Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobada en las Naciones Unidas (1973)

La Asamblea General.

Considerando que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho interna­cional contribuye a la realización de los Propósitos y Principios enunciados en los ar­tículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

Recordando que, en respuesta a la solicitud formulada en la resolución 2780 (XXVI) de 3 de diciembre de 1971 de la Asamblea General, la Comisión de Derecho Interna­cional, en su 24° periodo de sesiones, estudió la cuestión de la protección e inviolabi­lidad de los agentes diplomáticos y de otras personas con derecho a protección especial de conformidad con el derecho internacional y preparó un proyecto de artícu­los sobre la prevención y el castigo de los delitos contra dichas personas.

Habiendo examinado el proyecto de artículos, así como las observaciones y los comentarios al respecto presentados por los Estados, los organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales en respuesta a la invitación formulada por la Asamblea en su resolución 2926 (XXVII) de 28 de diciembre de 1972.

Convencida de la importancia de lograr un acuerdo internacional sobre medidas adecuadas y eficaces para la prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas, en vista de la grave amenaza al mantenimiento y fomento de relaciones amistosas y de la cooperación en­tre los Estados creada por la comisión de tales delitos.

Habiendo elaborado con ese propósito las disposiciones que figuran en la Conven­ción contenida en el anexo de la presente resolución.

1. Adopta la Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra per­sonas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, contenida en el anexo de la presente resolución.

2. Vuelve a subrayar la gran importancia de las normas de derecho internacio­nal referentes a la inviolabilidad de las personas internacionalmente protegidas, así como a la protección especial que debe otorgárseles, y la obligación de los Estados al respecto.

3. Considera que la Convención que figura en el anexo de la presente resolución permitirá que los Estados cumplan sus obligaciones más eficazmente.

4.  Reconoce asimismo que las disposiciones de la Convención que figura en el anexo de la presente resolución en ningún caso podrían comprometer el ejercicio del legítimo derecho de libre determinación e independencia con arreglo a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los princi­pios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por los pue­blos que luchan contra el colonialismo, la dominación extranjera, la ocupación ex­tranjera, la discriminación racial y el apartheid.

5. Invita a los Estados a hacerse Partes en la Convención adjunta.

6. Decide que la presente resolución, cuyas disposiciones se relacionan con la Convención adjunta, se publicará siempre junto con ésta.

Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Prote-gidas, inclusive los Agentes Diplomáticos

Nueva York, 1973

Los Estados Partes en la presente Convención.

Teniendo en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz internacional y al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

Considerando que los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas in-temacionalmente protegidas al poner en peligro la seguridad de esas personas crean una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones internacionales normales, que son necesarias para la cooperación entre los Estados.

Estimando que la comisión de esos delitos es motivo de grave preocupación para la comunidad internacional.

Convencidos de que existe una necesidad urgente de adoptar medidas apropiadas eficaces para la prevención y el castigo de esos delitos.

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención:

1.   Se entiende por “persona internacionalmente protegida”:

a)  Un jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un órgano colegia­do cuando, de conformidad con la constitución respectiva, cumpla las fun­ciones de jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores, siempre que tal persona se encuentre en un Estado extranjero, así como los miembros de su familia que lo acompañen;

b)  Cualquier representante o funcionario de un Estado o cualquier funcionario u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su re­sidencia particular o sus medios de transporte, tengan derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que for­men parte de su casa.

2.   Se entiende por “presunto culpable” la persona respecto de quien existan sufi­cientes elementos de prueba para determinar prima facie que ha cometido o participado en uno o más de los delitos previstos en el artículo 2.

Artículo 2.1. Serán calificados por cada Estado Parte como delitos en su legislación inter­na, cuando se realicen intencionalmente:

a)  La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida;

b)  La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residen­cia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad;

c)  La amenaza de cometer tal atentado;

d)  La tentativa de cometer tal atentado;

e)  La complicidad en tal atentado.

2.   Cada Estado Parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

3.  Los dos párrafos que anteceden no afectan en forma alguna las obligaciones que tienen los Estados Partes, en virtud del derecho internacional, de adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir otros atentados contra la persona, li­bertad o dignidad de una persona internacionalmente protegida.

Artículo 3.1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos previstos en el párrafo 1 del artículo 2 en los siguientes casos:

a)  Cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b)  Cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado;

c)  Cuando el delito se haya cometido contra una persona internacionalmente protegida, según se define en el artículo 1, que disfrute de esa condición en virtud de las funciones que ejerza en nombre de dicho Estado.

2.   Asimismo, cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre esos delitos en el caso de que el presunto culpable se en­cuentre en su territorio y de que dicho Estado no conceda su extradición con­forme al artículo 8 a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

3.   La presente Convención no excluirá ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 4. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos en el ar­tículo 2, en particular:

a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto dentro como fuera de su territorio;

b) Intercambiando información y coordinando la adopción de medidas adminis­trativas y de otra índole, según convenga, para impedir que se cometan esos delitos.

Artículo 5.1. El Estado Parte en el que haya tenido lugar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, cuando tenga razones para creer que el pre­sunto culpable ha huido de su territorio, deberá comunicar a los demás Estados interesados, directamente o a través del Secretario General de las Naciones Unidas, todos los hechos pertinentes relativos al delito cometido y todos los datos de que disponga acerca de la identidad del presunto culpable.

2. Cuando se haya cometido contra una persona internacionalmente protegida cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, todo Estado Parte que dis­ponga de información acerca de la víctima y las circunstancias del delito se es­forzará por proporcionarla en las condiciones previstas por su legislación interna, en forma completa y oportuna, al Estado Parte en cuyo nombre esa persona ejercía sus funciones.

Artículo 6.1. Si considera que las circunstancias lo justifican, el Estado Parte en cuyo terri­torio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas adecuadas confor­me a su legislación interna para asegurar su presencia a los fines de su proceso o extradición. Tales medidas serán notificadas sin demora, directamente o a través del Secretario General de las Naciones Unidas:

a)  Al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b)  Al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si éste es apatrida, al Estado en cuyo territorio resida permanentemente;

c)  Al Estado o los Estados de que sea nacional la persona internacionalmente protegida de que se trate o en cuyo nombre ejercía sus funciones;

d)  A todos los demás Estados interesados; y

e)  A la organización intergubernamental de la que sea funcionario o agente la persona internacionalmente protegida de que se trate.

2. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el pá­rrafo 1 de este artículo tendrá derecho:

a)  A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por otras ra­zones la protección de sus derechos o, si se trata de una persona apatrida, del Estado que la misma solicite y que esté dispuesto a proteger sus dere­chos, y

b)  A ser visitado por un representante de ese Estado.

Artículo 7. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, de no pro­ceder a su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción ni demora injustifi­cada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado.

Artículo 8.1. En la medida en que los delitos previstos en el artículo 2 no estén enumerados entre los casos de extradición en tratados de extradición vigentes entre los Es­tados Paites, se considerarán incluidos como tales en esos tratados. Los Esta­dos Partes se comprometen a incluir esos delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sf en lo sucesivo.

2.   Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reci­be una demanda de extradición de otro Estado Parte con el que no tiene tratado de extradición podrá, si decide concederla, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos deli­tos. La extradición estará sujeta a las disposiciones de procedimiento y a las de­más condiciones de la legislación del Estado requerido.

3.   Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un trata­do reconocerán esos delitos como casos de extradición entre ellos con sujeción a las disposiciones de procedimiento y a las demás condiciones de la legisla­ción del Estado requerido.

4.   A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 3.

Artículo 9. Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en relación con uno de los delitos previstos en el artículo 2 gozará de las garantías de un trato equita­tivo en todas las fases del procedimiento.

Artículo 10.1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en lo que respecta a to­do procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 2 inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán las obligacio­nes de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.

Artículo 11. El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto cul­pable del delito comunicará el resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes.

Artículo 12. Las disposiciones de esta Convención no afectarán la aplicación de los trata­dos sobre asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta Convención, en lo que concierne a los Estados que son Partes en esos tratados; pero un Estado Parte en esta Convención no podrá invocar esos tratados con respecto de otro Estado Parte en esta Convención que no es Parte en esos tratados.

Artículo 13.1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione me­diante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solici­tud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Inter­nacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2.  Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo anterior. Los demás Estados Partes no estarán obliga­dos por el párrafo anterior ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3.   Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo ante­rior, podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 14. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1974, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 15. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi­cación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 16. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17.1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después del depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 18.1. Todo Estado podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 19. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados, entre otras cosas:

a)  Las firmas de la presente Convención y el depósito de instrumentos de ratifica­ción o adhesión de conformidad con los artículos 14,15 y 16, y las notificacio­nes hechas en virtud del artículo 18;

b)  La fecha en que la presente Convención entre en vigor de conformidad con el artículo 17.

Artículo 20. El original de la presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, in­glés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien enviará copias certificadas de él a todos los Estados.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, abierta a la firma en Nueva York el 14 de diciembre de 1973.

La presente Convención entró en vigor el 20 de febrero de 1977. Argentina la ratificó el 18 de marzo de 1982.