DEUDA PÚBLICA Y ARREGLOS DEL CIADI. Por Héctor GIULIANO (2.11.2013)

El 10.10 pasado la administración Kirchner dio a conocer un acuerdo celebrado con cinco acreedores en relación a juicios perdidos por la Argentina ante el CIADI, Tribunal Arbitral del Banco Mundial (BM).

Esta noticia se difundió pocos días después de iniciada la licencia por enfermedad de la presidenta Cristina Fernández – cuyo inicio fue el 5.10 y la operación el día 8 – y, a la vez, durante el tramo final de la campaña electoral por la renovación parlamentaria del 27.10, si bien se entiende que los acuerdos habrían sido establecidos durante el viaje del ministro Lorenzino a Washington del 18.9.

La clave de estos arreglos parece estar en la nueva fórmula de pago de fallos externos con deuda pública y en la aceleración de los tiempos de la Hoja de Ruta Boudou para volver al Mercado Internacional de Capitales.

Las sentencias en contra de nuestro país por reclamos de empresas extranjeras, que se arrastraban desde la salida de la Convertibilidad, se produjeron en los últimos años y su cumplimiento venía siendo dilatado por el gobierno sin mayores perspectivas de éxito, salvo como forma de ganar tiempo en el diferimiento de los pagos.

Lo mismo que en el caso de los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (los holdouts) la estrategia legal seguida en cuanto aceptar la competencia de tribunales extranjeros y no cuestionar la legitimidad de las acreencias reclamadas hacía que inexorablemente esos juicios iban a ser perdidos y nuestro país tendría, temprano o tarde, que afrontar los arreglos de pago pertinentes.

Esto era así y lo va a seguir siendo porque el gobierno Kirchner mantiene su decisión de no investigar las irregularidades de origen y refinanciamiento de las obligaciones de la Deuda Pública, porque – después de 10 años de gestión – mantiene al país en el marco de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados en la década del ´90 que suponen garantías y privilegios a favor de las Empresas Extranjeras y porque sigue aceptando en sus convenios de nueva deuda externa la prórroga de jurisdicción a tribunales externos y los mecanismos de arbitraje correspondientes.

Dentro de este contexto, el acuerdo con los acreedores de 5 juicios perdidos ante el CIADI constituiría un “caso testigo” dada la existencia de entre 30 y 40 reclamos de este tipo todavía pendientes ante tribunales internacionales.

Después de largos años de trámites judiciales y de pleitos perdidos el gobierno ha dado ahora pasos concretos en este asunto específico del cumplimiento de las sentencias.

Según la Resolución del Ministerio de Economía 598/2013 se aprueba un Modelo de Convenio – denominado “Acuerdo Transaccional” – para ser firmado con cada uno de los acreedores por los laudos arbitrales del CIADI.

El acuerdo rige para cinco titulares que no en todos los casos son los reclamantes originales sino compañías financieras que compraron los derechos de las sentencias, esto es, al modo de los denostados “fondos buitre” (FB) en cuanto a bonos públicos:

Según informaciones periodísticas, los derechos de CC-WB (2) y NG-UN (5) habrían sido traspasados recientemente a Gramercy Funds Management, una firma que estaría vinculada al vicepresidente Boudou vía Arcadia, de Marcelo Etchebarne, en hechos relacionados con la reapertura del canje en 2010.

La Resolución 598/2013 no contiene cifras sino solo el procedimiento de la operación de pago de los fallos del CIADI – fijado a través del Modelo de Convenio antes citado – cuyos lineamientos operativos básicos son los siguientes:

Conforme los términos de la Resolución 598 la propuesta de acuerdo que dio base a este arreglo fue iniciativa de las empresas titulares de los derechos sobre los laudos del CIADI y se habrían efectuado entre el 9 y el 13 de Agosto pasado.

Según el Comunicado de Prensa del Ministerio de Economía (MECON) – que informa muy escuetamente sobre los números de la operación – la suma a pagar por los cinco laudos en firme del CIADI es de 677 Millones de Dólares (MD) de Monto total (Capital más Intereses).

Sobre este importe los acreedores habrían acordado efectuarle una quita a la Argentina del 25 % – 171 MD – de modo que el neto a pagar resultante sería de unos 500 MD (506).

Además, los acreedores comprarán nueva deuda por bonos BAADE – emitidos para el último blanqueo de capitales – por el 10 % del importe total de los laudos: 68 MD.

Es decir que – según la información oficial – el gobierno emitirá nuevas obligaciones por un total de 568 MD cuyo cumplimiento le caería a la futura administración que asuma a fines de 2015.

El MECON no ha editado hasta el momento informaciones desagregadas que permitan analizar las cifras, los cálculos y, por ende, los resultados concretos de las operaciones realizadas.

Paralelamente – por Decisión Administrativa 830/2013 del Jefe de Gabinete Abal Medina – se autorizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes sobre el Ejercicio 2013 formalizando así el nuevo mecanismo de pago de sentencias judiciales – que son deudas no registradas¹– con títulos de la Deuda Pública.

Esta “innovación” es importante porque abre la puerta a una nueva modalidad de incremento del endeudamiento público – aplicable a todo juicio contra el Estado (CIADI, Holdouts, Proveedores, Jubilados, etc.) – lo que puede terminar elevando el stock de la deuda argentina a niveles impredecibles.

En el último trabajo del autor sobre el problema de la Deuda²ya se enumeraba una serie de señales en materia de nuevo endeudamiento público que indicaría claramente que los acontecimientos se precipitan en esta materia.

Hechos relevantes se están produciendo en estos días y las noticias reflejan los cambios en este sentido:

Se trata de una serie de indicios inequívocos en el sentido que el gobierno Kirchner – pese al grandilocuente discurso oficial del “des-endeudamiento” – avanza hoy, en cambio, aceleradamente en el cumplimiento de la Hoja de Ruta del entonces Ministro de Economía y hoy Vicepresidente Boudou, que preveía tres pasos esenciales para “normalizar” la Deuda Pública Argentina: 1. La liquidación de los juicios de los Holdouts y los reclamos en el CIADI, 2. El arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París, y – cumplidos los dos pasos anteriores – 3. Volver al Mercado Internacional de Capitales para colocar Deuda (que era, en realidad, el objetivo primario y no conseguido del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005).

La Argentina – lo hemos dicho mil veces – se encuentra en Crisis de Deuda: una crisis estructural por insolvencia fiscal y no por iliquidez pública.

Porque una crisis permanente por iliquidez frente a una deuda impagable es una crisis de estructura financiera del Estado.

Los gobiernos de turno y la clase política en general son cómplices del Sistema de la Deuda, que es un sistema de Deuda Perpetua, en el que los pasivos por Principal no se amortizan nunca sino que se refinancian continuamente y a la vez se toma más deuda, todo lo cual incrementa la suma de intereses a pagar.

Este mecanismo lleva inexorablemente a que la Deuda siempre sigue aumentando⁶y los requerimientos de financiamiento final externo devienen “necesarios” porque el sistema está armado por el establishment financiero para eso: para volver a endeudarse.

La Argentina ya ha pasado varias veces por esta misma experiencia, que es parte de un proceso identificable de los Ciclos de Endeudamiento Público:

Dentro de este esquema – al que hemos hecho referencia en otras oportunidades pero no es aquí del caso volver a desarrollar – cabe una aclaración importante: las Crisis de Deuda usualmente se manifiestan en la etapa 3 del Ciclo pero son confundidas con un fin de ciclo, lo que es erróneo porque las Crisis son parte del Ciclo; más aún, son la clave del Ciclo de Deuda.

Cuando se llega a la transición entre las etapas 3 y 4 siempre se ensayan nuevas alternativas financieras de continuación – la capacidad de inventar variantes especulativas es hoy casi infinita – con lo que se producen diferencias de forma o presentación en los mecanismos de refinanciamiento pero la esencia de los procedimientos de fondo sigue siendo la misma: el reciclado de deuda, la toma de deudas nuevas y el mantenimiento de la incapacidad de repago que garantiza a los prestamistas financieros la perpetuidad del Sistema.

Dentro de este encuadramiento devienen más entendibles las innovaciones financieras presentadas a lo largo de los últimos 35 años de Deuda Pública Argentina: Deuda Externa “barata” por el auge de los petro-dólares en la época del Proceso Militar, re-estructuraciones democráticas con los Planes Austral y Primavera ligados a los Acuerdos de Nueva York de 1985-1987 bajo la administración Alfonsín, Convertibilidad y Plan Brady 1992-1993 bajo la administración Menem-Cavallo, Blindaje-Megacanje 2001-Default (como “accidente” forzado del Ciclo) bajo De la Rúa-Cavallo, Endeudamiento por Pesificación bajo la administración Duhalde (2002) y Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 bajo la actual administración K.

Todas estas experiencias de re-estructuraciones fueron presentadas en su momento como negociaciones “exitosas” pero terminaron invariablemente en fracasos y nuevas Crisis de Deuda, es decir, en procesos de “barajar y dar de nuevo” replanteando los términos de endeudamiento; pero sin salir nunca de la trampa básica del endeudamiento, que es la toma de deuda sin capacidad de repago.

Hoy la nueva fórmula de “pago de juicios con bonos” aparece como una variante innovadora después de agotar las posibilidades de la Deuda intra-Estado (fundamentalmente: uso de reservas internacionales para pago de Deuda Externa y vaciamiento de fondos públicos utilizados para el pago de Deuda Interna).

Esta fórmula sería presentada como una alternativa de solución al problema de los juicios contra el Estado y como un primer paso para destrabar el regreso de la Argentina a los Mercados de Capitales.

Con ello se trata además de soslayar el reconocimiento del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (que llevó al uso masivo de la Deuda intra-Estado) y se busca enmascarar la nueva situación de Crisis de Deuda que caracteriza el paso de la etapa 3 a la 4 del Ciclo: el intento de nuevas formas de refinanciación para garantizar la continuidad del Sistema de Deuda Perpetua.

El fin del mito del Modelo – contradicho con el agotamiento de los superávits gemelos (fiscal y externo) – ha ido paralelo a la falsía del Des-endeudamiento.

El extraordinario crecimiento de la Deuda intra-Estado ha operado funcionalmente como “préstamo-puente” interno hasta agotar los recursos fiscales acumulados a costa de la descapitalización del BCRA (por salida de capitales y por uso de reservas en gran escala para pagar Deuda Externa), a costa del desfinanciamiento de los Organismos Nacionales (con el Fondo de la ANSES a la cabeza) y también a costa de comprometer los recursos crediticios del Banco Nación y desviar fondos presupuestarios de sus destinos específicos.

Pero – como lo veníamos señalando repetidamente – la política de Deuda intra-Estado tenía un tope y ese límite parece haber llegado.

Ahora nos encontramos ante la paradoja que el traspaso masivo de Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y OMC – a Deuda interna con el propio Sector Público ha dejado un pasivo tan enorme como impagable como carga para el Fisco mientras todas las supuestas “buenas noticias” convergen en decir que al país se le abren nuevamente las puertas para volver a tomar más deuda con terceros, en especial deuda en mercados externos.

Así, mientras la Deuda intra-Estado corre el riesgo cierto de ser pasada gradualmente a pérdida en algún momento, o licuada por inflación, el gobierno – habiendo “desagotado” parcialmente sus obligaciones con terceros – puede encaminarse otra vez a la “regularización” deseada de su Deuda Pública con la adopción de nuevas formas de endeudamiento.

Faltaría sólo determinar si este proceso de cambio – definido con el equívoco rótulo de “transición” – será administrado por el propio gobierno Kirchner (bajo la formulación de una “nueva etapa” del Modelo distinta del “Des-endeudamiento”) o si será piloteado por otro que lo suceda.

En uno y otro caso – cualquiera sea la forma de presentación de las “innovaciones”, cualquiera sea el malabarismo verbal que se utilice para encubrir la realidad de los cambios, cualquiera sea el grado de apoyo de la partidocracia con representación parlamentaria y de la opinión pública conducida por los grandes medios del establishment – la administración que pilotee esta transición hacia el nuevo endeudamiento puede terminar pagando un alto costo político. Sólo el costo político, porque el costo financiero y económico lo seguirá pagando el pueblo argentino a través de la Política de Estado de la Deuda Pública.

Buenos Aires, 2.11.2013.

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2013 11 02 CIADI

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