DERECHOS HUMANOS: LA ARGENTINA SE CONVIRTIí“ HOY EN EL PRIMER PAíS DE AMí‰RICA EN RATIFICAR LA CONVENCIí“N CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

DERECHOS HUMANOS: LA ARGENTINA SE CONVIRTIí“ HOY EN EL PRIMER PAíS DE AMí‰RICA EN RATIFICAR LA CONVENCIí“N CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Resumen: Por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández, el Canciller Taiana designó a un alto funcionario de su Ministerio para que deposite ante la ONU el instrumento de ratificación. Nuestro país impulsó -junto a Francia- la aprobación del documento en la ONU y su texto definitivo. Hasta el momento, sólo dos países, entre ellos la Argentina, ratificaron el documento, aunque 71 estados lo firmaron. Se necesitan 20 ratificaciones para que entre en vigencia internacionalmente. La Cancillería está trabajando para que se sumen otras naciones a este requisito
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Hoy, la Argentina se convirtió en el primer país de América y segundo en el mundo en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -sancionada el 14 de noviembre por la Cámara de Diputados como Ley 26.298, siete días después de que hicieran lo propio los senadores- en el momento en que el Poder Ejecutivo depositó el instrumento de ratificación en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York.

Por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández, y ante la trascendencia de este acontecimiento histórico para la política de derechos humanos de nuestro país, el Canciller Jorge Taiana desginó a un alto funcionario de su Ministerio, el Subsecretario de Política Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra, para que depositara personalmente el instrumento de ratificación en el organismo multilateral.

Luego de que el Congreso aprobara la Convención en tiempo récord, y tras la asunción de la Presidenta Cristina Fernández que anunció profundizar la política de promoción y protección de los derechos humanos, Colombo Sierra viajó ayer a Nueva York y presentó esta mañana la ratificación, tanto en nombre del gobierno de la República como en representación de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que, en el marco del movimiento internacional de derechos humanos, fueron los principales impulsores de este instrumento.

• EL PAPEL DE LA ARGENTINA

La Convención fue firmada en París el pasado 6 de febrero por la entonces senadora Cristina Fernández, en nombre del gobierno argentino, luego de que su texto fuera adoptado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006 y previamente por el Consejo de Derechos Humanos, en junio de ese mismo año. A partir de 2003 la Argentina lideró con Francia un impulso definitivo a la negociación del texto, trabajando arduamente para lograr consenso sobre el contenido.

El mes pasado, el Canciller Taiana expresó su “satisfacción y agradecimiento al Congreso de la Nación” por haber “aprobado en tiempo récord la Convención, y agregó que se trataba de “un apoyo a todo el movimiento de derechos humanos de la Argentina”. “Que la Argentina ya pueda ratificarla y obligarse internacionalmente a cumplirla es un símbolo de la madurez que han alcanzado las instituciones y el pueblo argentino en la lucha contra la impunidad“ destacó.

Hoy, al presentar el instrumento de ratificación, Colombo dijo que “luego de este gran paso, la Argentina liderará una campaña mundial para incentivar a los Estados a que ratifiquen la Convención para su pronta entrada en vigor. Así, la Argentina reafirma su compromiso con el multilateralismo, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el derecho internacional”.

Para que entre en vigencia internacionalmente, la Convención tiene que ser ratificada por un mínimo de veinte países miembros de la ONU, y al momento lo han hecho dos, uno de ellos la Argentina. En ese sentido, y para reflexionar sobre la importancia que tiene haber adoptado un documento histórico, el Subsecretario argentino participó de múltilples reuniones con representantes de distintas ONG´s de derechos humanos (Human Right Watch, Amnesty International y el Centro para la Justicia Transicional) y con funcionarios de la delegación francesa.

• LA CONVENCIí“N

Una de sus disposiciones más trascendentes es aquella que consagra la jurisdicción universal para garantizar la obligación de todo Estado Parte de investigar, detener y eventualmente juzgar a toda persona que se encuentre en su territorio, de la que se supone que ha cometido este delito, o de ser el caso a extraditarla, sin que se pueda considerar la desaparición como delito político para rechazar los pedidos de extradición.

Llenó un vacío existente en el derecho internacional tanto en términos de prevención de las violaciones de derechos humanos y de los derechos de las víctimas, así como en cuanto a la obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables. Varias propuestas argentinas se incluyeron en el texto adoptado por la ONU, como por ejemplo la prevención y sanción penal de la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, confirmando el principio de restitución a la familia de origen.

Hasta el momento, 71 países firmaron el tratado, y con la Argentina son dos lo que ratificaron el documento. La aprobación legislativa en la Argentina abrió el camino para que el Poder Ejecutivo pueda dar este importante paso, que permitirá que la Argentina sea el primer Estado de nuestro continente que ratificó este primer instrumento jurídico vinculante de carácter universal que reconoce que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.

• ANTECEDENTES

Desde el momento en que la práctica de la desaparición forzada de personas comenzó a ser utilizada sistemáticamente por las dictaduras latinoamericanas, durante la década de los años 70 y 80, se generó una movilización internacional (liderada por miles de exiliados argentinos en el exterior y familiares, víctimas y organizaciones no gubernamentales en nuestro país) a fin de que la comunidad internacional reconociera la desaparición forzada de personas como una violación autónoma de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. La lucha se inició en 1981, en un Coloquio en París (que contó con la participación, entre otros, de Julio Cortázar), donde por primera vez se planteó la necesidad de adoptar una norma internacional de este tipo.