Declaración a los Pueblos de América (Punta del Este, 17/08/1961)

Reunidos en Punta del Este, inspirados en los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Operación Panamericana y el Acta de Bogotá, los Representantes de las Repúblicas Americanas acuerdan entre sí constituir la Alianza para el Progreso: un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los habitantes del Continente.

Esta Alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y mediante las instituciones dé la democracia re­presentativa, es como mejor se satisfacen, entre otros anhelos, los de trabajo, techo y tierra, escuela y salud. No hay ni puede haber sistema que garantice verdadero progre­só si no proporciona las oportunidades para que se afirme la dignidad dé la persona, que es fundamento de nuestra civilización.

En consecuencia, los países signatarios, en riso de su sobera­nía, se comprometen durante los próximos años a:

Perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas, en aplicación del principio de autodeterminación de los pue­blos.

Acelerar el desarrollo económico y social, a fin de conseguir un alimento sustancial y sostenido del ingreso por habitante, para acercar, en el menor tiempo posible, el nivel de vida dé los países latinoamericanos al de los países industriali­zados.

Ejecutar programas dé vivienda en la ciudad y en el campo, para proporcionar casa decorosa a los habitantes de América. Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, pro­gramas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación, donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el Complemento de crédito oportuno’ y adecuado, la asis­tencia técnica y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progre­sivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad.

Asegurar a los trabajadores una justa remuneración y ade­cuadas condiciones de trabajo; establecer eficientes sistemas de relaciones obrero-patronales y procedimientos de consul­ta y colaboración entre las autoridades, las asociaciones pa­tronales y las organizaciones de trabajadores, para el des­arrollo económico y social.

Acabar con el analfabetismo; extender, en el plazo más corto, los beneficios de la enseñanza elemental o primaria a toda persona latinoamericana y ampliar, en vasta escala, las oportunidades de educación secundaria, técnica y supe­rior.

Desarrollar programas de salubridad e higiene, con miras a prevenir las enfermedades, luchar contra las epidemias y defender, en suma, el potencial humano.

Reformar las leyes tributarias para exigir más a quienes más tienen, castigar severamente la evasión de impuestos, redistribuir la renta nacional en favor de los sectores más necesitados; ‘y al mismo tiempo alentar la inversión y re­inversión de capitales y el ahorro.

Mantener una política monetaria y fiscal que, sin las cala­midades dé la inflación o de la deflación, defienda el poder adquisitivo del mayor número, garantice la mayor estabili­dad de los precios, y sea base adecuada para la promoción de las economías.

Estimular la actividad privada para promover el desarrollo de los países de la América Latina, con ritmo tal que sus economías puedan absorber los excedentes de mano de obra, remediando él problema del desempleo, y a fin de que ocupen el puesto que les corresponde entre las naciones in­dustrializadas y modernas del mundo.

Dar rápida y duradera solución al grave problema que representan para los países de la América Latina las varia­ciones excesivas de los precios de los productos que de or­dinario exportan y de los que aún depende, en medida tan importante, la prosperidad de las naciones latinoamericanas. Acelerar la integración de la América Latina con el mismo objetivo de vigorizar el desarrollo económico y social del Continente, proceso ya comenzado con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y, en otros países, por medio de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Este compromiso expresa el convencimiento de las naciones de la América Latina de que estos cambios de trascendencia económica, social y cultural sólo pueden ser el resultado del esfuerzo propio de cada país. No obstante, para alcanzar las metas que se han señalado, con la urgencia requerida, es indispensable complementar los esfuerzos internos con una ayuda externa adecuada.

Los Estados Unidos, por su parte, se comprometen a ofre­cer su cooperación financiera y técnica para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso. A tal efecto, propor­cionarán la mayor parte del financiamiento de por lo menos veinte mil millones de dólares, principalmente fondos pú­blicos, que la América Latina requiere de todas las fuentes externas, durante la próxima década, para completar sus propios esfuerzos.

En los doce meses contados a partir del 13 de marzo de 1961, fecha de la primera declaración de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos proveerán fondos públicos por más de mil millones de dólares para contribuir de in­mediato al progreso económico y social de la América La­tina.

Los Estados Unidos tienen la intención de que los présta­mos para el desarrollo sean a largo plazo y, cuando fuere apropiado, se extiendan hasta cincuenta años, a interés en general muy bajo o sin interés de acuerdo con los casos. Por su parte, los países de la América Latina declaran su propósito de dedicar una proporción cada vez mayor de sus propios recursos al desarrollo económico y al progreso social, así como a introducir las reformas encaminadas a asegurar una plena participación de todos los sectores en los frutos de la Alianza para el Progreso.

Los países de la América Latina formularán programas na­cionales amplios y debidamente estudiados para el desarrollo de sus economías, como contribución de cada uno a la Alianza para el Progreso.

Expertos independientes y altamente capacitados estarán a disposición de los países latinoamericanos, para ayudar en la formulación y examen de los planes nacionales de des­arrollo.

Conscientes de la importancia trascendental de esta decla­ración, los países signatarios proclaman que el sistema in­teramericano ingresa a una nueva fase en la que, a sus logros jurídicos, institucionales, culturales y sociales, van a añadirse, dentro de la libertad y la democracia, inmediatas y tangibles realizaciones para asegurar a la presente y a las venideras generaciones del Hemisferio Occidental una vida mejor.