Corte Interamericana celebró el 126 Período Ordinario de Sesiones

San José, Costa Rica, 24 de agosto de 2018– La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró entre el 20 y 24 de agosto su 126 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica.

1. Sentencias

La Corte IDH adoptó las siguientes sentencias, que serán notificadas próximamente:

1. Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú

El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar desde el 20 de marzo de 1999, después de ser presuntamente detenido por personal policial y llevado a la Comisaría de Lircay, Perú, donde, supuestamente, estuvo privado de libertad. Si bien el Estado peruano argumentó que el señor Munárriz Escobar fue puesto en libertad, la Comisión alegó que no existe prueba documental alguna de la liberación, que los testimonios aducidos por el Estado y que constituyen la única prueba de la alegada liberación del señor Munárriz Escobar no cumplen con estándares mínimos de credibilidad, que existen múltiples elementos circunstanciales que tomados en su conjunto demuestran que la actuación policial en general respecto del señor Munárriz Escobar fue irregular y arbitraria. Por otra parte, la Comisión concluyó que, a la fecha de aprobación del informe de fondo, habían pasado más de 17 años del inicio de ejecución de la presunta desaparición forzada y ésta aún no habría sido esclarecida. La Comisión determinó que el Estado habría incurrido en una alegada demora excesiva en las investigaciones y que no se sustentaría en la complejidad del asunto, sino en la alegada falta de impulso y diligencia por parte del Estado. La Comisión también concluyó que el Estado habría incumplido su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno debido a la tipificación inadecuada del delito de desaparición forzada de personas. Finalmente, la Comisión estableció la alegada violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares del señor Munárriz Escobar. Puede conocer más sobre el caso aquí.

2. Caso Coc Max y otros Vs. Guatemala

El caso se relaciona con la masacre presuntamente perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anojb’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman tras haber estado refugiada en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En los mismos hechos, 29 personas resultaron heridas. En cuanto a las investigaciones realizadas, la Comisión determinó que mientras el caso estuvo bajo conocimiento de la jurisdicción penal militar, el Estado habría incumplido con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial. Si bien las autoridades condenaron a 14 miembros de las Fuerzas Armadas, la Comisión alegó que se configuraron deficiencias e irregularidades a lo largo del proceso que presuntamente constituyeron violaciones al deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable. También concluyó que el Estado no habría cumplido su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso. Finalmente, determinó que los hechos constituyeron presuntamente una expresión de discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala. Puede conocer más sobre el caso aquí.

3. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

El caso se relaciona con la presunta falta de atención médica estatal a 49 personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza. Se plantea que la muerte de ocho de las presuntas víctimas habría tenido lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como “oportunistas”, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente. Se alega también que el tratamiento implementado a partir de 2007, no cumplió con los estándares mínimos para ser considerado integral y adecuado y, que por tanto, las alegadas deficiencias habrían violado los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las presuntas víctimas sobrevivientes. Finalmente, el Estado no habría proporcionado una protección judicial efectiva a las presuntas víctimas. Puede conocer más sobre el caso aquí.

2. Interpretación de Sentencia

La Corte emitió las siguientes sentencias de interpretación que serán notificadas próximamente:

• Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala
• Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú

3. Medidas Provisionales

La Corte IDH dictó las resoluciones de solicitud de medidas provisionales y de medidas provisionales acerca de los siguientes casos y asuntos, las cuales serán notificadas próximamente:

• Caso Romero Feris Vs. Argentina
• Asunto Luisiana Ríos y otros respecto de Venezuela
• Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua

4. Firma de convenios

El Presidente de la Corte IDH, Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, firmó el 21 de agosto dos acuerdos de cooperación con las siguientes instituciones:

• Universidad La Salle de Brasil
• Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay

5. Asuntos pendientes y cuestiones administrativas

Asimismo, la Corte examinó diversos asuntos, tales como la tramitación de casos que se encuentran bajo su conocimiento y analizó cuestiones administrativas.

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La composición de la Corte para este período ordinario de sesiones fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). Por motivos de fuerza mayor el Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile) no participó en este período de sesiones.

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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a [email protected].

Para la oficina de prensa contacte a Marta Cabrera Martín [email protected] Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Si desea dejar de recibir este mensaje escríbanos a [email protected]. También puede seguir las actividades de la Corte en Facebook y Twitter.

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San José, Costa Rica, 24 August 2018– The Inter-American Court of Human Rights held its 126th Period of Regular Sessions from 20-24 August in San José, Costa Rica.

1. Judgments

The Inter-American Court issued the following judgments, which will be notified soon:

1. Case Munárriz Escobar et al. v. Peru

This case concerns the alleged forced disappearance of Walter Munárriz Escobar beginning on 20 March 1999, after allegedly having been detained by police personnel and taken to the police station in Lircay, Peru, where he was allegedly deprived of liberty. Even though the Peruvian State argued that Mr. Munárriz Escobar was set free, the Commission alleged that no documentary evidence existed of the release, that the testimony offered by the State was the only evidence of the alleged exoneration of Mr. Munárriz Escobar and such testimony did not comply with the minimum standards of credibility, and that there were multiple circumstantial elements that when taken together showed that the general police conduct towards Mr. Munárriz Escobar was irregular and arbitrary. Furthermore, the Commission concluded that as of the date of approval of the background report, more than 17 years had passed since the beginning of the alleged forced disappearance and the issue had still not been cleared up. The Commission determined that the State had erred by committing an alleged excessive delay of investigations and that such delay would not be sustained in the “complexity of the matter” requirement, but rather in the alleged behavior of judicial authorities and diligence on behalf of the State. The Commission also concluded that the State had erred in its obligation to adopt domestic legislation or other measures due to the inappropriate classification of the crime of forced disappearance of persons. Finally, the Commission detailed the alleged violation of the Munárriz Escobar family’s right to mental and moral integrity. You can learn more about the case here (in Spanish).

2. Case Coc Max et al. v. Guatemala

This case relates to the alleged massacre perpetrated by members of the Armed Forces of Guatemala on 5 October 1995 against 11 people, including three children, who were part of the indigenous population q’eqchi’, mam, q’anojb’al y ixil y k’iche, which tended to the Xaman farm after having taken refuge in Mexico as a consequence of the serious human rights violations committed during the internal armed conflict. Twenty-nine people were wounded in the massacre. Regarding the investigations carried out, the Commission determined that while the case was being considered by a military criminal body, the State had breached its obligation to carry out an impartial and independent investigation. Although the authorities found 14 members of the Armed Forces guilty, the Commission alleged that there had been deficiencies and irregularities during the process that allegedly constituted violations of the duty to investigate with due diligence and within a reasonable time. It also concluded that the State had breached its obligation to remove obstacles posed by threats and harassment against several different people in the process. Finally, it determined that the facts allegedly constituted an expression of racial discrimination against the Mayan people during the armed conflict in Guatemala. You can learn more about the case here (in Spanish).

3. Case Cuscul Pivaral et al. v. Guatemala

This case concerns the alleged lack of medical attention on the part of the State for 49 people with HIV/AIDS living in situations of poverty. It is believed that the death of eight of the presumed victims had taken place as a consequence of infections thought to be “opportunistic,” or in circumstances in which they did not receive the attention they needed from the State within a certain timeframe, or due to poor attention by the latter. It is also alleged that the treatment implemented in 2007 did not comply with the minimum standards to be considered integral and adequate, and, therefore, the alleged deficiencies had violated the rights to health, life, and personal integrity of the presumed surviving victims. Finally, the State had not set up an effective framework of judicial protection for the presumed victims. You can learn more about the case here (in Spanish).

2. Interpretation judgments

The Inter-American Court issued the following interpretation judgments, which will be notified soon:

• Case Gutiérrez Hernández et al v. Guatemala
• Case of Dismissed Employees of Petroperú et al. v. Peru

3. Provisional Measures

The Inter-American Court issued the following resolutions on provisional measures and on a request for provisional measures, which will be notified soon:

• Case Romero Feris v. Argentina
• Matter of Luisiana Ríos et al. with regard to Venezuela
• Matter of Members of the Miskitu Indigenous Community of the North Caribbean Coast regard to Nicaragua

4. Cooperation agreements

The President of the Inter-American Court, Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, signed on 21 August 2018 two cooperation agreements with the following institutions:

• La Salle University of Brazil
• National Institution of Human Rights and Ombudsman of Uruguay

5. Pending issues and administrative matters

In a similar manner, the Inter-American Court supervised different issues, such as the processing of cases under its jurisdiction and analyzed administrative matters.

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The composition of the Court for this period of regular sessions included the following: Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, President (Mexico); Judge Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Judge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Judge Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); and Judge Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). Due to force majeure reasons, Judge Eduardo Vio Grossi, Vice-President (Chile), did not participate in this period of sessions.

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This release was produced by the Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights, which has the sole responsibility to do so.

For the latest information please visit the website of the Inter-American Court, http://www.corteidh.or.cr or send an email to Pablo Saavedra Alessandri, Secretary, at [email protected].

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