Adquisición de la nacionalidad polaca (Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Permanente de Justicia Internacional)

Dictamen de 15 de Septiembre de 1923 (Serie B, núms. 7).

Tratábase, esta vez, de saber si las personas nacidas en los territorios de referencia habían adquirido la nacionalidad polaca por el solo hecho de su nacimiento, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Minorías celebrado entre las principales Potencias aliadas y Polonia, aun en los casos en que los padres no estuvieren domiciliados en dichos territorios en el momento del nacimiento o al entrar en vigor el Tratado. Habiendo sido llevado el asunto ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones, el Consejo no sin que Polonia discutiese su competencia resolvió deferirlo al Tribunal para obtener, en primer término, un dictamen y después, si la cuestión se resolvía en sentido afirmativo, para invitar al Tribunal a pronunciarse respecto al fondo.

El Tribunal llegó a la conclusión de que la Sociedad de las Naciones era competente y rechazó, respecto al fondo, el punto de vista de Polonia. Según el Tribunal, para la aplicación del artículo del Tratado de Minorías relativo al caso, bastaba con que los padres de los interesados hubiesen estado domiciliados en los territorios cedidos en el momento del nacimiento de los interesados mismos.

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Dictamen consultivo de 15 de septiembre de 1923 (Serie B, nº 7)

Primer informe anual de la Corte Permanente de Justicia Internacional (1 de enero de 1922-15 de junio de 1925), Serie E, nº 1, págs. 210-214

Consejo de la Sociedad de Naciones-Su competencia en virtud de los Tratados de Minorías-Efecto de la transferencia de un territorio sobre la nacionalidad de los habitantes-Condiciones para la adquisición de la nacionalidad: origen, domicilio [Tratado de Minorías con Polonia, Artículo 4].

Historia de la cuestión

El Tratado de las Minorías firmado en Versalles el 28 de junio de 1919 entre las Principales Potencias Aliadas y Asociadas y Polonia contiene la siguiente cláusula en su cuarto artículo:

“Polonia admite y declara nacionales polacos, ipso facto y sin necesidad de formalidad alguna, a las personas de nacionalidad alemana, austriaca, húngara o rusa que hayan nacido en dicho territorio de padres que residan habitualmente en él, aunque en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado no residan ellos mismos habitualmente en él.”

El Gobierno polaco se consideró autorizado, en virtud de este artículo, a no reconocer como nacionales polacos a ciertas personas que anteriormente tenían la nacionalidad alemana, si sus padres no residían habitualmente en el territorio que ahora forma parte de Polonia, tanto en la fecha de nacimiento del interesado como en la fecha de entrada en vigor del Tratado sobre las Minorías, es decir, el 10 de enero de 1920. Los trató como si siguieran poseyendo la nacionalidad alemana y, en consecuencia, les aplicó el trato previsto para las personas de nacionalidad no polaca y se negó a permitirles disfrutar de las garantías que les otorgaba el Tratado.

La Liga Alemana para la Protección de los Derechos de las Minorías en Polonia puso el asunto en conocimiento del Secretario General de la Sociedad de Naciones en la nota fechada el 8 de noviembre de 1921, en la que también planteaba la cuestión de los colonos.[1] En esta nota se mantenía que las condiciones para la adquisición de la nacionalidad polaca, enumeradas en el artículo 4 antes mencionado, debían considerarse cumplidas si las personas en cuestión habían nacido en el territorio que ahora forma parte de Polonia y sus padres residían habitualmente en él en la fecha de este nacimiento.

Siguiendo el procedimiento establecido, el Consejo encargó a un Comité de tres de sus miembros que examinara la cuestión. Este Comité recabó información del Gobierno polaco y de la Liga Alemana en Polonia y, tras una investigación, propuso que se recabara la opinión de juristas. El Consejo decidió en consecuencia, y los juristas consultados elaboraron un informe que fue comunicado al Gobierno polaco. Dicho Gobierno respondió que no podía aceptar la interpretación del artículo 4 adoptada en el informe y añadió que, en su opinión, dicho artículo no formaba parte de las cláusulas puestas bajo la garantía de la Sociedad de Naciones.

La petición del Consejo

Se celebraron entonces negociaciones entre las delegaciones alemana y polaca; pero como pasaba el tiempo y no se llegaba a ninguna solución, el Consejo, el 7 de febrero de 1923, decidió pedir la opinión del Tribunal, en primer lugar, sobre su propia competencia en la materia y, en segundo lugar, en caso de que el Tribunal afirmara su competencia sobre la cuestión, sobre si el artículo 4 se refería únicamente a la residencia habitual de los padres en la fecha de nacimiento de los interesados, o si exigía también que los padres hubieran tenido su residencia habitual en el momento de la entrada en vigor del Tratado.

Composición del Tribunal

El Tribunal abordó esta cuestión en su tercera sesión (ordinaria), que duró del 15 de junio al 15 de septiembre de 1923. Su composición fue la siguiente[2] :

MM. Loder, Presidente; Weiss, Vicepresidente; Lord Finlay, MM. Nyholm, de Bustamante, Altamira, Oda, Anzilotti, Huber, Wang.

Se dio aviso de la solicitud a los Miembros de la Sociedad de Naciones, a través del Secretario General de la Sociedad, y a los Estados mencionados en el Anexo del Pacto. Además, se encargó al Secretario que informara al Gobierno alemán.

Audiencias

A petición de los Gobiernos alemán y polaco, se les concedió permiso para presentar declaraciones orales. El Gobierno rumano, que fue informado de la solicitud de dictamen el 6 de agosto, notificó también, el 25 de agosto, su deseo de que se le concediera una audiencia. El Tribunal accedió a esta petición y fijó la audiencia para el 3 de septiembre, pero el Gobierno rumano consideró que el tiempo así concedido era demasiado corto y, por lo tanto, no presentó ninguna declaración.

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Dictamen nº 7 (análisis)

El Tribunal emitió su dictamen el 15 de septiembre de 1923.

En cuanto a la cuestión relativa a la competencia de la Sociedad de Naciones, la respuesta del Tribunal es afirmativa. La tesis contraria mantenida por Polonia se basaba en el siguiente argumento: para pertenecer a una minoría en el sentido del Tratado, una persona debe ser nacional polaca; pero en este asunto la cuestión era precisamente si las personas afectadas eran o no nacionales polacas. Sin embargo, el Tribunal opina que las disposiciones del Tratado sobre las minorías no se refieren de forma restrictiva a los “nacionales” polacos, sino que amplían considerablemente los conceptos de “minoría” y “población”, ya que aluden, por un lado, a los “habitantes” de los territorios sobre los que Polonia ha asumido la soberanía y, por otro, a los “habitantes” que difieren de la mayoría de la población por su raza o religión, y además porque se impone al Gobierno polaco la obligación de proteger a los habitantes de Polonia sin distinción de nacionalidad. También observa que el Tratado polaco de las minorías se concluyó con un Estado cuya población aún no estaba claramente definida en cuanto a su adscripción política y que, en el mismo Tratado, Polonia había aceptado, entre otras cláusulas, algunas que establecían el derecho a la nacionalidad polaca. Como consecuencia de la importancia suprema de este derecho para las personas afectadas, se colocó bajo la garantía de la Sociedad de Naciones.

Las personas cuya nacionalidad está en litigio en este caso pueden, por tanto, reclamar el beneficio de la garantía prevista para las minorías en el Tratado. La interpretación contraria privaría al Tratado sobre las minorías de gran parte de su valor y es, por tanto, inadmisible.

En cuanto a la segunda cuestión planteada por el Consejo al Tribunal, relativa al fondo del asunto, el Tribunal considera que exigir, como condición para la adquisición de la nacionalidad, que los padres hubieran tenido su residencia habitual no sólo en la fecha del nacimiento sino también el 10 de enero de 1920, fecha de la entrada en vigor del Tratado, equivaldría a añadir condiciones a las establecidas por el Tratado. El Tratado, cuando tiene que determinar el efecto de un ajuste territorial sobre la nacionalidad de los habitantes de los territorios anexionados o cedidos, adopta tanto el principio de residencia habitual como el de origen. Se convierten en polacos: en primer lugar, los nacionales alemanes que residan habitualmente en los territorios incorporados a Polonia; en segundo lugar, los nacidos en estos territorios, siempre que sean hijos de padres que residan habitualmente en ellos en el momento de dicho nacimiento. Esta condición indica un nacimiento producido en el seno de una familia establecida en el territorio sobre la base regular y permanente que presupone la residencia habitual. Exigir además que los padres mantuvieran su domicilio en el momento de la entrada en vigor del Tratado sería inútil a menos que la residencia habitual de los padres estuviera calculada para crear una presunción de que los hijos tenían residencia habitual. Pero el propio Tratado disipa una presunción de este tipo, cuando declara que no es necesario que las personas con las que trata residan habitualmente en los territorios cedidos a Polonia en el momento de la entrada en vigor del Tratado.

El significado del artículo 4, por lo tanto, es claramente que es necesario, pero también suficiente, que en la fecha del nacimiento los padres hayan tenido su residencia habitual, es decir, que se hayan establecido en el territorio que posteriormente pasó a ser polaco, de forma permanente y con la intención de permanecer en él.

Uno de los jueces, Lord Finlay, aunque coincidió con las conclusiones a las que llegó el Tribunal en ambas cuestiones, añadió al dictamen algunas observaciones sobre la cuestión de la competencia. Él preferiría basar la competencia de la Liga en el hecho de que las personas afectadas tienen derecho a la nacionalidad polaca.

Observaciones de Lord Finlay

Lord Finlay afirma que, en el presente caso, el argumento del Gobierno polaco de que la nacionalidad polaca de las personas afectadas debe establecerse antes de que constituyan una minoría en el sentido del Tratado sobre las minorías puede implicar una interpretación del artículo 4 del Tratado y, por tanto, afecta al fondo de la cuestión principal.

Observa que sólo en la medida en que las estipulaciones de los artículos precedentes afectan a las personas pertenecientes a minorías de raza, lengua o religión, éstas quedan bajo la garantía de la Sociedad de Naciones por el artículo 12 del Tratado de las Minorías.

Lord Finlay señala que el artículo 4 de dicho Tratado confiere a las personas de raza alemana en Polonia, ipso facto, el estatus de ressortissants polacos, de plein droit et sans aucune formalite, si nacen de padres domiciliados en Polonia en el momento del nacimiento.

De la lectura de las disposiciones pertinentes del Tratado de Paz y del Tratado de las Minorías (en particular, los artículos 7, 8 y 9), Lord Finlay concluye que, si bien derechos tan elementales como los de la vida y la libertad están garantizados para todos los habitantes, hay un gran número de derechos garantizados únicamente a los ressortissants polacos, incluidas las minorías alemanas o de otro tipo, y es con respecto a tales derechos que debe plantearse la cuestión del trato injusto de las minorías en la inmensa mayoría de los casos.

Por estas razones, Lord Finlay hubiera preferido que el Tribunal no se limitara a basar su respuesta a la alegación polaca en cuanto a la competencia en la opinión de que la minoría contemplada por el artículo 12 puede ser simplemente de habitantes, sino que también hubiera señalado que el caso polaco fracasa incluso si la minoría se tomara sobre la base de los ressortissants.

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Efectos del dictamen

El 25 de septiembre de 1923, el Consejo adoptó el dictamen y pidió a su ponente que ofreciera sus buenos oficios al Gobierno polaco con el fin de estudiar la aplicación de los artículos pertinentes del Tratado y, en caso necesario, negociar con el Gobierno alemán. El 10 de diciembre de 1923, el representante polaco presentó un memorándum en el que proponía la apertura de negociaciones con el Gobierno alemán, (1) en Ginebra con respecto a los artículos 3 y 4 del Tratado sobre las Minorías y (2) en otro lugar con respecto a cuestiones afines. El 14 de diciembre, el Consejo aprobó la propuesta del Gobierno polaco.

Las negociaciones en Ginebra comenzaron el 12 de febrero de 1924 y fueron presididas por el representante brasileño en el Consejo. Como las demás negociaciones no condujeron a ningún resultado, el Consejo, el 4 de marzo de 1924, invitó a los Gobiernos alemán y polaco a seguir negociando sobre el conjunto de estas cuestiones, bajo la presidencia de una tercera persona que actuaría como mediador; si no se llegaba a un acuerdo antes del 1 de julio de 1924, esta persona decidiría en calidad de árbitro. El Consejo añadió que se podría confiar esta tarea al presidente del Tribunal Arbitral Mixto de Alta Silesia.

Esta Resolución del Consejo fue aprobada por ambas Partes, y las negociaciones se iniciaron en Viena el 28 de abril de 1924. Se prolongaron más allá del plazo fijado y así, a pesar de una prolongación de algunas semanas, entró en funcionamiento el procedimiento de arbitraje; finalmente, el 30 de agosto, se firmó un protocolo en el que las dos Partes aceptaban el laudo arbitral del Presidente. El 19 de septiembre de 1924, el Consejo adoptó una Resolución felicitando a las Partes por el acuerdo alcanzado; este acuerdo fue ratificado en Varsovia el 10 de febrero de 1925. En su trigésimo cuarta Sesión, el Consejo, el 8 de junio de 1925, tomó nota formal del intercambio de ratificaciones y aprobó las cláusulas del acuerdo en la medida en que, en virtud del Tratado sobre las Minorías, afectaban a la Sociedad de Naciones.

[1] Lo que constituyó el objeto de la Opinión Consultiva nº 6.
[2] El Sr. Moore participó en las deliberaciones, pero se vio obligado a abandonar La Haya antes de que se resolvieran definitivamente los términos del Dictamen. No obstante, declaró que estaba de acuerdo con las conclusiones del Dictamen.