Agresión de Rusia a Ucrania: reacciones oficiales en América Latina

Pocas horas después del inicio de la masiva agresión militar rusa a suelo ucraniano acaecida en la madrugada del 23-24 de febrero del 2022, los Estados de América Latina han condenado oficialmente el accionar de Rusia, realizado en abierta violación a varios principios básicos del derecho internacional público: lo han hecho individualmente reiterando, cada uno a su manera, la importancia de las reglas fundamentales del orden jurídico internacional establecido desde 1945 en la Carta de Naciones Unidas.

Foto: tropas de Ucrania intentando contarrestar el avance de Rusia en un puente en la misma capital de Kiev. Foto extraida de nota de prensa de The Guardian, edición del 25/02/2022

Es de notar que, en el momento en que se iniciaron los movimientos de tropas rusas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba precisamente sesionando sobre la crisis en Ucrania (véase comunicado de Naciones Unidas).

Desde la estrícta perspectiva del derecho internacional público, la violación de las obligaciones jurídicas internacionales por parte Rusia es flagrante. Estas obligaciones no solamente se encuentran en la misma carta constitutiva de las Naciones Unidas, sino también en tratados vigentes entre Ucrania y Rusia como, por ejemplo, el Protocolo de Budapest de 1994, en particular la contenida en el punto 2 de dicho protocolo (véase texto completo).

Cabe recordar que en el marco del procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la conformidad de la declaración unilateral de independencia del 2008 de Kosovo al derecho internacional (véase enlace oficial), Rusia había enviado una opinión jurídica que resulta de gran interés revisar en estos días (véase texto en francés y en inglés) en particular sus conclusiones (pp. 27-28 y pp. 39-40 respectivamente).

Este 26 de febrero, Ucrania depositó una nueva demanda formal contra Rusia (véase texto de la demanda y  comunicado de prensa de la CIJ) sobre la base de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio a la que ambos Estados son Estados Parte. Esta demanda, reforzada por una solicitud de medidas provisionales (véase texto) se viene a añadir a otra demanda presentada por Ucrania contra Rusia en el 2017 pendiente de resolución, al haberse declarado competente la CIJ en el 2019 (véase sentencia sobre excepciones preliminares del 8/11/2019).

Resulta oportuno precisar que ante el repentino cambio de Rusia frente a las obligaciones que derivan del derecho internacional público para todo Estado en su relación con otro Estado, el pasado 26 de febrero el Consejo de Europa, organización internacional con sede en Estrasburgo (Francia) y que integra a 47 Estados europeos, decidió suspender los derechos de representación de Rusia en su seno (véase comunicado oficial).

La prohibición del uso de la fuerza en breve

Como bien se sabe, la prohibición del uso de la fuerza así como de la amenaza al uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado, constituye una obligación jurídica internacional, y ello desde 1945.

Como ocurre a menudo en la ciencia jurídica, un principio general o una prohibición general puede conllevar algunas excepciones. Las dos únicas excepciones previstas en el texto de la misma  Carta de Nacions Unidas son:

– el ejercicio de la legítima defensa por parte de un Estado contra otro Estado (Artículo 51), o bien;

– las acciones militares colectivas previamente autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra un Estado, en el marco del Capítulo VII de la misma Carta.

En el presente caso, Rusia ha justificado lo que oficialmente denomina como una “operación militar especial” (Vladimir Putin) refiriendo a la necesidad de “neutralizar” la capacidad militar de Ucrania, de “desmilitarizarla“, así como de “desnazificarla” (según lo oído en el discurso de su Presidente Vladimir Putin del 23 de febrero del 2022): argumentos bastante novedosos y originales. Se mencionó también la necesidad de evitar a toda costa un “genocidio” contra las poblaciones de orígen rusa que viven en el territorio ucraniano, sin que se tenga mayores detalles sobre esta aseveración hecha por la máxima autoridad rusa. Finalmente, una escueta mención al Artículo 51 de la Carta y a tratados de amistad suscritos 48 horas antes con dos territorios separatistas pro-rusos de Ucrania que Rusia reconoce como Estados independientes no permiten disipar mayormente las dudas. Usualmente Rusia, como muchos otros Estados, busca siempre la manera de darle un aspecto de legalidad cuando sus acciones atentan contra una norma internacional vigente: es posiblemente la primera vez, en mucho tiempo, que sus dirigentes improvisan justificaciones legales tan poco convincentes.

No está de más indicar que la misma Carta de 1945 de Naciones Unidas establece un listado de distintos mecanismos denominados “mecanismos de solución pacífica de controversias” (Artículo 33) a los que pueden recurrir dos Estados cuando tienen una disputa entre sí: sea mecanismos políticos, sea mecanismos jurídicos (arbitraje o arreglo judicial). Al respecto, los intensos esfuerzos desplegados personalmente en Moscú y en Kiev por los jefes del Ejecutivo de Francia y de Alemania con sus homólogos ruso y ucraniano buscaban precisamente darle una oportunidad a la diplomacia en procura de una solución negociada aceptable para Ucrania y Rusia, retomando como base para ello, el contenido de los Acuerdos de Minsk suscritos en febrero del 2015 (véase versión oficial en ruso y en francés ubicable en las páginas 41-43 de este informe del Senado galo) y no implementados desde entonces ni por Ucrania, ni por Rusia.

Finalmente, es de precisar que la asimetría entre los ejércitos ruso y ucraniano es tal, que Alemania ha decidido romper con su tradicional reserva que consiste en no enviar armas letales en conflictos armados, aprobando un primer envío este 26 de febrero de unos 400 lanzagranadas para apoyar a Ucrania (véase nota de prensa de SudOuest en Francia).

Las reacciones oficiales registradas en América Latina

En las líneas que siguen, se remitirá  a nuestros estimables lectores a los comunicados oficiales emitidos el pasado 24 de febrero del 2022 por varios Estados del continente americano. Notemos que el caso de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Nicaragua y México, por alguna razón sus respectivos aparatos diplomáticos no han considerado oportuno elaborar y circular un comunicado oficial desde su respectivo Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores.

La lectura detallada de cada comunicado oficial (reproducido en las notas al final de manera integral, título incluido) permite conocer la manera escogida por cada Estado para externar su posición: ya sea utilizando términos y expresiones contundentes designando nominalmente a Rusia, o por el contrario, usando palabras y expresiones mucho más ponderadas, sin excluir otras formas de expresión que permiten la diversidad y la riqueza del lenguaje. El lector encontrará desde un contundente repudio hasta una tímida reprobación, pasando por comunicados que omiten convenientemente referirse a “Rusia“: el abanico de posibilidades es sumamente amplio para los funcionarios encargados de redactar un texto de esta naturaleza.

En un extenso y mesurado comunicado de prensa, Argentina externó que “Reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos” (Nota 1).

En el caso de Bolivia, su comunicado extremadamente ponderado expresa que: “Bolivia hace un llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y convoca a todas las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de distensión y evitar el uso de la fuerza, priorizando los mecanismos diplomáticos del sistema internacional para lograr una solución pacífica sobre la base de un diálogo constructivo y de buena fe, a fin de abordar las cuestiones legítimas de seguridad de las partes” (Nota 2).

Por su parte Brasil expresó con un lenguaje sumamente balanceado que “Como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias” (Nota 3).

En el caso de Chile, su fuerte comunicado señala que “Chile condena la agresión a Ucrania por parte de Rusia, pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional al diálogo con miras a encontrar una solución pacífica al conflicto, como establece el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas” (Nota 4).

En el caso de Costa Rica, su aparato diplomático ha señalado en un (también extenso) comunicado que “Costa Rica condena el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania” indicando además (de manera bastante original con relación a otros comunicados), que “En el contexto de circunstancias excepcionales de recuperación económica, resulta inconcebible que los países se vean afectados además por las consecuencias de este conflicto” (Nota 5).

En el caso de Panamá, recurriendo a una vocabulario más ponderado que el de su vecino, leemos que “El Gobierno de la República de Panamá, fiel a su vocación pacifista, multilateralista, y de apoyo al diálogo, lamenta profundamente los acontecimientos recientes en Ucrania, que contravienen los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.” (Nota 6).

En el caso de Paraguay, su comunicado oficial (véase enlace oficial) – bastante corto si se compara con los demás – señala de manera contundente, lo siguiente (reproducción integral): “Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano. La República del Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano, en violación de principios de soberanía y del derecho internacional, insta a Rusia al cese de las hostilidades, y reitera a las partes involucradas su solicitud de retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pacífica, mutuamente aceptable y duradera. La República del Paraguay hace un firme llamado a las partes a dirimir sus diferencias en el ámbito del sistema multilateral, y exhorta al Consejo de Seguridad, en especial a los Miembros Permanentes, a asumir su misión de mantener la paz y seguridad internacionales“.

Por su parte, el aparato diplomático de Uruguay ha externado que: “Uruguay reitera su apego a la aplicación estricta de las normas de derecho internacional y renueva su llamado a las partes a retomar el camino de las negociaciones, al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el actual conflicto de intereses” (Nota 8).

La diplomacia de Venezuela difundió un comunicado oficial sensiblemente diferente a los anteriores, algo extenso, en el cual “Venezuela hace un llamado a retomar el camino del entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las Partes involucradas en el conflicto para evitar un escalamiento, reafirmando los mecanismos de negociación contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, en aras de preservar la vida, la paz de los habitantes de estos países y la estabilidad de la Región” (Nota 9). El 24 de febrero, no circuló ningún comunicado elaborado por el aparato diplomático de Cuba ni tampoco del de Nicaragua, dos Estados que coinciden usualmente con Venezuela en temas de agenda internacional.

Como se puede apreciar, la diversidad de estas manifestaciones oficiales evidencia formas muy distintas de expresarse con relación a lo que ocurre en Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Cada Estado lo hace en función de criterios propios y de los intereses de política exterior que persigue de manera individual.

Si bien puede existir un consenso sobre la necesidad de reafirmar el respeto a ciertos principios generales, ello no implica un consenso sobre la forma de manifestarse cuando se violan estos principios: así por ejemplo, en el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), un proyecto de declaración  titulado “La situación  en Ucrania“- y que no cuenta con el aval de Argentina, ni de Brasil ni de Bolivia ni de El Salvador ni de Nicaragua ni de Uruguay- está en proceso de discusión desde el 26 de febrero (véase texto del proyecto de declaración).  En caso de que sea finalmente aprobado en una versión posiblemente enmendada y revisada, será de interés compararlo con el texto que emane eventualmente de otra entidad continental que no incluye a Estados Unidos y a Canadá, a saber la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Una coincidencia generalizada

Haciendo a un lado el contenido del comunicado de Venezuela, estas manifestaciones oficiales de Estados de América Latina con respecto al respeto de la integridad territorial y a la prohibición del uso de la fuerza se unen a las demás condenas hechas por los diversos integrantes de la comunidad internacional: como por ejemplo, la que encontramos en el comunicado oficial del Secretario General de Naciones Unidas, en la declaración conjunta de los integrantes del Consejo de la Unión Europea (UE) y sus conclusiones anunciando nuevas sanciones contra Rusia; o bien, en el comunicado de España, en el de Noruega, en el comunicado difundido por Turquía o en el comunicado difundido por la Unión Africana (UA). Desde la academia, se registra, entre muchos, este pronunciamiento de la Sociedad Europea para el Derecho Internacional (más conocida por sus siglas en inglés ESIL) así como el de su homóloga gala (SFDI) que ha circulado entre sus miembros desde el 24 de febrero y cuya copia poseemos.

Esta coincidencia de muchos posiblemente obedezca  también a la gran cantidad de información difundida desde varias semanas sobre el aumento gradual de efectivos y de material militar rusos en la frontera entre Rusia y Ucrania, y al pronóstico hecho por varios analistas según los cuales, concluídos los Juegos Olímpicos de invierno en China, Rusia entraría en acción en territorio ucraniano.

A modo de conclusión

La comunidad internacional ha reaccionado de manera unánime (o casi): Rusia ha podido contar con la manifestación de solidaridad (o con el silencio) de algunos Estados cercanos, de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas.

Posiblemente, estos mismos 193 Estados sean llamados a votar en los muy próximos días una resolución en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un momento en el que la diplomacia rusa pondrá a prueba la solidez de los lazos que la unen a algunos Estados. En el 2014, habíamos tenido la oportunidad de analizar un ejercicio similar con relación a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia (véase nuestra breve nota al respecto): el texto de la Resolución 68/262 fue adoptado el 27 de abril del 2014 con 100 votos a favor, 11 en contra, así como 58 abstenciones, al tiempo que 24 Estados optaron por el siempre extraño “No Show” (la extrañeza radica en ser Estado Miembro de Naciones Unidas y rehuir el tomar posición cuando se trata de condenar acciones que atentan al edificio normativo de las mismas Naciones Unidas).

Esta casi unanimidad expresada este 24 de febrero del 2022 se explica en razón de la importancia de las reglas ignoradas por Rusia, y que constituyen las bases del orden jurídico internacional: ningún Estado puede tener interés en ver debilitados estos principios que constituyen el basamento del ordenamiento jurídico internacional, y ello desde 1945.

Al tratarse de un Estado Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la preocupación es probablemente aún mayor: al respecto, se trata de las mismas reglas que fueron abiertamente violadas en el caso de la agresión de Estados Unidos (otro Estado Miembro Permanente) sufrida por Irak en el 2003, justificada con base en una peligrosa noción de “legítima defensa preventiva“, inexistente en la Carta de Naciones Unidas. Unos años antes, el bombardeo de Belgrado y de otras ciudades serbias acaecido a partir de marzo de 1999 por las fuerzas aéreas de varios integrantes de la OTAN se realizó de manera ilegal, al no contar con ninguna aprobación previa del Consejo de Seguridad.

En el caso de los Estados de América Latina, la última condena generalizada al uso de la fuerza contra un Estado se evidenció cuando el entonces Presidente de Estados Unidos hizo público ante medios de prensa la “opción militar” en el caso de Venezuela (véase al respecto nuestra breve nota de agosto del 2017 sobre las reacciones oficiales registradas). Con relación a la violación a la integridad territorial de un Estado, en el 2008 los Estados miembros de la OEA tuvieron la ocasión de discutir y aprobar colectivamente la Resolución 930 del Consejo Permanente después de la incursión ilegal de Colombia en territorio ecuatoriano.

Con respecto a disputas entre Estados de América Latina llevadas al conocimiento del juez internacional y pendientes de resolución, cabe precisar que la prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza es parte medular de los alegatos de Nicaragua en su demanda contra Colombia presentada en La Haya en el 2013 (véase texto de la demanda, párrafo 22).

– – -Notas – – –

Nota 1: El comunicado oficial de Argentina (véase enlace oficial) se lee textualmente así:

“Argentina reitera su “firme rechazo al uso de la fuerza armada” y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional, con activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones”.