La Alianza para el Progreso fue un programa de desarrollo económico para América Latina, propuesto por los Estados Unidos en 1961. Estaba destinado a abordar las necesidades fundamentales de la región en términos de vivienda, trabajo, salud, educación, y también buscaba modernizar la producción agrícola e industrial, reformar la estructura agraria y tributaria, y mejorar la equidad en la distribución del ingreso nacional.
Sin embargo, la efectividad y el éxito de este programa fueron cuestionados desde el principio. Cuba, por ejemplo, se abstuvo de firmar la declaración debido a que consideraba que políticamente era una maniobra para aislar la Revolución Cubana y económicamente era insuficiente para abordar las enormes brechas de desarrollo.
A pesar de la aprobación inicial y los esfuerzos por coordinar este programa a través del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), la realidad mostró que los resultados no cumplían con las expectativas. A medida que avanzaba la década de 1960, quedó claro que el programa no estaba logrando sus objetivos de crecimiento económico, redistribución de la riqueza o mejora significativa en las condiciones de vida de las personas en América Latina.
En 1970, el senador Edward Kennedy describió la Alianza para el Progreso como un fracaso, señalando altas tasas de mortalidad, pobreza generalizada y desigualdades extremas en la distribución de la tierra y la riqueza. A pesar de la retórica y los recursos invertidos, la realidad no reflejaba mejoras significativas en las condiciones de vida de la mayoría de la población latinoamericana.
Este programa terminó siendo criticado por no abordar efectivamente las desigualdades económicas y sociales, y por haber beneficiado más a las corporaciones estadounidenses que a las poblaciones más vulnerables de la región.
