CASO DEL CANAL DE CORFU (DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LA INDEMNIZACION)

Fallo de 15 de diciembre de 1949

Por consiguiente, la Corte falla a favor de la reclamación del Reino Unido y condena a Albania a pagar a ese país una indemnización total de 843.947 libras esterlinas.

La cuestión relativa a la competencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para admitir a un Estado como Miembro de las Naciones Unidas fue remitida a la Corte, para solicitar una opinión consultiva, por la Asamblea en su resolución de fecha 22 de noviembre de 1949.

La pregunta estaba redactada como sigue:

“La admisión de un Estado como Miembro de las Naciones Unidas, con arreglo al párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta, ¿puede efectuarse mediante una decisión de la Asamblea General, cuando el Consejo de Seguridad no ha hecho recomendación alguna para la admisión, bien porque el candidato no ha obtenido la mayoría necesaria o porque un miembro permanente ha emitido un voto negativo respecto a un proyecto de resolución encaminado a hacer tal recomendación?”

La Corte respondió negativamente a la pregunta por 12 votos contra 2. Cada uno de los dos magistrados disidentes —el Sr. Alvarez y el Sr. Azevedo— agregó a la opinión de la Corte una exposición de su opinión disidente.

En la solicitud de opinión se pide a la Corte que interprete el párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta. Antes de examinar el fondo de la cuestión, la Corte consideró las excepciones presentadas a ese examen, ya sea basándose en que carece de competencia para interpretar la Carta, o por el supuesto carácter político de la cuestión.

Por lo que respecta a su competencia, la Corte recuerda su opinión de 28 de mayo de 1948, en la que declaró que podía dar una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica, y que ninguna disposición le prohibía ejercer respecto al Artículo 4 de la Carta, un tratado multilateral, una función interpretativa incluida en el ejercicio normal de sus atribuciones judiciales. Con respecto a la segunda excepción, la Corte señala que no puede atribuir carácter político a una solicitud que, expresada en términos abstractos, la invita a realizar una tarea esencialmente judicial: la interpretación de una disposición de un tratado. Por consiguiente, no hay motivo alguno para que la Corte no responda a la cuestión que le ha planteado la Asamblea.

Esa cuestión se refiere solamente al caso en el cual el Consejo de Seguridad, habiendo votado respecto a una recomendación, haya sacado de su votación la conclusión de que la recomendación no queda aprobada por no haber obtenido la mayoría requerida o por el voto negativo de un miembro permanente del Consejo. Se refiere, pues, al caso en que la Asamblea se enfrenta a la falta de una recomendación del Consejo. No se trata de determinar las normas que rigen el procedimiento de votación del Consejo, ni de determinar si el voto negativo de un miembro permanente del Consejo basta para rechazar una recomendación que haya obtenido siete o más votos. El texto mismo de la pregunta implica en ese caso la inexistencia de una recomendación.

La pregunta es, por tanto, si, a falta de una recomendación del Consejo, la Asamblea puede adoptar la decisión de admitir a un Estado.

La Corte no tiene duda alguna respecto al sentido de la disposición pertinente, el párrafo 2 del Artículo 4 de la Carta. Dos cosas se requieren para la admisión: una recomendación del Consejo y una decisión de la Asamblea. El empleo en el Artículo de la expresión “a recomendación” implica la idea de que la recomendación es la base de la decisión. Ambos actos son indispensables para formar el “juicio” de la Organización (párrafo 1 del Artículo 4), siendo la recomendación la condición previa de la decisión mediante la cual se efectúa la admisión.

Se ha pretendido atribuir un significado diferente a esa cláusula, invocando los trabajos preparatorios. Sin embargo, el primer deber de un tribunal llamado a interpretar un texto es esforzarse por dar efectividad a las palabras utilizadas en el contexto en que aparecen, atribuyéndoles su sentido natural y ordinario. En el presente caso, es fácil determinar el sentido natural y ordinario de los términos pertinentes, así como darles efectividad. Teniendo en cuenta esas consideraciones, la Corte considera que no es permisible recurrir a los trabajos preparatorios.

Las conclusiones a que llega la Corte al examinar el párrafo 2 del Artículo 4 son confirmadas por la estructura de la Carta, y en particular por las relaciones establecidas entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Ambos son órganos principales de las Naciones Unidas, y el Consejo no está en una posición subordinada. Además, los órganos a los que el Artículo 4 confía la decisión de la Organización en materia de admisión han reconocido constantemente que la admisión sólo puede concederse sobre la base de una recomendación del Consejo. Si la Asamblea pudiera admitir a un Estado en ausencia de una recomendación del Consejo, se privaría a éste de un papel importante en el ejercicio de una de las funciones esenciales de la Organización. Y tampoco se puede admitir que la falta de una recomendación es equivalente a una “recomendación desfavorable”, sobre la cual la Asamblea General podría basar la decisión de admitir a un Estado.