ALEGACIONES DE GENOCIDIO EN VIRTUD DE LA CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO
(UCRANIA c. FEDERACIÓN RUSA: 32 ESTADOS INTERVIENEN)
EXCEPCIONES PRELIMINARES
SENTENCIA
2 de febrero de 2024
Presentes: Presidente DONOGHUE; Vicepresidente GEVORGIAN; Jueces TOMKA, ABRAHAM,
BENNOUNA, YUSUF, XUE, SEBUTINDE, BHANDARI, ROBINSON, SALAM, IWASAWA, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT; Juez ad hoc DAUDET; Secretario GAUTIER.
En el asunto relativo a las alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
entre
Ucrania,
representada por
Excmo. Sr. D. Anton Korynevych, Embajador en Misión Especial, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania,
en calidad de Agente;
D.ª Oksana Zolotaryova, Directora General de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania,
en calidad de coagente;
Sra. Marney L. Cheek, Covington & Burling LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Distrito de Columbia,
Sr. Jonathan Gimblett, Covington & Burling LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Distrito de Columbia y del Estado de Virginia, Solicitor de los Tribunales Superiores de Inglaterra y Gales,
Harold Hongju Koh, Sterling Professor of International Law, Yale Law School, miembro de los Colegios de Abogados del Estado de Nueva York y del Distrito de Columbia,
Sr. Jean-Marc Thouvenin, Profesor de la Universidad de París Nanterre, Secretario General de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, miembro asociado del Institut de droit international, miembro del Colegio de Abogados de París, Sygna Partners,
Sr. David M. Zionts, Covington & Burling LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Distrito de Columbia,
en calidad de Consejeros y Abogados;
S.E. D. Oleksandr Karasevych, Embajador de Ucrania ante el Reino de los Países Bajos,
Sr. Oleksandr Braiko, Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania,
D.ª Anastasiia Mochulska, Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania,
Dmytro Kutsenko, Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania,
Sra. Mariia Bezdieniezhna, Consejera, Embajada de Ucrania en el Reino de los Países Bajos,
Sra. Paris Aboro, Covington & Burling LLP, miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales,
Sr. Volodymyr Shkilevych, Covington & Burling LLP, miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York,
Sr. Paul Strauch, Covington & Burling LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Distrito de Columbia y del Estado de California,
Sra. Gaby Vasquez, Covington & Burling LLP, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia,
Sra. Jessica Joly Hebert, miembro del Colegio de Abogados de Quebec, doctoranda en el CEDIN, Universidad de París Nanterre,
como Consejera;
Sra. Caroline Ennis, Covington & Burling LLP,
en calidad de asistente,
y
la Federación de Rusia,
representada por
Excmo. Sr. D. Gennady Kuzmin, Embajador en Misión Especial, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia,
S.E. D. Alexander Shulgin, Embajador de la Federación Rusa ante el Reino de los Países Bajos,
S.E. D.ª Maria Zabolotskaya, Representante Permanente Adjunta de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas,
D. Maksim V. Musikhin, Director Adjunto del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
como Agentes;
Sr. Hadi Azari, Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Kharazmi de Teherán, Asesor Jurídico del Centro de Asuntos Jurídicos Internacionales de Irán,
Sr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra, miembro del Colegio de Abogados de Lima,
Sr. Jean-Charles Tchikaya, miembro de los Colegios de Abogados de París y Burdeos,
Sr. Kirill Udovichenko, socio de Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sr. Sienho Yee, Profesor de Derecho Internacional Changjiang Xuezhe y Director del Instituto Chino de Derecho Internacional, Universidad de Asuntos Exteriores de China, Pekín, miembro de los Colegios de Abogados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Estado de Nueva York, miembro del Institut de droit international,
en calidad de Consejeros y Abogados;
Sr. Dmitry Andreev, Counsel, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sr. Konstantin Kosorukov, Jefe de División, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
como abogado;
Sr. Mikhail Abramov, Asociado Senior, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sr. Yury Andryushkin, Primer Secretario, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
Sra. Victoria Goncharova, Primera Secretaria, Representación Permanente de la Federación Rusa ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas,
D.ª Anastasia Khamenkova, Experta, Fiscalía General de la Federación de Rusia,
Sr. Stanislav Kovpak, Consejero Principal, Departamento de Cooperación Multilateral en materia de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia,
Sra. Marina Kulidobrova, Asociada, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sra. Maria Kuzmina, Jefa de División, Segundo Departamento de la CEI, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
Sr. Artem Lupandin, Asociado, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sr. Aleksei Trofimenkov, Consejero, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
Sra. Kata Varga, Asociada, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
Sr. Nikolay Zinovyev, Asociado Senior, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
como asesores;
Sra. Svetlana Poliakova, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners,
como Asistente,
y los siguientes Estados, cuyas declaraciones de intervención han sido admitidas por el Tribunal de Justicia en la fase de cuestiones preliminares del procedimiento
la República Federal de Alemania
representada por
Sra. Tania von Uslar-Gleichen, Directora del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania,
en calidad de agente;
D.ª Wiebke Ruckert, Directora de Derecho Internacional Público, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania,
S.E. el Sr. Cyrill Jean Nunn, Embajador de la República Federal de Alemania ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agentes;
D. Lukas Georg Wasielewski, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania,
Sr. Caspar Sieveking, Embajada de la República Federal de Alemania en el Reino de los Países Bajos,
Sr. Johannes Scharlau, Embajada de la República Federal de Alemania en el Reino de los Países Bajos,
Sr. Marius Gappa, Embajada de la República Federal de Alemania en el Reino de los Países Bajos,
Australia,
representada por
Mr Jesse Clarke, General Counsel (International Law), Attorney General’s Department, Australia,
en calidad de Agente;
S.E. D. Gregory Alan French, Embajador de Australia en el Reino de los Países Bajos,
D. Adam Justin McCarthy, Chief Legal Officer, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia,
como Co-Agentes;
Sr. Stephen Donaghue, KC, Procurador General de Australia,
Sra. Kate Parlett, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Twenty Essex Chambers,
Sra. Belinda McRae, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Twenty Essex Chambers,
Ms Emma Norton, Acting Principal Legal Officer, Attorney General’s Department,
Ms Katherine Arditto, Second Secretary (Legal Adviser and Consul), Australian Embassy in the Kingdom of the Netherlands,
D. Sam Gaunt, Multilateral Policy Officer, Embajada de Australia en el Reino de los Países Bajos,
la República de Austria, representada por
S.E. D. Helmut Tichy, Embajador, antiguo Consejero Jurídico, Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria,
en calidad de Agente;
S.E. D. Konrad Buhler, Embajador, Consejero Jurídico, Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria,
como Co-Agente;
D.ª Katharina Kofler, Consejera Jurídica, Embajada de la República de Austria en el Reino de los Países Bajos,
D. Haris Huremagic, Jurista, Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria,
Sra. Viktoria Ritter, Jurista, Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de la República de Austria,
Sra. Celine Braumann, Consejera, Profesora Adjunta, Universidad de Ottawa,
Sr. Gerhard Hafner, Consejero, Profesor emérito de la Universidad de Viena, antiguo miembro de la Comisión de Derecho Internacional, miembro del Institut de droit international,
Sra. Karoline Schnabl, Embajada de la República de Austria en el Reino de los Países Bajos, Reino de Bélgica, representada por
Sr. Piet Heirbaut, Jurisconsulto, Director General de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Bélgica,
en calidad de Agente;
S.E. D. Olivier Belle, Representante Permanente del Reino de Bélgica ante las instituciones internacionales con sede en La Haya,
como Co-Agente;
Sra. Sabrina Heyvaert, Consejera General, Dirección de Derecho Internacional Público,
Sra. Pauline De Decker, Agregada, Representación Permanente del Reino de Bélgica ante las instituciones internacionales con sede en La Haya,
Sra. Laurence Grandjean, Agregada, Dirección de Derecho Internacional Público,
D.ª Aurelie Debuisson, Agregada, Dirección de Derecho Internacional Público, la República de Bulgaria, representada por
Sra. Dimana Dramova, Jefa del Departamento de Derecho Internacional, Dirección de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bulgaria,
en calidad de Agente;
S.E. D. Konstantin Dimitrov, Embajador de la República de Bulgaria ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
D.ª Raia Mantovska Vassileva, Consejera Jurídica, Embajada de la República de Bulgaria en el Reino de los Países Bajos,
D.ª Monika Velkova, Tercera Secretaria,
Canadá, representada por
D. Alan H. Kessel, Viceministro Adjunto y Asesor Jurídico, Global Affairs Canada,
en calidad de Agente;
D. Louis-Martin Aumais, Director General y Consejero Jurídico Adjunto, Global Affairs Canada,
como Co-Agente;
Ms Rebecca Netley, Executive Director, Accountability, Human Rights and United Nations Law Division, Global Affairs Canada,
Dña. Teresa Crockett, Directora Adjunta, División de Responsabilidad, Derechos Humanos y Derecho de las Naciones Unidas, Global Affairs Canada,
S.E. Sr. Hugh Adsett, Embajador de Canadá en el Reino de los Países Bajos,
D. Simon Collard-Wexler, Consejero, Embajada de Canadá en el Reino de los Países Bajos,
D. Kristopher Yue, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en el Reino de los Países Bajos, la República de Chipre, representada por
D. George L. Savvides, Attorney General de la República de Chipre,
en calidad de Agente;
Ms Mary-Ann Stavrinides, Attorney of the Republic, Law Office of the Republic of Cyprus, as Co-Agent;
Sra. Joanna Demetriou, Abogada de la República A’, Gabinete Jurídico de la República de Chipre,
Sr. Antonios Tzanakopoulos, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Oxford,
la República de Croacia,
representada por
Sra. Gordana Vidovic Mesarek, Directora General de Derecho Europeo e Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Croacia,
en calidad de Agente;
Sra. Anamarija Valkovic, Jefa del Sector de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Croacia,
como Co-Agente,
el Reino de Dinamarca,
representado por
S.E. Dña. Vibeke Pasternak J0rgensen, Embajadora, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos (el Consejero Jurídico), Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Dinamarca,
en calidad de Agente;
S.E. D. Jarl Frijs-Masden, Embajador del Reino de Dinamarca ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
D. Martin Lolle Christensen, Jefe de Sección, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Dinamarca,
D. Victor Backer-Gonzalez, Consejero Jurídico, Embajada Real de Dinamarca en el Reino de los Países Bajos,
Sra. Anna Sofie Leth Nymand, Becaria, Embajada Real de Dinamarca en el Reino de los Países Bajos,
el Reino de España,
representado por
D. Santiago Ripol Carulla, Jefe del Gabinete Jurídico Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España,
en calidad de Agente;
S.E. Dña. Consuelo Femema Guardiola, Embajadora del Reino de España en el Reino de los Países Bajos,
D. Emilio Pin Godos, Asesor Jurídico Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España,
D. Juan Almazán Fuentes, Consejero Jurídico, Embajada del Reino de España en el Reino de los Países Bajos,
la República de Estonia,
representada por
Sra. Kerli Veski, Directora General del Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Estonia,
en calidad de Agente;
S.E. D. Lauri Kuusing, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Estonia ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
la Sra. Dea Hannust
de la República de Finlandia,
representada por
Sra. Kaija Suvanto, Directora General del Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Finlandia,
en calidad de Agente;
Sra. Tarja Langstrom, Directora Adjunta, Unidad de Derecho Internacional Público, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Finlandia,
en calidad de coagente;
Johanna Hossa, Jurista, Unidad de Derecho Internacional Público, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Finlandia,
Sra. Verna Adkins, Segunda Secretaria, Embajada de la República de Finlandia en el Reino de los Países Bajos,
la República Francesa,
representada por
D. Diego Colas, Consejero Jurídico, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa,
en calidad de Agente;
Excmo. Sr. D. Francois Alabrune, Embajador de la República Francesa en el Reino de los Países Bajos,
D. Herve Ascensio, Profesor de la Universidad Paris 1 Pantheon-Sorbonne,
Sr. Pierre Bodeau-Livinec, Profesor de la Universidad París Nanterre,
Sra. Maryline Grange, Profesora asociada de Derecho público en la Universidad Jean Monnet de Saint-Etienne, Universidad de Lyon,
Sra. Anne-Thida Norodom, Profesora en la Universidad Paris Cite,
Sr. Nabil Hajjami, Subdirector de Derecho Internacional Público, Dirección de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa,
Sra. Marion Esnault, Asesora Jurídica, Dirección de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa,
Sr. Stephane Louhaur, Consejero Jurídico, Embajada de la República Francesa en el Reino de los Países Bajos,
Sra. Jade Frichitthavong, Encargada de misión de Asuntos Jurídicos, Embajada de la República Francesa en el Reino de los Países Bajos,
Dña. Emma Bongat, pasante, Servicio Jurídico, Embajada de la República Francesa en el Reino de los Países Bajos,
la República Helénica,
representada por
Sra. Zinovia Chaido Stavridi, Consejera Jurídica, Jefa del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Helénica,
en calidad de Agente;
S.E. D.ª Caterina Ghini, Embajadora de la República Helénica ante el Reino de los Países Bajos,
en calidad de coagente;
D.ª Martha Papadopoulou, Consejera Jurídica Superior, Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Helénica,
D.ª Evangelia Grammatika, Ministra Plenipotenciaria, Jefa Adjunta de Misión, Embajada de la República Helénica en el Reino de los Países Bajos,
D. Konstantinos Kalamvokidis, Segundo Secretario, Embajada de la República Helénica en el Reino de los Países Bajos,
Irlanda,
representada por
Mr Declan Smyth, Legal Adviser, Department of Foreign Affairs, Irlanda, en calidad de Agente;
D. Frank Groome, Deputy Head of Mission, Embassy of Ireland in the Kingdom of the Netherlands,
en calidad de coagente;
Excmo. Sr. D. Brendan Rogers, Embajador de Irlanda en el Reino de los Países Bajos,
Ms Michelle Ryan, Assistant Legal Adviser, Department of Foreign Affairs, Ireland,
D.ª Louise Hartigan, Jefa de Misión Adjunta, Embajada de Irlanda en el Reino de los Países Bajos,
la República Italiana,
representada por
D. Stefano Zanini, Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos, Contenciosos Diplomáticos y Acuerdos Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana,
en calidad de Agente;
S.E. el Sr. Giorgio Novello, Embajador de la República Italiana ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
D. Attila Massimiliano Tanzi, Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Bolonia, 3 Verulam Buildings,
Sr. Alessandro Sutera Sardo, Agregado de Asuntos Jurídicos, Embajada de la República Italiana en el Reino de los Países Bajos,
Sr. Luigi Ripamonti, Consejero, Servicio de Asuntos Jurídicos, Controversias Diplomáticas y Acuerdos Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana,
Sra. Ludovica Chiussi Curzi, Profesora Adjunta Senior de Derecho Internacional, Universidad de Bolonia,
Sr. Gian Maria Farnelli, Profesor Asociado de Derecho Internacional, Universidad de Bolonia,
la República de Letonia,
representada por
Sra. Kristine Lice, Asesora en Legislación y Derecho Internacional del Presidente de la República de Letonia,
en calidad de Agente;
D. Edgars Trumkalns, Encargado de Negocios interino de la República de Letonia en el Reino de los Países Bajos,
Sr. Martins Paparinskis, Profesor de Derecho Internacional Público, University College London, miembro de la Comisión de Derecho Internacional, miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje,
Sr. Mamadou Hebie, Profesor Asociado de Derecho Internacional, Universidad de Leiden, miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York,
Sr. Vladyslav Lanovoy, Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público, Universidad Laval, Quebec,
Sr. Cameron Miles, miembro del Colegio de Abogados inglés, 3 Verulam Buildings,
Sr. Joseph Crampin, Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Glasgow,
Sr. Luis Felipe Viveros, doctorando, University College London,
Sra. Elina Luize Vitola, Agente Adjunta del Gobierno, Oficina del Representante de Letonia ante las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Letonia,
Sr. Arnis Lauva, Jefe de la División de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Letonia,
Sra. Katrina Kate Lazdine, Jurisconsulta de la División de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Letonia,
el Principado de Liechtenstein,
representado por
S.E. D. Pascal Schafhauser, Embajador y Jefe de Misión del Principado de Liechtenstein ante el Reino de Bélgica,
en calidad de Agente;
D. Sina Alavi, Consejero Principal,
la República de Lituania,
representado por
Sra. Gabija Grigaite-Daugirde, Viceministra de Justicia de la República de Lituania, Profesora de la Universidad de Vilnius,
en calidad de Agente;
D. Ricard Dzikovic, Jefe de la Representación Legal del Ministerio de Justicia de la República de Lituania, Profesor de la Universidad Mykolas Romeris,
Sra. Ingrida Baciuliene, Jefa de la Unidad de Tratados Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Lituania,
Sr. Pierre d’Argent, Profesor de la Universidad de Lovaina (U.C. Louvain), miembro del Institut de droit international, miembro del Colegio de Abogados de Bruselas,
Sr. Gleider Hernandez, Profesor de la Universidad de Lovaina (K.U. Leuven),
Sra. Inga Martinkute, abogada del MMSP, miembro del Colegio de Abogados de Lituania, profesora de la Universidad de Vilnius,
D. Christian J. Tams, Profesor en la Universidad de Glasgow y en la Universidad de Leuphana, Luneburg,
S.E. D. Neilas Tankevicius, Embajador de la República de Lituania ante el Reino de los Países Bajos,
D. Mindaugas Zickus, Jefe de Misión Adjunto, Embajada de la República de Lituania en el Reino de los Países Bajos,
el Gran Ducado de Luxemburgo,
representado por
D. Alain Germeaux, Conseiller de legation adjoint, Director de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del Gran Ducado de Luxemburgo,
en calidad de Agente;
S.E. D. Jean-Marc Hoscheit, Embajador del Gran Ducado de Luxemburgo ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente (hasta el 4 de octubre de 2023);
S.E. D. Mike Hentges, Embajador del Gran Ducado de Luxemburgo ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente (a partir del 4 de octubre de 2023);
D. Thierry Ewert, Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo,
D.ª Lea Siffert, Consejera Jurídica de la Embajada de Luxemburgo en el Reino de los Países Bajos,
en calidad de Agentes adjuntos,
la República de Malta,
representada por
Sr. Christopher Soler, Abogado del Estado de la República de Malta
en calidad de Agente;
Excmo. Sr. D. Mark A. Pace, Embajador de la República de Malta ante el Reino de los Países Bajos,
Sra. Ariana Rowela Falzon, Abogada, Abogacía del Estado,
Sra. Margot Ann Schembri Bajada, Consejera, Unidad Jurídica, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos y Comercio de la República de Malta,
Sra. Marilyn Grech, Jurista, Unidad Jurídica, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos y Comercio de la República de Malta,
D. Matthew Grima, Jefe de Misión Adjunto, Consejero, Embajada de la República de Malta en el Reino de los Países Bajos,
Dña. Mary Jane Spiteri, Encargada de Investigación y Administración, Embajada de la República de Malta en el Reino de los Países Bajos,
D. Clemens Baier, Oficial Administrativo y de Investigación, Embajada de la República de Malta en el Reino de los Países Bajos,
el Reino de Noruega,
representado por
D. Kristian Jervell, Director General, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega,
en calidad de Agente;
D. Martin S0rby, Director General Adjunto, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega,
como Co-Agente;
S.E. D. Bard Ivar Svendsen, Embajador del Reino de Noruega ante el Reino de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo,
D.ª Kristin Hefre, Ministra Consejera de Asuntos Jurídicos de la Real Embajada de Noruega en el Reino de los Países Bajos,
Dña. Dagny Marie As Hovind, Asesora, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega,
Sra. Frida Fostvedt, Asesora, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega,
D. Zaid Waran, Pasante, Asuntos Jurídicos, Real Embajada de Noruega en el Reino de los Países Bajos,
Nueva Zelanda,
representada por
Sra. Victoria Hallum, Secretaria Adjunta, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda,
en calidad de Agente;
D. Andrew Williams, Chief International Legal Adviser (en funciones), Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand,
S.E. Susannah Gordon, Embajadora de Nueva Zelanda en el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agentes;
Sra. Elana Geddis, Barrister, Kate Sheppard Chambers, Wellington,
Sr. Toby Fisher, Barrister, Matrix Chambers, Londres,
Ms Jane Collins, Senior Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand,
Sra. Hannah Frost, Jefa de Misión Adjunta, Embajada de Nueva Zelanda en el Reino de los Países Bajos,
D. Bastiaan Grashof, Consejero Político, Embajada de Nueva Zelanda en el Reino de los Países Bajos,
el Reino de los Países Bajos,
representado por
D. René J.M. Lefeber, Consejero Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
en calidad de Agente;
Dña. Mireille Hector, Consejera Jurídica Adjunta, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
en calidad de coagente;
Sra. Annemarieke Kunzli, Consejera Jurídica, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
Sra. Marina Brilman, Consejera Jurídica, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
Sra. Robin Geraerts, Jurista, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos,
la República de Polonia,
representada por
D. Slawomir Majszyk, Director en funciones del Departamento Jurídico y de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia,
en calidad de Agente (hasta el 25 de enero de 2024);
D. Artur Harazim, Director del Departamento Jurídico y de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, Polonia,
S.E. Dña. Margareta Kassangana, Embajadora de la República de Polonia ante el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
D. Lukasz Kulaga, Consejero del Departamento Jurídico y de Tratados, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Polonia,
Sra. Paulina Dudzik, Primera Secretaria y Consejera Jurídica, Embajada de la República de Polonia en el Reino de los Países Bajos,
en calidad de Agentes adjuntos,
la República Portuguesa,
representada por
Sra. Patricia Galvao Teles, Directora del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa y miembro de la Comisión de Derecho Internacional,
en calidad de Agente;
S.E. la Sra. Clara Nunes dos Santos, Embajadora de la República Portuguesa ante el Reino de los Países Bajos,
en calidad de coagente;
D. Mateus Kowalski, Director de la Dirección de Derecho Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa,
D. Henrique Azevedo, Jefe de Misión Adjunto, Embajada de la República Portuguesa en el Reino de los Países Bajos,
Dña. Ana Margarida Pinto de Seabra, Pasante Jurídica, Embajada de la República Portuguesa en el Reino de los Países Bajos,
Rumania,
representada por
Excmo. Sr. D. Bogdan Aurescu, Consejero del Presidente de Rumanía, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, miembro de la Comisión de Derecho Internacional,
en calidad de Agente (hasta el 19 de enero de 2024);
S.E. D.ª Alina Orosan, Embajadora, Directora General de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía,
en calidad de Agente (desde el 19 de enero de 2024, anteriormente Co-Agente);
S.E. D. Lucian Fatu, Embajador de Rumanía ante el Reino de los Países Bajos,
D. Filip-Andrei Lariu, Agregado, Dirección Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía,
D. Eugen Mihut, Ministro Plenipotenciario y Consejero Jurídico, Embajada de Rumanía en el Reino de los Países Bajos,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
representado por
Ms Sally Langrish, Legal Adviser and Director General Legal at the Foreign, Commonwealth and Development Office, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
en calidad de Agente;
D. Paul McKell, Legal Director at the Foreign, Commonwealth and Development Office, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
como Co-Agente;
Rt Hon. Ms Victoria Prentis, KC, MP, Attorney General,
Mr Ben Juratowitch, KC, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, del Colegio de Abogados de París y del Colegio de Abogados de Belice, Essex Court Chambers,
Sra. Philippa Webb, Profesora de Derecho Internacional Público, King’s College London, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, y de los Colegios de Abogados del Estado de Nueva York y de Belice, Twenty Essex Chambers,
Sra. Naomi Hart, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Essex Court Chambers,
Ms Susan Dickson, Legal Counsellor and Head of Europe and Human Rights Team, Legal Directorate, Foreign, Commonwealth and Development Office, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Ms Ruth Tomlinson, Deputy Director and Head of International Law, Attorney General’s Office,
Mr Michael Boulton, Assistant Legal Adviser, Europe and Human Rights Team, Legal Directorate, Foreign, Commonwealth and Development Office, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
la República Eslovaca,
representada por
Sr. Metod Spacek, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República Eslovaca,
en calidad de Agente;
D. Peter Klanduch, Director del Departamento de Derecho Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca,
como Co-Agente;
S.E. D. Juraj Machac, Embajador de la República Eslovaca ante el Reino de los Países Bajos,
Dña. Zuzana Morhacova, Asesora Jurídica Adjunta, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca,
D. Jozef Kuslita, Primer Secretario, Embajada de la República Eslovaca en el Reino de los Países Bajos,
D. Peter Nagy, Segundo Secretario, Embajada de la República Eslovaca en el Reino de los Países Bajos,
la República de Eslovenia,
representada por
D. Marko Rakovec, Director General de Derecho Internacional y Protección de Intereses, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Eslovenia,
en calidad de Agente;
S.E. D. Jozef Drofenik, Embajador de la República de Eslovenia ante el Reino de los Países Bajos,
en calidad de coagente;
Sr. Daniel Muller, Abogado de FAR Avocats,
Sr. Andrej Svetlicic, Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Eslovenia,
Sra. Silvana Kovac, Dirección de Derecho Internacional y Protección de Intereses, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República de Eslovenia,
Sra. Masa Devinar Groselj, Embajada de la República de Eslovenia en el Reino de los Países Bajos,
el Reino de Suecia,
representada por
Sra. Elinor Hammarskjold, Directora General de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia,
en calidad de Agente;
D. Daniel Gillgren, Director Adjunto del Departamento de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho de los Tratados, Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia,
S.E. D. Johannes Oljelund, Embajador del Reino de Suecia ante el Reino de los Países Bajos,
D.ª Dominika Brott, Primera Secretaria, Embajada del Reino de Suecia en el Reino de los Países Bajos,
la República Checa,
representada por
D. Emil Ruffer, Director del Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa,
en calidad de Agente;
S.E. D. Rene Miko, Embajador de la República Checa en el Reino de los Países Bajos,
como Co-Agente;
D. Pavel Caban, Jefe de Unidad, Departamento de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa,
Dña. Martina Filippiova, Consejera Jurídica, Embajada de la República Checa en el Reino de los Países Bajos,
Sr. Pavel Sturma, Profesor de Derecho internacional público, Universidad Carolina de Praga, antiguo miembro y Presidente de la Comisión de Derecho internacional, miembro asociado del Institut de droit international,
EL TRIBUNAL
compuesto como se ha indicado anteriormente,
tras deliberar,
dicta la siguiente Sentencia:
1. El 26 de febrero de 2022, Ucrania presentó en la Secretaría del Tribunal una Demanda por la que se incoaba un procedimiento contra la Federación de Rusia en relación con “una controversia… relativa a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948” (en lo sucesivo, la “Convención sobre el Genocidio” o la “Convención”).
2. En su demanda, Ucrania pretende fundamentar la competencia de la Corte en el artículo 36, párrafo 1, del Estatuto de la Corte y en el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio.
3. Junto con la Demanda, Ucrania presentó una Solicitud de indicación de medidas provisionales, haciendo referencia al artículo 41 del Estatuto y a los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento de la Corte.
4. 4. El Secretario comunicó inmediatamente la demanda a la Federación de Rusia, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 40 del Estatuto de la Corte, y la solicitud de indicación de medidas provisionales, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 73 del Reglamento de la Corte. Asimismo, notificó al Secretario General de las Naciones Unidas la presentación de la Demanda y de la Solicitud por parte de Ucrania.
5. Además, mediante carta de fecha 2 de marzo de 2022, el Secretario informó a todos los Estados con derecho a comparecer ante la Corte de la presentación de la Demanda y de la Solicitud de indicación de medidas provisionales.
6. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 40 del Estatuto de la Corte, el Secretario notificó posteriormente la presentación de la Demanda a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General, y a cualquier otro Estado con derecho a comparecer ante la Corte, mediante la transmisión del texto bilingüe impreso.
7. Dado que el Tribunal no contaba con ningún juez de nacionalidad ucraniana en su seno, Ucrania procedió a ejercer el derecho que le confiere el artículo 31, párrafo 2, del Estatuto del Tribunal de elegir un juez ad hoc para conocer del asunto; eligió al Sr. Yves Daudet.
8. Mediante escritos de fecha 1 de marzo de 2022, el Secretario informó a las Partes de que, de conformidad con el artículo 74, párrafo 3, de su Reglamento, el Tribunal había fijado los días 7 y 8 de marzo de 2022 como fechas para la vista oral sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales. Mediante escrito de 5 de marzo de 2022, el Embajador de la Federación de Rusia ante el Reino de los Países Bajos manifestó que su Gobierno había decidido no participar en el procedimiento oral sobre la Solicitud de indicación de medidas provisionales.
9. El 7 de marzo de 2022 se celebró una audiencia pública en la que no participó la Federación de Rusia. Mediante carta de 7 de marzo de 2022, recibida en la Secretaría poco después de la clausura de la audiencia, el Embajador de la Federación de Rusia ante el Reino de los Países Bajos transmitió un documento en el que se exponía “la posición de la Federación de Rusia en relación con la falta de competencia del Tribunal en el[e] caso”.
10. Mediante Providencia de fecha 16 de marzo de 2022, el Tribunal indicó las siguientes medidas provisionales:
“(1) La Federación Rusa suspenderá inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania;
(2) La Federación Rusa se asegurará de que las unidades armadas militares o irregulares que puedan ser dirigidas o apoyadas por ella, así como las organizaciones y personas que puedan estar sujetas a su control o dirección, no tomen ninguna medida para llevar a cabo las operaciones militares mencionadas en el punto 1 anterior;
(3) Ambas Partes se abstendrán de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte o hacerla más difícil de resolver.”
11. De conformidad con las instrucciones de la Corte en virtud del párrafo 1 del artículo 43 del Reglamento de la Corte, el Secretario dirigió a los Estados Partes en el Convenio sobre el genocidio la notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 63 del Estatuto de la Corte. Además, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento de la Corte, el Secretario dirigió a las Naciones Unidas, por conducto de su Secretario General, la notificación prevista en el párrafo 3 del artículo 34 del Estatuto de la Corte.
12. Mediante Providencia de 23 de marzo de 2022, la Corte fijó el 23 de septiembre de 2022 y el 23 de marzo de 2023 como plazos respectivos para la presentación de la Memoria de Ucrania y la Contramemoria de la Federación de Rusia. El Memorial de Ucrania fue presentado el 1 de julio de 2022.
13. El 3 de octubre de 2022, dentro del plazo previsto en el artículo 79 bis, párrafo 1, del Reglamento del Tribunal, la Federación de Rusia planteó excepciones preliminares a la competencia del Tribunal y a la admisibilidad de la Demanda. En consecuencia, mediante Providencia de 7 de octubre de 2022, tras señalar que, en virtud del artículo 79 bis, párrafo 3, del Reglamento de la Corte, el procedimiento sobre el fondo quedaba suspendido, la Corte fijó el 3 de febrero de 2023 como plazo para que Ucrania presentara un escrito con sus observaciones y alegaciones sobre las excepciones preliminares planteadas por la Federación Rusa. Ucrania presentó su escrito dentro del plazo así fijado.
14. Entre el 21 de julio de 2022 y el 15 de diciembre de 2022, 33 Estados presentaron declaraciones de intervención en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Estatuto de la Corte. Dichas declaraciones fueron presentadas por la República de Letonia (en adelante, “Letonia”) el 21 de julio de 2022, la República de Lituania (en adelante, “Lituania”) el 22 de julio de 2022, Nueva Zelanda el 28 de julio de 2022, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, “el Reino Unido”) el 5 de agosto de 2022, la República Federal de Alemania (en lo sucesivo, “Alemania”) el 5 de septiembre de 2022, los Estados Unidos de América (en lo sucesivo, “Estados Unidos”) el 7 de septiembre de 2022, el Reino de Suecia (en lo sucesivo, “Suecia”) el 9 de septiembre de 2022, Rumanía el 13 de septiembre de 2022, la República Francesa (en lo sucesivo, “Francia”) el 13 de septiembre de 2022, la República de Polonia (en lo sucesivo, “Polonia”) el 15 de septiembre de 2022, la República Italiana (en lo sucesivo, “Italia”) el 15 de septiembre de 2022, el Reino de Dinamarca (en lo sucesivo, “Dinamarca”) el 16 de septiembre de 2022, Irlanda el 19 de septiembre de 2022, la República de Finlandia (en lo sucesivo, “Finlandia”) el 21 de septiembre de 2022, la República de Estonia (en lo sucesivo, “Estonia”) el 22 de septiembre de 2022, el Reino de España (en lo sucesivo, “España”) el 29 de septiembre de 2022, Australia el 30 de septiembre de 2022, la República Portuguesa (en lo sucesivo, “Portugal”) el 7 de octubre de 2022, la República de Austria (en lo sucesivo, “Austria”) el 12 de octubre de 2022, el Gran Ducado de Luxemburgo (en lo sucesivo, “Luxemburgo”) el 13 de octubre de 2022, la República Helénica (en lo sucesivo, “Grecia”) el 13 de octubre de 2022, la República de Croacia (en lo sucesivo “Croacia”) el 19 de octubre de 2022, la República Checa (en lo sucesivo “Chequia”) el 31 de octubre de 2022, la República de Bulgaria (en lo sucesivo “Bulgaria”) el 18 de noviembre de 2022, la República de Malta (en lo sucesivo “Malta”) el 24 de noviembre de 2022, el Reino de Noruega (en lo sucesivo, “Noruega”) el 24 de noviembre de 2022, el Reino de Bélgica (en lo sucesivo, “Bélgica”) el 6 de diciembre de 2022, Canadá y el Reino de los Países Bajos (en lo sucesivo, “Países Bajos”), conjuntamente, el 7 de diciembre de 2022, la República Eslovaca (en lo sucesivo, “Eslovaquia”) el 7 de diciembre de 2022, la República de Eslovenia (en lo sucesivo, “Eslovenia”) el 7 de diciembre de 2022, la República de Chipre (en lo sucesivo, “Chipre”) el 13 de diciembre de 2022 y el Principado de Liechtenstein (en lo sucesivo, “Liechtenstein”) el 15 de diciembre de 2022.
15. El 17 de agosto de 2022, la Unión Europea, haciendo referencia al artículo 34, párrafo 2, del Estatuto de la Corte, y al artículo 69, párrafo 2, del Reglamento de la Corte, proporcionó, por iniciativa propia, información que consideraba pertinente para el caso. El Secretario transmitió inmediatamente el documento presentado por la Unión Europea a los Gobiernos de Ucrania y de la Federación de Rusia, indicando que esta transmisión no prejuzgaba ninguna decisión que la Corte pudiera adoptar en relación con la información así facilitada.
16. De conformidad con el artículo 83, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, se invitó a las Partes a presentar observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención presentadas por terceros Estados (véase el párrafo 14 supra). Ambas Partes presentaron dichas observaciones escritas el 17 de octubre de 2022 (observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención de Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Rumanía, Francia, Polonia e Italia), el 15 de noviembre de 2022 (observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención de Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Estonia, España, Australia, Portugal, Austria, Luxemburgo y Grecia), 16 de diciembre de 2022 (observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención de Croacia y Chequia) y 30 de enero de 2023 (observaciones escritas sobre las declaraciones de intervención de Bulgaria, Malta, Noruega, Bélgica, Canadá y Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Liechtenstein). A la vista de las objeciones de la Federación Rusa a la admisibilidad de las declaraciones de intervención, la Corte, de conformidad con el artículo 84, párrafo 2, de su Reglamento, decidió invitar a los Estados que pretendían intervenir y a las Partes a presentar por escrito sus observaciones sobre la admisibilidad de las declaraciones de intervención. Los días 10 y 13 de febrero de 2023, los Estados que solicitaban intervenir presentaron así sus observaciones escritas sobre la admisibilidad de las declaraciones de intervención, a las que siguieron las observaciones escritas de las Partes sobre esa misma cuestión el 24 de marzo de 2023.
17. Mediante carta de fecha 21 de marzo de 2023, el Secretario, actuando en virtud del párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento de la Corte, transmitió al Secretario General de las Naciones Unidas copias de los escritos presentados hasta ese momento en el asunto, y preguntó si la Organización tenía la intención de presentar observaciones por escrito en virtud de esa disposición en relación con las excepciones preliminares planteadas por la Federación de Rusia. Mediante carta de 23 de marzo de 2023, el Subsecretario General encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos declaró que la Organización no tenía la intención de presentar observaciones por escrito en el sentido del párrafo 3 del artículo 69 del Reglamento de la Corte.
18. Mediante Providencia de 5 de junio de 2023, la Corte decidió que las declaraciones de intervención en virtud del artículo 63 del Estatuto presentadas por 32 Estados (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá y Países Bajos (conjuntamente), Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido) eran admisibles en la fase de excepciones preliminares del procedimiento en la medida en que se referían a la interpretación del artículo IX y otras disposiciones del Convenio sobre Genocidio que son relevantes para la determinación de la competencia del Tribunal. Además, el Tribunal consideró que la declaración de intervención en virtud del artículo 63 del Estatuto presentada por Estados Unidos era inadmisible en la medida en que afectaba a la fase de excepciones preliminares del procedimiento. Asimismo, la Corte fijó el 5 de julio de 2023 como plazo para la presentación de las observaciones escritas a que se refiere el artículo 86, párrafo 1, del Reglamento de la Corte por parte de los Estados cuyas declaraciones de intervención habían sido consideradas admisibles en la fase de excepciones preliminares del procedimiento.
19. A raíz de la Providencia de 5 de junio de 2023 y de conformidad con el artículo 86, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, los Estados cuyas declaraciones de intervención habían sido admitidas en la fase de excepciones preliminares recibieron copia del Memorial de Ucrania, de las excepciones preliminares de la Federación de Rusia y del escrito de Ucrania sobre dichas excepciones preliminares.
20. Mediante escritos de 9 y 12 de junio de 2023, respectivamente, se informó a las Partes y a los Estados intervinientes de que el Tribunal había fijado el 18 de septiembre de 2023 como fecha para la apertura del procedimiento oral sobre las excepciones preliminares planteadas por la Federación de Rusia.
21. Los Estados intervinientes, con excepción de Liechtenstein, presentaron sus observaciones escritas sobre el objeto de sus intervenciones, dentro del plazo fijado en la Providencia de 5 de junio de 2023.
22. Tras recabar la opinión de las Partes, el Tribunal decidió, de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento, que las copias de los escritos y documentos anexos se pondrían a disposición del público a la apertura de la fase oral. Además, tras consultar a las Partes y a los Estados que habían presentado una declaración de intervención, la Corte decidió hacer accesibles al público también las observaciones escritas de las Partes sobre las declaraciones de intervención, de conformidad con el artículo 83, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, las observaciones escritas de los Estados que pretendían intervenir y las de las Partes sobre la admisibilidad de las declaraciones de intervención de conformidad con el artículo 84, párrafo 2, del Reglamento de la Corte, así como las observaciones escritas de los Estados intervinientes, a los que se refiere el artículo 86, párrafo 1, del Reglamento de la Corte, sobre el objeto de sus intervenciones.
23. Las audiencias públicas sobre las excepciones preliminares planteadas por la Federación de Rusia se celebraron los días 18, 19, 20, 25 y 27 de septiembre de 2023, en las que el Tribunal escuchó los informes orales, las réplicas y las observaciones de:
Por la Federación Rusa S.E. Sr. Gennady Kuzmin,
Sr. Hadi Azari,
Sr. Alfredo Crosato Neumann,
Sr. Sienho Yee,
Sr. Kirill Udovichenko,
S.E. D.ª Maria Zabolotskaya, D. Jean-Charles Tchikaya, S.E. D. Alexander Shulgin.
Por Ucrania: S.E. Sr. Anton Korynevych, Sr. Harold Hongju Koh, Sra. Marney L. Cheek, Sr. Jean-Marc Thouvenin, Sr. David M. Zionts, Sr. Jonathan Gimblett, S.E. Sra. Oksana Zolotaryova.
Por los Estados intervinientes
Por Alemania: Sra. Wiebke Ruckert.
Por Australia: Sr. Stephen Donaghue.
Por Austria, Chequia, Liechtenstein y Eslovaquia: Sr. Emil Ruffer.
Por Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Rumanía y Suecia: Sra. Kerli Veski, Sr. Piet Heirbaut.
Por Bulgaria: Dimana Dramova.
Por Canadá y los Países Bajos: Sr. Alan H. Kessel,
Sr. Rene J.M. Lefeber.
Por Chipre: Sra. Mary-Ann Stavrinides, Sr. Antonios Tzanakopoulos.
Por España: Sr. Santiago Ripol Carulla.
Por Francia: S.E. D. Francois Alabrune.
Por Grecia: Sra. Zinovia Chaido Stavridi.
Por Italia: Sr. Stefano Zanini, Sr. Attila M. Tanzi.
Por Letonia: Sr. Martins Paparinskis.
Por Lituania: Sra. Gabija Grigaite-Daugirde.
Por Malta: Sr. Christopher Soler.
Por Noruega: Sr. Kristian Jervell.
Por Nueva Zelanda: Sr. Andrew Williams.
Por Polonia: S.E. Dña. Margareta Kassangana.
Por Portugal: Sra. Patricia Galvao Teles.
Por el Reino Unido: Excma. Sra. Victoria Prentis.
Por Eslovenia: Sr. Marko Rakovec.
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24. En la Solicitud, Ucrania hizo las siguientes peticiones:
“30. Ucrania solicita respetuosamente a la Corte que:
(a) Juzgue y declare que, contrariamente a lo que afirma la Federación Rusa, no se han cometido actos de genocidio, tal y como se definen en el artículo III de la Convención sobre el Genocidio, en las oblasts de Luhansk y Donetsk de Ucrania.
(b) Declare que la Federación de Rusia no puede legítimamente adoptar ninguna medida en virtud de la Convención sobre el genocidio en o contra Ucrania destinada a prevenir o castigar un presunto genocidio, sobre la base de sus falsas alegaciones de genocidio en las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk.
(c) Declare que el reconocimiento por parte de la Federación de Rusia de la independencia de las denominadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Lugansk” el 22 de febrero de 2022 se basa en una falsa alegación de genocidio y, por lo tanto, carece de fundamento en la Convención sobre el Genocidio.
(d) Declare que la “operación militar especial” declarada y llevada a cabo por la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022 y después de esa fecha se basa en una falsa alegación de genocidio y, por consiguiente, no tiene fundamento en la Convención sobre el Genocidio.
(e) Exigir que la Federación Rusa proporcione seguridades y garantías de no repetición de que no tomará ninguna medida ilegal en y contra Ucrania, incluido el uso de la fuerza, sobre la base de su falsa alegación de genocidio.
(f) Providencia la reparación íntegra de todos los daños causados por la Federación de Rusia como consecuencia de cualquier medida adoptada sobre la base de la falsa alegación rusa de genocidio.”
25. En el procedimiento escrito sobre el fondo, se presentaron las siguientes alegaciones en nombre del Gobierno de Ucrania en su Memorial:
“178. Por las razones expuestas en este Memorial, Ucrania solicita respetuosamente al Tribunal que
(a) Admita y declare que la Corte tiene jurisdicción sobre esta controversia.
(b) Admita y declare que no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer genocidio en violación de la Convención sobre el Genocidio en las provincias de Donetsk y Luhansk de Ucrania.
(c) Juzgue y declare que el uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa en y contra Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022 viola los artículos I y IV de la Convención sobre el Genocidio.
(d) Declare que el reconocimiento por parte de la Federación Rusa de la independencia de las denominadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Luhansk” el 21 de febrero de 2022 viola los artículos I y IV de la Convención sobre el Genocidio.
(e) Adjudique y declare que, al no suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania, y al no asegurarse de que las unidades armadas militares o irregulares que puedan ser dirigidas o apoyadas por ella, así como las organizaciones y personas que puedan estar sujetas a su control o dirección, no adopten ninguna medida para promover esas operaciones militares, la Federación de Rusia violó las obligaciones independientes que le impuso la Providencia por la que se indican medidas provisionales dictada por el Tribunal el 16 de marzo de 2022.
179. En consecuencia, se solicita respetuosamente a la Corte que
(a) Providencia a la Federación Rusa para que ponga fin inmediatamente al uso de la fuerza en y contra Ucrania que inició el 24 de febrero de 2022.
(b) Providencia a la Federación Rusa para que retire inmediatamente sus unidades militares del territorio de Ucrania, incluida la región de Donbas.
(c) Ordenar a la Federación de Rusia que garantice que ninguna unidad militar o irregular armada que pueda estar dirigida o apoyada por ella (incluidas, entre otras, las de la RPD y la RPL), así como ninguna organización o persona que pueda estar sujeta a su control o dirección, tomen nuevas medidas en apoyo del uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y contra Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022.
(d) Providencia a la Federación Rusa para que retire su reconocimiento a la RPD y a la RPL.
(e) Providencia a la Federación Rusa para que ofrezca garantías de que no volverá a hacer uso de la fuerza en o contra Ucrania.
(f) Providencia la plena reparación de todos los daños sufridos por Ucrania como consecuencia del uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa en el territorio de Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022, en una cantidad que se cuantificará en una fase separada de este procedimiento.
(g) Ordene la reparación íntegra de todos los daños sufridos por Ucrania como consecuencia de las violaciones por parte de la Federación de Rusia de la Providencia del Tribunal de 16 de marzo de 2022 en la que se indican medidas provisionales, en una cantidad que se cuantificará en una fase separada de este procedimiento.”
26. En las Excepciones Preliminares, se presentaron las siguientes alegaciones en nombre del Gobierno de la Federación de Rusia:
“En vista de lo anterior, la Federación Rusa solicita respetuosamente al Tribunal que adjudique y declare que carece de jurisdicción sobre las reclamaciones presentadas por Ucrania contra la Federación Rusa en su Solicitud de fecha 26 de febrero de 2022 y Memorial de fecha 1 de julio de 2022 y/o que las reclamaciones de Ucrania son inadmisibles.
La Federación Rusa se reserva el derecho de presentar otras objeciones preliminares durante los procedimientos posteriores, si los hubiere.”
27. En la Exposición Escrita sobre las excepciones preliminares, se presentaron las siguientes alegaciones en nombre del Gobierno de Ucrania:
“En consecuencia, por las razones expuestas en esta Exposición Escrita, Ucrania presenta las siguientes alegaciones, solicitando respetuosamente al Tribunal que:
(a) Desestime las excepciones preliminares presentadas por la Federación Rusa el 3 de octubre de 2022;
(b) Admita y declare que la Corte es competente para conocer de las demandas presentadas por Ucrania tal y como se exponen en su Demanda y Memorial, y que dichas demandas son admisibles; y
(c) Proceda a conocer de dichas pretensiones sobre el fondo.”
28. En el procedimiento oral sobre las excepciones preliminares, las Partes presentaron las siguientes alegaciones:
En nombre del Gobierno de la Federación de Rusia,
“Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las Excepciones Preliminares de la Federación Rusa y durante el procedimiento oral, la Federación Rusa solicita respetuosamente al Tribunal que se adjudique y declare que carece de jurisdicción sobre las reclamaciones presentadas por Ucrania contra la Federación Rusa en el presente procedimiento, y/o que las reclamaciones de Ucrania son inadmisibles.”
En nombre del Gobierno de Ucrania,
“Sobre la base de los hechos y argumentos jurídicos presentados en sus alegaciones escritas y orales, Ucrania solicita respetuosamente al Tribunal que
(a) Desestime las Excepciones Preliminares presentadas por la Federación Rusa el 3 de octubre de
2022;
(b) Admita y declare que el Tribunal tiene jurisdicción para conocer de las demandas presentadas por Ucrania tal y como se exponen en su Demanda y Memorial, y que dichas demandas son admisibles; y
(c) Proceda a conocer de dichas demandas en cuanto al fondo”.
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I. ANTECEDENTES GENERALES
29. En la primavera de 2014 estalló un conflicto armado en la región de Donbás, en el este de Ucrania, entre fuerzas armadas ucranianas y fuerzas vinculadas a dos entidades que se autodenominan “República Popular de Donetsk” (RPD) y “República Popular de Luhansk” (RPL). A pesar de los intentos de lograr una resolución pacífica, el conflicto armado continuó entre 2014 y 2022.
30. El 21 de febrero de 2022, la Federación de Rusia, mediante decretos de su Presidente, Sr. Vladimir Putin, reconoció formalmente a la DPR y a la LPR como Estados independientes. En un discurso pronunciado ese mismo día, el Presidente de la Federación de Rusia declaró, entre otras cosas, que esta decisión se había tomado a la luz de los continuos ataques contra las comunidades de Donbás y “[l]a matanza de civiles, el bloqueo, el abuso de personas, incluidos niños, mujeres y ancianos”, mientras que “el llamado mundo civilizado, del que nuestros colegas occidentales se proclamaron únicos representantes, prefiere no ver esto, como si este horror y genocidio, al que se enfrentan casi 4 millones de personas, no existieran”.
31. El 22 de febrero de 2022, la Federación de Rusia concluyó lo que denomina dos “Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua”, uno con la RPD y otro con la RPL. En la misma fecha, la DPR y la LPR solicitaron asistencia militar a la Federación Rusa en virtud de estos “tratados”. A las 6 de la mañana (hora de Moscú) del 24 de febrero de 2022, el Presidente de la Federación Rusa declaró que había decidido llevar a cabo una “operación militar especial” en Ucrania. En su discurso, declaró:
“De conformidad con el artículo 51 (capítulo VII) de la Carta de las Naciones Unidas, he decidido llevar a cabo una operación militar especial con la aprobación del Consejo de la Federación de Rusia y en virtud de los tratados de amistad y asistencia mutua con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, ratificados por la Asamblea Federal el 22 de febrero de este año.
Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello, buscaremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como el procesamiento de quienes han cometido numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.” (Discurso del Presidente de la Federación Rusa, Anexo a la carta de fecha 24 de febrero de 2022 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, UN doc. S/2022/154 (24 de febrero de 2022), p. 6.)
32. La “operación militar especial” fue lanzada a primera hora de la mañana del mismo día.
33. Mediante carta fechada el 24 de febrero de 2022, el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas remitió al Secretario General de las Naciones Unidas el texto del discurso del Presidente de la Federación de Rusia de la misma fecha, explicando que en dicho discurso se informaba a los ciudadanos de Rusia “de las medidas adoptadas de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en ejercicio del derecho de legítima defensa” (Carta fechada el 24 de febrero de 2022 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, doc. ONU. S/2022/154 (24 de febrero de 2022)).
34. El 26 de febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió una declaración en la que denunciaba “las falsas y ofensivas acusaciones de genocidio de Rusia como pretexto para su ilegal agresión militar contra Ucrania”. El Ministerio afirmaba en particular:
“Ucrania niega resueltamente las alegaciones de genocidio de Rusia y rechaza cualquier intento de utilizar tales alegaciones manipuladoras como excusa para su agresión ilegal. El delito de genocidio se define en la Convención sobre el Genocidio y, en virtud de dicha Convención, las alegaciones de Rusia carecen de fundamento y son absurdas.” (Declaración de 26 de febrero de 2022, distribuida posteriormente como documento de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, a saber, el anexo de la carta de fecha 26 de febrero de 2022 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas, UN doc. A/76/727-S/2022/161 (28 de febrero de 2022).
35. El mismo día, pocas horas después de la emisión de esta declaración, Ucrania presentó su Demanda ante el Tribunal, junto con una Solicitud de indicación de medidas provisionales (véanse los párrafos 1 y 3 supra). El 16 de marzo de 2022, el Tribunal indicó medidas provisionales, ordenando en particular que la Federación de Rusia suspendiera inmediatamente las operaciones militares que había iniciado el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania (véase el párrafo 10 supra). El conflicto armado entre la Federación Rusa y Ucrania continúa hasta el día de hoy.
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36. Ucrania invoca el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio como fundamento de la competencia del Tribunal. Esta disposición dice lo siguiente
“Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la presente Convención, incluidas las relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio o por cualquiera de los demás actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia.”
37. La Federación Rusa ha planteado seis excepciones preliminares, alegando que (1) el Tribunal carece de jurisdicción ya que no existía controversia entre las Partes en virtud del Convenio sobre Genocidio en el momento de la presentación de la Demanda (primera excepción preliminar); (2) el Tribunal carece de jurisdicción ratione materiae (segunda excepción preliminar); (3) Ucrania presentó nuevas reclamaciones en el Memorial y éstas deben ser declaradas inadmisibles (tercera excepción preliminar); (4) las pretensiones de Ucrania son inadmisibles ya que la posible sentencia del Tribunal carecería de efectos prácticos (cuarta excepción preliminar); (5) la solicitud de Ucrania de que se declare que no ha incumplido sus obligaciones en virtud del Convenio es inadmisible (quinta excepción preliminar); y (6) la demanda de Ucrania es inadmisible ya que constituye un abuso de procedimiento (sexta excepción preliminar).
II. EXISTENCIA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
A. Existencia de la controversia (primera excepción preliminar)
38. En el párrafo 30 de su Demanda presentada el 26 de febrero de 2022 contra la Federación de Rusia, Ucrania formuló las alegaciones que se reproducen en el párrafo 24 supra.
Ucrania sostiene, en esencia, que la Federación de Rusia ha formulado alegaciones falsas de que la Demandante cometió genocidio en los oblasts (unidades territoriales administrativas) de Luhansk y Donetsk, y que la Demandada no puede legítimamente, sobre la base de tales alegaciones, adoptar ninguna medida contra Ucrania en virtud de la Convención sobre el Genocidio, en particular el reconocimiento de la independencia de la “República Popular de Donetsk” y la “República Popular de Luhansk” y el lanzamiento de la “operación militar especial”.
39. Las alegaciones contenidas en el apartado 178 del Memorial de Ucrania, presentado el 1 de julio de 2022, están formuladas en términos diferentes de los de la Demanda (véase el apartado 25 supra). La cuestión de si esta diferencia tiene implicaciones jurídicas -y, en caso afirmativo, qué implicaciones- se examinará más adelante, en respuesta a la tercera excepción preliminar planteada por la Federación de Rusia, que impugna la admisibilidad de las alegaciones del Memorial sobre la base de que las alegaciones formuladas en el mismo son manifiestamente diferentes de las formuladas en la Solicitud (véanse los apartados 60 y 121 infra).
40. El Tribunal debe determinar en primer lugar si, en la fecha de presentación de la Demanda, existía entre las Partes una controversia relativa al objeto de la Demanda sometida al Tribunal.
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41. En su primera objeción preliminar, la Federación Rusa alega que en esa fecha no existía controversia entre las Partes en virtud del Convenio sobre Genocidio, que es la única base de competencia invocada por Ucrania. Argumenta que, según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante debe demostrar que existía una controversia en la fecha de presentación de la demanda en relación con las pretensiones que ha formulado, y que las partes eran conscientes, o no podían ignorar, que mantenían opiniones positivamente opuestas con respecto a las obligaciones en cuestión. La Federación Rusa opina que estas condiciones no se cumplen en el presente caso. Según la Demandada, no hay pruebas de que, en la fecha de presentación de la Demanda, Ucrania hubiera alegado claramente que la Federación de Rusia había actuado de manera incompatible con la Convención sobre el Genocidio. La declaración publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania el 26 de febrero de 2022 (véase el párrafo 34 supra) era vaga e imprecisa, y había sido publicada en el sitio web del Ministerio muy poco antes de la presentación de la Demanda, de modo que la Federación de Rusia no tenía conocimiento de ella en ese momento, ni podía tenerlo. La Federación de Rusia alega además que, antes de la fecha crítica del 26 de febrero de 2022, Ucrania no había realizado ninguna declaración o comunicación en la que alegara “abuso” o “uso indebido” alguno del Convenio. Por último, según la Federación de Rusia, no existía controversia entre las Partes en relación con la responsabilidad de Ucrania por violación de sus obligaciones en virtud del Convenio sobre genocidio. Señala a este respecto que nunca ha intentado invocar la responsabilidad internacional de Ucrania en virtud del Convenio, y que Ucrania no ha declarado que existiera una controversia sobre este tema. Observa que el uso del término “genocidio” en ciertas declaraciones públicas realizadas por funcionarios rusos no puede considerarse por sí mismo como una invocación de la responsabilidad del demandante en virtud del Convenio, o como prueba de la existencia de una controversia relativa a dicha responsabilidad.
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42. Ucrania responde que, en el momento en que se presentó la Solicitud, existía efectivamente una controversia entre las Partes en relación con la comisión de genocidio y las medidas apropiadas que debían adoptarse para prevenirlo y castigarlo. Señala que, desde 2014, la Federación de Rusia ha alegado falsamente que el Solicitante y sus funcionarios han estado cometiendo actos de genocidio en las oblasts de Luhansk y Donetsk, en la parte oriental de Ucrania. El “Comité de Investigación” de la Federación de Rusia fue el primero en hacer tales alegaciones, de las que se hicieron eco políticos rusos al más alto nivel, incluido el Presidente Putin en su discurso de 24 de febrero de 2022 en el que anunció el lanzamiento de la “operación militar especial” contra Ucrania.
43. La Demandante añade que refutó claramente estas alegaciones a través de una serie de declaraciones realizadas por sus representantes oficiales antes de la presentación de la Demanda. El 26 de febrero de 2022, Ucrania condenó públicamente el uso por parte de la Federación de Rusia de falsas alegaciones de genocidio como “excusa para su agresión ilegal”. Por último, afirma que demostró abiertamente con sus acciones que rechazaba el derecho reclamado por la Federación de Rusia basado en la Convención sobre el Genocidio de utilizar la fuerza para prevenir, castigar y poner fin a supuestos actos de genocidio: no permitió a la Federación de Rusia entrar en su territorio con ese fin e incluso respondió militarmente.
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44. Como el Tribunal ha declarado recientemente, “[l]a existencia de una controversia entre las partes es un requisito para [su] jurisdicción en virtud del artículo IX de la Convención sobre el Genocidio” (Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia c. Myanmar), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J Reports 2022 (II), p. 502, párr. 63). Según jurisprudencia reiterada, una controversia es “un desacuerdo sobre una cuestión de hecho o de derecho, un conflicto de opiniones jurídicas o de intereses” entre las partes (Mavrommatis Palestine Concessions, Sentencia nº 2, 1924, P.C.I.J., Serie A, nº 2, p. 11). Para que exista una controversia, “[d]ebe demostrarse que la pretensión de una parte es positivamente combatida por la otra” (África Sudoccidental (Etiopía c. Sudáfrica; Liberia c. Sudáfrica), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 1962, p. 328). En cuanto a las controversias relativas a la presunta violación de una obligación, “‘las dos partes [deben] sostener opiniones claramente opuestas sobre la cuestión del cumplimiento o incumplimiento de determinadas’ obligaciones internacionales” (Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2016 (I), p. 26, párr. 50, citando Interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía, Primera Fase, Opinión Consultiva, I.C.J. Reports 1950, p. 74). No importa “cuál de [las partes] avanza una reclamación y cuál se opone a ella” (ibíd.).
45. La determinación por el Tribunal de la existencia de una controversia es una cuestión de fondo, no de forma o de procedimiento (Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia c. Federación de Rusia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2011 (I), p. 84, párr. 30). La fecha en la que debe determinarse la existencia de una controversia es, en principio, la fecha de presentación de la demanda (Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2016 (I), p. 27, párr. 52). Debe demostrarse que, en esa fecha, el demandado era consciente, o no podía ignorar, que sus puntos de vista contaban con la oposición positiva del demandante [Obligaciones relativas a las negociaciones sobre la cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear (Islas Marshall c. India), Competencia y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Recueil 2016 (I), p. 271, párr. 38; Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2016 (I), p. 32, párr. 73; Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia c. Federación de Rusia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2011 (I), p. 100, párr. 63). Sin embargo, no es necesario que un Estado deba referirse expresamente a un tratado específico en sus intercambios con el otro Estado para poder invocar posteriormente dicho instrumento ante el Tribunal (Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia c. Federación de Rusia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2011 (I), p. 85, párr. 30). Tampoco es siempre necesario que el demandado se haya opuesto expresamente a las pretensiones del demandante, ya que el silencio del demandado puede bastar en determinadas circunstancias para que el Tribunal deduzca la existencia de un litigio (Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia c. Myanmar), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J Reports 2022 (II), p. 505, párr. 71).
46. En su mayor parte, las Partes están de acuerdo sobre los criterios que deben aplicarse para establecer la existencia de una controversia, pero difieren sobre la aplicación de esos criterios en el presente caso. El Tribunal se ocupará a continuación de esta aplicación.
47. El Tribunal observa que, en la fecha de presentación de la Demanda, existía un desacuerdo sobre la cuestión de si se había cometido, o se estaba cometiendo, un genocidio atribuible a Ucrania en la parte oriental de su territorio. Varios órganos de la Federación de Rusia, facultados para representar a la Federación de Rusia en las relaciones internacionales, emitieron declaraciones en el sentido de que los actos de Ucrania constituían un genocidio contra los habitantes rusoparlantes del Donbass. El Presidente de la Federación de Rusia declaró, en su discurso de 21 de febrero de 2022, que coincidió con el reconocimiento por ese Estado de las “repúblicas” de Donetsk y Luhansk, que “4 millones de personas” que vivían en la región oriental de Ucrania eran víctimas de “genocidio” (véase el párrafo 30 supra). El Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, defendiendo el reconocimiento de las dos “repúblicas” en cuestión ante la Asamblea General el 23 de febrero de 2022, afirmó que los habitantes de la región de Donbas eran víctimas de un “genocidio flagrante” (Naciones Unidas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, doc. A/76/PV.58 (23 de febrero de 2022), p. 14). En su discurso de 24 de febrero de 2022, el Presidente de la Federación de Rusia afirmó que el objetivo de la “operación militar especial” era “proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años” (véase el párrafo 31 supra).
48. Ucrania ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de que se estuviera cometiendo genocidio en su territorio. Las autoridades ucranianas ya habían denunciado, en los años anteriores al lanzamiento de la “operación militar especial”, que las actividades del “Comité de Investigación” de la Federación de Rusia, encargado, entre otras cosas, de investigar los presuntos actos de genocidio cometidos en la región de Donbás, carecían de fundamento serio. En este contexto, ya en 2014, la Fiscalía General de Ucrania inició procedimientos penales contra determinados funcionarios rusos que eran miembros del Comité.
Tras el lanzamiento de la “operación militar especial”, el 24 de febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió una declaración en la que denunciaba “las falsas y ofensivas acusaciones de genocidio de Rusia” (declaración de 26 de febrero de 2022; véase el párrafo 34 supra). Por lo tanto, la Federación de Rusia no podía ignorar que la Demandante rechazaba categóricamente las alegaciones de que había cometido genocidio.
49. Además, Ucrania denunció el uso por parte de la Federación de Rusia de alegaciones de genocidio en su contra como pretexto para justificar una “agresión ilegal”, afirmando que tales alegaciones infundadas eran “un insulto a la propia Convención sobre el Genocidio y a los incesantes esfuerzos de la comunidad internacional por prevenir y castigar el crimen más atroz del mundo” (declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania antes mencionada).
50. Aunque esta declaración se emitió poco antes de la incoación del procedimiento, es evidente que la Federación de Rusia sabía en ese momento que sus opiniones eran positivamente rechazadas por Ucrania, que la acusaba de actuar ilegalmente utilizando el Convenio como pretexto para justificar sus acciones contra Ucrania. En las circunstancias específicas del caso, el Tribunal considera que Ucrania podía embargarlo sin más demora.
51. El Tribunal concluye así que, en la fecha de la Demanda, existía una controversia entre las Partes sobre la cuestión de si se habían cometido actos de genocidio imputables a Ucrania en la región de Donbás y sobre la legalidad de las acciones de la Federación de Rusia supuestamente emprendidas sobre la base de tal acusación.
Por consiguiente, debe desestimarse la primera excepción preliminar de la Federación de Rusia.
52. Al llegar a la conclusión anterior, el Tribunal no prejuzga la cuestión de si el litigio en cuestión está comprendido, y en qué medida, en las disposiciones del Convenio sobre el genocidio y, por consiguiente, en el ámbito de aplicación de la cláusula compromisoria de su artículo IX. Esta cuestión se examinará más adelante en la presente Sentencia.
B. Los dos aspectos del litigio
53. Existen dos aspectos del litigio sometido al Tribunal de Justicia por Ucrania, cuyas características esenciales son distintas y que, por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera necesario examinar por separado y sucesivamente.
54. El primer aspecto de la controversia surge de la solicitud de Ucrania de que el Tribunal declare que, contrariamente a las alegaciones de la Demandada, la Demandante no ha cometido genocidio. Esta solicitud se expone en el párrafo 30, apartado a), de la Demanda (“[s]e declare que, contrariamente a lo que alega la Federación de Rusia, no se han cometido actos de genocidio en las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk”). Se repite en términos diferentes en el párrafo 178, subapartado (b), del Memorial (“[a]djuzgue y declare que no existen pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer genocidio … en las oblasts de Donetsk y Luhansk de Ucrania”).
Mediante dicha solicitud, Ucrania no pretende invocar la responsabilidad internacional de la Federación de Rusia por un hecho internacionalmente ilícito imputable a dicho Estado; pretende que se declare judicialmente que ella misma no ha cometido los hechos ilícitos que la Federación de Rusia le ha imputado, falsamente a juicio de Ucrania, en declaraciones públicas.
55. El segundo aspecto de la controversia surge de las peticiones de Ucrania de que el Tribunal declare que la Federación de Rusia ha actuado ilegalmente con respecto al Convenio sobre Genocidio, y corresponde a las alegaciones formuladas en el párrafo 30, apartados (b), (c) y (d), de la Demanda y en el párrafo 178, apartados (c) y (d), del Memorial. En su Demanda, Ucrania solicita al Tribunal que adjudique y declare “que la Federación Rusa no puede tomar legalmente ninguna acción bajo la Convención sobre Genocidio en o contra Ucrania” sobre la base de sus falsas afirmaciones de que se ha cometido genocidio (párrafo 30, subpárrafo (b)); que el reconocimiento por parte de la Federación de Rusia de la independencia de las dos “repúblicas” de Donetsk y Luhansk no tiene fundamento en la Convención (apartado 30, letra c)); por último, que la “operación militar especial” llevada a cabo por la Federación de Rusia tampoco “tiene fundamento en la Convención sobre el genocidio”, ya que se basa en una afirmación falsa (apartado 30, letra d)). En su Memorial, Ucrania solicita al Tribunal que adjudique y declare que “el uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa… a partir del 24 de febrero de 2022 viola los artículos I y IV de la Convención sobre el Genocidio” (párrafo 178, subpárrafo (c)), al igual que el reconocimiento de las dos denominadas “repúblicas” (párrafo 178, subpárrafo (d)).
56. El Tribunal observa que este segundo aspecto de la controversia es de naturaleza fundamentalmente diferente del primero. A través de estas alegaciones, Ucrania pretende invocar la responsabilidad internacional de la Federación Rusa imputándole un comportamiento internacionalmente ilícito. Las pretensiones de reparación presentadas por Ucrania en el párrafo 30, apartados e) y f), de la Demanda y en el párrafo 179 del Memorial forman parte de este segundo aspecto.
57. En vista de lo anterior, el Tribunal abordará a continuación, sucesivamente, los dos aspectos de la controversia así descritos, y examinará respecto de cada aspecto, en su caso, las cuestiones de competencia y admisibilidad planteadas por las excepciones preliminares de la Federación de Rusia.
III. EL PRIMER ASPECTO DE LA CONTROVERSIA: LA ALEGACIÓN DE UCRANIA DE QUE
NO SE HA COMETIDO NINGÚN GENOCIDIO QUE LE SEA IMPUTABLE EN LA REGIÓN DE DONBASS
58. El Tribunal ha constatado la existencia de una controversia entre las Partes y, por lo tanto, ha concluido que la primera excepción preliminar debe ser rechazada (véase el párrafo 51 supra). Durante el procedimiento oral, la Federación Rusa declaró que su segunda objeción preliminar, en la que sostiene que las demandas de Ucrania deben ser desestimadas porque el Tribunal carece de competencia ratione materiae en virtud del artículo IX de la Convención sobre Genocidio, se refiere a las alegaciones (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania. Dado que la segunda excepción preliminar no se refiere al primer aspecto de la controversia, el Tribunal examinará esta excepción en relación con el segundo aspecto de la controversia en la Parte IV de la presente Sentencia. El Tribunal no ve razón alguna para cuestionar su competencia para conocer del primer aspecto de la controversia.
59. El Tribunal pasa así a las cuatro excepciones preliminares restantes planteadas por la Federación de Rusia, que se refieren a la admisibilidad de las pretensiones de Ucrania: (A) la Demandante ha modificado indebidamente el fondo de las pretensiones de su Memorial en comparación con las pretensiones planteadas en su Demanda (tercera excepción preliminar); (B) cualquier posible sentencia dictada por el Tribunal basada en el Convenio carecería de efecto práctico (cuarta excepción preliminar); (C) la solicitud de Ucrania de que se declare que no ha incumplido sus obligaciones en virtud del Convenio es contraria a la jurisprudencia del Tribunal y perjudicial para su función jurisdiccional (quinta excepción preliminar); y (D) la Demanda de Ucrania constituye un abuso de procedimiento (sexta excepción preliminar). Dado que esta parte de la Sentencia trata del primer aspecto del litigio, el Tribunal examinará a continuación estas excepciones únicamente en relación con dicho aspecto.
A. Introducción de nuevas pretensiones (tercera excepción preliminar)
60. 60. En su tercera excepción preliminar, la Federación de Rusia sostiene que Ucrania ha modificado indebidamente el fondo de su reclamación en el Memorial en comparación con su reclamación planteada en la Demanda. En su opinión, la pretensión de Ucrania en el Memorial es manifiestamente diferente de la planteada en la Solicitud, por lo que es inadmisible.
61. La Federación Rusa alega que el Estado demandante debe exponer, en su demanda, la naturaleza precisa y la base de sus pretensiones, que pueden ser “desarrolladas pero no rehechas” en sus alegaciones posteriores. Para la Demandada, no es posible que un demandante modifique sus pretensiones o formule otras nuevas durante el procedimiento de tal manera que se altere el objeto de la controversia tal y como se expuso originalmente en la demanda. La Federación Rusa sostiene que el Tribunal debería seguir el enfoque adoptado en Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru c. Australia), que ha sido confirmado en casos posteriores. Subraya que, para ser admisible, una pretensión introducida por primera vez en el memorial debe haber estado implícita en la demanda o debe surgir directamente de la cuestión objeto de dicha demanda.
62. En cuanto a la alegación (b) de Ucrania en el párrafo 178 de su Memorial, la Federación de Rusia sostiene que Ucrania ha cambiado la naturaleza de sus reclamaciones con respecto a los actos de genocidio. Señala que Ucrania, en su Demanda, solicitó al Tribunal que declarase que no se habían cometido actos de genocidio, tal y como se definen en el artículo III del Convenio, en la región de Donbás. En su Memorial, sin embargo, Ucrania se limita a pedir al Tribunal que confirme que “no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable” de tales actos. Este cambio en la presentación indica que el propósito de la demandante al incoar el procedimiento ante el Tribunal ha pasado de confirmar que no se cometieron actos de genocidio a tratar de eximirse de responsabilidad por tales actos. En opinión de la Demandada, alegar que no ha habido genocidio en la región de Donbas es diferente de afirmar que tales actos no son atribuibles a Ucrania. La nueva pretensión de la Demandante en el Memorial requiere, por tanto, que el Tribunal examine cuestiones ajenas a la pretensión original de Ucrania; no está implícita en su Demanda ni surge directamente de la cuestión objeto de dicha Demanda. La Demandada alega que la demanda nueva o modificada de Ucrania altera significativamente la inicialmente presentada por Ucrania en su Demanda y la transforma hasta hacerla irreconocible.
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63. Ucrania, por su parte, alega que, en el curso del procedimiento, se espera que una parte desarrolle y elabore sus alegaciones, que, por tanto, pueden evolucionar.
64. Ucrania no discute la pertinencia de los criterios formulados por el Tribunal en el asunto Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru c. Australia) y sostiene que la cuestión decisiva en ese asunto era si el objeto del litigio inicialmente sometido al Tribunal se transformaría en caso de que el Tribunal admitiera la demanda. En su opinión, lo que importa es que las reclamaciones ajustadas estén comprendidas en el objeto del litigio sometido al Tribunal.
65. Con respecto a la alegación (b) del párrafo 178 de su Memorial, Ucrania insiste en que no ha transformado la controversia al solicitar al Tribunal que declare que no existen pruebas creíbles de que cometiera actos de genocidio en las oblasts de Donetsk y Luhansk. La demandante subraya que simplemente añadió especificidad a su demanda, como permite el Reglamento del Tribunal. Las formulaciones de la Demanda y del Memorial se derivan del mismo litigio con el mismo objeto. Según Ucrania, el Tribunal deberá determinar si existen pruebas creíbles de la responsabilidad de Ucrania en el genocidio para resolver el litigio que se le ha sometido. La Demandante sostiene que una sentencia declarativa enmarcada en términos de ausencia bien de actos de genocidio, bien de pruebas creíbles de tales actos, avanzaría igualmente en la resolución de la presente controversia, que se refiere a la supuesta responsabilidad de Ucrania por genocidio.
66. Por lo tanto, Ucrania sostiene que la controversia no se ha transformado en modo alguno por su ajuste de la redacción precisa de la declaración que ahora solicita y que todas sus pretensiones se refieren al objeto de la controversia ante el Tribunal.
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67. La Corte recuerda su jurisprudencia bien establecida sobre el tema de las demandas adicionales o modificadas formuladas en el curso del procedimiento, basada en el artículo 40, párrafo 1, del Estatuto de la Corte, así como en el artículo 38, párrafo 2, y en el artículo 49, párrafos 1 y 4, del Reglamento de la Corte.
El párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto dispone que “se indicará el objeto de la controversia…” en la demanda. El párrafo 2 del artículo 38 del Reglamento de la Corte dice lo siguiente:
“La demanda precisará, en la medida de lo posible, los fundamentos de derecho en que se base la competencia de la Corte; precisará también la naturaleza exacta de la demanda, así como una exposición sucinta de los hechos y fundamentos en que se base la demanda.”
El artículo 49, párrafo 1, del Reglamento de la Corte establece además que “[un] Memorial contendrá una exposición de los hechos pertinentes, una exposición del derecho y los alegatos”. El artículo 49, párrafo 4, especifica que “[t]odo escrito contendrá las alegaciones de la parte en la fase pertinente del asunto… o confirmará las alegaciones presentadas anteriormente”. El Tribunal ha considerado estas disposiciones “esenciales desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la buena administración de justicia” (Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 267, para. 69).
68. Sobre la base de estas disposiciones, la Corte ha declarado que las demandas adicionales o modificadas formuladas en el curso del procedimiento son inadmisibles si “transform[] ‘el objeto de la controversia originalmente presentada ante [la Corte] en virtud de los términos de la [a]pplicación'” (Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del Congo), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 2010 (II), p. 656, párr. 39, citando la Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), Sentencia, I.C.J. Recueil 2007 (II), p. 695, párr. 108; véase también Societe commerciale de Belgique, Sentencia, 1939, P.C.I.J., Serie A/B, No. 78, p. 173). A este respecto, el memorial, “aunque puede elucidar los términos de la [a]pplicación, no debe ir más allá de los límites de la reclamación tal como se expone en ella” (Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 267, para. 69, citando Prince von Pless Administration, Providencia de 4 de febrero de 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 52, p. 14).
69. Una demanda adicional o modificada no es inadmisible ipso facto; la consideración decisiva es la naturaleza de la conexión entre la demanda presentada en el memorial y la formulada en la demanda [Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del Congo), Fondo, Sentencia, I.C.J. Recueil 2010 (II), pp. 656-657, párrs. 40-41). Una conexión de carácter general no es suficiente (véase Controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua contra Honduras), Sentencia, I.C.J. Recueil 2007 (II), pp. 695-696, párr. 110). El Tribunal ha identificado dos criterios para evaluar si existe la conexión requerida: o bien las reclamaciones adicionales o modificadas “deben estar implícitas en la demanda” o bien “deben surgir directamente de la cuestión que es objeto de la demanda” (Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del Congo), Fondo, Sentencia, I.C.J. Recueil 2010 (II), p. 657, párr. 41, citando Certain Phosphosphate in the Caribbean Sea (Nicaragua c. Honduras), Sentencia, I.C.J. Recueil 2010 (II), pp. 695-696, párr. 110). 41, citando Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 266, para. 67). La finalidad de estos criterios es, en última instancia, determinar si las pretensiones adicionales o modificadas transformarían el objeto de la controversia inicialmente planteada ante el Tribunal en los términos de la demanda.
70. El Tribunal observa que Ucrania admite que hizo “ajustes” a sus reclamaciones en el Memorial. La Federación Rusa toma nota de esta “admi[sión]” por parte de Ucrania y argumenta que las reclamaciones del Memorial son “nuevas” y, por tanto, inadmisibles. El Tribunal no considera que una diferencia en la formulación de una reclamación haga, en sí misma, que la reclamación sea inadmisible (véase el párrafo 69 supra).
71. El Tribunal ha reconocido que las reclamaciones presentadas con posterioridad a la demanda pueden aclarar el alcance de la controversia (Obligaciones relativas a las negociaciones sobre la cesación de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear (Islas Marshall c. Reino Unido), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 855, párr. 54). En el presente caso, tanto la presentación (a) en la Solicitud de Ucrania como su presentación modificada (b) en su Memorial se refieren a las mismas alegaciones de genocidio formuladas por el Demandado. El Tribunal considera que la alegación enmendada (b) de Ucrania simplemente aclara la demanda tal y como fue presentada en su Demanda y, por lo tanto, no transforma el objeto de la controversia originalmente planteada ante el Tribunal en los términos de la Demanda. En consecuencia, el Tribunal considera en lo sucesivo que el primer aspecto de la controversia se define en términos de la presentación (b) de Ucrania en su Memorial, a saber, si “existen . . . pruebas creíbles de que Ucrania es responsable de cometer genocidio en violación de la Convención sobre el Genocidio en las provincias de Donetsk y Luhansk de Ucrania”.
72. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la tercera objeción preliminar de la Federación de Rusia a la admisibilidad de la presentación (b) de Ucrania en el párrafo 178 del Memorial basada en la introducción de reclamaciones adicionales o modificadas debe ser rechazada.
B. Falta de efecto práctico de la sentencia (cuarta excepción preliminar)
73. En su cuarta excepción preliminar, la Federación Rusa sostiene que una eventual sentencia del Tribunal sobre las alegaciones de Ucrania carecería de todo efecto práctico. Citando el caso Camerún del Norte (Camerún c. Reino Unido), alega que el Tribunal sólo puede dictar sentencias sobre el fondo que “tengan alguna consecuencia práctica en el sentido de que [puedan] afectar a los derechos u obligaciones legales existentes de las partes” y sean “susceptibles de aplicación efectiva” o “susceptibles de … cumplimiento o ejecución”.
74. La Federación de Rusia sostiene que las reclamaciones formuladas por Ucrania en su Memorial se basan en normas de derecho internacional ajenas a la Convención sobre el Genocidio. Considera que cualquier sentencia en virtud de la Convención sobre el Genocidio carecería de efecto práctico porque no podría afectar a los derechos y obligaciones de las Partes, ni eliminar la incertidumbre en sus relaciones jurídicas.
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75. Ucrania, por su parte, argumenta que una posible sentencia del Tribunal determinará los derechos y responsabilidades de cada Parte en virtud del Convenio sobre Genocidio con independencia de que la Federación de Rusia presente una justificación separada para sus acciones en virtud de otras normas de Derecho internacional. En opinión de la demandante, la Federación Rusa no ha demostrado que “sea imposible que una sentencia tenga finalidad alguna”. Ucrania sostiene que una sentencia declarativa que concluya que no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer genocidio tendrá un efecto práctico, porque la posición jurídica así establecida no podría volver a ser cuestionada.
76. Según Ucrania, las circunstancias del presente asunto no son como las del asunto Camerún del Norte (Camerún c. Reino Unido), en el que el demandante solicitó una declaración relativa a las obligaciones del demandado en virtud de un acuerdo que ya no estaba en vigor.
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77. El Tribunal recuerda que, aunque se declare competente, no está obligado en todos los casos a ejercerla porque “[e]xisten limitaciones inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional que el Tribunal, como tribunal de justicia, nunca puede ignorar” (Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1963, p. 29). El Tribunal ha declarado que “[su] sentencia debe tener alguna consecuencia práctica en el sentido de que pueda afectar a los derechos u obligaciones legales existentes de las partes, eliminando así la incertidumbre de sus relaciones jurídicas” (ibid., p. 34). No es función del Tribunal proporcionar una base para la acción política si no está implicada ninguna cuestión de derechos legales reales (ibid., p. 37). En consecuencia, el Tribunal “no puede pronunciarse sobre el fondo de la demanda” cuando considera que “cualquier pronunciamiento [carecería] de objeto” (ibid., p. 38).
78. La demandante solicita al Tribunal que “[a]juzgue y declare que no existen pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer genocidio en violación de la Convención sobre el Genocidio en las oblasts de Donetsk y Luhansk de Ucrania”. El Tribunal señala que su jurisprudencia y la de su predecesor dejan claro que el Tribunal puede, en un caso apropiado, dictar una sentencia declarativa (Aplicación del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995 (la Antigua República Yugoslava de Macedonia c. Grecia), Sentencia, I.C.J. Reports 2011 (II), p. 662, párr. 49, citando Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Sentencia, I.C.J. Reports 1963, p. 37). La finalidad de una sentencia declarativa “es asegurar el reconocimiento de una situación jurídica, de una vez por todas y con fuerza obligatoria entre las [p]artes; de modo que la situación jurídica así establecida no pueda volver a ser cuestionada en lo que se refiere a los efectos jurídicos que de ella se derivan” (Interpretación de las sentencias núm. 7 y 8 (Fábrica de Chorzow), sentencia núm. 11,1927, P.C.I.J., Serie A, núm. 13, p. 20).
79. El Tribunal observa que el primer aspecto de la controversia entre las Partes implica un desacuerdo sobre una cuestión de hecho, así como sobre la interpretación, la aplicación o el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en virtud del Convenio sobre el genocidio. Una sentencia declarativa sobre si existen pruebas creíbles de que Ucrania es responsable de cometer genocidio en violación de sus obligaciones en virtud del Convenio tendría el efecto de aclarar si la Demandante actuó de conformidad con sus obligaciones en virtud del artículo I del Convenio.
80. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la cuarta objeción preliminar de la Federación de Rusia a la admisibilidad de la presentación de Ucrania (b) en el párrafo 178 del Memorial basada en la falta de efecto práctico de la sentencia sobre el fondo debe ser rechazada.
C. Inadmisibilidad de la solicitud de declaración de que la demandante no incumplió sus obligaciones (quinta excepción preliminar)
81. En su quinta excepción preliminar, la Federación Rusa alega que la presentación de Ucrania (b) en el párrafo 178 del Memorial, a la que se refiere como “solicitud de cumplimiento inverso”, es inadmisible. La Demandada ha presentado cinco argumentos en apoyo de esta objeción.
82. En primer lugar, según la Federación de Rusia, las “peticiones de cumplimiento inverso” son extremadamente raras en la solución de controversias interestatales porque, en el curso normal de una controversia, un Estado invoca la responsabilidad de otro Estado por el hecho internacionalmente ilícito de este último. “Las peticiones de cumplimiento inverso” están actualmente reservadas a la Organización Mundial del Comercio (en adelante, la “OMC”), cuyas prácticas no son directamente transponibles al Tribunal.
83. En segundo lugar, la Federación de Rusia alega que el artículo IX del Convenio sobre el genocidio nunca tuvo por objeto determinar si un Estado demandado ha formulado una alegación válida de genocidio contra un Estado demandante. Sostiene que no existe ninguna base textual en el Convenio para que el Tribunal considere tal alegación. Basándose en los trabajos preparatorios, afirma que los redactores del Convenio no atribuyeron ningún significado específico a la frase “cualquiera de las partes en la controversia” en el artículo IX y consideraron la adición de carácter meramente editorial. En virtud de la Convención sobre el Genocidio, la alegación (b) sólo podría ser considerada efectivamente en el marco de una demanda presentada contra Ucrania, pero no por Ucrania.
84. En tercer lugar, la Federación de Rusia sostiene que el Tribunal nunca ha aceptado una “solicitud de cumplimiento inverso” en su jurisprudencia. Según la Federación de Rusia, la naturaleza de la demanda y las circunstancias del presente asunto son completamente diferentes de las del asunto Derechos de los nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos (Francia c. Estados Unidos de América), en el que, en particular, Francia no solicitó ningún recurso y planteó al Tribunal una cuestión de naturaleza puramente jurídica que no dependía del examen de pruebas. La solicitud de Libia en Cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio de Montreal de 1971 derivadas del incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido) era diferente de la formulada por Ucrania en el presente asunto, ya que Libia pretendía la prueba de un “hecho positivo” de que se adoptaron todas las medidas, mientras que Ucrania pretende una conclusión negativa. La Demandada subraya además que el Tribunal se limitó a declarar que existía una controversia y se abstuvo de examinar la alegación de no violación de Libia.
85. En cuarto lugar, la Federación de Rusia sostiene que la “solicitud de cumplimiento inverso” de Ucrania es incompatible con la función judicial del Tribunal, que tiene el deber de resolver controversias jurídicas y no actúa como un órgano de determinación de hechos. La Demandada insiste en que, al presentar esta solicitud mientras las autoridades competentes de la Federación Rusa están llevando a cabo investigaciones penales, Ucrania está intentando utilizar al Tribunal como un órgano provisional de investigación de los hechos. La Federación de Rusia afirma que no es función del Tribunal reunir y evaluar los hechos sobre el terreno.
86. En quinto lugar, la Federación Rusa argumenta que la alegación (b) de Ucrania contradice los principios de corrección judicial e igualdad de las partes. Una determinación de la reclamación de Ucrania puede prejuzgar el derecho de la Federación Rusa a invocar la responsabilidad de Ucrania en virtud del Convenio, siempre y cuando considere oportuno hacerlo. La Demandada considera que una “petición de cumplimiento inverso” prematura puede tener el efecto injustificado no sólo de exonerar de responsabilidad al demandante antes de que otros Estados hayan tenido la oportunidad de preparar sus reclamaciones e invocar la responsabilidad del demandante, sino también de obstruir cualquier investigación nacional o internacional. Si se permitiera a un Estado obtener una conclusión favorable preventiva basada en pruebas incompletas, estaría protegido frente a posteriores reclamaciones en su contra, incluso aquellas realizadas sobre la base de nuevas pruebas convincentes que estuvieran disponibles en el futuro. En su opinión, Ucrania podría obtener una ventaja indebida en virtud del artículo 60 del Estatuto de la Corte porque una eventual sentencia constituiría cosa juzgada.
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87. Ucrania, por su parte, sostiene que existe una controversia con la Demandada sobre si Ucrania es responsable de haber cometido genocidio en violación del Convenio sobre el Genocidio y que, como parte en dicha controversia, puede solicitar su resolución por el Tribunal. La Demandante opina que su demanda se describe mejor como una solicitud de declaración de conformidad o de cumplimiento que como una “solicitud de cumplimiento inverso”.
88. Ucrania sostiene que, de conformidad con el sentido corriente del artículo IX del Convenio sobre el genocidio, si existe una controversia sobre la responsabilidad por genocidio, “cualquiera de las partes” en esa controversia, y no sólo el Estado que formula una alegación de genocidio, tiene derecho a solicitar la resolución de dicha controversia. El demandante sostiene que este significado del artículo IX está confirmado por los trabajos preparatorios del Convenio. Además, Ucrania sostiene que se trata de una controversia relativa al “cumplimiento” del Convenio sobre genocidio, que se refiere al cumplimiento o incumplimiento por una parte de las disposiciones del Convenio.
89. Según Ucrania, el Tribunal ya ha aceptado solicitudes de declaración de conformidad. En Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America), se admitió la solicitud de Francia de que el Tribunal declarara que sus acciones eran conformes con el tratado pertinente. Las diferencias de hecho entre ese asunto y el presente son irrelevantes. En Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), el Tribunal no desestimó la alegación de Libia de que había cumplido plenamente el Convenio de Montreal.
En opinión de Ucrania, el silencio del Tribunal sobre las solicitudes de declaración de cumplimiento en estos casos confirma que no hay nada judicialmente improcedente en que el Tribunal declare que un Estado cumple con su obligación. Incluso si el Tribunal considerara que estos casos no proporcionan un precedente directo, la supuesta novedad de un tipo particular de reclamación no es una razón legal para que el Tribunal decline ejercer su jurisdicción.
90. Además, Ucrania sostiene que su demanda es compatible con la función jurisdiccional del Tribunal. Sostiene que actuar como órgano de determinación de los hechos para resolver una controversia en la que los hechos son controvertidos es inherente a la función del Tribunal como órgano judicial.
91. Por último, Ucrania considera que su demanda no contradice los principios de corrección judicial y de igualdad de las partes. Su solicitud no tiene nada de “prematura”. Para Ucrania, cuando el Tribunal dicta una sentencia basada en el mejor expediente fáctico disponible, no hay nada problemático en que esa sentencia sea res judicata entre el demandado y el demandante.
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92. Al interpretar el artículo IX del Convenio, los Estados intervinientes sostienen en general que nada en el texto del artículo IX impide al Tribunal admitir una demanda en la que se le pida que declare que un Estado demandante cumplió o no sus obligaciones en virtud del Convenio sobre el genocidio. Afirman además que la redacción del artículo IX, en particular el término “cumplimiento” y la frase “a petición de cualquiera de las partes en la controversia”, indica que la Corte puede emitir una declaración de este tipo.
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93. El Tribunal observa una variación significativa en los términos empleados por las Partes y algunos Estados intervinientes para describir la presentación (b) de Ucrania en el párrafo 178 del Memorial. Basándose en parte en las prácticas de la OMC, la Federación Rusa utiliza el término “solicitud de cumplimiento inverso”. Ucrania, por su parte, se refiere a una solicitud de “declaración de conformidad”, “declaración de cumplimiento” o “declaración de no infracción”. Los Estados intervinientes han utilizado términos como “denuncias de no violación” y solicitudes de “declaraciones negativas”. El Tribunal no considera necesario explorar el significado jurídico de los diversos términos empleados por las Partes y los Estados intervinientes. Basta con señalar que la presentación b) de Ucrania es una solicitud de declaración de que la Demandante no violó sus obligaciones en virtud del Convenio.
94. El Tribunal pasará ahora a examinar las cinco alegaciones formuladas por la Federación de Rusia en apoyo de su quinta excepción preliminar.
95. En primer lugar, la Demandada alega que las prácticas de la OMC no son directamente transponibles al Tribunal de Justicia. El Tribunal considera que las prácticas de la OMC no proporcionan ninguna ayuda al Tribunal para determinar la admisibilidad de la solicitud de Ucrania porque se basan en disposiciones particulares del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
96. En segundo lugar, la Federación Rusa argumenta que el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio no estaba previsto para las “solicitudes de cumplimiento inverso”.
97. El artículo IX del Convenio sobre el genocidio reza
“Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente Convenio, incluidas las relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio o por cualquiera de los demás actos enumerados en el artículo III, se someterán a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la controversia.”
El artículo IX permite claramente a un Estado que invoca la responsabilidad de otro Estado por genocidio someter la controversia a la Corte. La cuestión ante la Corte es si el artículo IX excluye la posibilidad de que un Estado solicite una declaración de que no es responsable de cometer genocidio en violación de sus obligaciones en virtud de la Convención.
98. El Tribunal ha considerado que la frase “incluidas las [controversias] relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio” es una “característica inusual del artículo IX”, señalando que “[d]e acuerdo con el texto inglés del Convenio, la responsabilidad contemplada es la responsabilidad ‘por genocidio’ (en francés, ‘responsabilite . . . en matiere de genocide’), no simplemente la responsabilidad ‘por no prevenir o castigar el genocidio'” (Aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 114, párr. 169). El Tribunal también ha observado la inclusión excepcional del término adicional “cumplimiento” en el artículo IX (véase ibid., párr. 168). Además, el artículo IX especifica que las controversias “relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento” del Convenio incluyen las controversias “relativas a la responsabilidad de un Estado por genocidio” y dispone que “cualquiera de las partes en la controversia” podrá someter dicha controversia a la Corte (énfasis añadido).
99. A la luz de lo anterior, la Corte considera que el artículo IX no excluye la posibilidad de que un Estado solicite una declaración de que no es responsable de cometer genocidio en violación de la Convención.
100. En tercer lugar, la Demandada alega que la Corte nunca ha aceptado “solicitudes de cumplimiento inverso” en su jurisprudencia. Las Partes discrepan en cuanto a si las decisiones del Tribunal en Derechos de los Nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos (Francia c. Estados Unidos de América) y Cuestiones de Interpretación y Aplicación del Convenio de Montreal de 1971 derivadas del Incidente Aéreo de Lockerbie (Jamahiriya Árabe Libia c. Reino Unido) apoyan la admisibilidad de la presentación de Ucrania (b).
101. En Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America), Francia solicitó al Tribunal que declarase que “el Decreto de 30 de diciembre de 1948 es conforme a las disposiciones convencionales aplicables a Marruecos y vinculantes para Francia y Estados Unidos” (Sentencia, I.C.J. Reports 1952, p. 182). Los Estados Unidos no presentaron una objeción preliminar a dicha solicitud, sino que presentaron un escrito solicitando al Tribunal que declarase que “[el Decreto de 30 de diciembre de 1948] contraviene directamente los derechos convencionales de los Estados Unidos que prohíben la prohibición de las importaciones americanas” (ibid.). Dadas estas circunstancias específicas, el Tribunal opina que este caso no demuestra que la solicitud de declaración de cumplimiento haya sido aceptada en su jurisprudencia.
En Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Libia solicitó al Tribunal que declarase que había “cumplido plenamente todas sus obligaciones en virtud del Convenio de Montreal” y que, por tanto, estaba “justificado el ejercicio de la jurisdicción penal prevista en dicho Convenio” (Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 1998, p. 14, párr. 14). El Tribunal observa que la naturaleza de la demanda presentada por Libia es diferente de la presentada por Ucrania en el presente caso. Libia solicitó que se declarara que había cumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Convenio de Montreal a fin de hacer valer su derecho a ejercer la jurisdicción penal prevista en el Convenio; no inició un procedimiento en respuesta a las alegaciones de la parte demandada de que había violado el Convenio (véase ibíd., pág. 14, párr. 14 (b), y p. 18, párrafo 26 (b)). Por lo tanto, ese caso no es comparable al presente.
En consecuencia, el Tribunal considera que estos dos casos no proporcionan una base para concluir que el Tribunal ha aceptado o denegado en su jurisprudencia la solicitud de un demandante de que se declare que no violó sus obligaciones en virtud de un tratado.
102. En cuarto lugar, la Demandada alega que la alegación b) de Ucrania es incompatible con la función jurisdiccional del Tribunal. La Federación de Rusia sostiene que, al pronunciarse sobre la presentación (b) de Ucrania, el Tribunal estaría actuando como un órgano provisional de determinación de los hechos mientras las investigaciones penales están en curso.
103. En opinión del Tribunal, para abordar la presentación (b) de Ucrania, tendría que hacer constataciones de los hechos a la luz de las pruebas presentadas por las Partes, y luego aplicar las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio a los hechos que ha establecido. Como declaró el Tribunal en Ciertas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua) y Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)
“[e]s deber de la Corte, después de haber examinado cuidadosamente todas las pruebas que obran en el expediente, apreciar su valor probatorio, determinar qué hechos deben considerarse pertinentes y extraer de ellos las conclusiones que correspondan. Conforme a esta práctica, la Corte realizará su propia determinación de los hechos, sobre la base de la totalidad de las pruebas que le hayan sido presentadas, y aplicará a continuación las normas pertinentes del Derecho internacional a los hechos que haya considerado probados” (Sentencia, I.C.J. Reports 2015 (II), p. 726, párr. 176).
El Tribunal sólo realizará las constataciones de hecho que sean necesarias para poder responder a la alegación de Ucrania (véase Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo contra Uganda), Sentencia, I.C.J. Reports 2005, p. 200, párr. 57). Al hacerlo, debe “evaluar la pertinencia y el valor probatorio de las pruebas ofrecidas por las Partes en apoyo de sus versiones de los hechos” (Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. Serbia), Sentencia, I.C.J. Reports 2015 (I), p. 74, párr. 180). El Tribunal considera que es parte integrante de su función jurisdiccional establecer los hechos a la luz de las pruebas presentadas y aplicar las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio a los hechos establecidos. En consecuencia, el Tribunal considera que las razones aducidas por la Demandada no pueden apoyar su argumento de que la alegación b) de Ucrania es incompatible con la función judicial del Tribunal.
104. En quinto lugar, la Demandada alega que la alegación (b) de Ucrania contradice los principios de corrección judicial y de igualdad de las partes. Para apoyar este argumento, la Federación Rusa, refiriéndose al principio de cosa juzgada, alega que la alegación de Ucrania, si es estimada por el Tribunal, puede exonerar de responsabilidad a la Demandante adelantándose a los derechos de la Demandada y de otros Estados a invocar en el futuro la responsabilidad de Ucrania en virtud del Convenio sobre Genocidio.
105. El Tribunal no necesita considerar las cuestiones que puedan surgir en la hipotética situación de que, con posterioridad a una sentencia sobre el fondo en el presente caso, la Federación de Rusia decida incoar un procedimiento contra Ucrania invocando la responsabilidad de esta última por cometer genocidio en violación de sus obligaciones en virtud del Convenio sobre el Genocidio. Se desconoce el contenido de una sentencia sobre el fondo, así como el fondo de las pretensiones que la Federación Rusa podría formular si decidiera acudir al Tribunal. No corresponde al Tribunal especular sobre estas cuestiones. Al Tribunal le basta con observar que, siempre que el Tribunal resuelva un litigio mediante una sentencia, existe la posibilidad de que una futura demanda quede cubierta por el efecto de cosa juzgada de dicha sentencia. Sin embargo, esta posibilidad no constituye per se una base para considerar que la alegación b) de Ucrania contradice los principios de corrección judicial y de igualdad de las partes.
106. Por estas razones, el Tribunal no puede aceptar el quinto argumento de la Demandada según el cual la alegación (b) de Ucrania contradice los principios de corrección judicial y de igualdad de las partes.
107. El Tribunal ha considerado que el artículo IX de la Convención sobre el Genocidio no excluye la posibilidad de que un Estado solicite una declaración de que no es responsable de haber cometido genocidio en violación de la Convención (véase el párrafo 99 supra). Al evaluar la admisibilidad de la solicitud de Ucrania contenida en la presentación (b) de su Memorial, el Tribunal tiene en cuenta las circunstancias en las que se presentó la solicitud.
108. En el presente caso, Ucrania presentó una solicitud para que se declarase que no había incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio en el contexto de un conflicto armado entre las Partes. El Demandado adoptó las medidas supuestamente ilegales en y contra Ucrania con el propósito declarado de prevenir y castigar el genocidio supuestamente cometido en la región de Donbas. En un contexto tan especial, el Tribunal reconoce el interés jurídico que Ucrania tiene en virtud de la Convención sobre el Genocidio para resolver la controversia relativa a su presentación (b). El Tribunal declaró el 16 de marzo de 2022 que,
“[d]esde el [24 de febrero de 2022], se han producido intensos combates en territorio ucraniano, que se han cobrado muchas vidas, han causado amplios desplazamientos y han provocado daños generalizados. El Tribunal es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que está teniendo lugar en Ucrania” (Alegaciones de genocidio en virtud del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Federación de Rusia), Medidas provisionales, Providencia de 16 de marzo de 2022, I.C.J. Reports 2022 (I), p. 216, párr. 17).
El conflicto armado entre el demandante y el demandado continúa en la actualidad. Una sentencia del Tribunal en relación con la alegación de Ucrania (b) aclarará los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Convenio sobre Genocidio, en particular si Ucrania actuó de conformidad con sus obligaciones en virtud del artículo I del Convenio. La Corte es consciente de sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como en la solución pacífica de controversias en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte.
109. En las circunstancias particulares del presente caso, la Corte considera que la solicitud de Ucrania de que se declare que no ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio no es inadmisible. 110. A la luz de lo anterior, el Tribunal considera que la quinta objeción preliminar de la Federación Rusa debe ser rechazada.
D. Abuso de procedimiento (sexta excepción preliminar)
110. En su sexta excepción preliminar, la Federación Rusa sostiene que la Demanda de Ucrania es inadmisible porque constituye un abuso de procedimiento. Sostiene que “las pretensiones y la conducta de Ucrania en este procedimiento constituyen un abuso de proceso tan grave que este [c]aso debería calificarse como un caso excepcional en el que el Tribunal debería rechazar las pretensiones de Ucrania por abuso de proceso”.
111. La Federación de Rusia presenta tres argumentos en apoyo de su alegación. En primer lugar, alega que Ucrania ha modificado abusivamente su argumentación jurídica en el curso del procedimiento. Explica que Ucrania ha introducido nuevas reclamaciones en su Memorial y ha invocado nuevas disposiciones del Convenio que no fueron mencionadas en su Demanda. En segundo lugar, la Federación Rusa afirma que el momento de presentación de la Solicitud de Ucrania es abusivo, porque Ucrania no la presentó contra la Demandada hasta 2022, a pesar de que alega que existe una controversia desde 2014. En tercer lugar, la Demandada afirma que Ucrania, en un intento de presionar al Tribunal, reunió a los Estados para organizar una intervención masiva abusiva en el caso. La Federación Rusa sostiene que, en su Providencia de 5 de junio de 2023, el Tribunal no se pronunció sobre si la forma en que Ucrania reunió a los Estados para organizar una intervención masiva constituía un abuso de proceso.
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112. Ucrania solicita al Tribunal que rechace esta objeción de la Federación Rusa. En cuanto al primer argumento de la Demandada, Ucrania opina que la Demandada se limita a repetir su tercera objeción bajo la apariencia de un abuso de proceso. La Federación Rusa no puede alegar abuso de procedimiento fingiendo confusión sobre el caso directo y consistente de Ucrania. En relación con el segundo argumento de la Demandada, Ucrania afirma que el desacuerdo de las Partes sobre la supuesta responsabilidad de Ucrania en el genocidio adquirió una nueva importancia cuando la Federación Rusa se basó en sus falsas alegaciones de genocidio como pretexto para su reconocimiento de la RPD y la RPL y para su invasión de Ucrania. En relación con el tercer argumento de la Demandada, Ucrania subraya que la Federación de Rusia se limita a repetir un argumento que el Tribunal ya rechazó en su Providencia de 5 de junio de 2023. Añade que los Estados intervinientes han aceptado quedar vinculados por la interpretación del Tribunal del Convenio y que sus alegatos orales se centraron en las cuestiones de interpretación ante el Tribunal.
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113. El Tribunal recuerda que “[s]ólo en circunstancias excepcionales el Tribunal debe rechazar una demanda basada en un título válido de jurisdicción por abuso de proceso” (Inmunidades y Procedimientos Penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2018 (I), p. 336, párr. 150). El Tribunal ha especificado que tiene que haber “pruebas claras” de que la conducta del demandante equivale a un abuso de proceso (Supuestas violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2021, p. 36 párr. 93). Un abuso de proceso “se refiere al procedimiento ante una corte o tribunal” y se refiere a la cuestión de si un Estado ha abusado de ese procedimiento hasta tal punto que su caso debe ser rechazado en la fase preliminar del procedimiento (véase Inmunidades y Procedimientos Penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2018 (I), pp. 335-336, párrs. 146-150).
114. El primer argumento de la Demandada de que Ucrania introdujo nuevas reclamaciones en el Memorial es el mismo que el de su tercera objeción preliminar. El Tribunal ya ha concluido que la tercera excepción preliminar debe ser rechazada con respecto al primer aspecto de la controversia (véase el párrafo 72 supra). En consecuencia, el Tribunal no acepta el primer argumento de la Demandada.
115. La Corte recuerda que “no puede ocuparse de la motivación política que puede llevar a un Estado en un momento determinado, o en circunstancias particulares, a optar por la solución judicial” (Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras), Competencia y admisibilidad, Sentencia, Recueil 1988, p. 91, párr. 52). 52). Por lo tanto, al Tribunal no le convence el segundo argumento de la Demandada relativo al momento de presentación de la Demanda de Ucrania.
116. El Tribunal observa que su Providencia de 5 de junio de 2023 no abordó el tercer argumento de la Demandada, según el cual la forma en que Ucrania supuestamente reunió a los Estados para organizar una intervención masiva constituye un abuso de procedimiento. Su análisis se limitó a determinar si las declaraciones de intervención eran inadmisibles por abuso de proceso (Alegaciones de Genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Federación de Rusia), Declaraciones de Intervención, Providencia de 5 de junio de 2023, párr. 59).
117. El Tribunal observa que, en apoyo del tercer argumento, la Demandada se basa exclusivamente en la conducta y las declaraciones de los Estados intervinientes. No ha aportado ninguna prueba relativa al supuesto abuso de procedimiento por parte de Ucrania. El Tribunal no considera que Ucrania, habiendo establecido un título válido de jurisdicción, deba ser excluida en esta etapa preliminar sin pruebas claras de que su conducta con respecto a las intervenciones equivale a un abuso de proceso (véase Inmunidades y Procesos Penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2018 (I), p. 336, párr. 150). Por esta razón, el Tribunal no considera convincente el tercer argumento de la Demandada.
118. Por lo tanto, la Demandada no ha demostrado que existan circunstancias excepcionales que justifiquen rechazar la demanda de Ucrania por abuso de proceso. 119. En consecuencia, el Tribunal considera que la sexta objeción preliminar de la Federación Rusa a la admisibilidad de la alegación (b) de Ucrania en el párrafo 178 del Memorial basada en el abuso de proceso debe ser rechazada.
IV. EL SEGUNDO ASPECTO DE LA CONTROVERSIA: LAS ALEGACIONES DE UCRANIA RELATIVAS A LA COMPATIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CON EL CONVENIO
119. En los apartados (c) y (d) del párrafo 178 de su Memorial, Ucrania solicita al Tribunal que “(c) [a]juzgue y declare que el uso de la fuerza por parte de la Federación de Rusia en y contra Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022 viola los artículos I y IV del Convenio sobre Genocidio” y “(d) [a]juzgue y declare que el reconocimiento por parte de la Federación de Rusia de la independencia de las denominadas ‘República Popular de Donetsk’ y ‘República Popular de Luhansk’ el 21 de febrero de 2022 viola los artículos I y IV del Convenio sobre Genocidio” (véase el párrafo 25 supra). Estas alegaciones difieren en su formulación de las contenidas en la Demanda, en la que Ucrania solicitaba al Tribunal que declarase “que la Federación de Rusia no puede adoptar legalmente ninguna medida en virtud del Convenio sobre el genocidio en o contra Ucrania dirigida a prevenir o castigar un presunto genocidio, sobre la base de sus falsas alegaciones de genocidio en las provincias ucranianas de Luhansk y Donetsk”, declarar que el reconocimiento por parte de la Federación de Rusia de las dos “denominadas” repúblicas estaba “basado en una falsa alegación de genocidio y, por lo tanto, no tiene[tenía] fundamento alguno en la Convención sobre el Genocidio”, y hacer una declaración similar en relación con la “operación militar especial” llevada a cabo por la Federación de Rusia a partir del 24 de febrero de 2022 (apartado 30, letras b), c) y d) de la Solicitud, véase el apartado 24 supra).
120. La Federación de Rusia formula dos argumentos en particular contra estas alegaciones. En primer lugar, según la Demandada, las alegaciones presentadas en el Memorial son alegaciones nuevas que tienen el efecto de transformar el objeto de la controversia tal y como se expone en la Demanda y, por tanto, son inadmisibles. Este argumento se expone en la tercera objeción preliminar planteada por la Federación Rusa. En segundo lugar, los escritos en cuestión quedan fuera del ámbito de aplicación ratione materiae del Convenio y, por tanto, no están comprendidos en la cláusula compromisoria del artículo IX. Este argumento forma parte de la segunda objeción preliminar. El Tribunal debe examinar en primer lugar la cuestión de la admisibilidad de las alegaciones contenidas en el Memorial. A la luz de la respuesta a esta cuestión, examinará a continuación si los escritos relativos al segundo aspecto de la controversia, descritos en el párrafo 55 supra, son de su competencia ratione materiae.
A. Introducción de nuevas reclamaciones (tercera excepción preliminar)
121. Según la Federación Rusa, las alegaciones del párrafo 178, subpárrafos (c) y (d), del Memorial de Ucrania son inadmisibles, porque difieren de las alegaciones de la Demanda hasta el punto de que son irreconocibles y cambian la naturaleza de la controversia sometida al Tribunal. La Demandada señala, a este respecto, que las nuevas alegaciones se basan en disposiciones del Convenio que no se mencionaban en las alegaciones de la Demanda, y que contienen alegaciones de violación de obligaciones en virtud del Convenio por parte de la Federación de Rusia que no figuraban en la Demanda, en la que la Demandante se limitaba a afirmar que las acciones de la Federación de Rusia “no tenían fundamento en el Convenio sobre el Genocidio”, lo cual es una cuestión completamente diferente.
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122. 122. Ucrania sostiene, por el contrario, que todas las alegaciones de su Memorial se refieren al objeto de la controversia tal y como se presentó en la Demanda, a saber, las alegaciones de la Federación de Rusia de que Ucrania está cometiendo genocidio y su confianza en tales alegaciones falsas para adoptar medidas unilaterales en Ucrania y contra Ucrania. Observa que, contrariamente a lo afirmado por la Demandada, ésta ya alegó en la Demanda que las acciones de la Federación de Rusia eran incompatibles con el Convenio y violaban los derechos de Ucrania. Según la demandante, las alegaciones presentadas al final del Memorial se limitan a aclarar los fundamentos jurídicos de sus pretensiones originales, a saber, la violación por la Federación de Rusia de los artículos I y IV del Convenio. Señala a este respecto que, si bien el artículo IV del Convenio no se mencionó en la demanda, está directamente relacionado con el artículo I, al que se hizo referencia explícita.
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123. Anteriormente en esta Sentencia (véanse los párrafos 60-72 supra), el Tribunal examinó la misma objeción a la admisibilidad planteada por la Federación de Rusia en relación con la alegación contenida en el apartado (b) del párrafo 178 del Memorial.
Recordó su jurisprudencia bien establecida sobre la cuestión de las demandas adicionales o modificadas (véanse los párrafos 68 y 69 supra). Una demanda adicional o modificada formulada en el curso del procedimiento es inadmisible si tiene por efecto transformar el objeto del litigio inicialmente sometido al Tribunal en los términos de la demanda; es, sin embargo, admisible si está implícita en la demanda o si surge directamente de la cuestión que es objeto de la demanda (véase en este sentido Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 266, para. 67; véase también Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del Congo), Fondo, Sentencia, I.C.J. Recueil 2010 (II), pp. 656-657, párrs. 39-41).
Habiendo aplicado estos criterios al apartado (b) del párrafo 178 del Memorial (véanse los párrafos 70 y 71 supra), el Tribunal los aplicará ahora a los apartados (c) y (d).
124. La redacción de las pretensiones presentadas por Ucrania en su Demanda no es ciertamente idéntica a la de las pretensiones expuestas en el Memorial (véase el párrafo 119 supra).
125. Es cierto, como señala la Federación de Rusia, que ninguna de las reclamaciones de la Solicitud se refiere específicamente a los artículos I y IV del Convenio. Tampoco hay una afirmación explícita de que la Federación Rusa haya violado sus obligaciones en virtud del Convenio. Por el contrario, las alegaciones al final del Memorial (véase el párrafo 25 supra) contienen la alegación explícita de que las acciones de la Federación Rusa “violan” el Convenio y especifican que, en opinión de Ucrania, las disposiciones violadas son las de los artículos I y IV del Convenio.
126. Sin embargo, una diferencia de redacción no es decisiva en sí misma. Lo que debe comprobarse es si la demanda, tal como se formula de nuevo, transformaría el objeto del litigio inicialmente planteado ante el Tribunal en los términos de la Demanda (véase el apartado 69 supra).
127. A este respecto, el Tribunal observa que, en el párrafo 30, subpárrafo (b), de la Demanda, Ucrania alegó que la Federación Rusa no podía “legalmente” emprender ninguna acción sobre la base de sus falsas alegaciones de genocidio. Además, en el párrafo 26 de la Solicitud, Ucrania alegó que
“la declaración de la Federación de Rusia y la aplicación de medidas en o contra Ucrania en forma de una ‘operación militar especial’ declarada el 24 de febrero de 2022 sobre la base de un supuesto genocidio, así como el reconocimiento que precedió a la operación militar, son incompatibles con el Convenio”.
Esta alegación se repite en el párrafo 29, según el cual las acciones de la Federación Rusa “basadas en una falsa alegación de genocidio [son] incompatibles con la Convención sobre el Genocidio y violan los derechos de Ucrania”.
Al afirmar que la Federación de Rusia había actuado ilegalmente al llevar a cabo acciones incompatibles con el Convenio que violaban los derechos de Ucrania, la Demandante ya estaba cuestionando en la Demanda la conformidad de la conducta de la Federación de Rusia con sus obligaciones en virtud del Convenio y planteando la cuestión de la responsabilidad de la Demandada frente a la Demandante, cuyos derechos habían sido supuestamente violados.
Por último, al presentar reclamaciones de reparación en virtud de las alegaciones (e) y (f) de su Demanda (véase el párrafo 24 supra), Ucrania estaba necesariamente cuestionando la legalidad de las acciones llevadas a cabo por la Federación de Rusia.
128. Así pues, de lo anterior se desprende que, desde la misma incoación del procedimiento, Ucrania no sólo solicitaba que el Tribunal declarase que no había cometido genocidio, sino que también pretendía que se declarase que las acciones de la Federación de Rusia eran incompatibles con sus obligaciones en virtud del Convenio. Es cierto que las alegaciones al final de la demanda no estaban exentas de cierta ambigüedad. También es cierto que, mientras que el artículo I del Convenio se mencionaba varias veces en la demanda, no se hacía mención del artículo IV. Sin embargo, en opinión del Tribunal, las alegaciones del Memorial aclaran las pretensiones de Ucrania y las concretan sin transformar el objeto del litigio tal y como fue sometido al Tribunal en la Demanda de incoación.
129. El Tribunal concluye que las presentaciones expuestas en el párrafo 178, subpárrafos (c) y (d), del Memorial son admisibles, y que, en este sentido, la tercera objeción preliminar planteada por la Demandada es infundada y debe ser rechazada.
130. En consecuencia, el Tribunal examinará la cuestión de su competencia ratione materiae para conocer del segundo aspecto de la controversia sobre la base de las alegaciones de la Demandante formuladas en los apartados (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial.
B. Competencia ratione materiae del Tribunal en virtud de la Convención sobre el Genocidio (segunda excepción preliminar)
131. La Federación Rusa alega que el Tribunal carece de competencia ratione materiae para conocer de las pretensiones de las alegaciones (c) y (d) presentadas por Ucrania al final de su Memorial. Según la Demandada, estas reclamaciones quedan fuera del ámbito ratione materiae del Convenio sobre Genocidio y, en consecuencia, no entran en el ámbito de aplicación de su cláusula compromisoria. La Federación de Rusia considera que Ucrania no espera realmente que el Tribunal declare que la Demandada ha incumplido sus obligaciones en virtud de los artículos I y IV del Convenio, sino más bien que el Tribunal declare que el reconocimiento de la “República Popular de Donetsk” y de la “República Popular de Luhansk” y la “operación militar especial” son ilegales en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, en opinión de la Federación de Rusia, las normas de Derecho internacional relativas al reconocimiento de Estados y al uso de la fuerza no están incorporadas en modo alguno al Convenio, en particular los artículos I y IV. Según la Demandada, Ucrania intenta erróneamente leer en la Convención ciertas obligaciones implícitas, como la obligación, para un Estado parte, de actuar dentro de los límites del derecho internacional y la obligación de no “aplicar indebidamente” o “abusar” de la Convención. Tal enfoque tendría el efecto de incorporar a la Convención un número indefinido de otras normas de derecho internacional y de ampliar indebidamente la competencia ratione materiae de la Corte en virtud del artículo IX. Según la Demandada, sería incompatible con el artículo IX ampliar la competencia de la Corte en virtud de esa disposición para abarcar cuestiones que no están reguladas por la Convención, como pretende hacer Ucrania.
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132. Ucrania alega, por el contrario, que el Tribunal es competente para conocer de reclamaciones en las que se alegue que la Federación Rusa ha violado los artículos I y IV del Convenio. Según la demandante, estas disposiciones no autorizan sino que prohíben a una parte contratante perjudicar a otra con el pretexto de prevenir y castigar un genocidio que se ha alegado sin fundamento. El demandante añade que un Estado parte en el Convenio que adopta medidas para prevenir y castigar el delito de genocidio debe hacerlo de buena fe y sin abuso. Concluye que un abuso del Convenio constituye una violación del mismo y no una mera violación de un principio general de derecho ajeno al Convenio.
133. Ucrania sostiene que, en el presente caso, la Federación de Rusia ha actuado con el propósito declarado de poner fin a un genocidio y castigar a sus autores; pero que no lo ha hecho de buena fe, que lo ha hecho abusivamente y sobrepasando los límites del Derecho internacional. En consecuencia, según la demandante, la Federación de Rusia ha violado los compromisos que asumió en virtud del Convenio, ya que dichos compromisos implicaban la obligación de adoptar medidas para prevenir y castigar el genocidio de buena fe, sin abusos y dentro de los límites del Derecho internacional.
Ucrania concluye de ello que el consiguiente litigio entre las Partes es de la competencia del Tribunal en virtud de la cláusula compromisoria; es irrelevante que las Partes tengan o no también otro litigio en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.
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134. Al interpretar el artículo IX de la Convención sobre el genocidio, los Estados intervinientes sostienen en general que cualquier controversia relativa a la Convención entra en el ámbito de aplicación del artículo IX, con independencia de que las partes tengan también una controversia relativa a derechos y obligaciones en virtud de otras normas de derecho internacional. Sostienen que una controversia sobre el contenido o la aplicación de la obligación de prevenir o castigar el genocidio es necesariamente una controversia sobre la “interpretación, aplicación o cumplimiento” de los artículos I y IV del Convenio y, por tanto, es competencia de la Corte en virtud del artículo IX.
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135. Según su jurisprudencia bien establecida, cuando la Corte es interpuesta sobre la base de la cláusula compromisoria de un tratado por un Estado que invoca la responsabilidad internacional de otro Estado parte por la violación de obligaciones derivadas del tratado, para que la Corte tenga competencia, no es suficiente que el demandante alegue una supuesta violación del tratado y que el demandado la impugne. La Corte debe también “determinar si las violaciones del [t]ratado… alegadas… están o no comprendidas en las disposiciones del [t]ratado y si, en consecuencia, la controversia es de la competencia de la Corte ratione materiae para conocer de ella, de conformidad con” la cláusula compromisoria (Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 810, párr. 16; véase también Inmunidades y procedimientos penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2018 (I), p. 308, párr. 46). En algunas de sus decisiones, en particular entre las más recientes, el Tribunal ha expresado este mismo requisito en términos ligeramente diferentes, afirmando que sólo era competente si “los actos de los que se queja el demandante están comprendidos en las disposiciones del tratado que contiene la cláusula compromisoria” (Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2021, pp. 31-32, para. 75; véase también Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019 (II), p. 584, para. 57; Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. Reports 2019 (I), p. 23, párr. 36; Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Qatar c. Emiratos Árabes Unidos), Medidas provisionales, Providencia de 23 de julio de 2018, I.C.J. Reports 2018 (II), p. 414, párr. 18; Inmunidades y procedimientos penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Medidas provisionales, Providencia de 7 de diciembre de 2016, I.C.J. Reports 2016 (II), p. 1159, párr. 47). El Tribunal también ha tenido ocasión de comprobar “si… las… reclamaciones [están] comprendidas en el ámbito de aplicación” de un convenio (Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Qatar c. Emiratos Árabes Unidos), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2021, p. 94, párr. 72).
136. Todas las formulaciones citadas anteriormente tienen el mismo significado: debe determinarse si las acciones u omisiones del demandado de las que se queja el demandante están comprendidas en el ámbito de aplicación del tratado supuestamente violado, en otras palabras, si los hechos controvertidos, en caso de demostrarse, pueden constituir violaciones de las obligaciones derivadas del tratado.
Esto puede requerir, en cierta medida, que el Tribunal interprete las disposiciones que supuestamente han sido violadas y que definen el ámbito de aplicación del tratado (Supuestas violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2021, p. 32, párr. 75). 75).
137. En el presente caso, los actos denunciados por Ucrania consisten, en esencia, en que la Federación de Rusia acusó falsamente a la demandante de cometer genocidio e invocó de mala fe el Convenio para justificar, de manera abusiva, sus actos, en particular sus acciones militares, que sobrepasan los límites del Derecho internacional. Según Ucrania, estos actos constituyen violaciones de las obligaciones derivadas del Convenio. Más concretamente, las obligaciones supuestamente violadas son las previstas en los artículos I y IV de la Convención.
138. El artículo I del Convenio reza como sigue “Las Partes Contratantes confirman que el genocidio, tanto si se comete en tiempo de paz como en tiempo de guerra, es un crimen de derecho internacional que se comprometen a prevenir y a sancionar”.
El artículo IV, por su parte, dispone que “[l]as personas que cometan genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III serán castigadas, ya se trate de gobernantes constitucionalmente responsables, de funcionarios públicos o de particulares”.
139. El Tribunal opina que, aun suponiendo que los actos de la Federación de Rusia denunciados por Ucrania estén plenamente probados -lo que no corresponde decidir al Tribunal en esta fase-, no constituirían una violación de las obligaciones derivadas de los artículos I y IV citados anteriormente.
140. Ucrania no alega que la Federación de Rusia se abstuviera de adoptar medida alguna para prevenir un genocidio o para castigar a las personas que lo hubieran cometido. Por el contrario, alega que el genocidio invocado por la Federación de Rusia no tuvo lugar y que la alegación se hizo de mala fe. El objetivo del primer aspecto de la acción legal de Ucrania es solicitar que el Tribunal declare que no existen pruebas creíbles de que haya cometido tal genocidio (véase la Parte III de la presente Sentencia supra). En estas circunstancias, es difícil ver cómo la conducta de la Federación de Rusia denunciada por Ucrania podría constituir una violación, por parte de la Demandada, de sus obligaciones de prevenir el genocidio y castigar a los autores.
141. Es cierto que Ucrania intenta demostrar que los actos de los que acusa a la Federación de Rusia constituyen violaciones de las obligaciones derivadas de los artículos I y IV del Convenio basándose en dos motivos: el primero es que la Federación de Rusia ha invocado el Convenio de mala fe y ha aplicado sus obligaciones de manera abusiva; el segundo es que las medidas que ha adoptado al invocar el Convenio van más allá de los límites permitidos por el Derecho internacional. La mayoría de los Estados intervinientes adoptaron la postura de que, en ambas situaciones, se habría violado la Convención y, en consecuencia, una demanda basada en tales supuestas violaciones sería competencia ratione materiae de la Corte en virtud del Artículo IX.
El Tribunal examinará a continuación los dos argumentos presentados por Ucrania.
142. Es indiscutible que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que refleja el derecho internacional consuetudinario). En términos más generales, el Tribunal ha recordado en varias ocasiones que el principio de buena fe es “un principio bien establecido del derecho internacional” (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 296, para. 38) y “uno de los principios básicos que rigen la creación y el cumplimiento de obligaciones jurídicas” (Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras), Competencia y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Recueil 1988, p. 105, párr. 94, citando Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 268, para. 46; Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 473, para. 49).
Sin embargo, el Tribunal también ha afirmado que el principio de buena fe “no es en sí mismo una fuente de obligación cuando de otro modo no existiría ninguna” (Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras), Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Recueil 1988, p. 105, párrafo 94). 94). Lo que importa, a los efectos de establecer la competencia ratione materiae de la Corte cuando se le somete una demanda en la que se alega la violación por el demandado de una obligación derivada de un tratado, es si el Estado demandado podría haber violado una obligación específica que le incumbe y si la supuesta violación entra dentro del ámbito de competencia de la Corte. En el presente caso, incluso si la Federación de Rusia hubiera alegado, de mala fe, que Ucrania cometió genocidio y hubiera tomado ciertas medidas contra ella bajo tal pretexto – lo que el demandado niega – ello no constituiría en sí mismo una violación de las obligaciones derivadas de los artículos I y IV del Convenio.
143. No es más convincente argumentar que la conducta de la Demandada equivale a un “abuso de derecho” o, como a veces se dice en Ucrania, a un “abuso del Convenio”. Ciertamente, no es coherente con el principio de buena fe invocar un tratado de forma abusiva, alegando que existe una situación concreta que entra dentro de su ámbito de aplicación cuando claramente no es así, o interpretando deliberadamente el tratado de forma incorrecta con el único fin de justificar una acción determinada. Sin embargo, si bien tal invocación abusiva dará lugar a la desestimación de los argumentos basados en ella, de ello no se sigue que, por sí misma, constituya una violación del tratado. En el presente caso, incluso si se demostrara que la Federación de Rusia ha invocado el Convenio de forma abusiva (lo que no ha quedado acreditado en esta fase), no se deduciría de ello que haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio y, en particular, que haya hecho caso omiso de las obligaciones de prevención y de sanción previstas en los artículos I y IV.
144. En cuanto al argumento de la demandante de que las acciones emprendidas por la Federación de Rusia sobre la base de su falsa alegación de genocidio van más allá de los límites del Derecho internacional, esto plantea cuestiones que, en opinión del Tribunal, no entran en el ámbito ratione materiae del Convenio.
145. Ucrania y algunos de los Estados intervinientes se basan a este respecto en el dictamen del apartado 430 de la sentencia sobre el fondo en el asunto relativo a la Aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y Montenegro) antes citado. El Tribunal declaró en esa sentencia que la obligación de prevenir el genocidio exige que los Estados partes “empleen todos los medios razonablemente a su alcance para prevenir el genocidio en la medida de lo posible”, al tiempo que añadió que “es evidente que todo Estado sólo puede actuar dentro de los límites permitidos por el derecho internacional” (sentencia, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 221, parr. 430).
146. Sin embargo, de lo anterior no se desprende que, si un Estado pretende cumplir su obligación de prevención en virtud del Convenio mediante un acto contrario al Derecho internacional, tal acción constituya por sí misma una violación del Convenio. En su sentencia de 2007, el Tribunal no pretendió interpretar el Convenio en el sentido de que incorpora normas de Derecho internacional que le son extrínsecas, en particular las que regulan el uso de la fuerza. Pretendía aclarar que un Estado no está obligado, en virtud del Convenio, a actuar haciendo caso omiso de otras normas de Derecho internacional. Tampoco puede un Estado ampararse en la obligación de prevención que le impone el Convenio para actuar más allá de los límites permitidos por otras normas de Derecho internacional. Esos límites no están definidos por el propio Convenio, sino por otras normas de Derecho internacional.
Así, en el presente asunto, suponiendo -en aras de la argumentación- que al reconocer a la RPD y a la RPL y al lanzar la “operación militar especial”, la Federación de Rusia pretendiera cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio, y que los actos en cuestión sean contrarios al Derecho internacional, no es el Convenio lo que la Federación de Rusia habría violado, sino las normas pertinentes del Derecho internacional aplicables al reconocimiento de Estados y al uso de la fuerza. Estas cuestiones no se rigen por el Convenio sobre Genocidio y el Tribunal no es competente para conocer de ellas en el presente caso.
147. En conclusión, los actos denunciados por Ucrania en las presentaciones (c) y (d) del Memorial, desde cualquier punto de vista que se consideren, no pueden constituir violaciones de las disposiciones de la Convención invocadas por Ucrania. Estos actos no están comprendidos en las disposiciones del Convenio y, en consecuencia, las alegaciones c) y d), que constituyen el segundo aspecto del litigio planteado ante el Tribunal por Ucrania, quedan fuera del ámbito de aplicación de la cláusula compromisoria del artículo IX.
De ello se desprende que la segunda excepción preliminar planteada por la Federación de Rusia debe ser estimada.
148. A la vista de la anterior conclusión, no es necesario que el Tribunal examine las demás excepciones planteadas por la Demandada en la medida en que se refieren al segundo aspecto de la controversia.
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149. En resumen, el Tribunal considera que la segunda excepción preliminar de la Federación de Rusia, según la cual las alegaciones (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania no son competencia ratione materiae del Tribunal, debe ser estimada.
Sin embargo, el Tribunal considera que debe rechazar la primera excepción preliminar, basada en la falta de competencia del Tribunal para conocer de la totalidad de los escritos de Ucrania por la supuesta inexistencia de controversia; la tercera excepción preliminar, basada en la inadmisibilidad de los escritos presentados en el Memorial por ser supuestamente nuevos y transformar el objeto de la controversia; la cuarta excepción preliminar, basada en la inadmisibilidad de las alegaciones de Ucrania por la supuesta falta de efecto práctico de una sentencia sobre el fondo; la quinta excepción preliminar, basada en la inadmisibilidad de una solicitud de declaración de que la demandante no incumplió sus obligaciones en virtud del Convenio; y la sexta excepción preliminar, basada en la inadmisibilidad de la demanda por constituir supuestamente un abuso de procedimiento.
De lo anterior se desprende que las alegaciones (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania no son competencia del Tribunal y que éste no puede conocer de ellas en cuanto al fondo, mientras que la alegación (b) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania sí es competencia del Tribunal y que la pretensión contenida en la misma es admisible. Por lo tanto, en la siguiente fase del procedimiento, el Tribunal examinará esta demanda sobre el fondo.
150. La Corte recuerda, como lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado, que existe una distinción fundamental entre la cuestión de la aceptación por los Estados de la jurisdicción de la Corte y la conformidad de sus actos con el derecho internacional. Los Estados están siempre obligados a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas de derecho internacional. Tanto si han consentido la jurisdicción de la Corte como si no, los Estados siguen siendo responsables de los actos que les sean imputables y que sean contrarios al derecho internacional (véase, por ejemplo, Legalidad del uso de la fuerza (Serbia y Montenegro contra Bélgica), Excepciones preliminares, Sentencia, I.C.J. Recueil 2004 (I), p. 328, párr. 128; véase también Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 2006, pp. 52-53, para. 127).
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151. Por las razones expuestas,
EL TRIBUNAL,
(1) Por quince votos contra uno,
Rechaza la primera objeción preliminar planteada por la Federación Rusa;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian;
(2) Por doce votos contra cuatro,
Apoya la segunda objeción preliminar planteada por la Federación Rusa, que se refiere a las alegaciones (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania;
A FAVOR: Vicepresidente Gevorgian; Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Presidente Donoghue; Jueces Sebutinde, Robinson, Charlesworth;
(3) Por quince votos contra uno,
Rechaza la tercera objeción preliminar planteada por la Federación Rusa en relación con la alegación (b) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian;
(4) Por catorce votos contra dos,
Rechaza la tercera objeción preliminar planteada por la Federación Rusa en relación con las alegaciones (c) y (d) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania;
A FAVOR: Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Presidente Donoghue; Vicepresidente Gevorgian;
(Por catorce votos contra dos,
Rechaza la cuarta objeción preliminar planteada por la Federación Rusa;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian; Juez Bennouna;
(6) Por trece votos contra tres,
Rechaza la quinta objeción preliminar planteada por la Federación Rusa;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian; Jueces Abraham, Bennouna;
(7) Por quince votos contra uno,
Rechaza la sexta objeción preliminar planteada por la Federación Rusa;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian;
(8) Por quince votos contra uno,
Se declara competente, sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, para examinar la alegación b) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania;
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian;
(9) Por trece votos contra tres,
Declara que la alegación (b) del párrafo 178 del Memorial de Ucrania es admisible.
A FAVOR: Presidente Donoghue; Jueces Tomka, Yusuf, Xue, Sebutinde, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; Juez ad hoc Daudet;
EN CONTRA: Vicepresidente Gevorgian; Jueces Abraham, Bennouna.
Hecho en francés y en inglés, dando fe el texto francés, en el Palacio de la Paz, La Haya, el dos de febrero de dos mil veinticuatro, en treinta y cinco ejemplares, uno de los cuales se depositará en los archivos de la Corte y los demás se remitirán al Gobierno de Ucrania, al Gobierno de la Federación de Rusia y a los Gobiernos de Australia, la República de Austria, el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, Canadá, la República de Croacia, la República de Chipre, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República de Estonia, la República de Finlandia, la República Francesa, la República Federal de Alemania, la República Helénica, Irlanda, la República Italiana, la República de Letonia, el Principado de Liechtenstein, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, el Reino de Noruega, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República Eslovaca, la República de Eslovenia, el Reino de España, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, respectivamente.
(Firmado) Joan E. DONOGHUE, Presidente.
(Firmado) Philippe GAUTIER,
Secretario.
La Presidenta DONOGHUE adjunta una opinión separada a la sentencia del Tribunal de Justicia; el Vicepresidente GEVORGIAN adjunta una opinión disidente a la sentencia del Tribunal de Justicia; el Juez TOMKA adjunta una declaración a la sentencia del Tribunal de Justicia; el Juez ABRAHAM adjunta una opinión parcialmente disidente a la sentencia del Tribunal de Justicia; el Juez BENNOUNA adjunta una declaración a la sentencia del Tribunal de Justicia; Los Jueces SEBUTINDE y ROBINSON adjuntan un voto particular disidente a la sentencia del Tribunal; los Jueces IWASAWA y CHARLESWORTH adjuntan votos particulares a la sentencia del Tribunal; el Juez BRANT adjunta una declaración a la sentencia del Tribunal; el Juez ad hoc DAUDET adjunta un voto particular a la sentencia del Tribunal.
(rubricado) J.E.D.
(Iniciales) Ph.G.
Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de intervención de Chile en la demanda…
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).…
El Impacto de los Estudios de Derecho Internacional Público en la Era Digital El Derecho…
European Journal of International Law Volume 35, Issue 2, May 2024 ISSN: 0938-5428, EISSN: 1464-3596…
PODER EJECUTIVO Decreto 52180/1934 Fecha de Publicación en B.O.: 14/03/1935 Ministerio de Relaciones Exteriores y…
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)…
