Violaciones de derechos humanos en ciudades de todo el mundo

Violaciones de derechos humanos en ciudades de todo el mundo

1.    Desalojados en nombre del ‘desarrollo’ (Camboya)
En febrero de 2008, un representante de los residentes en la zona de Boeung Kak, en Phnom Penh, contó a Amnistía Internacional: “Hemos visto el plan de desarrollo, y por supuesto que nos preocupa, porque es evidente que nos afectará: según el plan, hemos desaparecido”. Seis meses después, el plan está en marcha y cientos de personas afectadas se manifiestan en medio de la intimidación y de la falta de información.

Unos 20.000 habitantes de Phnom Penh pueden resultar desplazados porque el lago Boeung Kak, en cuyos alrededores viven, está siendo transformado en un vertedero. El relleno del lago se inició el 26 de agosto de 2008, sin que se avisara previamente a los habitantes de la zona. Si no se lleva a cabo una acción urgente que garantice la puesta en marcha de un proceso para proteger los derechos humanos de los vecinos, este proyecto puede dar comienzo al mayor desalojo forzoso que haya tenido lugar en la Camboya de posguerra.

Muchos de los afectados son pobres y viven en precarias construcciones en las orillas del lago, cuyo nivel va subiendo a medida que se va rellenando con residuos y arena. Las comunidades afectadas temen que el desarrollo actual pueda expulsarlos de Phnom Penh hacia una zona en la que ya se han reasentado miles de personas desalojadas y que carece de saneamiento, electricidad y de otros servicios básicos, y donde las oportunidades laborales son desesperadamente escasas. Miles de personas desalojadas de otras zonas de Phnom Penh ya han sido reasentadas en este lugar, en lo que, de hecho, son nuevos barrios marginales, reconstruidos fuera del perímetro de la ciudad.

2.    Discriminados: la caza de brujas desatada contra el pueblo romaní (Italia)
Según la edición del 11 de mayo de 2008 del periódico italiano La Repubblica, el ministro del Interior, Roberto Maroni, declaró que “todos los campamentos romaníes serán desmantelados de inmediato y sus habitantes serán expulsados o encarcelados”. Ese mismo día y el 13 de mayo se produjeron varios incendios intencionados en asentamientos romaníes emplazados en diferentes barrios periféricos de ciudades italianas.

Desde 2007, las comunidades y asentamientos romaníes establecidos en Italia han sido sometidos a varias medidas tomadas por las autoridades en nombre de la “seguridad” y han sufrido ataques de muchedumbres organizadas al estilo de patrullas ciudadanas, lo que ha conducido a una escalada de desalojos forzosos y de destrucción de asentamientos romaníes. Una de las medidas de “seguridad” más alarmantes que tiene como objetivo a la población romaní es la reciente iniciativa, todavía sin definir totalmente, para recopilar información, como, por ejemplo, las huellas dactilares, que ayude a identificar a todos los habitantes, tanto adultos como menores, de los asentamientos romaníes establecidos en el país.

A menudo estas medidas van acompañadas de discursos discriminatorios hacia los romaníes pronunciados por políticos tanto en el ámbito local como nacional, y de un trato despectivo por parte de los medios de comunicación locales y nacionales, lo que ha contribuido a crear un clima en el que los ataques a personas y a asentamientos romaníes se toleran cada vez más.
 
3.     Atrapadas por el fuego cruzado: experiencias violentas vividas por mujeres en los barrios marginales (Brasil)
“No podemos seguir viviendo en estas condiciones. Vivimos con miedo”. Paola, que es costurera y tiene un hijo, vive a la entrada de la favela (barrio marginal) en Río de Janeiro. En 2005, mientras era entrevistada por Amnistía Internacional, una voz, la de los traficantes anunciando el toque de queda para esa noche, resonó a través de la calle: “¡Todo el mundo en casa a las seis de la tarde! ¡Mañana las tiendas permanecerán cerradas!

Las mujeres que viven en las ‘favelas’ en Brasil lo hacen en un contexto de violencia constante ejercida por la policía y las bandas criminales. Amnistía Internacional ha documentado cómo, en ausencia de protección por parte del Estado, las mujeres son vulnerables a la violencia doméstica y a la ejercida por las bandas criminales, que dominan todos los aspectos de la vida comunitaria. Las mujeres pueden ser castigadas violentamente por infringir las “normas” establecidas por las bandas o facciones o si son sus familiares los que las han infringido.

Los servicios de maternidad, las guarderías y las escuelas pueden permanecer cerradas durante largos periodos a causa de operaciones policiales o de la violencia criminal. Los trabajadores de los servicios de salud y los profesores están a menudo demasiado asustados para trabajar en las comunidades. El único contacto de las mujeres con la autoridad del gobierno se produce a través de las incursiones militarizadas que la policía realiza esporádicamente, en las que las mujeres pueden ser sometidas a registros ilegales y a abusos verbales, físicos y sexuales y son heridas o pierden la vida en el fuego cruzado.

Asimismo, las mujeres son discriminadas por la policía a causa del lugar en el que viven. Las habitantes de Nordeste Amaralina, en Salvador, estado de Bahía, han relatado cómo la policía denominaba “vagabundas” a las mujeres pertenecientes a la comunidad. También se refirieron a la actitud discriminatoria e insensible de la policía cuando acudían a informar sobre casos de violencia que habían padecido.

4.    El castigo colectivo de una población (Israel/TPO)
“El asedio israelí ha convertido Gaza en una gran prisión. No podemos salir, ni siquiera para recibir tratamiento medico o para estudiar en el extranjero, y la mayoría de lo que necesitamos no se encuentra disponible en Gaza. Realmente no vivimos, sobrevivimos apenas y las perspectivas de futuro son deprimentes”. Son palabras de Fathi, un habitante de Gaza. Una crisis humanitaria está devorando Gaza y no como consecuencia de una catástrofe natural, sino que es una situación de origen humano y que se podría evitar.

La intensificación del bloqueo israelí desde junio de 2007 ha dejado a la población palestina, de 1,5 millones de personas, atrapada y con escasos recursos. Israel ha prohibido totalmente las exportaciones desde Gaza y ha reducido a un mero goteo la entrada de combustible y mercancías, mayoritariamente ayuda humanitaria, comestibles y suministros médicos. La escasez ha hecho que los precios de los alimentos suban en un momento en que la población no puede permitirse pagar más.

Ha aumentado el número de habitantes de Gaza que se encuentran por debajo del límite de la pobreza y que sufren de malnutrición. Aproximadamente el 80 por ciento de la población depende del goteo de ayuda internacional que el gobierno israelí permite entrar, cuando hace un decenio sólo dependía un 20 por ciento. Unos 450.000 habitantes de Gaza, el 30 por ciento de la población, no pueden acceder a agua limpia. Incluso a pacientes que tienen una necesidad extrema de recibir tratamiento médico no disponible en Gaza se les impide en muchos casos salir del territorio y han muerto decenas en estas circunstancias.

Las autoridades israelíes solían argumentar que el bloqueo de Gaza tenía lugar en respuesta a los ataques palestinos, especialmente a los cohetes disparados indiscriminadamente desde Gaza contra la vecina ciudad israelí de Sderot. Hasta mediados de este año, en este y otros ataques, murieron 25 israelíes en ataques de origen palestino, mientras que, en el mismo periodo, murieron a manos de las fuerzas israelíes 400 palestinos. Aunque desde el 19 de junio de 2008 existe un alto el fuego entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, Israel no ha levantado el bloqueo e insiste en que lo mantendrá hasta que se ponga en libertad a Gilad Shalit, soldado israelí capturado en junio de 2006 por grupos armado
s palestinos y al que todavía se mantiene retenido en Gaza
sin acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Actualmente se encuentran recluidos en cárceles israelíes unos 8.500 palestinos, algunos de los cuales lo han estado durante decenios, y de estos, 900 procedentes de Gaza, no están autorizados a recibir visitas de su familia. El bloqueo israelí no va dirigido a los grupos armados palestinos, responsables de los ataques o de la captura del soldado israelí, sino que es un castigo colectivo a la totalidad de la población de Gaza.

5. Vidas en ruinas – desalojos forzosos de personas que viven sumidas en la pobreza (Angola)
Amnistía Internacional calcula que, en los últimos siete años, se ha desalojado por la fuerza en torno a 10.000 familias de Luanda, Angola, sin aviso, información o consulta previa, protección legal, un alojamiento alternativo adecuado o un recurso efectivo.

Entre julio y diciembre de 2007, se desalojó por la fuerza a cientos de familias del barrio Iraque, perteneciente al municipio de Kilamba Kiaxi, en Luanda, para construir en la zona un complejo residencial de viviendas de lujo. La mayoría de los desalojos forzosos los llevaron a cabo los trabajadores de la empresa de construcción Jardim do Éden, que está a cargo de la construcción del complejo residencial, protegidos por guardias de seguridad privada y por la policía nacional.

En Luanda, miles de personas más se encuentra bajo amenaza de ser desalojadas por la fuerza y de que sus casas sean demolidas. Amnistía Internacional ha recibido informes en los que se afirma que, en una ocasión, dos niños perdieron la vida cuando las viviendas en las que dormían fueron demolidas por maquinaria pesada. Dos periodistas que se desplazaron el 28 de noviembre de 2007 hasta la zona para informar sobre los desalojos forzosos fueron detenidos por la policía, que los sometió a abusos verbales y físicos y los mantuvo detenidos durante varias horas antes de ponerlos en libertad sin cargos.