Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Incidente aéreo del 27 de julio de 1955
Israel v. Bulgaria
Sentencia
26 de mayo de 1959
Presidente: Klaestad;
Vicepresidente: Zafrulla Khan;
Jueces: Basdevant, Hackworth, Winiarski, Badawi, Armand-Ugon, Kojevnikov, Sir Hersch Lauterpacht, Moreno Quintana, Cordova, Wellington Koo, Spiro-poulos, Sir Percy Spender;
Jueces ad hoc: Goitein, Zourek
Representado por: Israel: Sr. Shabtai Rosenne, Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente; asistido por Sr. M. Shneerson, Ministro Plenipotenciario, Embajada de Israel, París; Sr. J. H. Lazarus, Asistente del Fiscal General, Ministerio de Justicia; Sr. F. Landau, Asistente del Fiscal General, Ministerio de Justicia; Sr. T. Meron, Asistente del Asesor Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Consejero;
Bulgaria: Dr. Nissim Mévorah, Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Sofía, Asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente; asistido por M. Evgueni Kamenov, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bulgaria en Francia, en calidad de Consejero; M. Pierre Cot, Professeur agrégé de la Faculté de Droit de France, y M. Marc Jacquier, Abogado del Tribunal de Apelación de París.
[p.127]
El Tribunal,
compuesto como arriba,
dicta la siguiente Sentencia:
El 16 de octubre de 1957, el Ministro de Israel en los Países Bajos entregó al Secretario una demanda del Gobierno de Israel, [p. 129] fechada el 9 de octubre de 1957, incoando un procedimiento ante el Tribunal contra el Gobierno de la República Popular de Bulgaria en relación con la destrucción, el 27 de julio de 1955, por las fuerzas de defensa antiaérea búlgaras, de un avión perteneciente a El Al Israel Airlines Ltd. [p. 129].
La demanda invocaba el artículo 36 del Estatuto de la Corte y la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por Israel, por una parte, en su Declaración de 3 de octubre de 1956, en sustitución de la anterior Declaración de 4 de septiembre de 1950, y por Bulgaria, por otra parte, el 29 de julio de 1921. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 40 del Estatuto, la demanda fue comunicada al Gobierno de la República Popular de Bulgaria. De conformidad con el párrafo 3 del mismo Artículo, se notificó a los demás Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros facultados para comparecer ante el Tribunal. Los plazos para la presentación de la Memoria y de la Contramemoria fueron fijados respectivamente por Providencias del Tribunal de 26 de noviembre de 1957 y de 27 de enero de 1958.
El Memorial fue presentado dentro del plazo fijado a tal efecto. Dentro del plazo fijado para la presentación de la contramemoria, el Gobierno de la República Popular de Bulgaria presentó excepciones preliminares a la competencia del Tribunal. El 17 de diciembre de 1958, una Providencia, haciendo constar que el procedimiento sobre el fondo quedaba suspendido en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento del Tribunal, concedió al Gobierno de Israel un plazo que expiraba el 3 de febrero de 1959 para la presentación de un escrito con sus observaciones y alegaciones sobre las excepciones preliminares. La declaración escrita se presentó en esa fecha y el caso quedó listo para la vista respecto a las excepciones preliminares.
El Sr. Juez Goitein, del Tribunal Supremo de Israel, y el Sr. Jaroslav Zourek, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, fueron elegidos respectivamente, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 31 del Estatuto, para actuar como Jueces ad hoc en el presente caso por el Gobierno de Israel y el Gobierno de Bulgaria.
Los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de marzo y 1, 2 y 3 de abril de 1959 se celebraron sendas vistas en el curso de las cuales el Tribunal oyó los informes orales y las réplicas del Sr. Mevorah, Agente, del Sr. Kamenov, Abogado, y del Sr. Cot, Abogado, en nombre del Gobierno de la República Popular de Bulgaria, y del Sr. Rosenne, Agente, en nombre del Gobierno de Israel.
En el curso del procedimiento escrito y oral, las Partes presentaron las siguientes alegaciones:
En nombre del Gobierno de Israel, en la Demanda:
“Que el Tribunal tenga a bien
(a) Sujeto a la presentación de las alegaciones escritas y orales que el Tribunal pueda ordenar, adjudicar y declarar que la República Popular de Bulgaria es responsable en virtud del derecho internacional por [p 130] la destrucción del avión 4X-AKC de Israel el 27 de julio de 1955 y por la pérdida de vidas y bienes y todos los demás daños que resultaron de ello;
(b) Determinar el importe de la indemnización debida por la República Popular de Bulgaria a Israel;
(c) En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, decidir que todas las costas y gastos en que incurra el Gobierno de Israel sean sufragados por el Gobierno de la República Popular de Bulgaria.”
En nombre del mismo Gobierno, en el Memorial:
“I. Sobre la primera petición de la demanda de incoación del procedimiento:
Considerando que unidades de las fuerzas armadas de Bulgaria abrieron fuego contra el 4X-AKC y lo derribaron y destruyeron, matando a todos sus ocupantes, como ha sido admitido por el Gobierno de Bulgaria;
Y considerando que el Gobierno de Bulgaria ha admitido además que, al hacerlo, sus fuerzas armadas hicieron gala de cierta precipitación y no tomaron todas las medidas necesarias para obligar a la aeronave a aterrizar, y ha declarado que identificaría y castigaría a las personas culpables y pagaría indemnizaciones;
Y considerando que dicha acción constituyó una violación del derecho internacional;
Que la Corte juzgue y declare Que Bulgaria es responsable, en virtud del derecho internacional, de la destrucción de la aeronave israelí 4X-AKC, el 27 de julio de 1955, y de la pérdida de vidas y bienes y todos los demás daños que de ello se derivaron.
II. Sobre la segunda petición de la Solicitud de incoación del procedimiento:
(a) Considerando que el Gobierno de Israel ha establecido que la pérdida financiera sufrida por las personas cuya causa está siendo adoptada por el mismo asciende a la suma de 2.559.688,65 dólares americanos;
Se sirva el Tribunal
dictar sentencia a favor de la reclamación del Gobierno de Israel y fijar el importe de la indemnización debida por Bulgaria a Israel en 2.559.688,65 dólares de los EE.UU;
(b) Considerando que el Gobierno de Israel ha declarado que una declaración del Tribunal respecto a la responsabilidad internacional de Bulgaria, tal y como figura en la Presentación No. I, sería suficiente satisfacción y que renunciaba a cualquier otra reclamación de reparación; Y considerando, no obstante, que el Gobierno de Israel ha pedido al Tribunal que tome nota del incumplimiento por parte del Gobierno [p 131] de Bulgaria de su compromiso de identificar y castigar a las personas culpables;
Ruego al Tribunal
Que conste en acta lo que antecede.
III. Sobre la tercera petición de la demanda de incoación del procedimiento: Que el Tribunal
(a) Juzgar y declarar
que los gastos incurridos por el Gobierno de Israel en la preparación de esta demanda, evaluados en I £ 25.000, sean sufragados por el Gobierno de Bulgaria.
(b) Decidir que las costas del Gobierno de Israel en este caso sean soportadas por el Gobierno de Bulgaria.
IV. Y además, juzgar y declarar que la suma concedida en virtud de la petición nº 11(a), con intereses al seis por ciento anual desde el 27 de julio de 1955 hasta la fecha de pago, junto con los gastos y costas incurridos en este caso, serán pagados por el Gobierno de Bulgaria al Gobierno de Israel en Israel.”
En nombre de la República Popular de Bulgaria en las Excepciones Preliminares (comunicaciones de 4 y 8 de diciembre de 1958):
“Con la venia del Tribunal,
Considerando que el artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es inaplicable con respecto a la República Popular de Bulgaria,
Considerando que la Corte Internacional de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la demanda del Gobierno de Israel, puesto que éste somete a la Corte un litigio que se refiere a situaciones y hechos anteriores a la supuesta aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por la República Popular de Bulgaria,
Por estas razones y todas las demás que se presenten o que la Corte considere oportuno añadir o sustituir,
Fallar y declarar
Que el Tribunal carece de jurisdicción en el caso relativo al incidente aéreo del 27 de julio de 1955, y también
Que la demanda presentada el 16 de octubre de 1957 por el Gobierno de Israel contra el Gobierno de la República Popular de Bulgaria es inadmisible;
Con carácter subsidiario,
Con la venia del Tribunal,
Considerando que el Estado de Israel sólo puede actuar en defensa de sus nacionales y que los daños cuya reparación solicita [p 132] fueron sufridos en su mayor parte por compañías de seguros no israelíes,
Considerando que el litigio sometido al Tribunal Internacional de Justicia por el Gobierno de Israel está sometido a la jurisdicción exclusiva de la República Popular de Bulgaria; y que, además, corresponde en cualquier caso esencialmente a la jurisdicción interna de Bulgaria,
Considerando que el Gobierno de Israel no ha agotado los recursos disponibles en los tribunales búlgaros antes de recurrir al Tribunal,
Por estas razones y todas las demás que puedan presentarse o que el Tribunal considere oportuno añadir o sustituir, Adjudicar y declarar que la Demanda presentada el 16 de octubre de 1957 por el Gobierno de Israel contra el Gobierno de la República Popular de Bulgaria es inadmisible.”
En nombre del Gobierno de Israel, en sus Observaciones Escritas sobre las Excepciones Preliminares:
“Con la venia del Tribunal,
Rechazar todas las alegaciones en contrario, Desestimar las Excepciones Preliminares, y
Reanudar el procedimiento sobre el fondo”.
En nombre del Gobierno de la República Popular de Bulgaria, Alegaciones depositadas en Secretaría el 20 de marzo de 1959, después de la primera presentación oral del caso de dicho Gobierno:
“Con la venia del Tribunal,
Sobre la Primera Objeción Preliminar,
Considerando que la Declaración de 12 de agosto de 192r, por la que el Reino de Bulgaria había aceptado la jurisdicción obligatoria del Tribunal Permanente de Justicia Internacional y que formaba parte del Protocolo de Firma del Estatuto de dicho Tribunal, dejó de estar en vigor con la disolución del Tribunal Permanente, pronunciada por la Asamblea de la Sociedad de Naciones el 18 de abril de 1946;
Considerando que, por consiguiente, dicha Declaración ya no estaba en vigor en la fecha en que la República Popular de Bulgaria pasó a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y que, en consecuencia, no puede considerarse que constituya una aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, en virtud del artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de dicha Corte,
Por las razones expuestas,
Adjudicar y declarar que la Corte carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la Demanda del Gobierno de Israel relativa al incidente aéreo del 27 de julio de 1955. [p 133]
Sobre la Segunda Objeción Preliminar,
Considerando que la controversia sometida al Tribunal se refiere a situaciones o hechos anteriores a la supuesta aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia que se dice resulta de la adhesión de la República Popular de Bulgaria al Estatuto de dicho Tribunal el 14 de diciembre de 1955;
Considerando que el Gobierno de Israel, al aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, excluyó los litigios anteriores a la fecha de su sometimiento a dicha jurisdicción obligatoria;
Considerando que, sobre la base de la reciprocidad, no puede considerarse, en ningún caso, que el Gobierno de la República Popular de Bulgaria haya aceptado la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia respecto de hechos anteriores al 14 de diciembre de 1955.
Por las razones expuestas, Admitir y declarar que la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre la Demanda del Gobierno de Israel relativa al incidente aéreo del 27 de julio de 1955.
Sobre la tercera objeción preliminar,
Considerando que el Gobierno de Israel sólo puede actuar en defensa de sus nacionales; que no discute que la totalidad o parte de los daños cuya indemnización solicita estaban cubiertos por un seguro; que no aporta prueba alguna de la nacionalidad israelí de los aseguradores,
Por las razones expuestas, Admitir y declarar que el Gobierno de Israel no tiene capacidad para someter al Tribunal la reclamación de un derecho a ser indemnizado que haya sido objeto de cesión o subrogación a favor de compañías de seguros que no sean de nacionalidad israelí.
Sobre la Cuarta Excepción Preliminar, Considerando que del Memorial presentado en nombre del Gobierno de Israel se desprende que la Demanda, de la que conoce el Tribunal, se basa en una acción llevada a cabo por las fuerzas armadas búlgaras de defensa antiaérea, en el espacio aéreo búlgaro; que el litigio, que ha surgido como consecuencia de dicha acción, no está comprendido en ninguna de las categorías a que se refiere el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, sino que, por el contrario, es competencia exclusiva de la República Popular de Bulgaria;
Considerando, además, que se trata de un litigio “relativo a materias que son esencialmente de la competencia interna del Estado búlgaro”; que, en virtud de la reserva “b)” incluida por el Gobierno de Israel en su Declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte -reserva que el Gobierno búlgaro pretende tener derecho a aplicar en su favor, sobre la base de la reciprocidad-, el litigio queda fuera de la competencia de la Corte Internacional de Justicia, [p 134].
Por estas razones
Adjudicar y declarar que la Corte carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la Demanda del Gobierno de Israel relativa al incidente aéreo del 27 de julio de 1955.
Sobre la Quinta Objeción Preliminar,
Considerando que los nacionales de Israel cuyas reclamaciones son presentadas por el Gobierno de Israel no han agotado los recursos de que disponen en los tribunales búlgaros antes de recurrir a la Corte Internacional de Justicia,
Por las razones expuestas,
Adjudicar y declarar que la reclamación del Gobierno de Israel no puede, en la fase actual, ser sometida a la Corte.”
En nombre del Gobierno de Israel, alegaciones presentadas en la vista del 26 de marzo de 1959:
“Con la venia de la Corte,
Rechazando todas las alegaciones en contrario,
Desestimar las Objeciones Preliminares, y
Reanudar el procedimiento sobre el fondo”.
En nombre del Gobierno de la República Popular de Bulgaria, Alegaciones presentadas en Secretaría el 2 de abril de 1959, después de la contestación oral:
“Sobre la Quinta Objeción Preliminar, Considerando que los nacionales de Israel cuyas reclamaciones son presentadas por el Gobierno de Israel no habían agotado los recursos de que disponían en los tribunales búlgaros antes de la remisión por dicho Gobierno a la Corte Internacional de Justicia,
Por las razones expuestas,
Adjudicar y declarar que la reclamación del Gobierno de Israel no puede, en la fase actual, ser sometida a la Corte”.
En la vista del 3 de abril de 1959, al final de su dúplica oral, el Agente del Gobierno de Israel confirmó las alegaciones formales expuestas en las Observaciones Escritas presentadas en nombre de su Gobierno.
***
Se declaró al Tribunal que en la mañana del 27 de julio de 1955, el avión civil Constellation nº 4X-AKC, con los colores de Israel y perteneciente a la compañía israelí El Al Israel Airlines Ltd., que realizaba un vuelo comercial regular entre Viena, Austria, y Lod (Lydda) en Israel, habiendo penetrado, sin autorización previa, sobre territorio búlgaro, fue derribado por aviones de las fuerzas de defensa antiaérea búlgaras. Tras incendiarse, el avión israelí se estrelló en llamas cerca de la ciudad de [p 135] Petritch, Bulgaria, y murieron toda la tripulación, compuesta por siete miembros, y también los cincuenta y un pasajeros de diversas nacionalidades.
Estos hechos dieron lugar a negociaciones y correspondencia diplomática entre los dos Gobiernos, que intentaron así llegar a una solución amistosa. Como estas gestiones diplomáticas no condujeron a un resultado satisfactorio para las Partes en el caso, el Gobierno de Israel sometió el litigio al Tribunal mediante una demanda presentada el 16 de octubre de 1957. Contra esta demanda, el Gobierno de la República Popular de Bulgaria formuló cinco excepciones preliminares.
El Tribunal procederá a examinar la Primera Excepción Preliminar.
***
El Gobierno de Israel pretende encontrar una base para la jurisdicción del Tribunal en el presente caso invocando en su Demanda el hecho de que “la aceptación por Bulgaria de la jurisdicción obligatoria se hizo el 29 de julio de 1921, con ocasión del depósito del instrumento de ratificación por ese país del Protocolo de Firma del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional”. En su Memorial, reproduce la declaración así invocada bajo la fecha del 12 de agosto de 1921, que es la fecha de su ratificación por el Gobierno del Reino de Bulgaria y, por tanto, la fecha de su entrada en vigor. El Memorial añade: “Bulgaria se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955… cuando la Declaración de ese país pasó a ser aplicable a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”. Aunque no lo afirmó así en su momento, aunque así lo entendió el Gobierno búlgaro y lo explicó en el procedimiento posterior, el Gobierno de Israel basó esta referencia a la Declaración de 1921 en el artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Así, el Gobierno de Israel se basa en dos disposiciones. La primera es la Declaración firmada el 29 de julio de 1921, al mismo tiempo que el Protocolo de Firma del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y ratificada el 12 de agosto de 1921. Esta Declaración está redactada en los siguientes términos:
[Traducción]
“En nombre del Gobierno del Reino de Bulgaria, reconozco, en relación con cualquier otro Miembro o Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte como obligatoria, ipso facto y sin ninguna convención especial, incondicionalmente.”
La segunda disposición es el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dice lo siguiente:
“Las declaraciones hechas en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que estén aún en vigor [p 136] se considerarán, entre las partes en el presente Estatuto, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que aún deba transcurrir y de conformidad con sus términos.”
Para justificar la aplicación de esta última disposición a la Declaración búlgara de 1921, el Gobierno de Israel se basa finalmente en el hecho de que Bulgaria pasó a ser parte en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia como consecuencia de su admisión en las Naciones Unidas, en virtud de la Resolución 995 (X) adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1955.
El Gobierno de la República Popular de Bulgaria niega que el artículo 36, párrafo 5, del Estatuto haya transferido el efecto de la Declaración búlgara de 1921 a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, su Primera Objeción Preliminar solicita que “la Corte se sirva … adjudicar y declarar que la Corte no es competente para pronunciarse sobre la Demanda del Gobierno de Israel relativa al incidente aéreo del 27 de julio de 1955”.
La Corte tiene que determinar si el Artículo 36, párrafo 5, del Estatuto es aplicable a la Declaración Búlgara de 1921.
El objeto del artículo 36, párrafo 5, es introducir una modificación en las declaraciones a las que se refiere, sustituyendo la Corte Internacional de Justicia por la Corte Permanente de Justicia Internacional, única mencionada en dichas declaraciones, y transfiriendo así el efecto jurídico de dichas declaraciones de una Corte a la otra. Que el artículo 36, párrafo 5, haga esto respecto de las declaraciones hechas por Estados que estuvieron representados en la Conferencia de San Francisco y fueron signatarios de la Carta y del Estatuto, puede comprenderse fácilmente. Ello corresponde, en efecto, al objeto mismo de esta disposición. Pero, ¿esta disposición se refiere también a las declaraciones de otros Estados, incluida Bulgaria? El texto no lo dice explícitamente.
En el momento de la adopción del Estatuto existía una diferencia fundamental entre la posición de los Estados signatarios y la de los demás Estados que pudieran ser admitidos posteriormente en las Naciones Unidas. Esta diferencia no está expresada en el texto del apartado 5 del artículo 36, pero se deriva de la situación que dicho texto pretendía regular, a saber, la transferencia al Tribunal Internacional de Justicia de las declaraciones relativas al Tribunal Permanente de Justicia Internacional que estaba a punto de desaparecer cuando se redactó el Estatuto. Los Estados representados en San Francisco sabían cuál era su propia posición en virtud de las declaraciones que habían formulado. Actuaban con pleno conocimiento de causa cuando aceptaron transferir el efecto de dichas declaraciones a la jurisdicción obligatoria del nuevo Tribunal y tenían la facultad de hacerlo.
Estos Estados no se encontraban en la misma situación con respecto a las declaraciones firmadas por otros Estados. En el caso de [p 137] algunos de ellos, podría plantearse la cuestión del efecto de la guerra, cuestión que no parece haberse considerado entonces. De manera más general, los Estados signatarios no podían considerar más o menos inminente la admisión en las Naciones Unidas de cualquiera de los demás Estados, ya que su admisión podía ir precedida de la caducidad de las declaraciones de algunos de ellos; la cuestión que los Estados signatarios podían resolver fácilmente entre ellos en aquel momento, se plantearía de forma muy diferente en el futuro con respecto a los demás Estados. La existencia de estas diferencias se opone a una interpretación que extienda el efecto del artículo 36, párrafo 5, a las declaraciones formuladas por los Estados admitidos posteriormente en las Naciones Unidas, por el mero hecho de que dichas declaraciones estaban en vigor en el momento de la firma de la Carta o de su entrada en vigor.
El párrafo 5 del artículo 36, considerado en su aplicación a los Estados signatarios del Estatuto, efectúa una operación simple: transforma su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente en una aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Esto se hizo en previsión de la disolución del antiguo Tribunal y de la institución de un nuevo Tribunal, dos acontecimientos que, si bien no eran absolutamente coincidentes, estaban suficientemente próximos en lo que respecta a los Estados signatarios de la Carta y del Estatuto. La transformación promulgada fue en su caso coetánea de este doble acontecimiento. La situación era muy diferente en lo que respecta a las declaraciones de los Estados no signatarios, aparte de la posibilidad, que de hecho no se materializó, de que un Estado no signatario se convirtiera en parte del Estatuto antes de la disolución de la Corte Permanente. Sin perjuicio de ello, la operación de transferir de una Corte a la otra las aceptaciones de la competencia obligatoria por parte de los Estados no signatarios no podría constituir una operación simple, susceptible de ser tratada de forma inmediata y completa por el artículo 36, párrafo 5.
Tal transferencia debe necesariamente implicar dos operaciones distintas que podrían estar separadas por un intervalo de tiempo considerable. Por una parte, las antiguas declaraciones tendrían que haber sido conservadas con efecto inmediato a partir de la entrada en vigor del Estatuto y, por otra, tendrían que haber sido transferidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, transferencia que sólo podría haberse operado mediante la aceptación por el Estado en cuestión del nuevo Estatuto, en la práctica, mediante su admisión en las Naciones Unidas.
La conservación inmediata de la declaración era necesaria para salvarla de la caducidad por la que estaba amenazada por la inminente disolución de la Corte Permanente que entonces se contemplaba. Si no se mantenía así en vigor, no podría efectuarse una transferencia posterior de la declaración a la jurisdicción del nuevo Tribunal. Así pues, el problema de la transferencia de antiguas declaraciones de una Corte a la otra, que se planteaba en el caso de las aceptaciones de Estados no signatarios, era muy diferente [p 138] del que se planteaba en el caso de las aceptaciones de Estados signatarios de la Carta y del Estatuto.
Además de esta diferencia fundamental en cuanto a los factores del problema, había dificultades especiales para resolverlo en el caso de las aceptaciones de Estados no signatarios. De hecho, estas dificultades hacían imposible la solución del problema mediante la aplicación del apartado 5 del artículo 36, tal como fue redactado y adoptado. Dado que esta disposición fue suscrita originalmente sólo por los Estados signatarios, carecía de fuerza legal en lo que respecta a los Estados no signatarios: no podía preservar sus declaraciones de la caducidad con la que se veían amenazadas por la inminente disolución del Tribunal Permanente. Al no poder mantenerlas en vigor, el Artículo 36, párrafo 5, no podía transferir sus efectos a la jurisdicción de la nueva Corte a partir de la fecha en que un Estado que hubiera hecho una declaración se convirtiera en parte del Estatuto. Dado que estas declaraciones no se habían mantenido en vigor, habría sido necesario restablecer las declaraciones caducadas y, a continuación, trasladar su objeto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia: el párrafo 5 del artículo 36 no prevé nada de este tipo. Por lo tanto, el camino que habría sido necesario seguir en el momento de la adopción del Estatuto, con el fin de asegurar la transferencia de las declaraciones de los Estados no signatarios a la jurisdicción de la nueva Corte, habría tenido que ser totalmente diferente del camino que se siguió para lograr este resultado con respecto a las declaraciones de los Estados signatarios. En el caso de los Estados signatarios, mediante un acuerdo entre ellos con plenos efectos jurídicos, el artículo 36, párrafo 5, reguló la transferencia de un Tribunal al otro de las declaraciones aún existentes; al hacerlo, mantuvo una obligación existente al tiempo que modificaba su objeto. En cuanto a los Estados no signatarios, se trataba de algo totalmente distinto: el Estatuto, en ausencia de su consentimiento, no podía ni mantener ni transformar su obligación original. Poco después de la entrada en vigor del Estatuto, la disolución de la Corte Permanente les liberó de esa obligación. En consecuencia, la cuestión de la transformación de una obligación existente ya no podía plantearse en lo que a ellos se refería: todo lo que podía contemplarse en su caso era la creación de una nueva obligación vinculante para ellos. Extender el apartado 5 del artículo 36 a esos Estados sería permitir que esa disposición hiciera en su caso algo muy distinto de lo que hizo en el caso de los Estados signatarios.
La cuestión de la transferencia de un Tribunal a otro de las antiguas aceptaciones de la jurisdicción obligatoria es tan diferente, según se plantee respecto de Estados signatarios del Estatuto o respecto de Estados no signatarios, que la fecha de la transferencia, que es fácil de determinar en el caso de Estados signatarios, a pesar del silencio sobre este punto del artículo 36, párrafo 5, difícilmente puede determinarse de manera satisfactoria en el caso de declaraciones de Estados no signatarios. Si se tiene en cuenta la fecha en que un Estado no signatario pasó a ser parte en el Estatuto por su admisión en las Naciones Unidas o de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 93 de la Carta, se considera que la transferencia se produjo en una fecha que podría ser muy distante de la entrada en vigor del Estatuto, lo que difícilmente estaría en armonía con el espíritu de una disposición destinada a facilitar la transición de la antigua a la nueva Corte manteniendo algo del régimen anterior. En cuanto al punto que nos ocupa, los Estados representados en San Francisco podrían haber hecho una oferta dirigida a otros Estados, por ejemplo, una oferta de considerar su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente como una aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pero, en ese caso, tal oferta habría tenido que ser formulada, y la forma de su aceptación y las condiciones relativas al plazo dentro del cual debe ser aceptada habrían tenido que ser determinadas. No hay nada de este tipo en el apartado 5 del artículo 36. Cuando este artículo decide que, entre las partes en el presente Estatuto, determinadas declaraciones se considerarán aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, esto puede entenderse fácilmente en el sentido de que el artículo se aplica a las declaraciones formuladas por los Estados que lo redactaron.
Tal forma de expresión es poco apropiada para la formulación de una oferta dirigida a otros Estados.
Así pues, restringir la aplicación del apartado 5 del artículo 36 a los Estados signatarios del Estatuto es tener en cuenta la finalidad para la que se adoptó esta disposición. El Estatuto en el que aparece no establece la jurisdicción obligatoria de la Corte. En el momento de su adopción, se contemplaba la inminente disolución del Tribunal Permanente y, en consecuencia, la caducidad de las aceptaciones de su jurisdicción obligatoria. Si no se hubiera hecho nada, se habría dado un paso atrás en relación con lo que se había conseguido en materia de jurisdicción internacional. En lugar de esperar que los Estados signatarios del nuevo Estatuto depositaran nuevas declaraciones de aceptación, se trató de prever esta situación transitoria mediante una disposición transitoria y esa es la finalidad del apartado 5 del artículo 36.
Por su naturaleza y por su finalidad, esa disposición transitoria sólo es aplicable a la situación transitoria que se pretendía resolver, que implicaba la institución de un nuevo Tribunal justo en el momento en que se disolvía el antiguo. La situación es totalmente diferente cuando, habiendo desaparecido hace mucho tiempo la antigua Corte y la aceptación de su jurisdicción obligatoria, un Estado se convierte en parte en el Estatuto de la nueva Corte: entonces no hay ninguna situación transitoria a la que deba hacer frente el párrafo 5 del artículo 36.”. [p 140]
***
En la medida en que las actas de la Conferencia de San Francisco proporcionan alguna indicación sobre el ámbito de aplicación del párrafo 5 del artículo 36, confirman el hecho de que este párrafo estaba destinado a tratar las declaraciones de los Estados signatarios. Las de los Estados no signatarios, para las que habrían sido necesarias disposiciones especiales, no estaban previstas.
Este punto no había sido tratado por el Comité de Juristas de Washington. Un Subcomité, reunido el 13 de abril de 1945, se había limitado a llamar la atención sobre el hecho de que muchas naciones habían aceptado previamente la jurisdicción obligatoria en virtud de la Cláusula Facultativa y añadió “que en la Conferencia de San Francisco debería preverse un acuerdo especial para mantener en vigor estas aceptaciones a los efectos del presente Estatuto”.
Esta referencia a un acuerdo especial indicaba claramente que para preservar estas aceptaciones bajo un nuevo sistema, sería necesario el consentimiento de los Estados que hubieran hecho tal declaración: la contemplación de tal acuerdo indicaba que la Conferencia no podía sustituir su decisión por la de los Estados no representados allí.
En la Conferencia de San Francisco, la disposición que se convirtió en el párrafo 5 del artículo 36 fue propuesta por la Subcomisión D y discutida y adoptada por la Comisión IV/i, el 1 de junio de 1945. En este Comité, las intervenciones indicaron principalmente la preferencia de muchas delegaciones por la jurisdicción obligatoria del Tribunal y su pesar por el hecho de que no pareciera posible adoptarla. En cuanto al significado que debía atribuirse a la disposición que se convertiría en el apartado 5 del artículo 36, el representante canadiense dijo:
“A la vista del nuevo párrafo … en cuanto los Estados firmen la Carta, la gran mayoría de ellos quedarán automáticamente bajo la jurisdicción obligatoria del Tribunal debido a las declaraciones existentes”. El representante del Reino Unido dijo por su parte que pensaba “que unos cuarenta Estados quedarían así automáticamente sometidos a la jurisdicción obligatoria de la Corte”, esta estimación optimista fue corregida por el representante australiano en los términos que constan así en el acta: “Deseaba llamar la atención sobre el hecho de que no cuarenta sino veinte Estados quedarían automáticamente vinculados como resultado del compromiso. A este respecto, señaló que de los cincuenta y un Estados que se habían adherido a la cláusula facultativa, tres habían dejado de ser Estados independientes, diecisiete no estaban representados en la Conferencia y una decena de las declaraciones de otros Estados habían expirado.” Los representantes del Reino Unido y de Australia, refiriéndose al sentido que atribuían al párrafo que posteriormente se convirtió en párrafo 5, indicaban el número de [p 141] Estados a los que, en su opinión, sería aplicable esta disposición. El representante de Australia, cuya intervención siguió a la del representante del Reino Unido, se propuso corregir la estimación de este último sobre el número de declaraciones que se verían así afectadas y, para ello, rechazó las de los diecisiete Estados que no estaban “representados en la Conferencia”.
Esta afirmación muestra claramente que, en opinión del representante australiano, el apartado 5 no pretendía ser aplicable a las declaraciones de los Estados no representados en la Conferencia. Esta afirmación, aunque se refería a un punto del apartado de importancia capital, no fue discutida por el representante del Reino Unido ni por ningún otro miembro del Comité. La conclusión que cabe extraer es que, en opinión de los miembros del Comité, los Estados no representados en la Conferencia quedaban fuera del ámbito de la cuestión tratada en el párrafo 5 y que dicho párrafo sólo pretendía ser vinculante para aquellos Estados que, habiendo estado representados en la Conferencia, firmaran y ratificaran la Carta y aceptaran así el Estatuto directamente y sin demora probable.
Así lo confirma el informe de la Comisión IV/I, aprobado por la Comisión el 9 de junio de 1945. El informe, tras indicar que el Comité proponía soluciones para ciertos problemas a los que daría lugar la creación de la nueva Corte, expone en el apartado a) lo previsto en el artículo 37, en el apartado b) lo previsto en el párrafo 4 (que debía convertirse en párrafo 5) del artículo 36, y añade:
“c) Las aceptaciones de la competencia de la antigua Corte sobre las controversias que surjan entre las partes en el nuevo Estatuto y otros Estados, o entre otros Estados, también deberían estar cubiertas de alguna manera y parece deseable que se inicien negociaciones con vistas a acordar que dichas aceptaciones se apliquen a la competencia de la nueva Corte. Este asunto no puede tratarse en la Carta o en el Estatuto, pero más adelante puede ser posible que la Asamblea General facilite tales negociaciones”. De este modo, se establecía una clara distinción entre lo que podía tratarse en el apartado 5 del artículo 36 y lo que sólo podía tratarse de otro modo, es decir, mediante acuerdo, al margen de las disposiciones del Estatuto, con los Estados ausentes de las negociaciones de San Francisco. Si esto no se refería exclusivamente a las declaraciones de dichos Estados, al menos no cabe duda de que sí se refería a ellas y de que se refería principalmente a ellas: el uso de la palabra “acceptances” lo confirma, si es que es necesaria una confirmación, y esta palabra, que sólo aparece una vez en el texto francés, aparece dos veces en el texto inglés, del que, de hecho, es la primera palabra.
Esto confirma la opinión de que el artículo 36, párrafo 5, fue concebido para regular la transferencia de que trata esa disposición sólo entre los signatarios del Estatuto, no en el caso de un Estado en la situación de Bulgaria. [p 142]
Por último, si quedaba alguna duda, la Corte, para interpretar el artículo 36, párrafo 5, debería considerarlo en su contexto y teniendo en cuenta el esquema general de la Carta y del Estatuto que funda la competencia de la Corte en el consentimiento de los Estados. Debería, como dijo en el caso del oro monetario retirado de Roma en ig43, tener cuidado de no “ir en contra de un principio bien establecido del derecho internacional consagrado en el Estatuto de la Corte, a saber, que la Corte sólo puede ejercer jurisdicción sobre un Estado con su consentimiento”.
(C.I.J. Recueil 1954, p. 32.)
El consentimiento al traslado a la Corte Internacional de Justicia de una declaración por la que se acepta la competencia de la Corte Permanente puede considerarse efectivamente prestado por un Estado que, habiendo estado representado en la Conferencia de San Francisco, firmó y ratificó la Carta y aceptó así el Estatuto en el que figura el párrafo 5 del artículo 36. Pero cuando, como en el presente caso, un Estado ha permanecido durante muchos años ajeno al Estatuto, sostener que dicho Estado ha consentido la transferencia, por el hecho de su admisión en las Naciones Unidas, equivaldría a considerar su solicitud de admisión como equivalente a una declaración expresa de dicho Estado, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto. Sería ignorar tanto esta última disposición como el principio según el cual la competencia de la Corte está condicionada al consentimiento del demandado, y considerar suficiente un consentimiento que simplemente se presume.
***
Aun suponiendo que el párrafo 5 del artículo 36 no se limite a las declaraciones de los Estados signatarios, los términos de esta disposición hacen imposible aplicarla a la Declaración búlgara de 1921. El Gobierno de Israel, con el fin de basar la competencia de la Corte en el efecto combinado de la Declaración búlgara de 1921 y el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto, ha interpretado esa disposición en el sentido de que abarca una declaración hecha por un Estado que no había participado en la Conferencia de San Francisco, que no es signatario del Estatuto y que sólo se convirtió en parte en él mucho más tarde. El Tribunal también considerará el asunto desde este ángulo y, en consecuencia, se preguntará si las condiciones, requeridas por el artículo 36, párrafo 5, para una transferencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional a la Corte Internacional de Justicia de las aceptaciones de jurisdicción obligatoria relativas únicamente a la primera, se cumplen en el presente caso y si la Declaración búlgara debe, por tanto, “considerarse… como una aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia”.
Las declaraciones a las que se refiere el artículo 36, párrafo 5, crearon para los Estados que las habían formulado la obligación de reconocer la [p 143] jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional. En el momento en que se redactó el nuevo Estatuto, se preveía -y los acontecimientos así lo confirmaron- que la Corte Permanente desaparecería en breve y que, en consecuencia, estos compromisos se extinguirían. Se trató de prever esta situación, de evitar, en la medida de lo posible, tal resultado, sustituyendo la competencia obligatoria del Tribunal Permanente, que iba a desaparecer, por la competencia obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia.
Este era el objetivo del artículo 36, apartado 5. Esta disposición efectuaba, entre los Estados a los que se aplicaba, la transferencia a la nueva Corte de la competencia obligatoria de la antigua. De este modo, imponía a los Estados a los que se aplicaba una obligación, la obligación de reconocer, ipso facto y sin acuerdo especial, la competencia del nuevo Tribunal. Esto constituía una nueva obligación que, sin duda, no era más onerosa que la obligación que iba a desaparecer, pero no dejaba de ser una nueva obligación.
En el caso de un Estado signatario de la Carta y del Estatuto, la fecha en la que nace esta nueva obligación, la fecha en la que se efectúa esta transferencia de la competencia de un Tribunal a la de otro Tribunal, no está directamente determinada. Sólo podría vincularse a la firma de la Carta mediante una interpretación un tanto discordante con las disposiciones del artículo no de la Carta que, para la fecha de entrada en vigor de la Carta y, en consecuencia, del Estatuto, tienen en cuenta las fechas de depósito de las ratificaciones.
Ninguna de estas fechas puede considerarse como determinante del nacimiento de la obligación que nos ocupa en el caso de un Estado no signatario de la Carta pero admitido posteriormente en las Naciones Unidas. Hasta su admisión, era ajeno a la Carta y al Estatuto. Lo acordado entre los signatarios de estos instrumentos no puede haber creado ninguna obligación vinculante para él, en particular la obligación de reconocer la competencia de la Corte.
Esta era la posición de Bulgaria. El artículo 36, párrafo 5, no podía en ningún caso ser operativo respecto a ese Estado hasta la fecha de su admisión en las Naciones Unidas, a saber, el 14 de diciembre de 1955.
En esa fecha, sin embargo, la Declaración búlgara de 1921 ya no estaba en vigor como consecuencia de la disolución del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en 1946. La aceptación establecida en dicha Declaración de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Permanente de Justicia Internacional carecía desde entonces de objeto, puesto que dicho Tribunal ya no existía. La base jurídica de dicha aceptación en el artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, dejó de existir con la desaparición de dicho Estatuto. Por lo tanto, la Declaración búlgara había caducado y ya no estaba en vigor.
Aunque el Estatuto del presente Tribunal no podía imponer ninguna obligación a Bulgaria antes de su admisión en las Naciones Unidas, y aunque la Declaración búlgara de 1921 había caducado antes de [p 144] esa fecha, ¿puede el artículo 36, párrafo 5, haber tenido sin embargo el efecto de que esa Declaración deba considerarse entre Bulgaria e Israel como una aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia? Eso depende de la fecha a la que se refiere el artículo 36, párrafo 5, cuando habla de declaraciones “que todavía están en vigor”, “four une durée qui n’est -pas encore expirée”. Al expresarse así, el apartado 5 del artículo 36 no indica ni implica ninguna referencia a una fecha fija, la de la firma de la Carta y del Estatuto, ni la de su entrada en vigor original. Se trata de acontecimientos a los que Bulgaria, que sólo pasó a ser parte en el Estatuto a raíz de su admisión en las Naciones Unidas en 1955, no tuvo acceso; sólo sería admisible hacer referencia a esas fechas en relación con la aplicación del artículo 36, apartado 5, si dicha disposición se hubiera referido a ellas expresamente o por implicación necesaria; en el texto no se afirma ni se da a entender nada de ese tipo.
No hay nada en el párrafo 5 del artículo 36 que revele la intención de preservar todas las declaraciones que existían en el momento de la firma o de la entrada en vigor de la Carta, independientemente del momento en que un Estado que hubiera hecho una declaración se convirtiera en parte en el Estatuto. Tal proceder habría implicado la suspensión de una obligación jurídica, para ser reactivada posteriormente: es difícilmente concebible respecto de un Estado que era ajeno a la redacción del apartado 5 del artículo 36. No hay nada en esta disposición que demuestre la intención de adoptar tal procedimiento excepcional. Si hubiera existido tal intención, debería haberse expresado mediante una cláusula directa que dispusiera la conservación de la declaración, seguida de una disposición para su posterior entrada en vigor a partir del momento de la admisión en las Naciones Unidas: nada de eso se expresa en el Estatuto.
El artículo 36, párrafo 5, se expresa en una sola frase cuyo objeto es establecer que las antiguas declaraciones que sigan en vigor se considerarán entre las partes en el presente Estatuto como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. La disposición determina, respecto de un Estado al que se aplica, el nacimiento de la competencia obligatoria de la nueva Corte.
Lo supedita a dos condiciones: (1) que el Estado que haya hecho la declaración sea parte del Estatuto, (2) que la declaración de dicho Estado siga en vigor.
Dado que la Declaración búlgara había caducado antes de que Bulgaria fuera admitida en las Naciones Unidas, no puede decirse que, en ese momento, dicha declaración siguiera en vigor. Por consiguiente, la segunda condición enunciada en el artículo 36, apartado 5, no se cumple en el presente caso. Así pues, incluso situándose en el terreno en el que el Gobierno de Israel basa su demanda, el Tribunal considera que el artículo 36, párrafo 5, no es aplicable a la Declaración búlgara de 1921. [p 145] Esta opinión se ve confirmada por las siguientes consideraciones:
Por una parte, la clara intención que inspiró el artículo 36, párrafo 5, era continuar siendo algo que ya existía, preservar las aceptaciones existentes, evitar que la creación de un nuevo Tribunal frustrara los progresos ya alcanzados; no es permisible sustituir esta intención de preservar, de asegurar la continuidad, por una intención de restaurar la fuerza legal de compromisos que han expirado: una cosa es preservar un compromiso existente cambiando su objeto y otra muy distinta es revivir un compromiso que ya se ha extinguido.
Por otra parte, el artículo 36, contrariamente al deseo de varias delegaciones en San Francisco, no convierte la jurisdicción obligatoria en una consecuencia inmediata y directa de ser parte del Estatuto. Si Bulgaria, que en el momento de su admisión en las Naciones Unidas no tenía ninguna obligación de ese tipo como consecuencia de la expiración de su Declaración de 1921, debiera considerarse sujeta a la jurisdicción obligatoria como resultado de su admisión en las Naciones Unidas, el Estatuto del Tribunal tendría, en el caso de Bulgaria, una consecuencia jurídica, a saber, la jurisdicción obligatoria, que dicho Estatuto no impone a otros Estados. Es difícil aceptar una interpretación que constituya, en el caso de Bulgaria, tal excepción al sistema del Estatuto. Al solicitar y obtener su admisión en las Naciones Unidas, Bulgaria aceptó todas las disposiciones del Estatuto, incluido el artículo 36. Aceptó considerar sujeto al Estatuto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Aceptó considerar sujetos a la jurisdicción obligatoria de la Corte, por una parte, a los Estados partes en el Estatuto que hubieran hecho o hicieran la declaración prevista en el párrafo 2 y, por otra parte, de conformidad con el párrafo 5, a los Estados que, en el momento de su aceptación del Estatuto, estuvieran vinculados por su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente.
En el momento en que Bulgaria solicitó y obtuvo su admisión en las Naciones Unidas, su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente había expirado hacía mucho tiempo. No hay nada en el artículo 36, párrafo 5, que indique la intención de revivir un compromiso que ya no está en vigor.
Esa disposición no se refiere a la posición de Bulgaria en el momento de su ingreso en las Naciones Unidas; la aceptación por Bulgaria de la disposición no constituye un consentimiento a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia; ese consentimiento sólo puede ser dado válidamente por Bulgaria de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36. Por consiguiente, el párrafo 5 del artículo 36 no puede llevar a la Corte a considerar que, en virtud de esta disposición, la Declaración búlgara de 1921 fundamenta su competencia para conocer del asunto que le somete la demanda presentada por el Gobierno de Israel el 16 de octubre de 1957. [p 146]
En estas circunstancias, es innecesario que el Tribunal proceda a examinar las demás Excepciones Preliminares a la Solicitud planteadas por el Gobierno de la República Popular de Bulgaria.
Por las razones expuestas, El Tribunal de Justicia,
por doce votos contra cuatro,
se declara incompetente para pronunciarse sobre el litigio que le fue sometido el 16 de octubre de 1957 por la demanda del Gobierno de Israel. Hecho en francés y en inglés, dando fe el texto francés, en el Palacio de la Paz, La Haya, el veintiséis de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve, en tres ejemplares, uno de los cuales se depositará en los archivos del Tribunal y los otros se remitirán al Gobierno de Israel y al Gobierno de la República Popular de Bulgaria, respectivamente.
(Firmado) Helge Klaestad,
Presidente.
(Firmado) Garnier-Coignet,
Secretario Adjunto.
El Vicepresidente Zafrulla Khan declara que está de acuerdo con la Sentencia del Tribunal.
El párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de la Corte exige que el Estado que haya hecho una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional y que la declaración siga en vigor. El párrafo no está, por su lenguaje, limitado en su aplicación a los Estados que se convirtieron en signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, aunque de hecho el párrafo no se hizo aplicable a ningún otro Estado, ya que ningún otro Estado, teniendo una declaración todavía en vigor, se convirtió en parte del Estatuto de la Corte Internacional antes de que la disolución de la Corte Permanente pusiera fin a todas las declaraciones aceptando su jurisdicción. Si Bulgaria, o cualquier otro Estado cuya declaración aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente estuviera todavía en vigor, se hubiera convertido en parte del Estatuto de la Corte Internacional antes de la disolución de la Corte Permanente, el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional habría sido aplicable.
[p 147]
Los Jueces Badawi y Armand-Ugon, haciendo uso del derecho que les confiere el artículo 57 del Estatuto, adjuntan a la Sentencia de la Corte las exposiciones de sus Voto Particulares.
Los Jueces Sir Hersch Lauterpacht, Wellington Koo y Sir Percy Spender, haciendo uso del derecho que les confiere el artículo 57 del Estatuto, adjuntan a la sentencia del Tribunal de Justicia una declaración de su opinión disidente conjunta.
El Sr. Goitein, Juez ad hoc, haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 57 del Estatuto, adjunta a la sentencia del Tribunal de Justicia un voto particular discrepante. (rubricado) H. K.
(rubricado) G.-C.
[p 148] VOTO PARTICULAR DEL JUEZ BADAWI
[Traducción]
Estoy de acuerdo con la parte dispositiva de la Sentencia y aunque acepto los fundamentos en los que se basa, restringiendo los efectos de la ficción establecida por el artículo 36, párrafo 5, a los signatarios de la Carta o Miembros originarios de las Naciones Unidas, soy de la opinión de que hay una limitación adicional que debería añadirse.
En efecto, en mi opinión, sólo están incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 36, párrafo 5, los Miembros originarios de las Naciones Unidas que hubieran hecho declaraciones aceptando la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional durante un período de tiempo definido. ***
Pero antes de establecer la corrección de la interpretación según la cual una indicación de esa restricción se encuentra en la expresión “todavía en vigor” y la expresión correspondiente en el texto francés “pour une durée qui n’est pas encore expirée”, es deseable mostrar que la interpretación de esa expresión por Israel, como referible a la fecha de entrada en vigor de la Carta, aparte del carácter arbitrario de su selección, tropieza con una objeción jurídica ineludible.
***
De hecho, la fecha de entrada en vigor de la Carta no tiene ningún significado individual. Marca el comienzo de la existencia de la Carta como pacto internacional del que nacen derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Da vida y efecto a las ratificaciones anteriores, así como a las ratificaciones posteriores de los signatarios de la Carta. Pero los Estados admitidos en las Naciones Unidas después de esa fecha no asumen ni pueden asumir retroactivamente ninguna obligación que se remonte a esa fecha.
Todos los elementos constitutivos de las obligaciones asumidas por ellos como consecuencia de su admisión en las Naciones Unidas (partes, consentimiento y objeto) deben ser coetáneos a la fecha de su admisión y es en esa fecha cuando nacen sus obligaciones.
En consecuencia, no puede sostenerse con propiedad que se forme una aceptación -incluso ficticia- antes de la admisión de un Estado en las Naciones Unidas (vicio del consentimiento) o después de la disolución de la Corte Permanente de Justicia Internacional (vicio de la materia). [p 149]
***
En estas circunstancias, retrotraer la obligación de Bulgaria, después de haberse convertido en Miembro de las Naciones Unidas, a la entrada en vigor de la Carta, como momento de la aceptación virtual, sería conferir a esa fecha fija y absoluta el efecto mágico de dar a una declaración de aceptación, hecha por un Estado que no era parte en la Carta en el momento de la firma, una existencia independiente de su autor.
Una interpretación de este tipo, que ignora la coexistencia esencial en una obligación de consentimiento (real o ficticio), objeto y partes, y separa estos elementos confiriendo a cada uno una existencia separada y distinta, es claramente inadmisible.
***
¿Qué se entiende entonces por la expresión “aún vigente”?
Tiene el mismo significado que la expresión correspondiente del texto francés “pour une durée qui nest pas encore expirée”. La diferencia entre ambos textos es meramente aparente y formal. De hecho, la expresión “todavía en vigor” no se refiere a una fecha determinada, sino que implica un periodo de tiempo. Se refiere a cualquier momento dentro de la duración de una declaración de aceptación y corresponde así a la expresión francesa “qui n’est pas encore expirée”.
Una vez definido el significado de las dos expresiones “still in force” y “pour une durée qui n’est pas encore expirée” en los textos inglés y francés del apartado 5 del artículo 36, resulta sencillo definir las intenciones de los autores de la Carta y determinar la interpretación de dicha disposición. Se sabe que la disposición surgió de la voluntad de conciliar los puntos de vista de los partidarios de la competencia obligatoria de la nueva Corte, con los que deseaban conservar la cláusula facultativa, mediante la transferencia a la nueva Corte de las declaraciones de aceptación de la competencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
En estas circunstancias, el primer problema que se plantea es determinar qué declaraciones debían transferirse de este modo.
***
Si todas las declaraciones debían ser transferidas, incluidas las hechas por un tiempo determinado y las hechas incondicionalmente (es decir, sin límite de tiempo), ello habría requerido una formulación absoluta de la que se habría excluido cualquier concepto de duración.
Pero tal formulación absoluta habría violado las intenciones de los Estados que habían formulado declaraciones con limitación temporal, ya que su aceptación de la Corte Permanente de Justicia Internacional se habría transferido a la Corte Internacional sin limitación temporal. [p 150] Para abarcar las dos categorías de declaraciones, sin dejar de respetar los deseos de los Estados que habían aceptado con limitación temporal, habría sido necesaria una fórmula doble y comparativamente complicada.
Los autores de la Carta prefirieron ocuparse únicamente de la categoría de las declaraciones que contienen una limitación temporal, como lo demuestra la redacción que adoptaron, tan categórica como podía serlo tanto en el texto francés “four la durée restant à courir” como en el texto inglés “for the period which they still have to run”.
Esta elección se justificaba, por otra parte, por el hecho de que, según todos los autores, la mayoría o el mayor número de los Estados que aceptaban la competencia de la Corte pertenecían a esa categoría de declaraciones y, además, porque las aceptaciones sin limitación de tiempo, aparte del hecho de que constituían al principio una forma no evolucionada de la cláusula facultativa que pronto cayó en desuso en la práctica posterior de los Estados, están más estrechamente vinculadas a la existencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional. En efecto, la ausencia del factor temporal independiente y adicional postula la terminación de la aceptación tan pronto como el objeto de la aceptación deje de existir o esté destinado a dejar de existir.
La Declaración búlgara de 1921, al ser incondicional, es decir, sin límite de tiempo, no podría por tanto haber sido transferida a la Corte Internacional de Justicia, incluso si la disposición del artículo 36, párrafo 5, no se hubiera restringido a los signatarios de la Carta.
***
Pero, al margen de cualquier cuestión relativa a la interpretación del apartado 5 del artículo 36, existe una consideración orgánica que excluye perentoriamente la posibilidad de dar efecto alguno a la declaración búlgara.
Bulgaria era, en el momento de la Conferencia de San Francisco, un país enemigo. Pero cuando se decidió establecer un nuevo Tribunal, esta decisión se tomó sobre la base declarada de que si se hubiera decidido simplemente restablecer el antiguo Tribunal Permanente de Justicia Internacional, los Estados enemigos que habían firmado el Estatuto de 1920 habrían sido automáticamente partes en el Estatuto del Tribunal, una consecuencia considerada chocante y que las Naciones Unidas estaban decididas a evitar. En estas circunstancias, sería contrario a las intenciones manifiestamente reveladas que una ficción establecida por el artículo 36, párrafo 5, permaneciera latente para ser aplicada posteriormente a un Estado cuya admisión en las Naciones Unidas se caracteriza por una interrupción intencionada entre el antiguo Pacto de la Sociedad de Naciones y el Protocolo de la Corte Permanente de [p 151] Justicia Internacional y las declaraciones relativas al mismo, por una parte, y la Carta y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por otra.
El Tratado de Paz concluido con Bulgaria, que anuló el estatuto de enemigo de este país, y la admisión de Bulgaria en las Naciones Unidas en virtud del artículo 4 de la Carta, constituyen para Bulgaria una nueva carrera en lo que respecta tanto a la Carta como al Estatuto, a la que debe ser ajena cualquier disposición que vincule el pasado con el presente.
(Firmado) A. Badawi.
[p 152] VOTO PARTICULAR DEL JUEZ ARMAND-UGON
[Traducción]
Aunque coincido con la sentencia del Tribunal de Justicia, me siento obligado a exponer los motivos que me impulsan a hacerlo con un razonamiento diferente.
1. La Primera Objeción Preliminar planteada por el Gobierno de Bulgaria a la Solicitud del Gobierno de Israel se basa en el párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. La cuestión es si este párrafo es aplicable a la Declaración firmada el 12 de agosto de 1921 por el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Bulgaria. La interpretación de esta disposición es, por tanto, la cuestión que se plantea al Tribunal. El texto de la disposición es el siguiente
“Las declaraciones hechas en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que estén aún en vigor se considerarán, entre las partes en el presente Estatuto, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que les quede por transcurrir y de conformidad con sus términos.”
La citada Declaración búlgara está en los siguientes términos:
[Traducción] “En nombre del Gobierno del Reino de Bulgaria, reconozco, en relación con cualquier otro Miembro o Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte como obligatoria, ipso facto y sin ninguna convención especial, incondicionalmente.”
2. En su Opinión Consultiva relativa a la Competencia de la Asamblea General para la admisión de un Estado en las Naciones Unidas, la Corte estableció y recordó ciertas reglas aplicables a la interpretación de la Carta que también son válidas respecto de la interpretación del Estatuto de la Corte, que figura como anexo a la Carta:
“… el primer deber [dijo la Corte] de un tribunal llamado a interpretar y aplicar las disposiciones de un tratado, es esforzarse por darles efecto en su significado natural y ordinario en el contexto en el que ocurren. Si las palabras relevantes en su significado natural y ordinario tienen sentido en su contexto, eso es el fin de la cuestión. Si, por el contrario, las palabras en su sentido natural y corriente son ambiguas o conducen a un resultado irrazonable, entonces, y sólo entonces, el Tribunal debe, recurriendo a otros métodos de interpretación, tratar de averiguar lo que las partes realmente quisieron decir…”. (I.C.J. Reports 1950, p. 8.) [p 153].
En consecuencia, los elementos para la interpretación del apartado 5 deben buscarse en primer lugar en el propio texto, y sólo si esos elementos son insuficientes podrá recurrirse a elementos ajenos al texto. Cuando un texto es claro, la competencia para interpretarlo debe limitarse al propio texto.
3. El apartado 5 debe interpretarse restrictivamente.
En primer lugar, porque dicho apartado establece una excepción al modo de aceptación de la Cláusula Facultativa, que normalmente se efectúa mediante una declaración unilateral, como se indica en el apartado 2 del artículo 36 del Estatuto.
El sistema de aceptación de la Cláusula Facultativa está dominado y regido por un principio adoptado en el presente Estatuto y ya reconocido por el antiguo Estatuto. Ese principio es que dicha aceptación es siempre facultativa y particular y no obligatoria y general, es decir, en ningún caso la competencia de la Corte puede ser impuesta a un Estado por otros Estados. La adhesión de un gobierno a la Cláusula Facultativa constituye una decisión política.
El apartado 5 prevé un régimen colectivo y automático de aceptación de la competencia de la Corte respecto de determinados Estados vinculados por el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional.
Este apartado constituye, por tanto, una excepción al derecho general en materia de aceptación de la cláusula facultativa, ya que considera que determinados Estados que han hecho determinadas declaraciones en virtud del artículo 36 del antiguo Estatuto han aceptado la competencia de la nueva Corte sobre la base de sus anteriores declaraciones.
Dichos Estados están, por tanto, vinculados por la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sin que hayan hecho ninguna declaración voluntaria y unilateral. El reconocimiento de la competencia de la Corte que se desprende del apartado 5 debe limitarse a los términos expresos del apartado y no puede extenderse, mediante interpretación, a otros casos no incluidos en esta disposición.
Además, el apartado en cuestión adopta la forma de una ficción jurídica, en cierta medida una solución jurídica empírica y puramente técnica; esta solución fue concebida para salvaguardar determinados intereses claramente definidos. Cuando la ley se expresa de tal manera, su interpretación no debe sobrepasar los límites impuestos por la fórmula jurídica; la interpretación debe estar contenida en la letra del propio texto: toda propuesta de interpretación extensiva debe ser aquí rechazada.
4.
4. Una interpretación correcta del apartado 5 debe tener en cuenta, en primer lugar y esencialmente, su texto exacto, a fin de poder determinar su contenido.
Es bien sabido que las declaraciones de aceptación de la Cláusula Facultativa de la Corte Permanente de Justicia Internacional y de la Corte Internacional de Justicia pueden ser de dos clases: declaraciones [p 154] de aceptación sin plazo o término fijo, cuyos efectos son inmediatos y para siempre, y declaraciones de aceptación con plazo o término fijo, que sólo producen efectos durante el plazo fijado en ellas por el Estado declarante.
Estas diferentes formas de aceptación de la Cláusula Facultativa estaban naturalmente en la mente de los redactores del apartado 5. El texto de este apartado se refiere únicamente a las declaraciones que son “pour une duree qui n’est pas encore expiree” (por un período que aún no ha expirado) y que implican la aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia “por el período que aún debe transcurrir”. Estas dos expresiones se refieren claramente a declaraciones hechas por un tiempo determinado y se refieren a instrumentos jurídicos que expiran después de un plazo fijo. Ambas expresiones carecerían de sentido razonable si se pretendiera aplicarlas a declaraciones realizadas sin limitación temporal y respecto de las cuales no existiera, por tanto, “el plazo que aún han de correr”. La ligera diferencia de redacción entre los textos inglés y francés del apartado 5 del artículo 36 no invalida esta interpretación del texto, en las dos lenguas.
Es evidente que las únicas declaraciones a las que se refiere el apartado son las declaraciones con plazo fijo.
Por lo tanto, el apartado en cuestión no contempla las declaraciones sin plazo, es decir, las declaraciones que no tienen plazo de caducidad. Afirmar que una obligación tiene “un plazo por transcurrir” presupone necesariamente que la obligación expirará en una fecha determinada.
El hecho de que el apartado 5 se refiera a las declaraciones hechas por un tiempo determinado implica la exclusión de otras declaraciones que no tienen plazo fijo.
Al prever la conservación de ciertas declaraciones relativas a la competencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el párrafo 5 no incluía la declaración del Reino de Bulgaria, firmada el 12 de agosto de 1921, que aceptaba la competencia de dicha Corte “incondicionalmente” y sin plazo fijo, como permitía el párrafo 3 del artículo 36 del antiguo Estatuto.
La redacción muy cuidadosa del párrafo 5, que establece una distinción entre las distintas categorías de declaraciones entonces existentes, evitó la situación en la que los Estados que hubieran hecho declaraciones sin plazo fijo hubieran quedado permanentemente vinculados por la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Este es un caso para la aplicación de la vieja regla: bene indicat qui bene distinguit.
Aceptar la opinión de que debe darse pleno efecto al párrafo 5 respecto de todas las declaraciones, sin distinguir entre las que no tienen plazo fijo y las que sí lo tienen, conduciría a vincular definitivamente a Bulgaria a la Cláusula Facultativa respecto de todas las controversias comprendidas en este compromiso y [p 155] sin limitación de tiempo. Esta no puede haber sido la voluntad que dicho apartado pretendía expresar y atribuirle este sentido desbordaría los límites de su texto restrictivo. No se puede sostener que la ficción jurídica contenida en esta disposición pueda extenderse de este modo, ya que entonces iría manifiestamente más allá del contenido de sus términos formales. Imponer a Bulgaria tal compromiso en materia de competencia que afectaría a Bulgaria a perpetuidad exigiría una norma que no dejara lugar a dudas sobre este punto. Sin embargo, el texto del apartado 5 no implica consecuencias tan graves, por lo que el texto debe restablecerse en su sentido literal y no puede permitirse que prevalezca ninguna consideración ajena a su redacción. La disposición legal formulada en términos claros debe aplicarse sin añadirle ni quitarle nada.
Debe observarse que la finalidad práctica que perseguía el apartado 5 del artículo 36 no era otra que facilitar el ejercicio inmediato de la competencia obligatoria del nuevo Tribunal, lo que quedaba ampliamente garantizado por las declaraciones de duración determinada. No se puede hacer una interpretación extensiva cuando no hay nada que la exija. Las consecuencias claras y precisas de un texto no son otras que las que ese texto pretende; pretender atribuirle otras consecuencias presupone una modificación injustificada del texto.
Este argumento no fue discutido en el procedimiento oral; sin embargo, nada se opone a que se mantenga, de conformidad con el conocido principio aplicado por los tribunales internacionales en materia procesal, según el cual el Tribunal puede, de oficio, buscar y seleccionar la base jurídica de su decisión sobre las alegaciones finales de las Partes-iura novit curia.
***
En consecuencia, no puede considerarse que el apartado 5 se refiera a la Declaración búlgara;
Habría deseado que el Tribunal de Justicia basara su sentencia únicamente en los motivos que acaban de exponerse de forma resumida. El Tribunal ha preferido una formulación diferente aunque no ha rechazado la interpretación expuesta en el presente Dictamen.
(Firmado) Armand-Ugon.
[p 156] OPINIÓN DISIDENTE CONJUNTA DE LOS JUECES SIR HERSCH LAUTERPACHT, WELLINGTON KOO Y SIR PERCY SPENDER
El párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de este Tribunal dispone lo siguiente:
“Las declaraciones hechas en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que estén aún en vigor se considerarán, entre las partes en el presente Estatuto, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el período que aún deba transcurrir y de conformidad con sus términos.”
El 29 de julio de 1921, Bulgaria aceptó incondicionalmente y por tiempo ilimitado la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional en virtud del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto de dicha Corte. El 14 de diciembre de 1955, Bulgaria pasó a ser Miembro de las Naciones Unidas y parte en el Estatuto de este Tribunal.
Según el párrafo 5 del artículo 36, antes citado, deben cumplirse las dos condiciones siguientes para la transferencia a la Corte Internacional de Justicia de las declaraciones de aceptación formuladas con respecto a la Corte Permanente: (1) el Estado declarante debe ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; (2) su declaración debe estar “aún en vigor”, es decir, no debe haber expirado el plazo para el que fue hecha. En virtud de estas condiciones, las obligaciones de la Declaración hecha por Bulgaria el 29 de julio de 1921 fueron transferidas a la Corte Internacional de Justicia el 14 de diciembre de 1955, cuando se convirtió en parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ese día, el párrafo 5 pasó a ser aplicable a Bulgaria. Somos de la opinión de que, en lo que concierne a esa disposición, la Corte, contrariamente a las conclusiones de la Primera Objeción Preliminar del Gobierno de Bulgaria, es competente para pronunciarse sobre la demanda del Gobierno de Israel presentada ante la Corte en virtud de su declaración de aceptación del 17 de octubre de 1956.
A las condiciones expresas, como se ha dicho, del párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto, la presente Sentencia del Tribunal añade dos condiciones más: (1) el Estado declarante debe haber participado en la Conferencia de San Francisco; (2) el Estado declarante debe haber llegado a ser parte en el Estatuto de este Tribunal antes de la fecha de disolución del Tribunal Permanente, es decir, antes del 18 de abril de 1946. Como ninguna de estas dos condiciones se cumplía en el caso de Bulgaria, el Tribunal ha declarado que las obligaciones de su Declaración de Aceptación hecha en 1921 no fueron transferidas a la Corte Internacional de Justicia cuando en 1955 se convirtió en parte de su Estatuto y, [p 157] por lo tanto, que la Corte no tiene jurisdicción por referencia a esa declaración. Lamentamos vernos obligados a disentir de la Sentencia del Tribunal basándonos en el texto de un artículo del Estatuto así enmendado y ampliado.
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La Primera Excepción Preliminar del Gobierno de Bulgaria, tal y como se expuso en las Excepciones Preliminares escritas y durante la vista oral, se basa exclusivamente en el argumento de que la Declaración de Aceptación búlgara de 1921 había caducado de forma definitiva e irrevocable el 18 de abril de 1946, es decir, en la fecha de disolución del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y que, por tanto, no puede sostenerse con exactitud que estuviera “todavía en vigor” cuando Bulgaria se convirtió en parte del Estatuto en virtud de su admisión en las Naciones Unidas.
El principal argumento esgrimido a este respecto por el Gobierno de Bulgaria y admitido por el Tribunal de Justicia era que, dado que la Declaración de Aceptación búlgara de 1921 estaba indisolublemente unida al Estatuto del Tribunal Permanente, dejó de existir con la disolución de dicho Tribunal el 18 de abril de 1946, a menos que antes de esa fecha el Estado declarante hubiera pasado a ser parte en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia.
Según este argumento, las palabras “que aún estén en vigor” no se referían a la cuestión de la expiración del plazo para el que se hizo la declaración, sino a una cuestión totalmente distinta, a saber, la contingencia de la disolución de la Corte Permanente. Según esta interpretación, las declaraciones de los Estados que se convirtieron en partes en el Estatuto con posterioridad al 18 de abril de 1946 dejaron de estar en vigor, con el resultado de que con posterioridad a esa fecha ya no estaban cubiertas por el párrafo 5 del artículo 36.
El Gobierno de Bulgaria ha alegado que las palabras “que todavía estén en vigor” no tienen el significado que normalmente se les atribuye en relación con la validez de los compromisos internacionales, refiriéndose a estos supuestos efectos de la disolución del Tribunal Permanente. Normalmente estas palabras se refieren a instrumentos que no han llegado a su fin como consecuencia de una denuncia o de la terminación como resultado del transcurso del plazo previsto en el instrumento.
Sobre este texto del apartado 5 del artículo 36, la principal alegación del Gobierno de Bulgaria injertó un nuevo texto.
El Gobierno de Bulgaria alegó, en efecto, que el Tribunal debe omitir del texto del párrafo 5 del Artículo 36 las palabras “que todavía estén en vigor” y sustituirlas por otras palabras. Se alegó que el Tribunal debe leer la parte pertinente del artículo 36, párrafo 5, de la siguiente manera:
“Las declaraciones hechas en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente se considerarán, entre las [p 158] partes en el presente Estatuto que hayan llegado a serlo antes de la disolución de dicha Corte, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia…”. No podemos aceptar esta modificación de una disposición clara del Estatuto.
No podemos hacerlo por dos razones: La primera es que la interpretación así avanzada es contraria a los claros términos del apartado 5; la segunda es que dicha interpretación es contraria a la finalidad manifiesta de dicha disposición. A continuación examinaremos por separado estos dos aspectos de la interpretación del apartado 5.
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La cuestión esencial que se plantea en la Primera Excepción Preliminar de Bulgaria es si la Declaración búlgara de 29 de julio de 1921, aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente de Justicia Internacional, es todavía válida y está en vigor en el sentido del artículo 36, párrafo 5, del Estatuto de esta Corte.
La cuestión consiste en determinar el verdadero significado de dicho párrafo, tanto en su propio contexto como en el del Estatuto y la Carta de las Naciones Unidas.
Si bien las conclusiones del presente dictamen se basan en el texto del párrafo 5 del artículo 36, es útil dar cuenta, por referencia a la finalidad declarada de esa disposición, de los antecedentes históricos de la creación de la Corte Internacional de Justicia.
Aunque la creación de la Corte Internacional de Justicia y la disolución de la Corte Permanente fueron dos actos distintos, estuvieron estrechamente vinculados por la intención común de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de la administración de la justicia internacional.
En su Resolución de 18 de abril de 1946, la Asamblea de la Sociedad de Naciones hizo referencia expresa al artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé la creación de un Tribunal Internacional de Justicia como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y a la Resolución de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1945, que declaraba que acogería con satisfacción la adopción de las medidas apropiadas por la Sociedad de Naciones con el fin de disolver el Tribunal Permanente.
La disolución del Tribunal Permanente no fue un acto ordinario de liquidación por el que todo lo relacionado con dicho Tribunal desapareciera como consecuencia del cese de su existencia. Aunque diversas consideraciones instaron a la disolución del Tribunal Permanente y a la creación del Tribunal Internacional de Justicia, hubo un acuerdo general en cuanto a la identidad sustancial de estos dos órganos.
En particular, se hizo todo lo posible para garantizar la continuidad en la administración de la justicia internacional. En la Resolución adoptada por la Corte Permanente en su última sesión en La Haya a finales de octubre de 1945, se afirma: “La Corte Permanente [p 159] de Justicia Internacional concede la mayor importancia al principio de continuidad en la administración de la justicia internacional. En consecuencia, desea hacer todo lo posible para facilitar la inauguración de la Corte Internacional de Justicia, a la que se hizo referencia en la Conferencia de San Francisco como la ‘sucesora’ de la actual Corte.”
(Anuario de la C.I.J., 1946-1947, p. 26.) No deja de ser significativo que la Corte Internacional de Justicia se inaugurara en La Haya el 18 de abril de 1946, un día antes de que entrara en vigor la Resolución de la Sociedad de Naciones por la que se disolvía la Corte Permanente. Previamente, el Informe del Comité 1 de la Comisión IV sobre Organización Judicial de la Conferencia de San Francisco había declarado lo siguiente:
“La creación del nuevo Tribunal no romperá la cadena de continuidad con el pasado. No sólo el Estatuto del nuevo Tribunal se basará en el Estatuto del antiguo, sino que este hecho se recogerá expresamente en la Carta. En general, el nuevo Tribunal tendrá la misma organización que el antiguo, y las disposiciones relativas a su jurisdicción seguirán muy de cerca las del antiguo Estatuto… Para hacer posible el uso de los precedentes del antiguo Estatuto, se ha seguido la misma numeración de los artículos en el nuevo Estatuto.
En cierto sentido, por lo tanto, el nuevo Tribunal puede considerarse como el sucesor del antiguo Tribunal al que sustituye. La sucesión se contemplará explícitamente en algunas de las disposiciones del nuevo Estatuto, en particular en el párrafo 4 del artículo 36 [que posteriormente se convirtió en el párrafo 5] y en el artículo 37″. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, Documentos, Vol. r3, p. 384.)
El pasaje citado muestra claramente que, aunque ciertas consideraciones exigían la creación de una nueva Corte, ésta debía ser en sustancia una continuación de la Corte Permanente. Los cambios formales y, de hecho, insignificantes en el Estatuto del nuevo Tribunal no debían impedir que la jurisdicción obligatoria entonces existente del Tribunal Permanente fuera asumida por el Tribunal Internacional.
Se contemplaba específicamente que la continuidad de los dos Tribunales debía plasmarse en el reconocimiento de la continuidad de la jurisdicción obligatoria existente en ese momento. Hubiera sido difícil utilizar términos más específicos:
“Se contemplará expresamente la sucesión…”.
De hecho, un estudio de las actas de la Conferencia muestra que la determinación de garantizar la continuidad de los dos Tribunales estaba estrechamente vinculada a la cuestión de la competencia obligatoria del nuevo Tribunal de una manera que es directamente relevante para la interpretación del apartado 5 del artículo 36. Con respecto a la cuestión de la jurisdicción del nuevo Tribunal, las discusiones tanto en el Comité de Juristas de Washington como en el Comité I de la Comisión IV de la Conferencia de San Francisco habían revelado una preponderancia del sentimiento a favor de la jurisdicción obligatoria. El Comité de Juristas, considerando que la cuestión de la jurisdicción obligatoria era de carácter político, no tomó ninguna decisión al respecto. En cambio, en su informe final presentó textos alternativos: uno que dejaba la aceptación de la jurisdicción obligatoria sobre los litigios legales a la libre decisión de cada Estado que fuera parte del Estatuto; el otro que preveía la aceptación inmediata de dicha jurisdicción obligatoria por todas las partes del Estatuto.
En San Francisco, la Primera Comisión de la Comisión IV tuvo ante sí estos dos textos, así como algunas otras propuestas. Estas propuestas eran, con algunas variaciones, todas favorables a la competencia obligatoria de la Nueva Corte. El prolongado debate que tuvo lugar mostró la existencia de un volumen preponderante de apoyo al reconocimiento inmediato, en todos los miembros de la nueva organización internacional, del principio de la jurisdicción obligatoria de la Corte.
El representante del Reino Unido instó a la adopción de un compromiso entre los defensores y los detractores del principio de jurisdicción obligatoria que se incorporaría al Estatuto.
Declaró: “Si el Comité decide mantener la cláusula facultativa, podría prever la continuidad de la validez de las adhérencias existentes a la misma”. Se creó una Subcomisión para “buscar una fórmula aceptable”. Presentó el texto existente del apartado 5 del artículo 36 del Estatuto.
De hecho, en las mismas reuniones, en los mismos discursos y en los mismos informes, las dos cuestiones -la continuidad de la jurisdicción obligatoria existente tal y como se establece en el párrafo 5 del artículo 36 (así como en el artículo 37) y la cuestión general de la jurisdicción obligatoria- se trataron como dos aspectos de la misma cuestión más amplia. Así lo demuestran claramente los documentos que contienen los Informes de la Decimoséptima Reunión de la Comisión IV/I (Documentos de la Conferencia, Vol. 13, págs. 246-250) y, en particular, el Informe de la Subcomisión de la Comisión IV/I sobre el Artículo 36 (págs. 557-559).
Así pues, está claro que la finalidad del apartado 5 era prever “la continuidad de la validez de las adhérences existentes” a la Cláusula Facultativa.
Lejos de contemplar que alguna de las declaraciones de aceptación entonces existentes desapareciera con la disolución del Tribunal Permanente, los autores del párrafo 5 tenían en mente el mantenimiento de todo el grupo de declaraciones de aceptación que seguían en vigor y de conformidad con sus términos, con independencia de la disolución del Tribunal Permanente. Ese propósito se expresó en los términos más amplios posibles destinados a eliminar cualquier dificultad jurídica real o aparente: “Ellas [las Declaraciones] serán consideradas, entre las partes del presente Estatuto, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia”. Tampoco, como se demostrará más adelante en [p 161] la presente Opinión, hay pruebas que sugieran que la intención de los autores del párrafo 5 era limitar su aplicación a los Estados que participaron en la Conferencia de San Francisco y que se convirtieron en los Miembros originales de las Naciones Unidas, tal como se definen en el artículo 3 de la Carta. Es legítimo sostener que el resultado del compromiso alcanzado en la Conferencia y plasmado en el párrafo 5 no debe reducirse mediante la interpretación del texto claro e incondicional del párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto.
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Ahora, en primer lugar, examinaremos como cuestión de interpretación -tanto en sí mismas como en su contexto- las palabras pertinentes del párrafo 5 del artículo 36 en relación con la alegación de Bulgaria de que las palabras “que aún estén en vigor” del párrafo 5 se refieren a la existencia de la Corte Permanente y, por tanto, no se aplican a la Declaración de Bulgaria que, según afirma, dejó de existir con la disolución de la Corte Permanente. Se demostrará más adelante en esta Opinión que el mantenimiento o la ruptura de la conexión entre la Declaración y la existencia del Tribunal Permanente es irrelevante teniendo en cuenta el claro objeto del apartado 5.
En este momento nos preocupa la interpretación de los términos en cuestión como tales. Consideramos que las palabras “que aún estén en vigor”, leídas en el contexto de todo el párrafo, sólo pueden significar, y se pretende que signifiquen, la exclusión de unas catorce declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente que ya habían expirado y la inclusión, con independencia de la continuación o disolución de la Corte Permanente, de todas las declaraciones cuya duración no ha expirado. En la Conferencia de San Francisco estaban presentes varios Estados que en el pasado habían hecho Declaraciones de Aceptación que, al no haber sido renovadas, habían caducado y, por tanto, ya no estaban en vigor.
Es el caso, por ejemplo, de las declaraciones de China, Egipto, Etiopía, Francia, Grecia, Perú, Turquía y Yugoslavia. Es evidente que, al insertar la expresión “que aún están en vigor”, era necesario excluir a estos Estados de la aplicación del apartado 5.
Esta interpretación está respaldada por el texto francés, que es tan autorizado como el texto inglés y que es incluso más claro e indiscutible que este último. Debe considerarse que las palabras “pour une durée qui n’est pas encore expiree” (por una duración que aún no ha expirado) determinan el verdadero sentido del texto inglés en cuestión. El hecho de que los textos chino, ruso y español de dicho apartado se aproximen al texto inglés no invalida ni debilita el sentido evidente del texto francés. Esos tres textos fueron traducidos a partir de la versión inglesa, mientras que el texto francés era el de una de las dos lenguas de trabajo oficiales adoptadas en la Conferencia de San Francisco. Sin embargo, mientras que el texto francés despeja cualquier duda sobre el significado de estas palabras, tampoco existe ninguna duda razonable sobre ellas en lo que respecta al texto inglés.
No se trata aquí de dar preferencia al texto francés. Ambos textos tienen el mismo significado. El texto francés no es más que una traducción exacta del texto inglés tal como se entiende generalmente.
O, más bien, en la medida en que parece que la versión final se formuló en primer lugar en lengua francesa, el texto inglés no es más que una traducción exacta del francés.
El Gobierno de Bulgaria sostuvo que la primera versión francesa adoptada por el Comité IV/I – “déclarations qui sont encore en vigueur” (declaraciones que aún están en vigor)- era una traducción fiel del texto inglés; que se cambió a petición de la delegación francesa por la redacción actual en francés: “pour une durée qui n’est pas encore expirée” (por una duración que aún no ha expirado) ; y que el representante francés había explicado en el Comité que los cambios que proponía insertar no se referían al fondo sino que pretendían mejorar la redacción.
El relato de estas modificaciones sucesivas es correcto. Sin embargo, no apoya el argumento en que se basa. En efecto, hay que señalar que la enmienda francesa se propuso con posterioridad a la adopción del texto del apartado en cuestión y fue aprobada sin disenso en una reunión posterior del Comité. No se produjo ningún cambio en el fondo del apartado, ya que todo el Comité entendió que el sentido claro e inequívoco de la enmienda francesa transmitía también el verdadero sentido del texto inglés. El ponente de la Primera Comisión, que hizo su informe en lengua inglesa, declaró, tras referirse a la cuestión del artículo 36, lo siguiente: “Se insertó un nuevo párrafo 4 [ahora párrafo 5] para preservar las declaraciones hechas en virtud del artículo 36 del antiguo Estatuto para períodos de tiempo que no han expirado y para hacer que estas declaraciones sean aplicables a la jurisdicción del nuevo Tribunal.”
No parece que los miembros de la Primera Comisión tuvieran ninguna duda sobre el significado de las palabras “still in force” en el texto inglés. En efecto, la enmienda francesa no se introdujo para modificar el fondo del texto, sino únicamente para clarificarlo.
Es cierto que una obligación internacional puede dejar de existir por razones distintas del transcurso del tiempo; puede, por ejemplo, extinguirse por el cumplimiento de su objeto, por denuncia en la forma prevista en el instrumento o por disolución de mutuo acuerdo. Sin embargo, estos diversos modos de terminación y extinción de las obligaciones no están cubiertos por el uso aceptado de la expresión “que aún están en vigor”.
Este significado de la expresión “que todavía están en vigor” está tan bien establecido en la lengua inglesa que no se consideró necesario en la redacción inglesa dar una traducción literal, palabra por palabra, de la versión francesa. Ambas frases se refieren, en su connotación ordinaria, al elemento de la expiración del tiempo, no a la terminación como resultado de un acontecimiento extraño como la disolución del Tribunal Permanente. No hay ningún poder persuasivo en el argumento de que estas expresiones, aunque ordinariamente se refieren al elemento del tiempo, pueden, a fuerza de cierta ingenuidad, significar algo diferente de su connotación ordinaria.
El mismo resultado se obtiene cuando los términos en cuestión se consideran por referencia a su contexto en relación con otras disposiciones de la Carta sobre materias afines. Las palabras “aún en vigor” del apartado 5 no pueden, a falta de una mención expresa en contrario, interpretarse en un sentido distinto del que obviamente tienen en el apartado 1 del artículo 36 y en el artículo 37 del Estatuto, ambos referidos a tratados en vigor. Ninguna de las partes ha sugerido que estas últimas disposiciones se refieran a la validez de los tratados en cuestión por referencia a otra prueba que no sea el transcurso del tiempo por el que se celebraron. No podemos interpretar estas palabras de una manera que no sólo es contraria al uso aceptado en el texto inglés y a la redacción explícita en la lengua francesa en la que se formularon por primera vez, sino que también se aparta del significado obvio e incontrovertido de estos términos en los pasajes, inmediatamente posterior y anterior, del Estatuto.
Por las razones que se expondrán a continuación con más detalle, carece de fundamento el argumento de que las declaraciones formuladas en virtud del párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente estaban indisolublemente vinculadas a dicho Estatuto y, por lo tanto, se extinguieron inevitable y definitivamente con la disolución de la Corte, mientras que los tratados a que se refiere el artículo 37 no estaban tan vinculados y, por lo tanto, su transferencia a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobrevivió a la disolución de la Corte Permanente. La autoridad legal, como fuente de la competencia de la Corte, de las disposiciones jurisdiccionales de cualquier tratado se fundamenta en el párrafo 1 del artículo 36 del Estatuto que establece que la competencia de la presente Corte comprende “todas las materias especialmente previstas… en los tratados y convenciones en vigor”. Si, como resultado de la inyección de condiciones ajenas a los claros términos del apartado 5 del artículo 36, la disolución de la Corte Permanente tuviera el efecto de poner fin a las declaraciones realizadas en virtud del apartado 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente, se seguirían las mismas consecuencias con respecto a los tratados y convenios mencionados en el artículo 37 del presente Estatuto. Sin embargo, es evidente que tales consecuencias no se derivan, y no se ha afirmado que se deriven, a este respecto en relación con ninguna de estas disposiciones. En relación con todas ellas, la expresión “en vigor” no tiene un significado distinto del que se atribuye normalmente a estos términos, a saber, que se refiere al elemento temporal. [p 164]
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No concedemos una importancia decisiva a la cuestión, con respecto a la cual las partes estaban muy divididas, de la fecha a la que debe vincularse la expresión “que aún estén en vigor”. Puede tratarse bien de la fecha de entrada en vigor de la Carta, a saber, el 24 de octubre de 1945, bien de la fecha en que el Estado declarante ha pasado a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
En apoyo de la primera alternativa, defendida por el Gobierno de Israel, puede decirse que, normalmente, un instrumento jurídico se refiere a la fecha en que entra en vigor. Sin embargo, también hay fundamento en la opinión de que esa expresión debería referirse, más correctamente, a la fecha en que el Estado concreto queda vinculado por las obligaciones del Estatuto.
La aplicación retroactiva de una disposición no debe suponerse sin causa justificada; normalmente, es la fecha en que el Estado pasa a ser parte en el instrumento la que determina, en relación con ese Estado, la fecha de inicio de la aplicación de sus diversas disposiciones.
No consideramos que la adopción de una de estas fechas alternativas con preferencia a otra tenga consecuencias prácticas perjudiciales para las pretensiones de cualquiera de las partes.
En nuestra opinión, la validez del párrafo 5 no se extinguió con la disolución de la Corte Permanente; su propósito era hacer que dicha disolución fuera irrelevante en materia de transferencia de declaraciones; la intención era que entrara en vigor tan pronto como un Estado declarante se convirtiera en parte en el Estatuto, a menos que su declaración ya no estuviera en vigor por haber expirado de conformidad con el pasaje final del párrafo 5.
Por consiguiente, la principal alegación del Gobierno de Israel no queda desvirtuada si la expresión “que aún estén en vigor” se asocia a la fecha en que Bulgaria pasó a ser parte en el Estatuto. En esa fecha, o a partir de esa fecha, su Declaración de 1921, salvada de la extinción en virtud del párrafo 5 del artículo 36, entró plenamente en vigor.
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En consecuencia, llegamos a la conclusión de que, teniendo en cuenta tanto el significado ordinario de su lenguaje como su contexto, las palabras “que todavía están en vigor” se refieren a las propias declaraciones, es decir, a un período de tiempo, limitado o ilimitado, que no ha expirado, independientemente de cualquier fecha prospectiva o real de la disolución de la Corte Permanente.
En la medida en que el plazo de las declaraciones formuladas en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente siga corriendo en el momento en que el Estado declarante de que se trate pase a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dichas declaraciones entran en el ámbito de aplicación del párrafo 5 del artículo 36 del nuevo Estatuto y “se considerarán aceptaciones de la [p 165] jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional durante el plazo que les quede por correr y de conformidad con sus términos”.
*** A continuación examinaremos el significado de estos términos concretos del apartado 5 en relación con el objeto de dicha disposición. La competencia de la Corte Internacional de Justicia está establecida por la Carta y el Estatuto de la Corte.
Desde el punto de vista jurídico, no podría haber sido afectada, y no lo fue, en modo alguno por la acción de la Asamblea de la Sociedad de Naciones al disolver la Corte Permanente, del mismo modo que la creación de la nueva Corte no podría haber afectado jurídicamente a la competencia de la Corte Permanente. La creación de uno y la terminación del otro fueron dos actos jurídicos separados.
Y ello a pesar de que existía entre ellos una estrecha relación de causa a efecto. Durante un período de tiempo entre la promulgación de estas dos medidas, las dos instituciones existían jurídicamente, aunque una todavía no estaba organizada y la otra ya se preparaba para su disolución. En palabras del Subcomité IV/I/A, “puesto que, sin embargo, es imposible contemplar la existencia de los dos Tribunales Mundiales, cada uno con su sede en La Haya… es evidente que en el momento más temprano posible habrá que tomar medidas para poner fin al antiguo Tribunal…”.
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Organizaciones Internacionales, Vol. 13, p. 521.)
Queda claro, pues, que las disposiciones del párrafo 5 del artículo 36 del nuevo Estatuto funcionan independientemente de la Corte Permanente y que tal funcionamiento no se ve afectado por su disolución. Como ya se ha visto, la preocupación del Comité IV/I de San Francisco en relación con ese párrafo era preservar en su conjunto las declaraciones de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Permanente para la nueva Corte.
No le preocupaba la cuestión de si las Declaraciones serían válidas cuando se desvincularan del Tribunal Permanente.
Se trataba de elaborar y adoptar una fórmula que garantizara su validez permanente.
El objeto esencial de la Conferencia de San Francisco, tal como lo expresó la Primera Comisión, era prever “la continuidad de la validez de las adhesiones existentes” de manera compatible con el derecho internacional.
El hecho de la separación de la Corte Permanente de Justicia Internacional se daba por supuesto respecto a las declaraciones de aceptación. Era la vinculación de las declaraciones a la nueva Corte lo que se consideraba esencial y fue ese objeto el que motivó la adopción de la fórmula prevista en el apartado 5 del artículo 36 para garantizar la continuidad de la validez de dichas declaraciones. Tampoco se consideró importante la fecha de separación del Tribunal Permanente. Por lo tanto, es irrelevante que esa fecha fuera el 24 de octubre de 1945, fecha en la que [p 166] entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas que preveía la creación del Tribunal Internacional de Justicia, o el 18 de abril de 1946, día en el que el Tribunal Permanente se disolvió formalmente para surtir efecto el 19 de abril. De hecho, el Tribunal Permanente celebró su última sesión en octubre de 1945; todos los Jueces dimitieron en enero de 1946. En vista de la inminente disolución de la Sociedad de Naciones, no existía ningún mecanismo para la elección de nuevos Jueces.
Lo que importa respecto a la validez de una declaración en relación con el presente Tribunal es si cumple los requisitos del artículo 36, párrafo 5. En otras palabras, la disolución del Tribunal Permanente no estaba destinada a tener ningún efecto, y no lo tuvo, sobre las declaraciones de aceptación previstas en el Artículo 36, párrafo 5, en lo que concierne al presente Tribunal. Si estas declaraciones, incluida la Declaración búlgara de 1921, son o no aplicables a la Corte Internacional de Justicia, debe determinarse únicamente de conformidad con el artículo 36, párrafo 5, del nuevo Estatuto, en el que, por omisión deliberada, no se hace referencia a la disolución de la Corte Permanente.
En lo que respecta a su relación con la Corte Permanente de Justicia Internacional y su Estatuto, la Declaración búlgara de 1921 dejó de ser aplicable, tanto de hecho como en el sentido estricto de la ley, cuando se disolvió dicha Corte el 18 de abril de 1946.
Sin embargo, en relación con la Corte Internacional de Justicia, la disolución de la Corte Permanente fue precisamente la situación prevista por los redactores del nuevo Estatuto como razón para la adopción del párrafo 5 y su plena aplicación como consecuencia y con posterioridad a la disolución de la Corte Permanente. Fue con el fin de preservar para la nueva Corte la competencia obligatoria que había sido conferida a la antigua Corte y cuyo período de validez no había expirado que se adoptó el apartado 5 y se insertó en el artículo 36 del presente Estatuto y que se introdujo el artículo 37. En virtud del apartado 5 del artículo 36, las declaraciones de aceptación aún en vigor de los Estados que se convirtieron en partes del Estatuto el 24 de octubre de 1945, fecha de entrada en vigor de la Carta, se consideran aceptaciones de la competencia del nuevo Tribunal. Sin embargo, las demás declaraciones de aceptación aún en vigor no se extinguieron ni cayeron en el olvido. Su funcionamiento quedó suspendido hasta el momento en que el Estado declarante se convirtiera en parte del Estatuto al ser admitido en las Naciones Unidas o en virtud del apartado 2 del artículo 93 de la Carta. Bulgaria solicitó más de una vez su admisión en las Naciones Unidas. Al ser admitida el 14 de diciembre de 1955, se convirtió ese mismo día en parte del Estatuto. Como la Declaración búlgara de 1921 no tiene límite de tiempo, ese mismo día entró en el ámbito de aplicación del artículo 36, párrafo 5. [p 167]. [p 167]
*** Hay otra consideración de naturaleza práctica que excluye la interpretación de las palabras “que aún estén en vigor” como dirigidas a la contingencia de la disolución del Tribunal Permanente.
Si esa fuera la verdadera interpretación de estas palabras, habría existido una clara posibilidad de que el objeto del párrafo 5 se viera frustrado. Los Estados participantes en la Conferencia de San Francisco, habiendo decidido la creación de una nueva Corte, estaban ansiosos por ver terminada la antigua Corte.
De los cincuenta y un Estados que asistieron a la Conferencia de San Francisco, treinta y uno eran partes en el antiguo Estatuto y, con algunas excepciones, eran miembros de la Sociedad de Naciones. Existía la posibilidad de que la Sociedad de Naciones se reuniera y se disolviera a sí misma y a la Corte Per-manente antes de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de la nueva Corte. Además, la obtención de veintinueve ratificaciones de la Carta el 24 de octubre de 1945, incluidas las ratificaciones de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no podía preverse con ningún grado de certeza. Podría haberse logrado en una fecha posterior, posiblemente después de la disolución de la Liga y del antiguo Tribunal. En cualquier caso, el párrafo 5 del artículo 36 se habría convertido en letra muerta. Porque en ese caso, según el argumento de Bulgaria, todas las declaraciones habrían caducado con la disolución de la Corte Permanente y la extinción del antiguo Estatuto, y ya no estarían en vigor.
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La intención del apartado 5 del artículo 36 era eliminar las dificultades relacionadas con la inminente disolución del Tribunal Permanente y que pudieran interferir con la continuidad de la validez de las declaraciones. La alegación búlgara, aceptada por el Tribunal, introdujo estas consideraciones como parte integrante del artículo 36.
El lenguaje sin matices del apartado 5 sugiere que cualquier dificultad legal real o aparente derivada del hecho de que las declaraciones se adjuntaran al Estatuto del Tribunal Permanente y cualquier otra dificultad legal, real o aparente, que se les ocurriera o no a los autores del apartado 5, fue resuelta por la disposición global que establece que estas declaraciones se considerarán, entre las partes del presente Estatuto, como aceptaciones de la jurisdicción obligatoria del nuevo Tribunal. Son precisamente algunos de estos obstáculos los que los autores del artículo 36 deseaban neutralizar. Este era el propósito del párrafo 5. Decían en efecto:
Cualesquiera que sean los obstáculos jurídicos, estas declaraciones, siempre que su período de validez no haya expirado -es decir, siempre que sigan en vigor el día de la entrada en vigor de la Carta o el día en que el Estado declarante pase a ser parte en el Estatuto- continuarán respecto de la Corte Internacional de Justicia. La intención del párrafo 5, que utiliza las palabras “se considerarán… aceptaciones”, es despejar cualquier maraña de complicaciones y problemas jurídicos que pudieran surgir a este respecto. La intención del párrafo 5 no es reconocer ningún efecto decisivo de estas dificultades mediante una forma de palabras – “aún en vigor”- que normalmente significan otra cosa. Por lo demás, es incomprensible por qué si las palabras “todavía en vigor” sólo pretendían significar “mientras no se haya disuelto el Tribunal Permanente”, estas últimas palabras no deberían haberse utilizado en lugar de las palabras “todavía en vigor”, que tienen un significado propio claro y diferente, a saber, el de referirse a la terminación como resultado del transcurso del tiempo. Por consiguiente, conceder una importancia decisiva al efecto de la disolución del Tribunal Permanente equivale no sólo a reescribir el apartado 5, sino a añadirle una condición extraña que dicho artículo pretendía excluir e ignorar.
Por lo tanto, cuando se afirma que el efecto de la disolución del Tribunal Permanente fue poner fin a las declaraciones de aceptación existentes el 19 de abril de 1946, la respuesta correcta a tal afirmación es que ese era exactamente el resultado que el párrafo 5 pretendía evitar.
El principio rector que subyace al párrafo 5 es el de la sucesión automática de la Corte Internacional de Justicia respecto de los compromisos contraídos por referencia al Estatuto de la Corte Permanente, cuya disolución estaba claramente prevista y anticipada. Hemos citado el pasaje en cuestión del informe de la Comisión IV/I. Por lo tanto, consideramos que cualquier argumento basado en la disolución de la Corte Permanente y la caducidad de su Estatuto al que se adjuntó la Declaración de 1921 es irrelevante, ya sea en relación con la interpretación de las palabras “que todavía están en vigor” o de otro modo. Por la misma razón, carece de fundamento el argumento según el cual el objeto del apartado 5, que es garantizar la continuidad de la competencia del Tribunal, no puede considerarse destinado a resucitar las declaraciones caducadas como consecuencia de la disolución del Tribunal Permanente. El objeto del apartado 5, claramente expresado en el curso de los trabajos preparatorios citados, era precisamente evitar que estas declaraciones caducaran definitivamente a todos los efectos.
Indudablemente, caducaron en lo que concierne al Tribunal Permanente; no caducaron en lo que concierne al presente Tribunal. El objeto del apartado 5 era asegurar la sucesión en el ámbito de la competencia obligatoria del Tribunal.
Es cierto que la declaración de Bulgaria se basaba en el Estatuto del Tribunal Permanente. También es cierto que el Estatuto dejó de existir y de ser vinculante para Bulgaria cuando se disolvió el Tribunal Permanente, y que el Estatuto del presente Tribunal no era vinculante para ella a menos y hasta que se convirtiera en parte de su Estatuto.
[p 169]
Sin embargo, a partir de ese momento, su declaración quedó sujeta a la aplicación del párrafo 5, que mantuvo la fuerza potencial de las declaraciones en relación con los Estados comprendidos en los términos claros de esa disposición, es decir, en relación con los Estados que pasaran a ser partes en el Estatuto. Por consiguiente, cuando en 1955 Bulgaria pasó a ser parte en el Estatuto al convertirse en Miembro de las Naciones Unidas, el apartado 5 se hizo plenamente operativo en relación con ella. Su propósito no se extinguió con la disolución de la Corte Permanente; se trataba de evitar que la disolución de dicha Corte se convirtiera en un factor destructivo en relación con las declaraciones realizadas en virtud de su Estatuto.
Su finalidad era salvaguardar la jurisdicción obligatoria existente en relación con el presente Tribunal a pesar del acontecimiento claramente previsto por los autores del párrafo 5, a saber, la disolución del Tribunal Permanente. Fue exactamente ese acontecimiento previsto el que motivó el párrafo 5.
La sugerencia de que el párrafo 5 tenía por objeto evitar ese resultado sólo a condición de que los Estados interesados fueran partes en el Estatuto antes del 18 de abril de 1946 tiene poco poder de persuasión.
No hay ninguna prueba que apoye esa proposición ni ninguna explicación satisfactoria de tal intención, calculada para reducir el período de aplicación del párrafo 5 y hacerlo vago al introducir el elemento de incertidumbre relacionado con la fecha de disolución del Tribunal Permanente. En el momento en que se estableció el texto de la Carta era difícil prever cuándo tendría lugar la disolución.
En consecuencia, no consideramos necesario proseguir con los argumentos expuestos, en lenguaje expresivo, en relación con la posibilidad de revivir la Declaración búlgara de 1921 cuya vida, se afirmaba, había terminado como consecuencia de la disolución del Tribunal Permanente. Como se dijo, esto sólo era así a reserva de la aplicación del apartado 5. Cabe añadir que la analogía entre la muerte de una persona y el cese de la aplicación de una disposición jurídica tiene límites evidentes.
Nada puede resucitar a un muerto; un breve párrafo de un tratado puede infundir vida nueva y vigorosa a un tratado o a una disposición del mismo cuya aplicación se suspende o que había dejado de existir. Algunos tratados, por ejemplo, se disuelven automáticamente como consecuencia de una guerra; son resucitados por una sola disposición del Tratado de Paz, ya sea inmediatamente o en determinadas condiciones que deberán cumplirse en el futuro.
El apartado 5 pretende el mismo resultado con respecto a las declaraciones que pudieran haber quedado temporalmente inoperantes como consecuencia del acontecimiento previsto de la disolución del Tribunal Permanente y la terminación de su Estatuto. Las relaciones jurídicas entre Estados -como entre particulares- abundan en ejemplos en los que una disposición contractual queda latente y su aplicación suspendida a la espera de que se produzca un acontecimiento por un acto de una de las partes o algún suceso ajeno.
[p 170]
Por lo tanto, es indiferente, habida cuenta de las disposiciones específicas del párrafo 5 del artículo 36, que la aceptación por Bulgaria del Estatuto y, por consiguiente, necesariamente del párrafo 5 del artículo 36, deba considerarse, en lo que respecta a la declaración búlgara de 1921, como un acto de ratificación de una declaración formulada anteriormente pero sujeta a ratificación, o como una renovación de una declaración anterior, o como un acto equivalente a la formulación de una nueva declaración en la forma y con el contenido de la de 1921 sin seguir las formalidades requeridas de una declaración de aceptación. Cualquiera que sea la forma en que se considere el asunto, no hay duda de la clara expresión de la voluntad soberana de Bulgaria, manifestada a través de su aceptación voluntaria del Estatuto, incluido el artículo 36, párrafo 5, expresión de voluntad que proporcionó la base consensual de una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la nueva Corte.
Ese acto de aceptación, cabe añadir, es una aplicación de la Declaración solemne hecha por Bulgaria el 9 de octubre de 1948, de aceptación de las obligaciones -de todas las obligaciones- de la Carta de las Naciones Unidas. Dicha Declaración dice, en parte, lo siguiente: “Por la presente, la República Popular de Bulgaria acepta sin reservas las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y promete observarlas como inviolables a partir de la fecha de su adhesión a las Naciones Unidas” (United Nations Treaty Series, Vol. 223, p. 33). No puede haber expresión más clara de la voluntad de Bulgaria de aceptar y observar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto.
Más adelante en esta Opinión nos proponemos examinar con más detalle la cuestión del consentimiento por parte de Bulgaria en relación con el fundamento alternativo de la Sentencia del Tribunal, a saber, que la aplicación del párrafo 5 se limita a los Miembros originales de las Naciones Unidas.
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Como se ha dicho, no podemos aceptar la principal alegación búlgara según la cual la disolución del Tribunal Permanente tuvo como efecto poner fin de forma definitiva e irrevocable a las declaraciones anexas a su Estatuto.
En consecuencia, no consideramos necesario examinar en detalle los motivos generales en virtud de los cuales se sostenía que el apartado 5 debía llevar implícitos ciertos requisitos adicionales.
Así, se alegó que, a menos que la aplicación del párrafo 5 se limitara a los Estados que hubieran pasado a ser partes en el Estatuto antes de la disolución de la Corte, habría que considerar que la Conferencia de San Francisco había intentado una medida que jurídicamente era totalmente incompetente para intentar y que era impotente para lograr. Esta medida separaría la fuerza vinculante de la declaración del Estatuto al que estaba [p 171] jurídicamente unida por un vínculo indisoluble y que había dejado de existir con la disolución de la Corte Permanente. Se argumentó además que, al hacerlo, la Conferencia de San Francisco intentaría dar otro paso drástico que no estaba legalmente autorizada ni era competente para emprender, a saber, destruir el carácter consensual, fundado en el Estatuto, de las declaraciones de aceptación. No podemos encontrar ningún mérito en esta línea de argumentación.
Hay un elemento engañoso de simplificación en una noción como la de que la Conferencia de San Francisco decretó ciertas medidas o que no tenía poder para decretarlas, por ejemplo, privar a las declaraciones de aceptación de su carácter consensual o vincularlas a algo que había dejado de existir.
La única medida que la Conferencia adoptó y podía adoptar a este respecto fue establecer un texto. Ese texto no vinculaba a ningún Estado. Todo signatario de la Carta es libre de negarse a ratificarla. Todo Estado que se planteara posteriormente ser miembro de las Naciones Unidas era libre de considerarla como una oferta que podía aceptar o rechazar libremente. La validez y la fuerza vinculante de la Carta y de cualquiera de sus disposiciones no se deben a la decisión de la Conferencia de San Francisco, sino a la propia voluntad de los Estados que suscribieron voluntariamente sus obligaciones en 1945 y en años posteriores.
Como cualquier otro Miembro de las Naciones Unidas, Bulgaria, al adherirse a la Carta, por voluntad propia, aceptó sus obligaciones, incluidas las del párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto. Al hacerlo, proporcionó ese mismo vínculo consensual que, según se afirma, es esencial para las declaraciones de la Cláusula Facultativa. También proporcionó el vínculo consensual necesario para la modificación -por leve que sea en el presente caso- de su declaración de aceptación.
El Estatuto podría haber dispuesto que todas las declaraciones, cuando se hubieran hecho, que ya hubieran expirado, se consideraran revividas y continuaran durante otros veinte años. Habría sido una disposición inusual y drástica. Si un Estado la hubiera consentido adhiriéndose a la Carta, habría sido el resultado inevitable de su pertenencia a las Naciones Unidas.
El vínculo consensual se habría suplido. El apartado 5 del artículo 36, como cualquier otra disposición del Estatuto, es una disposición de carácter consensual. No hay base para la sugerencia de que es esencial para la estructura del artículo 36 que el vínculo consensual se establezca sólo a través del apartado 2, y no a través de cualquier otro apartado. Así, el apartado 1 del artículo 36 establece la base consensual de la competencia de la Corte respecto de “todos los casos que las partes le sometan y sobre las materias especialmente previstas en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes”. En un ámbito diferente, el artículo 37 establece el vínculo consensual respecto a la sucesión de la Corte Internacional de Justicia a la competencia de la Corte Permanente o de cualquier otro tribunal [p 172] establecido por la Sociedad de Naciones.
Es cierto que, una vez establecido el texto de la Carta por decisión de la Conferencia, los Estados que se adhirieron posteriormente a ella no tuvieron más remedio que aceptar todas sus disposiciones.
Sin embargo, esto no significa que no aceptaran por su propia voluntad, en consideración a las abrumadoras ventajas de pertenecer a las Naciones Unidas, los diversos artículos de la Carta y del Estatuto. De acuerdo con la práctica internacional establecida y uniforme, un Estado que se adhiere a un instrumento internacional acuerda -a menos que el instrumento disponga expresamente lo contrario- aceptarlo en su forma actual. Además, como ya se ha dicho, no había ninguna innovación en la disposición que decidieron aceptar. No era, según cualquier estimación razonable, más que una pieza de maquinaria en el ámbito de la sucesión de la organización judicial internacional. Los miembros de las Naciones Unidas acordaron que sus declaraciones con respecto al Estatuto de la Corte Permanente deberían continuar, a pesar de la disolución de dicha Corte, con respecto a lo que era esencial y sustancialmente la misma Corte. El párrafo 5 establecía expresamente que las declaraciones continuarían “durante el período en que aún deban ejecutarse y de conformidad con sus términos”. Salvo su transferencia a la Corte Internacional de Justicia, no fueron modificadas.
Si se compara con muchas otras disposiciones de la Carta que restringen la soberanía de sus Miembros, consagrada en el derecho internacional tradicional, se trata de una disposición de alcance claramente limitado. Basta compararla, por ejemplo, con los artículos de la Carta que establecen que los Miembros tienen la obligación jurídica de acatar las decisiones del Consejo de Seguridad o que no deben recurrir a la fuerza, aunque no equivalga a la guerra e incluso contra Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas, para el arreglo de controversias. Por consiguiente, tampoco desde este punto de vista resulta convincente el argumento esgrimido por Bulgaria, según el cual de la interpretación del apartado 5 conforme a sus claros términos se derivarían consecuencias jurídicas radicales o incluso absurdas.
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Por las razones expuestas, no podemos admitir la alegación de Bulgaria de que el objeto y el fundamento de la Declaración de 1921 desaparecieron por el hecho de que el Tribunal Permanente fuera sustituido por un órgano judicial esencialmente idéntico. Tanto el objeto como el fundamento de la Declaración seguían siendo los mismos; estaban cubiertos, además, por el propósito claramente manifestado de los autores del Estatuto de asegurar la continuidad de la jurisdicción obligatoria del Tribunal.
Aparte de las consideraciones de carácter formal, que el propio propósito del apartado 5 era eliminar, ¿cuál fue [p 173] en derecho y de hecho la consecuencia real de la disolución del Tribunal Permanente en relación con la base y el objeto de la Declaración búlgara de 1921 y de declaraciones similares? En la medida en que el Estatuto del Tribunal Permanente constituía el fundamento de la Declaración de 1921, dicho fundamento apenas se vio afectado por la adopción de un nuevo Estatuto que, a efectos prácticos, era indistinguible del del Tribunal Permanente. La diferencia en el objeto de las dos declaraciones en relación con la Corte Permanente y la Corte Internacional de Justicia era, si cabe, aún más nominal: el objeto de ambas declaraciones era exactamente el mismo, a saber, contraer obligaciones de solución judicial obligatoria con respecto a lo que eran, a todos los efectos prácticos, órganos idénticos, identidad que correspondía al propósito articulado y frecuentemente expresado de la Conferencia de asegurar la continuidad de la jurisdicción internacional en materia de solución judicial obligatoria.
Concedemos importancia a mantener el espíritu de la jurisprudencia del Tribunal sobre el tema de la sucesión en la organización internacional. En la Opinión Consultiva relativa al Estatuto Internacional del África Sudoccidental, el Tribunal se enfrentó al argumento de que la desaparición de la Sociedad de Naciones, el órgano encargado de la supervisión del sistema de Mandatos, ponía fin al Mandato y a las obligaciones internacionales del Mandatario. El Tribunal rechazó este argumento. Sostuvo que las Naciones Unidas sucedieron a la Sociedad de Naciones en sus funciones de supervisión. Lo hizo a pesar de que la Carta no contenía ninguna disposición expresa a tal efecto y a pesar de que las Naciones Unidas y la Sociedad de Naciones eran instituciones diferentes.
En el presente caso, se prevé de la forma más explícita y sin reservas la transferencia de competencias a lo que, según cualquier estimación razonable, debe considerarse un órgano idéntico. También por esa razón adicional no podemos admitir la exactitud de la afirmación de que el objeto y la base de la Declaración búlgara de 1921 desaparecieron con la disolución del Tribunal Permanente.
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Estos son, pues, los dos factores que rigen la situación: el primero es que la expresión “que aún están en vigor”, interpretada en su sentido ordinario y aceptado, se refiere a la terminación como resultado de la expiración del tiempo, y no a ningún acontecimiento extraño como la disolución del Tribunal Permanente. La segunda es que el objeto mismo del párrafo 5 es impedir que la disolución del Tribunal Permanente ejerza un efecto destructivo sobre las declaraciones existentes.
El resultado combinado de estos dos factores fue, en primer lugar, mantener estas declaraciones de forma inmediata y automática con respecto a los Miembros originales de las Naciones Unidas.
En segundo lugar, el resultado fue preservarlas potencialmente con respecto a los demás Estados declarantes hasta el momento -un momento razonable- en que se convirtieran en partes en el Estatuto. La cuestión del carácter razonable del plazo se examina más adelante en el presente dictamen. En el presente contexto, basta con señalar que, tras la disolución de la Corte Permanente, el apartado 5 no dejó de ser operativo en relación con las posibles partes en el Estatuto. Tampoco lo hicieron, a efectos de dicho apartado, sus declaraciones.
Era esencial para el propósito del párrafo 5 evitar tal resultado. El amplio lenguaje de esa disposición – “se considerarán… aceptaciones”- hace inútil especular sobre la naturaleza exacta de esa obligación continua cuyo funcionamiento quedó en suspenso mientras el Estado declarante no se convirtiera en parte del Estatuto.
La expresión “ficción jurídica” puede o no ser útil a este respecto; lo mismo puede decirse de la noción de obligación meramente latente. El lenguaje y la finalidad del apartado 5 hacen innecesaria cualquier especulación sobre el tema.
Es de interés directo para la cuestión aquí examinada observar la forma en que, a principios de 1947, un escritor, que está considerado como un comentarista muy autorizado del Estatuto, que era Juez de la Corte Permanente y que estuvo presente en nombre de esa Corte tanto en el Comité de Juristas de Washington como en el Comité pertinente de la Conferencia de San Francisco, entendió el funcionamiento del párrafo 5 del artículo 36. El Profesor Manley Hudson declaró, en nombre de la Corte Permanente, que el párrafo 5 del artículo 36 se aplicaba a las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional. El profesor Manley Hudson afirmó en aquel momento, sin aludir a ninguna excepción, que “en virtud del párrafo 5 del artículo 36, se considerará que las declaraciones anteriores en virtud del artículo 36 siguen en vigor, en la medida en que no hayan expirado según sus términos, ‘entre las partes en el presente Estatuto’ ” (American Journal of International Law, Vol. 41 (1947), p. 10). A continuación, enumeró los países cuyas declaraciones anteriores estaban en vigor “hasta finales de 1946”. La enumeración incluía a Tailandia. No se sugirió que la disolución del Tribunal Permanente en abril de 1946 supusiera la terminación de la declaración de Tailandia, que de hecho no se convirtió en miembro de las Naciones Unidas hasta diciembre de 1946. El profesor Hudson, tras mencionar algunos otros Estados cuyas declaraciones expiraron durante 1946 y fueron renovadas posteriormente, se refirió a la declaración de Suecia, que expiró “durante el año” -en concreto, según afirmó, el 16 de agosto de 1946- y no fue renovada. Una vez más, no se sugirió que la declaración de Suecia, que no se había convertido en parte del Estatuto hasta 1947, expirara simultáneamente con la disolución del Tribunal Permanente. Expiró el 16 de agosto de 1946. [p 175]
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Nuestra conclusión es que no podemos, en lo que respecta al significado de los términos “que aún estén en vigor”, sostener una interpretación que se aparta del uso aceptado y ordinario de los términos; que está en desacuerdo con el sentido admitido de los términos correspondientes en otras disposiciones, inmediatamente posteriores o anteriores, del Estatuto; que introduce en el párrafo 5 un factor extraño que el propio propósito de esa disposición era excluir; y que, si se acepta, podría haber frustrado o reducido considerablemente el efecto del párrafo 5. Consideramos que los términos en cuestión no se refieren a la disolución del Tribunal Permanente, sino a la validez, en el tiempo, de las declaraciones de aceptación en la fecha de entrada en vigor de la Carta o de adhesión del Estado declarante al Estatuto.
Por estas razones, debemos rechazar la Primera Excepción Preliminar de Bulgaria en la medida en que se basa en esta alegación concreta. ***
El segundo motivo principal en el que se basa la primera excepción preliminar es que el apartado 5 del artículo 36 sólo se aplica a los Miembros originarios de las Naciones Unidas. Aparte de una referencia incidental, en el curso de la vista oral, en relación con la exclusión de los antiguos Estados enemigos de la aplicación del apartado 5, Bulgaria no invocó este motivo concreto. No fue alegado por las Partes ni en el procedimiento escrito ni en el oral.
No hay nada en el apartado 5, ni en los trabajos preparatorios de la Conferencia de San Francisco, ni en los principios generales del Derecho internacional, ni en las diversas disposiciones de la Carta que fundamente la opinión de que dicho apartado sólo se aplica a los Miembros originarios de las Naciones Unidas en el sentido del artículo 3 de la Carta. Salvo disposición expresa en contrario, las disposiciones de la Carta se aplican en igual medida a todo Estado que pase a ser Miembro de las Naciones Unidas. En relación con los Miembros de las Naciones Unidas, cualquiera que sea la fecha de su adhesión, ninguna disposición de la Carta puede ser res inter alios acta de modo que vincule a unos Miembros pero no a otros. La proposición de que los derechos y obligaciones de la Carta varían a este respecto entre los diversos Miembros de las Naciones Unidas es contraria a toda la estructura de la Carta y a los principios pertinentes, generalmente aceptados, del derecho internacional en la materia. En la práctica, cualquier proposición de este tipo, de ser aceptada, acarrearía graves consecuencias. [p 176]
Tampoco puede aceptarse la sugerencia de que el apartado 5 no hace más que plasmar un acuerdo alcanzado inter se entre los Estados que participaron en la Conferencia de San Francisco. La Carta no recoge en ninguna parte acuerdos particulares entre Miembros concretos.
Cualquier método de este tipo sería totalmente ajeno a su propósito y carácter. Las disposiciones de la Carta son de aplicación general. Lo mismo cabe decir del Estatuto, que forma parte de la Carta.
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En nuestra opinión, carece de fundamento jurídico la afirmación de que, si bien los Miembros originales de las Naciones Unidas podían obligarse a sí mismos en materia de transferencia de las declaraciones en virtud del párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto, no podían obligar a otros Estados que se adhirieran posteriormente a la Carta. Es de la esencia misma de la Carta que sus disposiciones -todas sus disposiciones- vinculen a los Estados que se adhieran a la Carta con posterioridad a su entrada en vigor. Si el Artículo 36 hubiera establecido incondicionalmente la jurisdicción obligatoria del Tribunal -y no meramente el mantenimiento de las declaraciones existentes de acuerdo con sus términos- sería vinculante no sólo para los Miembros originales sino también para todos los Estados que se adhieran posteriormente. No sería res inter alios acta en relación con esos Estados.
Esta proposición es demasiado fundamental para que sea necesario desarrollarla. Consideramos imperativo que al decidir cualquier controversia particular, que puede ser de carácter pasajero, no se preste atención a proposiciones generales tales como que existe una diferencia, con respecto a cualquier obligación de la Carta, entre los Miembros originales y los demás; o que cualquier disposición de la Carta puede ser res inter alios acta en relación con los Estados que se adhieran posteriormente; o que las obligaciones de un acuerdo judicial deben interpretarse por referencia a normas más exigentes que la interpretación de otras obligaciones de la Carta.
No existe ni una sola disposición de la Carta que registre un acuerdo inter se entre un número limitado de Miembros de las Naciones Unidas. La Carta, en una serie de artículos -como los artículos 43 (2) y (3), 52-54, 64, 77 (2)- prevé la posibilidad de tales acuerdos.
Pero estos acuerdos, aunque contemplados o permitidos por la Carta, no forman parte de ella. Las disposiciones de la Carta son disposiciones, aplicables a todos, de un tratado legislativo general que, se esperaba, abarcaría a su debido tiempo a todos los miembros de la comunidad internacional. No puede admitirse que un tratado de ese carácter se haya utilizado como instrumento para plasmar acuerdos privados de alcance y duración limitados entre un número limitado de Miembros de las Naciones Unidas. [p 177]
Dado que en el momento de la firma de la Carta no se sabía cuántos signatarios la ratificarían antes de la disolución del Tribunal Permanente, era posible que el número de Estados eventualmente vinculados por lo que se afirma que es un acuerdo particular plasmado en el apartado 5 fuera incluso menor que el que aparece en el texto de dicha disposición.
Además, si se acepta la opinión de que la aplicación del párrafo 5 se limita a los Estados que ratificaron la Carta antes de la disolución del Tribunal Permanente, el resultado habría sido no sólo que se trataba de un acuerdo particular entre un número limitado de Miembros de las Naciones Unidas; el resultado habría sido también que se trataba de un acuerdo válido y operativo durante un período de seis meses solamente, el período comprendido entre octubre de 1945 y abril de 1946. No nos parece posible admitir que un acuerdo truncado de ese tipo, entre un número limitado de Estados, pueda formar parte de una Carta que sienta las bases de una comunidad universal de Estados organizada en las Naciones Unidas.
En la Conferencia de San Francisco no se trató de que los Estados participantes impusieran a los futuros Miembros de las Naciones Unidas obligaciones en contra de su voluntad. Lo que los autores de la Carta tenían derecho a hacer, y lo que de hecho hicieron, fue disponer que fuera condición para ser Miembro -ya fuera por parte de los Miembros originales o de los Estados que se adhirieran posteriormente a la Carta- que las declaraciones existentes en materia de Cláusula Facultativa continuaran de conformidad con sus términos. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, cualquiera que sea la fecha de su adhesión, deben estar en pie de igualdad a este respecto. La igualdad de derechos y obligaciones es, salvo disposición expresa en contrario, una característica fundamental de la Carta. El acto de convertirse en Miembro de las Naciones Unidas y, por tanto, en parte del Estatuto, fue un acto consensuado de elección voluntaria. Pero fue un acto que implicó consecuencias automáticas con respecto al apartado 5 del artículo 36, así como con respecto a otras obligaciones de la Carta.
Estas consideraciones son especialmente pertinentes si se tiene en cuenta que los autores de la Carta concedieron especial importancia al uso de una terminología precisa a la hora de designar las entidades a las que se pretendía aplicar las disposiciones de la Carta. Se puso especial cuidado en distinguir, siempre que fue necesario, entre “Miembros originarios” y “Miembros signatarios”, por una parte, y “Miembros de las Naciones Unidas”, por otra.
Por ejemplo, el artículo 3 de la Carta contiene una definición de lo que son “Miembros originarios”. El apartado 4 del artículo 110 se refiere explícitamente tanto a los “Estados signatarios de esta Carta” como a los “Miembros originarios de las Naciones Unidas”.
El artículo 107 se refiere a un Estado que es “signatario de esta Carta”; el artículo no (1) se refiere de nuevo a “Estados signatarios”. Habría sido fácil para los autores del párrafo 5 -que, según se afirma, eran plenamente conscientes de la realidad de la situación- utilizar las palabras “Miembros originarios de las Naciones Unidas” o “Estados signatarios de la presente Carta” en lugar de “partes en el presente Estatuto”. No lo hicieron. La deducción, que no es forzada, es que consideraron que estas realidades afirmadas eran irrelevantes. El Tribunal no puede especular sobre la cuestión de si los signatarios de la Carta previeron o no la larga cadena de acontecimientos políticos que retrasaron la admisión de varios Estados en las Naciones Unidas. Tampoco, sin perjuicio de las consideraciones relativas a una aplicación razonable del Estatuto, puede el Tribunal entrar en conjeturas sobre la duración del retraso que los signatarios pudieron o no considerar adecuado a este respecto.
Las palabras “partes en el Estatuto” aparecen constantemente en el Estatuto, por mencionar sólo los artículos 5 (1), 35, 36 (2), 37. Todos estos artículos se refieren a todas las partes en el Estatuto. Todos estos artículos se refieren a todas las partes del Estatuto en cualquier momento.
No es admisible interpretarlos en relación con el apartado 5 del artículo 36, en el sentido de “las actuales partes en el presente Estatuto”. Por lo tanto, se observará que admitir el argumento de que la aplicación del apartado 5 se limita a los Miembros originales de las Naciones Unidas implicaría otra alteración de la redacción de dicha disposición. Supondría una modificación sustancial del texto actual del apartado 5. Habría que modificar las palabras “entre las partes en el presente Estatuto” para que dijeran “entre las actuales partes en el presente Estatuto”.
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Es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con los Miembros originarios de las Naciones Unidas, la aplicación del apartado 5 a los Estados no representados en la Conferencia no puede ser inmediata y automática. Ello no significa que dichos Estados queden excluidos de su aplicación. Lo que significaba era que sus declaraciones sólo se transferirían a la Corte Internacional de Justicia cuando pasaran a ser partes en el Estatuto. El profesor Manley Hudson, a quien se hace referencia en una parte anterior del presente dictamen, llamó la atención sobre este aspecto de la cuestión cuando escribió a principios de 1946. Señaló que “el nuevo párrafo 5 se insertó con el propósito de preservar parte de la jurisdicción del Tribunal Permanente para el nuevo Tribunal”.
Después de dar los nombres de los once Estados que habían depositado las ratificaciones de la Carta antes del 24 de octubre de 1945, y cuyas declaraciones hechas en virtud del artículo 36 estaban en vigor, prosiguió “‘Entre las partes en el Estatuto’, la disposición les es aplicable”. A continuación, dio los nombres de otros diez Estados que participaron en la Conferencia y a cuyas declaraciones “la disposición se aplicará igualmente a partir de las fechas de sus depósitos de ratificaciones”.
Añadió: “Por otra parte, las declaraciones hechas [p 179] por los siguientes Estados en virtud del artículo 36, que también estaban en vigor el 24 de octubre de 1945, no estarán cubiertas por la disposición a menos que estos Estados se conviertan en partes en el nuevo Estatuto: Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Portugal, Siam, Suecia y Suiza” (American Journal of International Law, Vol. 40 (1946), pág. 34), declaración que demuestra claramente que, en opinión del erudito redactor, esos Estados debían quedar comprendidos en el ámbito de aplicación del párrafo 5 tan pronto como pasaran a ser partes en el nuevo Estatuto.
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Es de interés señalar aquí una declaración sobre el tema realizada por el representante de Australia en la Primera Comisión de la Comisión IV de la Conferencia de San Francisco, una declaración que, a menos que se lea con atención, puede dar la impresión de prestar cierto apoyo a la opinión de que la aplicación del párrafo 5 estaba destinada a limitarse a los Miembros originales de las Naciones Unidas. Su intervención en el debate fue precedida por las de los representantes de Canadá y el Reino Unido. El primero, al referirse al párrafo 5 propuesto, dijo:
“A la vista del nuevo párrafo antes citado, tan pronto como los Estados firmen la Carta, la gran mayoría de ellos quedarán automáticamente bajo la jurisdicción obligatoria de la Corte debido a las declaraciones existentes” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, Documentos, Vol. 13, pp. 247-248). Según la declaración del representante del Reino Unido, “unos cuarenta Estados quedarían automáticamente sometidos a la jurisdicción obligatoria de la Corte” (ibid., p. 249).
El representante de Australia sugirió entonces una corrección de ese número estimado de Estados que quedarían automáticamente vinculados por el compromiso efectuado a través del párrafo 5. En palabras del Acta del Comité: “Deseaba llamar la atención sobre el hecho de que no cuarenta sino veinte Estados quedarían automáticamente vinculados como resultado del compromiso. A este respecto, señaló que de los cincuenta y un Estados que se habían adherido a la Cláusula Facultativa, tres habían dejado de ser Estados no dependientes, diecisiete no estaban representados en la Conferencia y una decena de las declaraciones de otros Estados habían expirado” (ibid., p. 266).
Esta declaración limitaba con precisión la aplicación automática e inmediata del apartado 5 a los Estados representados en la Conferencia y que ratificaban la Carta. Las declaraciones de los demás Estados debían transferirse a esta Corte tan pronto como se convirtieran en partes en su Estatuto. En su caso, no habría transferencia automática e inmediata de las declaraciones.
Parece, pues, que los trabajos preparatorios de la Conferencia, lejos de poner en duda la aplicabilidad del párrafo 5 a [p 180] los Estados no representados en la Conferencia, confirman su aplicación en relación con ellos tan pronto como sean partes en el Estatuto.
Sin embargo, las actas de la Conferencia demuestran de forma más directa, y sin dejar lugar a dudas, que la aplicación del apartado 5 del artículo 36, así como la del artículo 37, no estaba destinada a limitarse a los Estados participantes en la Conferencia de San Francisco.
Basta citar aquí literalmente el texto íntegro de la parte pertinente del Informe del Relator de la Comisión Principal IV/I (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales, Documentos, Vol. 13, pp. 384-385). El texto de dicho Informe habla por sí solo. El Relator dijo con respecto al artículo 37
“a) En el artículo 37 del proyecto de Estatuto se dispone que cuando los tratados o convenciones en vigor contengan disposiciones relativas a la remisión de controversias a la antigua Corte, se considerará que tales disposiciones son aplicables, entre los miembros de la Organización, a la nueva Corte.”
Así pues, se observa que, por lo que se refiere al artículo 37, su aplicación debía ser automática, “entre los miembros de la Organización”, sin distinción entre la fecha de su adhesión a las Naciones Unidas. En cuanto al apartado 5 del artículo 36, el texto del Informe es aún más preciso:
“b) Se dispone en el párrafo 4 [ahora párrafo 5] del artículo 36 del proyecto de Estatuto que las declaraciones formuladas en virtud del artículo 36 del antiguo Estatuto y que sigan en vigor se considerarán aplicables entre las partes en el nuevo Estatuto, de conformidad con sus términos, a la jurisdicción obligatoria de la nueva Corte”.
Nada podría expresar más claramente la intención de que el párrafo 5 del artículo 36 sea operativo “entre las partes en el nuevo Estatuto”, lo que sólo puede significar los Estados que se conviertan en Partes en el nuevo Estatuto en cualquier momento.
El Relator, tras haber examinado así la posición de los Miembros de las Naciones Unidas y de las Partes en el Estatuto, procedió del siguiente modo:
“c) Las aceptaciones de la competencia de la antigua Corte sobre las controversias que surjan entre las Partes en el nuevo Estatuto y otros Estados, o entre otros Estados, también deben quedar cubiertas de alguna manera, y parece deseable que se inicien negociaciones con miras a acordar que tales aceptaciones se apliquen a la competencia de la nueva Corte. Este asunto no puede tratarse en la Carta o en el Estatuto, pero más adelante puede ser posible que la Asamblea General facilite tales negociaciones”.
En consecuencia, no parece haber lugar a dudas de que las únicas aceptaciones respecto de las cuales se requerían negociaciones y acuerdos futuros [p 181] eran las relativas a “las controversias que surjan entre las partes en el nuevo Estatuto y otros Estados, o entre otros Estados”. No se requerían tales negociaciones y acuerdos con respecto a las aceptaciones en casos de controversias cuando ambos Estados fueran a ser partes en el Estatuto. Un Estado que pasara a ser parte en el Estatuto dejaba de pertenecer a la categoría de “otros Estados”, y no se requerían negociaciones con dicho Estado.
El apartado 5 del artículo 36 le era directamente aplicable.
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El Informe final, tal y como aquí se cita literalmente, es, en nuestra opinión, concluyente sobre el tema. Sin embargo, es instructivo para su mejor comprensión dar algunos detalles de la historia de la redacción de la disposición en cuestión.
En particular, es útil llamar la atención sobre las sucesivas redacciones del artículo 37, que pretendía responder a una finalidad general similar a la que subyace en el apartado 5 del artículo 36.
La Primera Comisión de la Comisión IV, al examinar el problema de la transferencia al actual Tribunal de las disposiciones relativas a la remisión al Tribunal Permanente en los tratados y convenios en vigor, adoptó en un primer momento, el 7 de junio de 1945, el siguiente texto de artículo 37:
“Cuando un tratado o convenio en vigor entre las partes del presente Estatuto prevea la remisión de un asunto a un tribunal instituido por la Sociedad de Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia Internacional establecida por el Protocolo del 16 de diciembre de 1920, enmendado el 14 de septiembre de 1929, el asunto será remitido a la Corte Internacional de Justicia.”
Sin embargo, por recomendación del Comité Consultivo de Juristas de la Conferencia de San Francisco, la Primera Comisión adoptó, el 14 de junio de 1945, un texto revisado, que constituye el artículo 37 del presente Estatuto y que es como sigue:
“Cuando un tratado o una convención en vigor prevea la remisión de un asunto a un tribunal instituido por la Sociedad de Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia Internacional, el asunto será remitido, entre las partes del presente Estatuto, a la Corte Internacional de Justicia.”
Las consideraciones que llevaron a la adopción de la revisión recomendada se explican en el Acta de la Primera Comisión de la siguiente manera: “El Comité Consultivo de Juristas, al examinar el artículo 37, recomendó cambios en virtud de los cuales un tratado o convenio que remita un asunto a un tribunal instituido por la Sociedad de Naciones o a la Corte Permanente de Justicia Internacional debería interpretarse, [p 182] entre las partes del presente Estatuto, en el sentido de remitir el asunto a la Corte Internacional de Justicia. El artículo originalmente aprobado por el Comité establecía que sólo los tratados entre las partes del Estatuto debían interpretarse de este modo. El Comité convino en que la eliminación de esta limitación era deseable, ya que el artículo 37 del Estatuto contempla ahora todos los tratados, lo que hará innecesario negociar un nuevo tratado para remitir un asunto a la Corte.” (Ibid., p. 460.)
De este modo, quedaba claro que, en lo que respecta a las partes del Estatuto, no eran necesarias negociaciones y acuerdos adicionales.
Las negociaciones para llegar a un acuerdo que en un principio se consideraron indispensables en relación con el objeto del artículo 37 se hicieron innecesarias al adoptarse precisamente la misma fórmula – “entre las partes en el Estatuto será…”- para el artículo 37 que la que figura en el párrafo 5 del artículo 36 en relación con las declaraciones de aceptación existentes. Todo ello confirma la opinión de que el apartado 5 del artículo 36 pretendía aplicarse a todas las partes del Estatuto, tanto a los Estados no signatarios como a los signatarios, sin necesidad de negociar ningún acuerdo especial. En relación con ambas disposiciones, el requisito del consentimiento se cumple cuando el Estado en cuestión acepta ser miembro de las Naciones Unidas, lo que le convierte en parte del Estatuto, y se compromete formalmente a cumplir las obligaciones de la Carta, de la que el Estatuto forma parte integrante.
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El caso de Tailandia es directamente instructivo sobre la cuestión aquí examinada, así como con respecto al efecto afirmado de la disolución del Tribunal Permanente. Por razones que no son relevantes en el presente contexto, Tailandia no participó en la Conferencia de San Francisco.
El 3 de mayo de 1940 renovó por un período de diez años su anterior declaración de aceptación.
No se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas hasta el 16 de diciembre de 1946, es decir, siete meses después de la disolución del Tribunal Permanente. Según la opinión que excluye a los Estados no participantes de la aplicación del párrafo 5, la Declaración de Tailandia, hecha en 1940 para diez años, se convirtió en letra muerta en la fecha de disolución del Tribunal Permanente, es decir, el 18 de abril de 1946. Esta no era la opinión de Tailandia.
Se consideraba obligada por la Declaración de 1940. En consecuencia, no consideró necesario tomar ninguna medida antes de la expiración del período completo de diez años establecido en su Declaración de 1940. Cuando expiró dicho plazo, renovó, a partir del 3 de mayo de 1950, su aceptación por otros diez años. Según la opinión que limita la aplicación del apartado 5 a los Miembros originarios de las Naciones Unidas, esta actitud del Gobierno de Tailandia se debió a una estimación errónea de la situación jurídica.
Sin embargo, se trataba de una actitud basada en un punto de vista que no incurría en contradicción alguna. Además, es significativo que la medida adoptada por Tailandia se emprendiera al margen de cualquier controversia existente. Se trataba de una actitud que, habida cuenta de la ausencia de otra práctica estatal directamente relacionada con el asunto, tiene un peso especial. Ya nos hemos referido al análisis realizado por el Profesor Hudson y que confirma que Tailandia -junto con algunos otros Estados que no eran Miembros originales de las Naciones Unidas- estaba cubierta por las disposiciones del párrafo 5 del Artículo 36.
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A este respecto, debe hacerse referencia a la afirmación -que implica una importante cuestión de interpretación- de que el objeto del párrafo 5 del artículo 36 debe limitarse a los Miembros originales de las Naciones Unidas debido a las realidades a las que se enfrentaron los Estados participantes en la Conferencia de San Francisco y de las que debe presumirse que tenían conocimiento. Se afirma que alguna limitación de este tipo debe estar implícita en dicho párrafo por la razón de que, mientras que los Miembros originales podían evaluar su propia situación tal como existía en aquel momento y su actitud futura respecto a la jurisdicción obligatoria de la Corte, eran totalmente incapaces de hacerlo respecto a los Estados que pudieran adherirse en el futuro.
Nos resulta difícil comprender qué efecto podría tener cualquier incertidumbre en cuanto a la futura posición de esos Estados en la cuestión de continuar, en pie de igualdad con otros Estados declarantes, sus obligaciones en virtud de sus declaraciones de aceptación. Cabe señalar que, en virtud del artículo 93 de la Carta, dichos Estados no podrían convertirse posteriormente en partes en el Estatuto sin el consentimiento del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.
Sin duda, la tarea de interpretación no debe limitarse a una interpretación literal de la letra de una disposición. Cuando un tratado no es claro, el Tribunal tiene derecho y está obligado a tomar en consideración las circunstancias que rodearon su adopción.
Sin embargo, consideramos que no es competencia de la interpretación reescribir un tratado, insertando en él condiciones extrañas, basándose en realidades de las que, se afirma, las partes eran plenamente conscientes y a las que estaban en condiciones de dar efecto mediante una forma de palabras de la mayor brevedad si de hecho esa hubiera sido su intención. Podrían haberlo hecho en el presente caso diciendo en el párrafo 5, en lugar de “entre las partes en el presente Estatuto”, “entre los Miembros originales de las Naciones Unidas”. [p 184]
No lo hicieron y, evidentemente, no querían hacerlo. Su intención, como se muestra al principio de esta Opinión, era mantener el máximo -no el mínimo- de las declaraciones existentes.
A este respecto, resulta especialmente apropiado llamar la atención sobre el principio de interpretación que el Tribunal expresó de forma enfática en la Opinión Consultiva sobre la Adquisición de la Nacionalidad Polaca: “La tarea del Tribunal está claramente definida. Teniendo ante sí una cláusula que deja poco que desear en cuanto a claridad, está obligado a aplicar esta cláusula tal como está, sin considerar si otras disposiciones podrían haber sido añadidas o sustituidas con ventaja”.
(P.C.I.J., Serie B, nº 7, p. 20.)
Además, un examen más detenido de las realidades en cuestión muestra que el problema con el que, según se afirma, se enfrentaron los autores del Estatuto apenas existía. ¿Cuáles eran esos Estados cuyo estatuto y disposición inciertos en un futuro lejano hacían imperativo excluirlos -no por el proceso normal de exclusión directa, sino por el método indirecto del silencio en relación con una disposición por lo demás exhaustiva- de la aplicación del párrafo 5 del artículo 36?
Estos Estados eran nueve: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Portugal, Suecia, Suiza y Tailandia. Todos los demás Estados declarantes cuyas declaraciones no habían expirado participaron en la Conferencia de San Francisco y posteriormente se convirtieron en Miembros originarios de las Naciones Unidas. En cuanto a los nueve Estados mencionados, puede decirse, en primer lugar, que su actitud futura sobre la cuestión era irrelevante si, en contra de nuestra opinión, la fuerza vinculante de sus declaraciones caducaba en cualquier caso con la disolución del Tribunal Permanente. Sin embargo, conviene examinar la posición de incertidumbre afirmada con respecto a los nueve Estados antes mencionados.
En todas las circunstancias, de las que el Tribunal de Justicia debe tomar conocimiento judicial, la posición de Estonia y Letonia no planteaba ningún problema. Las declaraciones de Irlanda, Suecia y Suiza debían expirar en breve y, de hecho, expiraron antes de que dichos Estados se convirtieran en partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Quedaban, por tanto, tres Estados -Bulgaria, Portugal y Tailandia- cuya posición futura podía suscitar incertidumbre. Con respecto a estos Estados, cualquier peligro de su adhesión prematura al Estatuto o cualquier tipo de incertidumbre quedaba plenamente resuelto por el hecho de que para ser partes en el Estatuto habrían tenido que ser admitidos en las Naciones Unidas o cumplir las condiciones determinadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de conformidad con el apartado 2 del artículo 93 de la Carta. En nuestra opinión, no cabe una interpretación que altere los términos del párrafo 5 y reduzca su eficacia por referencia a realidades de tan escaso alcance. [p 185]
Estas consideraciones también proporcionan una respuesta al argumento, mencionado por el abogado de Bulgaria y confirmado por las actas de la Conferencia de San Francisco, de que los redactores de la Carta pretendían excluir a los Estados enemigos de los beneficios del acceso inmediato al nuevo Tribunal.
Sin embargo, esa intención no era seguir una política de ostracismo permanente. Como se muestra en las “disposiciones transitorias de seguridad” del artículo 107 de la Carta, la intención era impedir que los antiguos Estados enemigos obstruyeran las medidas relacionadas con la liquidación de la guerra. Para lograr ese objetivo, no es necesario mantener la proposición mucho más amplia, e inexacta, de que el funcionamiento del párrafo 5 pretendía limitarse a los Miembros originales de las Naciones Unidas. En lo que respecta a la Corte Internacional de Justicia, el objetivo de excluir a los Estados ex enemigos de la participación inmediata en la Corte se logró estableciendo que la transferencia de las declaraciones sólo operará en relación con las “partes en el presente Estatuto”, condición que no podría cumplirse sin la concurrencia, a su debido tiempo, del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Cualquier noción, que se decía haber tenido en 1945, de ostracismo permanente de los Estados enemigos se convirtió en un asunto del pasado cuando, en 1947, las solicitudes de varios de ellos fueron consideradas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. En aquella ocasión, la razón declarada por la que algunos gobiernos se opusieron a la solicitud de Bulgaria no fue que se tratara de un Estado ex enemigo, sino, entre otras cosas, que había incumplido sus obligaciones, contraídas en el Tratado de Paz de 1947, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
(Consejo de Seguridad, Documentos Oficiales, Segundo Año, 1947, nº 81, p. 2132).
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A este respecto, cabe hacer referencia a la Resolución 171 (II) adoptada por la Asamblea General el 14 de noviembre de 1947. En dicha Resolución, la Asamblea General “señala a la atención de los Estados que aún no han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte de conformidad con los párrafos 2 y 5 del artículo 36 del Estatuto, la conveniencia de que el mayor número posible de Estados acepte esta jurisdicción con el menor número posible de reservas” (Resolución 171 (II)).
Las palabras en cursiva “aún no han aceptado” revisten especial interés. Sugieren que en noviembre de 1947, en opinión de la Asamblea General, la fuerza del párrafo 5 aún no se había agotado; desde ese punto de vista, el párrafo 5 aún tenía alguna aplicación a pesar de la disolución del Tribunal Permanente.
De hecho, Tailandia lo aplicó cuando llegó el momento de renovar su declaración. Puede añadirse que esta parte de la Resolución es también de interés en la medida en que no está dirigida a los Miembros de las Naciones Unidas, o a los Estados Miembros, sino a los Estados, lo que indica que en este asunto la acción por referencia a los párrafos 2 y 5 del Artículo 36 no estaba limitada a los Miembros originales o incluso a los Estados Miembros existentes.
De los términos de esa Resolución, leída en su totalidad, así como de la práctica general de las Naciones Unidas, se desprende claramente que se tuvo especial cuidado en la elección de la terminología a este respecto, a saber, si una Resolución se dirige a un Estado, a un Estado miembro o a un signatario.
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Las consideraciones precedentes demuestran que, habida cuenta de su redacción y de los antecedentes de su adopción, así como de los principios aplicables del derecho internacional, la aplicación del párrafo 5 del artículo 36 no se limita a las declaraciones de los Estados que participaron en la Conferencia y que pasaron a ser partes en el Estatuto cuando la Carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Es aplicable a todas las declaraciones que se hicieron en virtud del artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente y cuyo plazo, por sus propios términos ratione temporis, no había expirado.
Es aplicable a todas las declaraciones que, no habiendo finalizado su duración por expiración del plazo, “sigan en vigor” en el momento en que el Estado declarante, por su propia voluntad, pase a ser parte en el nuevo Estatuto. Por estas razones, nos sentimos obligados a disentir de la Sentencia del Tribunal en la medida en que adopta el punto de vista de que el párrafo 5 del artículo 36 sólo se aplica a los Miembros originarios de las Naciones Unidas y, por tanto, no se aplica a la Declaración búlgara de 1921.
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Por las razones expuestas, no podemos aceptar la opinión de que el párrafo 5 del artículo 36 es inaplicable a Bulgaria.
No podemos aceptar esa opinión ni por referencia al motivo, invocado por Bulgaria, de que la disolución del Tribunal Permanente privó definitiva e irrevocablemente a su Declaración de 1921 de toda fuerza legal, ni por referencia al motivo, no invocado por Bulgaria y no alegado por las Partes, de que el párrafo 5 del artículo 36 sólo se aplica a los Miembros originarios de las Naciones Unidas. En nuestra opinión, esa disposición del Estatuto se aplica claramente a Bulgaria.
Al adherirse a la Carta y, además, al declarar formal y expresamente su intención y determinación de respetar todas las obligaciones de la Carta -de la que el Estatuto es parte integrante- Bulgaria dio su consentimiento a la jurisdicción de la Corte, confirmada y continuada por dicha disposición. [p 187]
La competencia de la Corte se basa en el consentimiento de los Estados. Ese principio está demasiado firmemente establecido en la jurisprudencia de la Corte y en el derecho internacional en general como para requerir confirmación por referencia a precedentes o de otro modo. Su autoridad está fuera de toda duda.
Sin embargo, tales precedentes son totalmente irrelevantes en el presente caso. El consentimiento requerido fue dado por Bulgaria cuando, al convertirse en Miembro de las Naciones Unidas, aceptó las obligaciones del Artículo 36, párrafo 5, junto con otras obligaciones de la Carta y del Estatuto. No existe ninguna sugerencia de que, sin su consentimiento, deba considerarse vinculada por su Declaración de 1921 en relación con la Corte Internacional de Justicia.
Si -como es nuestra opinión en el presente caso- el párrafo 5 del Artículo 36, interpretado de acuerdo con el significado ordinario de sus términos y su claro objeto, tal como fue concebido por sus autores, debe considerarse aplicable a Bulgaria, su consentimiento queda directamente establecido por su adhesión a la Carta. No era necesario que ese consentimiento recibiera otra expresión adicional. No se requería tal consentimiento adicional con respecto a las numerosas y más sustanciales obligaciones de la Carta por las que Bulgaria quedó vinculada al convertirse en Miembro de las Naciones Unidas.
No podemos aceptar la opinión de que las obligaciones de solución judicial de controversias sobre la base del derecho internacional son tan drásticas y excepcionales como para necesitar tal doble consentimiento, especialmente con respecto a una disposición que, lejos de crear una nueva obligación, ya sea en sustancia o en duración, se limita a la transferencia, a lo que es esencial e indiscutiblemente un órgano judicial idéntico, de las declaraciones existentes “por el período que aún tienen que correr y de conformidad con sus términos”. El sentido y la finalidad del apartado 5 del artículo 36 no deben confundirse con el apartado 2 del mismo artículo, que recoge el sistema de la cláusula facultativa.
Ambos apartados abarcan dos situaciones diferentes. El apartado 5, que mantiene en vigor las declaraciones ya efectuadas, opera automáticamente en virtud de la adhesión del Estado declarante al Estatuto; en ese caso no se requiere ningún consentimiento adicional. El apartado 2 requiere un consentimiento expresamente declarado.
En consecuencia, consideramos irrelevante a este respecto invocar el principio indiscutido de que la competencia de la Corte debe basarse invariablemente en el consentimiento de las partes y que no debe presumirse. No se puede permitir que la exigencia del consentimiento degenere en una negación del consentimiento o, lo que es lo mismo, en una exigencia de doble consentimiento, es decir, de confirmación del consentimiento ya dado. El Comité de Juristas de Washington, mencionado al principio de esta Opinión, previó [p 188] la necesidad de prever, mediante alguna cláusula especial, el mantenimiento de las declaraciones existentes. Uno de sus subcomités propuso que “se prevea en la Conferencia de San Francisco un acuerdo especial para mantener en vigor estas aceptaciones a los efectos del presente Estatuto” [Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, Vol. 14, págs. 288-289]. La disposición sugerida adoptó en la Conferencia de San Francisco la forma del actual apartado 5 del artículo 36. Es difícil imaginar que, además de esa disposición, el apartado 5 contemplara la necesidad de un acuerdo adicional y más específico. ***
Debemos examinar ahora si existe algún otro motivo jurídico, independiente de la interpretación de los términos del apartado 5 del artículo 36, que suponga un obstáculo para su aplicación a Bulgaria en las circunstancias del presente asunto. En particular, habida cuenta de algunas consideraciones subyacentes a la sentencia del Tribunal de Justicia, procede examinar si dicha disposición, cuyo sentido en sí mismo no deja lugar a dudas, puede aplicarse de forma coherente con el requisito de razonabilidad. ¿Puede aplicarse así en relación con una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia doce años después de la entrada en vigor de la Carta y once años después de la disolución del Tribunal Permanente y de la creación del Tribunal Internacional de Justicia? ¿Hasta qué punto puede sostenerse con exactitud que es ese factor de razonabilidad el que debe influir decisivamente en la interpretación del apartado 5 del artículo 36, en el sentido de que, a menos que se considere que dicha disposición sólo debía aplicarse a los Miembros originarios de las Naciones Unidas, existía el peligro de que otras partes potenciales en el Estatuto pudieran estar en condiciones de aplicar el apartado 5 en un futuro irrazonablemente lejano a la creación de la Corte Internacional de Justicia? Al aplicar una disposición legal, el Tribunal de Justicia no debe ignorar circunstancias de hecho relevantes para la prueba de razonabilidad. Tales hechos, si son relevantes, podrían hacer fracasar la pretensión del Gobierno demandante a un recurso ante el Tribunal, aunque no hay nada en el apartado 5 del artículo 36 como tal que lo haga fracasar. Sin embargo, tras un examen exhaustivo, no hemos podido llegar a la conclusión de que, en el caso que nos ocupa, dichas circunstancias sean lo suficientemente importantes como para privar al Estado demandante de un recurso al que, de otro modo, podría tener derecho.
Por lo que se refiere a la duración de la aplicación del apartado 5, de esta disposición y de las razones que motivaron su adopción se desprende que tenía un carácter transitorio. No cabe duda de que la propia noción de transición lleva inherente una cierta limitación temporal. Así, no sería razonable sostener que el período de transición de la Corte Permanente a la Corte Internacional debería durar medio siglo. Sostener eso sería tan irrazonable como sostener que debería durar sólo seis meses, por ejemplo, para el período comprendido entre la entrada en vigor de la Carta en octubre de 1945 y la disolución de la Corte Permanente en abril de 1946. La cuestión relativa al efecto del lapso de medio siglo puede descartarse por la razón de que la extravagancia de una respuesta afirmativa se debe en gran medida a la exageración inherente a la pregunta.
Es coherente con la práctica y los principios ilustrados aplicar el criterio de lo razonable a la interpretación de los instrumentos internacionales, criterio que se deriva del deber siempre presente de los Estados de actuar de buena fe. Sin embargo, la prueba de lo razonable debe aplicarse de manera razonable; no debe aplicarse haciendo referencia a contingencias que son en sí mismas de carácter manifiestamente exagerado”, no debe aplicarse haciendo referencia a ejemplos que rayan en lo absurdo. Si un Estado invoca una disposición, plenamente fundamentada en el tratado, transcurridos doce años desde la fecha de su adopción, es contrario a la verdadera prueba de lo razonable rechazar su reclamación alegando que sería totalmente irrazonable que invocara el tratado transcurridos cincuenta o cien años.
Si la forma en que un Estado invoca un tratado en un caso concreto es razonable, no es razonable sugerir que la interpretación en la que se basa podría producir resultados irrazonables en casos extremos. El Tribunal no se enfrenta a una situación surgida en 1995.
Se enfrenta a una situación que surgió en 1957 cuando Israel invocó la jurisdicción del Tribunal. Esta situación viene determinada por la entrada en vigor de la Carta y del Estatuto en 1945; por la solicitud de admisión de Bulgaria en las Naciones Unidas en 1947; por sus declaraciones solemnes, realizadas en 1948 y reiteradas posteriormente, aceptando todas las obligaciones de la Carta y del Estatuto; y por su admisión en las Naciones Unidas en 1955. Es cierto que la Declaración búlgara de 1921 es ahora la última declaración a la que se aplican las disposiciones del párrafo 5 del artículo 36. Pero esto no puede ser motivo para que se le aplique el artículo 36 de la Carta.
Pero esto no puede ser una razón para negarse a darle efecto. Sólo han transcurrido doce años desde la entrada en vigor de la Carta y dos años desde que Bulgaria se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas.
La jurisprudencia internacional, incluida la del propio Tribunal, muestra casos de aplicación de disposiciones de tratados celebrados en un pasado más lejano. El Gobierno búlgaro no alegó en ningún momento que la Declaración de 1921 hubiera escapado a su conocimiento, aunque explicó [p 190] que consideraba innecesario tomar medidas para liberarse de la aplicación, en su caso, de la Declaración.
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Puede parecer singular, a primera vista, que la Declaración búlgara de 1921, que había dejado de ser operativa en relación con el Tribunal Permanente de Justicia Internacional tras la disolución de dicho Tribunal, se considere “todavía en vigor” diez años después de la entrada en vigor de la Carta, cuando Bulgaria se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas e ipso facto en parte del Estatuto del Tribunal Internacional.
Sin embargo, el retraso en su admisión se debió a circunstancias externas. Teniendo en cuenta el verdadero sentido de la expresión “que aún estén en vigor”, ese retraso no es pertinente para la cuestión de la aplicabilidad del párrafo 5 del Artículo 36. Es evidente que esa disposición no está sujeta a ninguna restricción. Es evidente que dicha disposición no está sujeta a ningún límite temporal. Bulgaria solicitó la adhesión por primera vez en 1947. La situación internacional impidió su pronta admisión y retrasó su adhesión al nuevo Estatuto.
Se trata de una causa extrínseca que no puede afectar a la fuerza jurídica del apartado 5 del artículo 36. Si Bulgaria se hubiera convertido en Miembro de las Naciones Unidas a finales de 1946, o en 1947, o incluso en 1950, las disposiciones transitorias de los claros términos del párrafo 5 le serían plenamente aplicables. Reconocemos que hay lugar para la opinión de que a partir de 1950 la transición puede considerarse cumplida; que para entonces, con la excepción de las declaraciones de duración indefinida, prácticamente todas las declaraciones cubiertas por el párrafo 5 habían caducado o habían sido sustituidas por nuevas declaraciones; y que la continuidad del Tribunal Permanente ya no era un objeto a cumplir. En esa medida podría afirmarse, sin exageración evidente, que no es razonable resucitar la vigencia del apartado 5 después de ese período.
Por otra parte, es importante no exagerar el grado de irrazonabilidad que implica la solución contraria. No hay nada manifiestamente irrazonable en sí mismo en invocar en 1956 la Declaración búlgara de 1921, una declaración que en 1945 recibió un nuevo impulso potencial en el Estatuto del Tribunal y que fue confirmada por la entrada de Bulgaria en las Naciones Unidas en 1955 y, en los años precedentes, por su repetida afirmación de la intención de vincularse a las obligaciones resultantes.
Además -y esto parece ser una consideración material con respecto a este aspecto del caso- nos parece inadmisible que un Estado se vea privado de los derechos que le confiere un instrumento internacional por el hecho de que su objeto se haya realizado sustancialmente, aunque no en su totalidad. Por lo que respecta a ese Estado, es su interés en ese instrumento lo que constituye su objeto principal. [p 191]
Poco importa a ese Estado -en el presente caso, el Estado demandante- que la mayoría o todas las demás partes ya se hayan beneficiado de él y hayan actuado en consecuencia. A menos que el Estado interesado haya sido culpable de negligencia o mala fe en la prosecución de sus derechos legales, tiene derecho a esperar que se dé efecto al tratado.
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Por razones similares existe una objeción obvia a introducir en la interpretación del párrafo 5 los factores extraños de la disolución del Tribunal Permanente y de la limitación de su ámbito de aplicación a los signatarios originales de la Carta y justificar dicha interpretación afirmando que sus resultados constituyen todo lo que los redactores del Estatuto podrían haber esperado razonablemente haber logrado.
En nuestra opinión, la expectativa razonable es la que resulta de la interpretación del apartado 5 de conformidad con sus términos, sin añadir consideraciones ajenas. La sugerencia de que el resultado de la interpretación así adoptada mediante la introducción de elementos extraños es, hoy en día, excluir de hecho sólo a un pequeño número de Estados -quizá sólo a uno- de la aplicación de esa disposición carece de fundamento. El derecho legal de un Estado no debe ser ignorado por la razón de que es el derecho de un solo Estado. Además, como ya se ha dicho, por lo que sabían los redactores del Estatuto, el efecto de adoptar como parte del párrafo 5 pruebas extrañas, como la disolución de la Corte Permanente o el requisito de ser miembro original de las Naciones Unidas, podría haber sido tal que excluyera a un número considerable de Estados.
Sobre todo, al juzgar la razonabilidad o no de la confianza de un Estado en los términos de un instrumento internacional, debe tenerse en cuenta la naturaleza del derecho invocado. Una cosa es que el Tribunal de Justicia reduzca, por referencia a la prueba de lo razonable, una pretensión de fondo que cause un perjuicio injusto o que, mediante una invocación abusiva de un derecho legal, ponga en peligro intereses importantes del Estado demandado.
Otra cosa es negar, por referencia a la prueba de lo razonable, una demanda, basada en un instrumento válido, de que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas resuelva una controversia por referencia al derecho internacional. No debe considerarse que un Estado actúa indebidamente si, basándose -aunque sea de forma rígida- en un instrumento válido, pide a la Corte que declare su competencia para administrar el derecho internacional. Sólo en circunstancias muy excepcionales puede considerarse irrazonable una demanda, basada en un tratado válido, para el ejercicio de la función primordial de la Corte de administrar justicia basada en el derecho.
Estas circunstancias excepcionales pueden incluir la aplicación de la regla de prescripción extintiva tras un [p 192] prolongado período de inacción por parte del Estado demandante. En este caso no se ha invocado tal motivo. En materia de competencia es fundamental que sólo los derechos legítimos de las partes puedan fundamentar la decisión del Tribunal. En este asunto, nos sentimos obligados a adherirnos a la jurisprudencia anterior del Tribunal que, aunque ha tratado sistemáticamente el elemento del consentimiento como el factor decisivo, ha aplicado la prueba de lo razonable como un motivo no para derrotar sino para mantener su jurisdicción. Así lo hizo, al principio de la historia del Tribunal Permanente, cuando en el asunto de las Concesiones de Palestina Mavrommatis consideró que su jurisdicción no quedaba desvirtuada por el hecho de que las negociaciones, exigidas por el Mandato, no hubieran tenido lugar entre Gobiernos sino entre un Gobierno y la parte privada interesada (P.C.I.J., Serie A, Nº 2, págs. 13-15).
Así lo hizo, en varias ocasiones, cuando interpretó que el consentimiento a su competencia para decidir si existía una violación de una obligación internacional implicaba el consentimiento a su competencia para conceder una indemnización por cualquier violación de una obligación internacional (asunto Ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca, P.C.I.J., Serie A, nº 7, pp. 23, 25; asunto del Canal de Corfú, Recueil 1949, p. 26). Con frecuencia actuó de la misma manera cuando interpretó que el comportamiento y los escritos de las partes constituían un consentimiento implícito a su jurisdicción (Rights of Minorities in Polish Upper Silesia, P.C.I.J., Series A, nº 15, pp. 23, 24). No vemos ninguna razón para apartarnos en el presente caso de esa práctica del Tribunal.
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Consideramos necesario examinar una alegación que, aunque no se menciona en la sentencia del Tribunal de Justicia, ha adquirido cierta importancia y que afecta a la interpretación del apartado 5. Se trata de que las palabras en que se basa el apartado 5 no son las mismas que en el apartado 2.
Esta alegación consiste en que las palabras que figuran en el último pasaje del apartado 5 – “durante el período en que aún no hayan expirado”- implican que dicho apartado sólo se refiere a las declaraciones que contienen una limitación temporal de su validez y que, por lo tanto, no comprende las declaraciones, como la de Bulgaria, cuya duración no está definitivamente circunscrita por un período de tiempo limitado. Si bien esta afirmación no figura ni en los informes orales ni en las conclusiones de Bulgaria, sí aparece en sus excepciones preliminares escritas.
Desde el punto de vista de la interpretación puramente conceptual -pues es sobre esa base sobre la que descansa el argumento- la forma de las palabras del pasaje de conclusiones citado puede abarcar declaraciones de duración indefinida; pues, en estricta lógica, éstas tienen que seguir corriendo durante el tiempo indefinido que puedan durar. Sin embargo, en nuestra opinión, estas palabras sólo pueden tener un significado, a saber, el que se desprende de la clara finalidad que las subyace: al prever la transferencia al presente Tribunal de las declaraciones existentes, no puede presumirse que el Estatuto pretendiera que continuaran sin tener en cuenta el período por el que aún han de transcurrir. Debían mantenerse “durante el plazo que les quede por transcurrir y de conformidad con sus términos”. Si hubiera existido la intención de excluir del ámbito de aplicación del apartado 5 las declaraciones de duración ilimitada, dicha intención podría haberse expresado añadiendo, al final del apartado, unas palabras sencillas: “Esta disposición no se aplica a las declaraciones que no contengan ningún límite temporal a su duración”.
No es necesario seguir examinando esta alegación particular, salvo para llamar la atención sobre sus consecuencias. Su resultado habría sido, en 1945, reducir a la mitad el número de Estados contemplados por una disposición destinada a garantizar el mantenimiento de la competencia actual del Tribunal. Habría eliminado las declaraciones que no contenían ninguna disposición de denuncia, así como las que, aunque originalmente contenían una disposición de posible denuncia, se habían transformado, por sus términos, en declaraciones sin plazo. Estas últimas eran las declaraciones de un número considerable de Estados, como las del Reino Unido e Irán, que, si bien se expresaban inicialmente por un número fijo de años, contenían una cláusula según la cual, con posterioridad a dicho plazo, las declaraciones tenían una vigencia indefinida, hasta su denuncia. Tras la expiración del plazo inicial, la duración de estas declaraciones era indefinida. Según la tesis aquí examinada, también habría que considerar que han quedado fuera de la aplicación del apartado 5 y, por tanto, extinguidas como consecuencia de la disolución del Tribunal Permanente. Así, la declaración de Irán de 2 de octubre de 1930 tenía una duración de seis años y, una vez transcurrido este plazo, hasta la notificación de la derogación. Si la interpretación que excluye las declaraciones de duración indefinida de la aplicación del apartado 5 fuera correcta, entonces la Declaración iraní carecía de validez cuando el 26 de mayo de 1951 el Gobierno del Reino Unido presentó ante este Tribunal una demanda invocando dicha declaración en el caso de la Anglo-Iranian Oil Company.
El Gobierno iraní no alegó ninguna causa de nulidad ni el Tribunal de Justicia hizo referencia a ella.
Por otra parte, si el Tribunal hubiera adoptado la interpretación defendida en el presente caso, su resultado sería invalidar, a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal, las declaraciones existentes de varios Estados, como Colombia, Haití, Nicaragua y Uruguay. [p 194]
Sería difícil comprender la ratio legis de la disposición en cuestión tan inesperadamente expresada por indirección verbal. Es poco probable que la ocasión de mantener la competencia de la Corte haya sido aprovechada por los autores del Estatuto para liberar a un cierto número de Estados de lo que se ha calificado de carga irrazonable de declaraciones de duración ilimitada y para reducir a la mitad el número de declaraciones que, de otro modo, estarían naturalmente contempladas en el párrafo 5. Se observará que el efecto de esta disposición sobre la competencia de la Corte es el de reducir a la mitad el número de declaraciones de duración ilimitada. Se observará que la exclusión del ámbito de aplicación del párrafo 5 de las declaraciones de duración ilimitada en la forma o en el fondo, así como de las declaraciones de los Estados que no participaron en la Conferencia de San Francisco, tendría por efecto reducir a siete el número de declaraciones comprendidas en dicho párrafo. Se trataría de las declaraciones de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Esta no parece ser una interpretación aceptable de una disposición cuya intención era mantener la jurisdicción de la Corte Permanente como una importante medida de compromiso entre la jurisdicción obligatoria y la jurisdicción voluntaria de la Corte.
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Por las razones anteriores, somos de la opinión de que la Primera Objeción Preliminar de Bulgaria debe ser rechazada y que el Tribunal debería haber procedido a examinar y decidir sobre las otras Objeciones Preliminares. (Firmado) Hersch Lauterpacht. (Firmado) Wellington Koo.
(Firmado) Percy C. Spender.
[p 195] OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ GOITEIN Disiento con timidez de la sentencia de la mayoría del Tribunal. Me siento reforzado en la decisión a la que he llegado por las opiniones de mis doctos colegas que han disentido. Éstos me parecen dar una interpretación menos forzada del Estatuto que nos vincula que la adoptada por la mayoría, y su lectura de la ley permite a este Tribunal cumplir y no negar el propósito para el que fue fundado.
Bulgaria no ha presentado hechos ante este Tribunal y, por lo tanto, sólo podemos basarnos en los expuestos en el Memorial de Israel, hechos que aún deben probarse.
La crónica de los hechos, expuesta por el Gobierno de Israel, es la siguiente: “El 27 de julio de 1955, un avión civil de pasajeros, registrado en Israel… mientras realizaba un vuelo comercial regular de Londres a Lod… cayó envuelto en llamas en la región de Petritch, Bulgaria. Ninguno de los ocupantes del avión -cincuenta y un pasajeros y siete miembros de la tripulación- sobrevivió a la catástrofe… El Gobierno búlgaro, el 28 de julio, anunció oficialmente… cómo se había producido. Las fuerzas armadas de ese Gobierno habían derribado y destruido el avión, matando a todos sus ocupantes. Esto se amplió … el 4 de agosto, cuando el Gobierno búlgaro … volvió a dar a conocer que sus fuerzas armadas habían destruido el avión, habiendo actuado dichas fuerzas armadas de forma precipitada y sin tomar todas las medidas necesarias….
El Gobierno búlgaro … se comprometió a identificar y castigar a los culpables … así como a pagar eventuales indemnizaciones”. (Véase el texto completo en las páginas 4 y 5 del Memorial del Gobierno de Israel).
Tras exponer la anterior crónica de los hechos, y después de referirse a las negociaciones diplomáticas que no habían dado fruto, el Gobierno de Israel declaró que se había dirigido a este Tribunal y le rogaba que declarase formalmente “que Bulgaria es res-ponsable en virtud del derecho internacional de la destrucción de la aeronave y determinando el importe de la indemnización debida”. (Ibid., p. 5.)
Si los hechos son tal y como se exponen en el Memorial, tal y como se han resumido anteriormente, entonces esta parece ser una disputa de la que este Tribunal y sólo este Tribunal es competente para tratar. En mi opinión, por lo tanto, este Tribunal debería estar ansioso por corregir un error y asumir la responsabilidad de juzgar entre las Partes que tiene ante sí. El Tribunal sólo debe negarse a ejercer su competencia si su Estatuto se la niega de forma clara e inequívoca. Demostraré en esta Opinión que lejos de negar jurisdicción a la Corte, la ley le confiere inequívocamente poder para decidir la presente disputa. El Estatuto de [p 196] este Tribunal, que por lo demás sigue el de la Corte Permanente, promulgó un párrafo especial -el párrafo 5 del artículo 36- precisamente para revestir a este Tribunal de la jurisdicción que de otro modo no habría podido ejercer.
Estoy respetuosamente de acuerdo con mis colegas de la mayoría en que este Tribunal debe primero estar convencido de que las Partes se han sometido voluntariamente a su jurisdicción antes de que pueda decidir sobre una controversia sometida a su conocimiento. No estoy de acuerdo en que esa sumisión voluntaria no pueda inferirse de una presunción expresa de derecho que establezca que se ha hecho tal sumisión.
El Gobierno de Israel en su Memorial (pp. 3 y 4), para demostrar que este Tribunal tenía jurisdicción, se basó en Declaraciones que habían sido hechas por ambas Partes aceptando dicha jurisdicción. Se hizo referencia a la Declaración de Israel de 3 de octubre de 1956 y a la de Bulgaria de 12 de agosto de 1921. Me referiré a esta última en este dictamen como la Declaración búlgara.
En su Primera Excepción Preliminar, la única de la que se ocupa la sentencia de la mayoría y, por tanto, esta Opinión, el Gobierno búlgaro alegó que “el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es inaplicable con respecto a la República Popular de Bulgaria”.
La cuestión de si este Tribunal es o no competente depende, en consecuencia, de la verdadera interpretación de dicho apartado y de la respuesta a la pregunta de si dicho apartado es aplicable a la Declaración búlgara. De hecho, la cuestión planteada por la Primera Excepción Preliminar de Bulgaria puede circunscribirse a límites más estrechos: ¿cuál es el significado de las palabras de dicho apartado “aún en vigor” y de las palabras “partes en el presente Estatuto”? En última instancia, la Excepción Preliminar puede ser aceptada o rechazada de acuerdo con la interpretación que se dé únicamente a estas últimas palabras.
En primer lugar, leeré el apartado en su conjunto, sin tomar en consideración las alegaciones formuladas en nombre de Bulgaria y sin referirme a la respuesta del Agente del Gobierno de Israel.
Las alegaciones del abogado de Bulgaria pretendían demostrar que los términos del artículo 36, apartado 5, del Estatuto no eran aplicables al presente asunto. Para llegar a esta conclusión se vio obligado a dar un significado especial y peculiar a las palabras empleadas en el párrafo en cuestión, y al aceptar sus alegaciones la mayoría de este Tribunal se ha visto obligada -y digo esto con el mayor respeto- a dar a los términos empleados por el legislador significados que no son sus significados ordinarios, y este Tribunal se ha visto obligado [p 197] a tener en cuenta consideraciones que, me parece, son irrelevantes.
Las palabras iniciales del apartado son: “Declaraciones hechas en virtud del artículo 36 de la Corte Permanente de Justicia Internacional…”. Se admite que Bulgaria hizo tal Declaración. Las palabras iniciales, por lo tanto, aplicadas al presente caso, pueden interpretarse como: “La Declaración de Bulgaria …”
Las palabras siguientes son, en el texto inglés, “which are still in force”, o, en el texto francés, “pour une durée qui n’est pas encore expirée”. Aunque me extenderé sobre esta frase en los párrafos siguientes, aquí puede decirse que no hay ninguna dificultad en dar el significado ordinario y natural a esta frase.
Como se utiliza el tiempo presente y la palabra “todavía”, el intérprete de estas palabras, sin ninguna referencia a los diccionarios, entendería que el legislador está hablando a partir de la fecha del Estatuto. Una declaración que existiera el 24 de octubre de 1945 sería la que quedaría “atrapada” por el párrafo.
Sin embargo, el texto francés, que es tan vinculante para nosotros como el inglés, sugiere que una declaración sigue en vigor cuando no ha finalizado por efecto del tiempo. El abogado de Bulgaria era muy consciente de ello e intentó en vano encontrar apoyo en los textos español, ruso y chino en lugar del francés y, siendo francés, expresó su pesar por esta preferencia antipatriótica. Pero hace falta algo más que meras súplicas para que las palabras cambien de significado.
Por lo tanto, las palabras “que todavía están en vigor” significan, como he dicho, en vigor en la fecha del Estatuto, o, alternativamente, se refieren a declaraciones que no han llegado a su fin por efecto del tiempo. ¿Seguía vigente la Declaración búlgara en octubre de 1945? No cabe duda de que sí. Tampoco en este caso la delegación búlgara sostiene lo contrario. Afirma que la Declaración “murió” al año siguiente con la disolución del Tribunal Permanente.
La Declaración también estaba en vigor porque no había expirado por el efecto del tiempo. Tampoco había sido denunciada. Por lo tanto, era una declaración cubierta por el artículo 36 (5). En consecuencia, leo la parte del artículo 36 (5) que ahora he discutido como “La Declaración búlgara, que sigue en vigor…”.
Las siguientes palabras del párrafo son: “se considerará”.
De la lectura de estas palabras deduzco que el legislador está a punto de establecer una presunción legal que se aplicaría a la Declaración búlgara desde la fecha del Estatuto y para el futuro. Aquí es importante subrayar, porque los representantes del Gobierno búlgaro parecen haber pasado por alto este hecho elemental, que el legislador no está exponiendo la situación jurídica tal y como era en ese momento, sino [p 198] la situación jurídica tal y como la estaba declarando a partir de la fecha de promulgación del Estatuto y para el futuro. El redactor debía ser plenamente consciente de que la Declaración búlgara era un compromiso consensuado, contraído en relación con un Tribunal que estaba a punto de desaparecer, y que no podía modificarse ni un ápice sin el consentimiento de Bulgaria. Sin embargo, por lo que respecta a aquellos que eran o deseaban ser Miembros de las Naciones Unidas, sus declaraciones se consideraban (seront considérées) desde ahora -año 1945- y para el futuro como declaraciones realizadas en relación con el nuevo Tribunal, el Tribunal Internacional de Justicia.
La presunción sería tan válida en 1955 como en 1945, siempre y cuando, por supuesto, Bulgaria se hubiera convertido entretanto en Miembro de las Naciones Unidas. Trataré este punto cuando llegue a las palabras que siguen. El párrafo, tal como se aplica al presente caso, dice ahora: “La Declaración búlgara, que aún está en vigor, se considerará…”
Las palabras que siguen son “entre las partes del presente Estatuto”. Ya he dicho que, en última instancia, éstas son las palabras críticas del apartado y la diferencia básica entre la mayoría de este Tribunal y los que disienten radica en la interpretación que debe darse a estas palabras. Las palabras “presente Estatuto” no plantean ninguna dificultad. La palabra “presente” aparece porque el Estatuto de este Tribunal (como se establece en el artículo 92 de la Carta) se basa en el del Tribunal Permanente, pero nada depende de esta palabra. Tampoco se plantea ninguna cuestión en cuanto a la palabra “Estatuto”.
¿Cuál es entonces el significado de “las partes” en el contexto de “partes en el presente Estatuto”? Las mismas palabras se encuentran cuando la Corte se menciona por primera vez en la Carta. El artículo 93 dice :
“Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto…”.
El artículo 94 dice:
“Todo Miembro de las Naciones Unidas se compromete a acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia”.
A menos que se exprese una intención contraria en el apartado 5 del artículo 36 del Estatuto, no veo ninguna forma de interpretar las palabras “partes en el presente Estatuto”, salvo en el sentido expresamente declarado en el artículo 93 de la Carta. En el apartado 5 del artículo 36 no se expresa ninguna intención contraria; por lo tanto, utilizando los cánones ordinarios para la interpretación de los Estatutos, sostendría sin vacilación que siempre que un Estado se convierte en Miembro de las Naciones Unidas se convierte en “parte en el presente Estatuto”, y las palabras que figuran en el apartado 5 del artículo 36 de dicho Estatuto se aplican específicamente a ese Estado. (A los efectos del presente asunto no es necesario referirse a los Estados que “pueden llegar a ser parte en el Estatuto” en virtud del apartado 2 del artículo 93 [p 199] de la Carta).
Si fuera necesaria una mayor elucidación de las palabras, se podría recurrir al párrafo 2 del mismo artículo 36, donde se utiliza precisamente la misma frase, “los Estados Partes en el presente Estatuto”, que debe referirse a los Miembros de las Naciones Unidas, ya sean los que lo eran en el momento de la promulgación del Estatuto o los que lo serían posteriormente, diez o veinte o treinta años después. Cualquier interpretación que diera un significado a las palabras “partes en el presente Estatuto” en el apartado 2 del artículo 36 y un significado diferente a esas palabras en el apartado 5 del artículo 36 sería insostenible. De nuevo, las palabras “partes en el Estatuto” aparecen en el apartado 4 del artículo 36 y se refieren obviamente a todos los Miembros de las Naciones Unidas y no a los signatarios originales de la Carta.
La mayoría de los miembros de este Tribunal opinan que en el apartado 5 del artículo 36 las palabras “partes en el presente Estatuto” deben limitarse a los signatarios originales de la Carta, y no a los que posteriormente se convirtieron en “partes en el presente Estatuto”. Cuando el legislador quiso referirse a los “Miembros originales” lo hizo con palabras claras (véase, por ejemplo, el artículo 3 de la Carta). Por consiguiente, las palabras del apartado 5 del artículo 36 no pueden limitarse a los “Miembros originarios”. Por lo tanto, interpreto las palabras del párrafo hasta ahora discutido en el sentido de: “La Declaración búlgara aún en vigor se considerará entre Miembros de las Naciones Unidas…”.
Las cuestiones que se plantean a continuación son si Bulgaria, cuando presentó su Excepción Preliminar o, antes, cuando Israel planteó su disputa con ella ante este Tribunal, era (a) Miembro de las Naciones Unidas y, por lo tanto, ipso facto parte del Estatuto, y (b) si había denunciado o no su Declaración -pues no hay cuestión de eflujo de tiempo- y (c) si Israel era Miembro de las Naciones Unidas y parte del Estatuto.
La respuesta a (a) es que Bulgaria se convirtió en parte del Estatuto en diciembre de 1955. La respuesta a (b) es que Bulgaria no había denunciado su Declaración en ningún momento y no lo ha hecho hasta hoy, y la respuesta a (c) es que Israel era en todas las fechas relevantes Miembro de las Naciones Unidas y parte del Estatuto.
Paso ahora a las últimas palabras del apartado que nos conciernen y que no han dado lugar directamente a ninguna cuestión de interpretación. Las palabras son: “ser aceptaciones de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia…”. Estas palabras significan que una declaración en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal Permanente aceptando la jurisdicción obligatoria de dicho Tribunal se considerará, desde la fecha del Estatuto y para el futuro, como una declaración aceptando la jurisdicción obligatoria de este Tribunal, el Tribunal Internacional de Justicia.
Aplicado al presente caso, el artículo 36 (5) dice ahora: “La Declaración búlgara aún en vigor se considerará, entre los Miembros de las Naciones Unidas, como una aceptación de la [p 200] jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia”.
De ello se desprendería que la ley presume que Bulgaria, al haberse sometido voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal Permanente, se ha sometido voluntariamente a la jurisdicción de este Tribunal. Esto me llevaría a desestimar la primera excepción preliminar búlgara.
El abogado de Bulgaria, sin embargo, nos alegó que no teníamos derecho a leer el artículo 36 (5) tal como está, sino que debíamos dar un significado especial a la frase “que todavía estén en vigor” y que debía haber cierta contemporaneidad: es decir, el Estado debe ser Miembro de las Naciones Unidas mientras su declaración esté todavía en vigor y que ninguna declaración de un no Miembro podría sobrevivir a la disolución del Tribunal Permanente. El párrafo no apoya este argumento, por lo que la Delegación búlgara nos pide que leamos en las palabras
“aún en vigor” lo siguiente: “que seguirá en vigor en el momento en que el Declarante se convierta en Miembro de las Naciones Unidas, siempre que la Corte Permanente no haya sido disuelta”.
Para las “partes en el presente Estatuto”, el abogado de Bulgaria diría aparentemente “partes en el presente Estatuto en el momento de la disolución de la Corte Permanente”.
Para interpretar la primera expresión añadiría unas veinticuatro palabras y para interpretar la segunda unas diez palabras. No nos explicó por qué, si esa era la intención del legislador, no se habían utilizado las palabras adecuadas. No recuerdo que defendiera la interpretación que la mayoría del Tribunal ha dado a la frase.
Parece como si la mayoría del Tribunal aceptara parte de esta alegación búlgara. Si las palabras son susceptibles de una interpretación razonable de acuerdo con su significado ordinario, no parece estar en consonancia con una interpretación adecuada del Estatuto añadir palabras que no están ahí.
La interpretación que he adoptado es que el momento al que se refieren las palabras “todavía…” es la fecha del Estatuto o, con carácter subsidiario, que las palabras utilizadas se refieren a una declaración que ya no está en vigor por efecto del plazo para el que se hizo. Por consiguiente, no es necesario modificar la redacción del apartado para darle el sentido que alega el Gobierno de Bulgaria. En nuestro caso, el legislador ha hecho algo muy sencillo.
Las declaraciones “vivas” en el momento de la promulgación deben mantenerse vivas para el futuro. Éstas podrían “morir” con la “muerte” del Tribunal Permanente, si no se mantuvieran “vivas” por el artículo 36 (5).
Es en este punto donde aparece la segunda divergencia entre la mayoría del Tribunal y los Jueces disidentes. Los representantes búlgaros [p 201] repitieron una y otra vez que, una vez talado el árbol, las ramas morían con él. El árbol, por supuesto, era el Tribunal Permanente y la Declaración búlgara era la rama. El abogado de Bulgaria dijo:
“Mais à partir de la dissolution de la Cour permanente, cette déclaration s’est trouvée dans la situation bien connue de la fameuse jument de Roland, qui elle avait aussi toutes les qualités, mais, par malheur, elle était morte. Et aucun historien n’a jamais prétendu qu’après ce petit accident elle était encore en vie.”
Nada podría revivir la rama muerta, como nada podría revivir el caballo muerto.
Esto es malinterpretar todo el propósito del párrafo. Tal vez, más que un malentendido, sea un intento de anular el párrafo. La aceptación del párrafo en su forma actual pone fin inevitablemente a la primera objeción preliminar búlgara. Por lo tanto, debe ser leída y eliminada del Estatuto.
Hay varias maneras de hacerlo. Una, como ya he dicho, es malinterpretar todo su propósito. La otra es afirmar que tal vez la Conferencia de San Francisco, en la que Bulgaria no estaba presente, no podía haber promulgado el párrafo porque, al hacerlo, habría actuado ultra vires: la Conferencia no podía mantener viva, sin el consentimiento de Bulgaria, una declaración que estaba condenada a “morir” con la “muerte “del Tribunal Permanente. Esto fue sobriamente argumentado ante nosotros y parece como si se encontraran ecos de la última parte de esta alegación en la Sentencia de la mayoría. El artículo 36 contempla dos tipos de declaraciones:
(1) las que han de hacer los Miembros de las Naciones Unidas en el futuro (apartado 2);
(2) las ya realizadas por los Estados (miembros o no de las Naciones Unidas en ese momento) en el pasado en relación con el Tribunal Permanente (apartado 5).
El legislador sabía que el Tribunal Permanente se encontraba in extremis y que pronto sería disuelto, para dejar sitio al Tribunal Internacional de Justicia.
Si no se legislaba para evitarlo, las declaraciones formuladas en relación con el Tribunal Permanente llegarían efectivamente a su fin, como alegó el abogado de Bulgaria. El legislador, deseoso de preservar todos los progresos realizados entre las dos guerras en la promoción de la jurisdicción internacional, legisló para preservar las declaraciones ya realizadas.
El Tribunal Permanente se disolvería: las declaraciones sobrevivirían. Esa es la razón por la que se promulgó el artículo 36 (5), y no hay nada en el párrafo que insinúe siquiera que las declaraciones en cuestión deban sobrevivir sólo hasta la disolución del Tribunal Permanente. Introducir la salvedad en el párrafo de que las declaracio-[p202]nes debían terminar con el fin del Tribunal Permanente no es leer sino malinterpretar el párrafo. No se pide a este Tribunal que interprete la ley, sino que cree una nueva ley.
En la medida en que la mayoría de este Tribunal basa su sentencia en esta alegación del abogado de Bulgaria, no está, en mi opinión, interpretando el Estatuto tal y como está, sino remodelándolo tal y como considera que debería haber sido redactado.
El argumento adicional de que el párrafo es de alguna manera ultra vires no necesita detenernos mucho tiempo. El artículo 92 de la Carta establece que este Tribunal “funcionará de conformidad con el Estatuto anexo que … forma parte integrante de la presente Carta”.
El artículo 1 del Estatuto establece: “La Corte Internacional de Justicia … funcionará de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto”.
Esta Corte no tiene autoridad para mirar detrás de los artículos del Estatuto y cuestionar el derecho del legislador a promulgar cualquier artículo o párrafo en particular. Sólo existimos como criaturas del Estatuto, y las únicas decisiones que estamos autorizados a tomar son aquellas tomadas de acuerdo con el Estatuto tal y como es: no como nos gustaría que fuera.
Otra respuesta al argumento búlgaro es que, al convertirse en Miembro de las Naciones Unidas, Bulgaria aceptó “las obligaciones contenidas en esta Carta” (Carta, artículo 4) y, por lo tanto, se convirtió en “parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” (Carta, artículo 93) y quedó vinculada por el artículo 36 del Estatuto, así como por todos los demás artículos del mismo.
Mucho antes de su admisión en las Naciones Unidas, el Gobierno búlgaro había declarado públicamente en 1948 (véase el Anexo 43 al final de las Observaciones escritas del Gobierno de Israel) su adhesión a la Carta y, por tanto, al Estatuto de este Tribunal. Estos son los términos de la declaración
“En nombre de la República Popular de Bulgaria, yo… declaro que la República Popular de Bulgaria acepta sin reservas las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y promete observarlas como inviolables a partir de la fecha de su adhesión a las Naciones Unidas.”
Antes de diciembre de 1955, cuando Bulgaria fue admitida como Miembro de las Naciones Unidas, tenía dos opciones claras: negarse a ser Miembro de las Naciones Unidas o denunciar su Declaración de 1921.
Optó por convertirse en Miembro: no denunció su Declaración. Independientemente de que los Estados de San Francisco tuvieran o no autoridad para promulgar el artículo 36 (5), Bulgaria ratificó lo que allí se había hecho cuando se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas sin denunciar su Declaración.
Sostengo, por tanto, que no hay ninguna referencia a la disolución del Tribunal Permanente en el artículo 36, que da un terminus ad quem [p 203] a las declaraciones, y no tenemos derecho a leer tal referencia en el artículo. Además, no tenemos derecho a preguntarnos si los Estados presentes en San Francisco estaban autorizados o no a promulgar un párrafo que podría afectar a un Estado no presente en San Francisco; en cualquier caso, Bulgaria ratificó lo que se había hecho en San Francisco y aceptó todas las obligaciones del Estatuto cuando se convirtió en Miembro de las Naciones Unidas.
Hay que hacer referencia a otros dos argumentos. Ambas fueron subrayadas por la delegación búlgara y parecen haber desempeñado algún papel a la hora de llevar al Tribunal a su conclusión. Un argumento era que, incluso si el artículo 36 (5) se aplicó en algún momento a la Declaración búlgara, no se podía suponer que el párrafo mantuviera viva una declaración muerta durante diez años. Por lo tanto, leer una sección transitoria de la ley sería darle una interpretación irrazonable. El segundo argumento era que este Tribunal no podía aceptar la jurisdicción a menos que Bulgaria hubiera aceptado específicamente y en términos claros la jurisdicción de este Tribunal.
La sumisión a la jurisdicción no debe inferirse.
El primer argumento se apoyaba en un gran número de ilustraciones del teatro ruso y del folclore escandinavo, pero no en ningún argumento jurídico sólido. Se dijo que una declaración no podía vagar por el país de las sombras de 1945 a 1955 y luego, con el toque de una varita mágica, volver a la vida. Se argumentó además que si, entre esos años, Bulgaria hubiera sido llevada ante este Tribunal, habría tenido una respuesta completa, a saber, que no era parte del Estatuto. Por lo tanto, si en el año 1953 Bulgaria no podía estar obligada por su Declaración de 1921, tampoco podía estarlo en 1957. Estos argumentos, por muy atractivos y persuasivos que se nos presenten, no pueden convencer mientras siga en pie el apartado 5 del artículo 36, y su presentación no fue sino otro intento no de interpretar sino de derogar el apartado. Si el legislador opta por considerar que una declaración es vinculante para los Miembros de las Naciones Unidas, siempre que puedan llegar a ser Miembros de las mismas, podría ocurrir ciertamente, como ocurrió en este caso, que una declaración concreta no surtiera efecto durante varios años.
En el presente caso, además, la mención del período de diez años es engañosa. No sólo la ley mantuvo viva la Declaración, sino que también lo hizo el Gobierno búlgaro. En 1947, a los dos años de la promulgación del Estatuto, Bulgaria solicitó convertirse en Miembro de las Naciones Unidas. En 1948 hizo la declaración solemne que he citado anteriormente.
Siguió presionando a favor de su admisión hasta 1955. El hecho de que no fuera admitida antes se debió a consideraciones políticas que no dependían de Bulgaria. Si se hace una lectura correcta del Estatuto, del que no dejó de pedir ser parte, su Declaración seguía vigente y se haría efectiva el día en que se convirtiera en Miembro. Al menos a partir de 1947, Bulgaria insufló continuamente [p 204] aliento de vida a una antigua declaración, una declaración hecha voluntariamente en 1921 y que, según el argumento de la delegación búlgara, seguía viva en 1946.
Como se ha dicho, en ningún momento durante esos años denunció su Declaración. A la luz de estos hechos, no puede sostenerse que su Declaración viviera en un mundo de sombras. Vivió una vida plena en el Tribunal Permanente durante un cuarto de siglo, vivió en este Tribunal durante los diez años siguientes, en virtud de dos dadores de vida muy poderosos, el Estatuto y la República Popular de Bulgaria.
El segundo argumento, que una aceptación de jurisdicción debe ser explícita y no implícita, parece haber sido aceptado por este Tribunal en su Sentencia. El redactor del Estatuto no estableció tal distinción. Previó dos tipos de declaraciones, las realizadas en el pasado y las que se realizarán en el futuro.
Las declaraciones futuras se tratan en el artículo 36 (2), y las declaraciones pasadas en el artículo 36 (5). No se concede un valor especial a las primeras ni menos validez a las segundas. La única diferencia que el legislador ha establecido entre ellas es que las primeras deben depositarse ante el Secretario General de las Naciones Unidas (artículo 36 (4)), mientras que las segundas, por razones obvias, no necesitan hacerlo. La eficacia de los dos tipos de declaraciones es la misma. Las nuevas declaraciones hechas por los Estados prueban que dichos Estados “reconocen como obligatoria… la competencia de la Corte…” (Artículo 36 (2)). Las antiguas declaraciones de los Estados “se consideran … aceptaciones de la competencia obligatoria de la … Corte” (artículo 36.5). Hay que señalar que, en virtud del artículo 92 de la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas son -la redacción no es “se considerarán”- partes en el Estatuto. De modo que cuando Bulgaria se convirtió en Miembro, se convirtió ipso facto en parte del Estatuto, y la única presunción establecida por el Estatuto era que su declaración voluntaria reconociendo como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Permanente era una declaración reconociendo como obligatoria la jurisdicción de este Tribunal.
En mi opinión, la Primera Objeción Preliminar del Gobierno de Bulgaria debe ser desestimada. (Firmado) Goitein.
