Cinco encarcelados en Chile 10 años después de la detención de Pinochet

Cinco encarcelados en Chile 10 años después de la detención de Pinochet

El pasado miércoles 15 de octubre, la Corte Suprema de Chile envió a prisión a cinco militares de alto rango ya retirados por su participación en la “Caravana de la Muerte” –uno de los casos de homicidios durante la época del gobierno militar por el que el ex presidente Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario–.

La “Caravana de la Muerte” era una comitiva militar que recorría el norte y el sur de Chile en helicóptero tras el golpe de Augusto Pinochet en 1973 y que iba ordenando eliminar a personas de quienes se sospechaba eran opositores políticos.

Entre los condenados, que recibieron penas de entre cuatro y seis años prisión, se encuentra Sergio Arellano Stark, que era quien dirigía la comitiva, señaló un funcionario de la Corte Suprema. Arellano Stark fue condenado a seis años de cárcel.

Augusto Pinochet fue detenido en Londres hace 10 años, el 16 de octubre de 1998. La detención se produjo como consecuencia de la petición de extradición de un juez español, extradición solicitada a partir de las denuncias penales que habían formulado los familiares de miles de víctimas ante los tribunales de España y de otros Estados. Posteriormente, Bélgica, Francia y Suiza solicitaron la extradición por crímenes contemplados en el derecho internacional.

Durante la presidencia de Augusto Pinochet en Chile, más de 1.100 personas fueron víctimas de desaparición forzada, más de 2.000 fueron ejecutadas extrajudicialmente o murieron torturadas y más de 20.000 sufrieron torturas en los casi dos decenios de gobierno militar en Chile que presidió el ex presidente Pinochet.

Amnistía Internacional fue la primera organización no gubernamental de carácter internacional que alertó a los gobiernos para que asumieran la responsabilidad que habían contraído en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, cuando se supo que el ex presidente Pinochet estaba visitando Europa en septiembre de 1998.

La organización movilizó a su membresía para presionar al gobierno del Reino Unido a fin de que concediera la extradición. Además, junto con víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, acudió a la Cámara de los Lores para convencerla de que el Reino Unido tenía la obligación de conceder la extradición, lo que desembocó en la decisión histórica de que los ex jefes de Estado podían ser extraditados para ser juzgados en aplicación de la jurisdicción universal.

El caso sentó las bases para que la jurisdicción universal se convirtiera en una realidad en la práctica y propició la detención del ex presidente del Chad, Hissene Habre, en Senegal, acusado de haber cometido actos de tortura, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante su presidencia. También preparó el terreno para la lucha en los tribunales nacionales contra la impunidad en los máximos niveles, como en el juicio en curso del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha declarado que, si bien el caso Pinochet representó un serio aviso para los perpetradores de abusos contra los derechos humanos de todo el mundo, la norma de la jurisdicción universal –en virtud de cuya aplicación fue detenido– corre peligro.

“La detención de Augusto Pinochet significó un momento crucial en el ejercicio de la jurisdicción universal al reconocer que los jefes de Estado no están por encima de la ley y podían ser detenidos y juzgados en tribunales extranjeros por los delitos cometidos en su propio país”, ha declarado Irene Khan, secretaria general de la organización.

“Diez años después, sigue quedando mucho por hacer para que se cumpla la esperanza de justicia que generó la detención de Pinochet. Miles de autores de crímenes contemplados en el derecho internacional están aún en libertad, evitando la justicia en lugares seguros de todo el mundo.”

Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que actualmente no se esté aplicando la jurisdicción universal para hacer cumplir el derecho internacional cuando los Estados donde se cometieron los crímenes no investigan o enjuician a sus autores. Desde el hito histórico de la detención de Pinochet, sólo ha habido un reducido número de casos de detención y enjuiciamiento, por lo que Amnistía Internacional pide la adopción de leyes efectivas que permitan aplicar la jurisdicción universal y que la policía y los fiscales cumplan su obligación.

En consonancia con ello, la organización hace públicos hoy dos documentos, uno sobre Alemania y otro sobre España. Son los primeros dos documentos de la serie Estrechando el cerco, un conjunto de 192 herramientas para la justicia diseñadas con el fin de ayudar a los abogados de las víctimas a identificar Estados donde se puedan incoar procesos de jurisdicción universal, así como permitir a la sociedad civil ejercer presión para que se reformen leyes y prácticas nacionales de manera que se haga efectiva la jurisdicción universal.

El ejercicio de la justicia internacional también se ve debilitado por los ataques contra la Corte Penal Internacional por tratar de llegar a los máximos niveles del gobierno en Sudán. Y podrían producirse más daños si la campaña encabezada por Ruanda, en la que se pide que la Asamblea General de la ONU condene los “abusos” de la jurisdicción universal cometidos por jueces extranjeros que intentan enjuiciar crímenes cometidos en ese país, sale adelante.

“Es el momento de recordar el extraordinario logro de los familiares de las víctimas de Pinochet, cuyos infatigables esfuerzos desembocaron en su detención en 1998, en aplicación de la jurisdicción universal –afirmó Irene Khan–. Este logro sentó un precedente que la comunidad internacional tiene la obligación de consolidar, deteniendo y juzgando o extraditando a presuntos autores de crímenes tipificados en el derecho internacional.”