Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Embajada norteamericana en Jerusalén: Palestina presenta demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Este 28 de setiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Palestina procedió a presentar formalmente una demanda contra Estados Unidos por el traslado de su Embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
En su demanda (véase texto completo), Palestina solicita a la CIJ que ordene a Estados Unidos que:
” 51. By the present Application, the State of Palestine therefore requests the Court to declare that the relocation, to the Holy City of Jerusalem, of the United States embassy in Israel is in breach of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
52. The State of Palestine further requests the Court to order the United States of America to withdraw the diplomatic mission from the Holy City of Jerusalem and to conform to the international obligations flowing from the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
53. In addition, the State of Palestine asks the Court to order the United States of America to take all necessary steps to comply with its obligations, to refrain from taking any future measures that would violate its obligations and to provide assurances and guarantees of non-repetition of its unlawful conduct”.
La base de competencia utilizada por Palestina es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que suscribió y ratificó en abril del 2014 (véase estado oficial de ratificación), así como un Protocolo adicional a esta convención: este instrumento internacional permite a los Estados Partes recurrir a la CIJ en caso de controversias sobre su implementación y/o interpretación.
Como se recordará, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel dada a conocer al iniciar el mes de diciembre del 2017 fue objeto de una resolución del Consejo de Seguridad, vetada únicamente por Estados Unidos (véase nuestra nota titulada “Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto“, publicada en el sitio de DIPúblico). Posterioremente, el mismo texto fue objeto de una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2017 (véase nuestra nota titulada “Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital“, publicada en el mismo sitio antes referido).
Estas acciones en estos dos órganos de Naciones Unidas evidenciaron el profundo aislamiento de Estados Unidos (y de Israel), logrando ambos obtener únicamente a un reducido grupo de Estados para votar en contra del texto en el seno de la Asamblea General. Pese al repudio generalizado a su decisión, Estados Unidos procedió a inaugurar formalmente su embajada en la Ciudad Santa en el mes de mayo del 2018, así como dos Estados de América Latina: Guatemala y Paraguay.
Al iniciar el mes de setiembre del 2018, Paraguay optó por retirar a su embajada de Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv, decisión que había tomado en sentido inversa pocos meses antes sin ninguna explicación (véase nuestra nota titulada “La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva” publicada en el sitio de DebateGlobal). Al restablecer su embajada en Tel Aviv, Paraguay deja únicamente al embajador de Guatemala para hacerle companía a su homólogo norteamericano en la Ciudad Santa.
Foto extraída de artículo de la BBC
La demanda interpuesta este 28 de setiembre del 2018 por parte de Palestina viene a intentar obtener de la justicia internacional un apoyo ante la actitud de la administración del Presidente Trump con relación a Oriente Medio, desde su llegada a la Casa Blanca en enero del 2017: una manera de intentar frenar al actual ocupante de la Casa Blanca, el cual se ha enfocado desde que asumió su cargo, en satisfacer cada una de las pretensiones de Israel, aunque ello signifique desafiar abiertamente la legalidad internacional y el consenso por más de 70 años sobre el estatuto particular de Jerusalén.
