Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Dr. CAMILO RODRIGUEZ BERRUTTI
Profesor Titular en la Cátedra de Derecho Internacional Público en la UCALP – Investigador Científico D.I.P. (CONICET)
Para que nada quede librado al azar- hacia las externalidades positivas en tiempos de la información técnica y cuando el paradigma 4E (Economy, Ethis, Environment – Ambiente and Energy) es determinante en las actividades productivas, en el marco de la prevención, la razonabilidad y los derechos humanos .
Debe saberse que toda la cuestión ambiental en lo concerniente, en particular a los ríos internacionales y su uso para fines distintos de la navegación está regulada por el Derecho Internacional. Este tiene hoy jerarquía superior al orden jurídico interno desde sus dos importantes vertientes: la Convencional y la Consuetudinaria.
También, que la noción de cuenca integrada compromete a los ríos principales y a sus afluentes y al espacio circundante.
Por esto es que son de aplicación (v.g. el caso de las Papeleras entre la Argentina y el Uruguay) una serie de principios del Derecho Internacional y principios generales del derecho, que definen los siguientes contenidos, emanados de grandes convenciones y de la costumbre internacional, de pronunciamientos reiterados emanados de grandes mayoría de Estados y también de tratados bilaterales entre las Partes, a saber:
1- esta prohibida, porque debe evitarse, toda nueva fuente de contaminación ambiental (Convención de 1997 sobre Uso de Aguas Internacionales para fines distintos de la Navegación)
2-. Es de principio que se produzca consulta previa.
3- no puede tener lugar el emprendimiento que no haya sido confrontado con alternativas.
4- no es necesario contar con las pruebas científicas acerca del poder contaminante de un nuevo establecimiento.
5- Por el carácter esencial, intrínsecamente nocivo de ciertos procedimientos industriales, ellos no requieren de más exigencia para probar que están interdictados – sine die – y deben evitarse, por ende: están prohibidos sin necesidad de prueba alguna.
6- Aquellos establecimientos ya instalados deben considerarse acotados por los principios de proporcionalidad, razonabilidad, precautorio, y de sustentabilidad por respeto a las generaciones futuras.
7.- El imperativo jurídico y ético de la bilateralidad defiere a cada parte derechos y responsabilidades inherentes al principio de la soberanía compartida, que involucra desde luego y precisamente, una limitación a la soberanía del Estado. Se impone a la actividad pública y privada .
8.- Todos estos componentes se inscriben, por estar relacionados con los Derechos Humanos afectados, en el marco de la obligatoriedad y de la operatividad suprema del Ius Cogens.
9- Está asimismo, inhibida, la contaminación de los mares próximos ( Convención de Montego Bay y por ende protegido, el Atlántico Sur en toda su extensión) .
10- Prevenir de la contaminación del hábitat y de infringir al Derecho Laboral y a los principios que protegen a la atmósfera, a la tierra, al agua, a la fauna, a la flora, al planeta y a la sustentabilidad.
11.- Adecuar el proyecto de manera concurrente al respeto hacia los estándares de la cultura del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ( protegidos por el derecho imperativo – operativo –Ius Cogens) – de condena a la corrupción en las condiciones y términos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y de la Convención Universal por estar en juego intereses supremos, sociales, económicos y morales de la Humanidad, de cada uno de sus miembros y de las generaciones del porvenir. Con sustentabilidad, seguridad jurídica, facilitación de transferencia de tecnología y sin exigencia de reciprocidad ( Carta de la OEA, Carta del ex GATT) .
12- Evitar instalaciones donde se afecte a bellezas escénicas o a la fisonomía del lugar.
13- Derecho- deber de presentar información a la comunidad y participar en audiencia públicas.
14- Deber de producir informes de impacto ambiental.
15- Deber de ajustarse a los códigos de planeamiento y a directivas emanadas del Derecho Internacional Público cuando se trate de cuestiones interestatales (búsqueda de alternativas, producir información, consulta previa, evitación de crear nuevas fuentes de contaminación, etc.)
16- Atender a las consecuencias sobre la comunidad antes que al rédito económico-especulativo en conformidad con jurisprudencia internacional.
17- Evitar a la erosión hídrica. eólica, contaminación en general y de aguas dulces en particular y también, al calentamiento global.
18- Procurar conseguir certificación genuina y auténtica de calidad ambiental generando valor y confianza.
19- Ídem respecto de “licencia social “ para casos en que lo requieran las autoridades o la naturaleza del proyecto.
20- Deber de no contravenir a los actos propios para no incurrir en “estoppel”, figura técnica-jurídica de origen anglosajón frecuentemente utilizada por la Corte Internacional de Justicia – incluso sin mencionarla- como sanción a la quiebra de la buena fe y del deber de no contradicción.
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