueron atendidos por personal calificado. Sin embargo, la CIDH reitera que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. La información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado durante 2011. Persisten las situaciones de derechos humanos anteriormente señaladas, así como actos de represión severa contra mujeres, restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y provisiones y prácticas que contravienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Respecto de Honduras, la Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en el país, y ha expresado reiteradamente su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación. La CIDH reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por decreto ejecutivo, así como la creación por decreto de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y de Justicia y Derechos Humanos. De igual manera, la Comisión saluda la ratificación en 2011 por parte de Honduras de cuatro instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, como un paso positivo hacia la universalización del sistema. Sin embargo, la CIDH destaca en su informe que durante 2011 continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.. La CIDH también ha recibido información sobre asesinatos de periodistas, presuntamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.
Respecto de Venezuela, la Comisión reconoce en su informe los avances alcanzados por Venezuela en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a amplios sectores de la población venezolana y los avances normativos en Venezuela con relación a la protección y garantía de estos derechos. Sin embargo, el informe señala la preocupación de la CIDH por la situación de inseguridad ciudadana y altos índices de violencia y la impunidad en la que quedan la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población. Esto se relaciona con la continuidad de la situación de provisionalidad de los jueces y fiscales, lo cual genera fragilidad y falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, lo que a su vez impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el informe analiza el uso abusivo del derecho penal y la afectación a la libertad de expresión, así como la grave situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros temas. La Comisión continúa solicitando al Estado su anuencia para realizar una visita de observación a Venezuela. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta la capacidad de la Comisión de cumplir con su mandato como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces Relacionados
