La influencia mexicana en el presupuesto de la ONU

La influencia mexicana en el presupuesto de la ONU

Farid Hannan Goyri

Junio 2018

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y Presupuestarios (ACABQ) es un comité de expertos constituido por dieciséis miembros elegidos por la Asamblea General y es uno de los órganos más influyentes dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu fue reelecto como Presidente de dicho comité para el periodo de 2017 a 2019. Para hablar sobre las funciones de la Comisión, la importancia que su presidencia tiene para Latinoamérica y para explicar los procesos presupuestarios y de cuotas de los países, Ruiz Massieu nos brindó una entrevista en sus oficinas en la ciudad de Nueva York. Siga al embajador Ruiz Massieu en Twitter en @CGRuizMassieu.

Farid Hannan Goyri – ¿Cuáles son las principales funciones del ACABQ?

Carlos Ruiz Massieu – La Comisión se encarga de dictaminar las propuestas administrativas o presupuestarias que hace el Secretario General a los Estados miembros sobre las distintas actividades de la ONU. El Secretario General presenta propuestas de presupuesto para financiar los mandatos de los Estados o los proyectos de iniciativa propia. La Comisión dictamina estas propuestas y recomienda a la Asamblea General qué debería de aprobar y qué no. Son dos funciones principales: asegurarse que los mandatos de los Estados estén debidamente financiados y que lo que solicita el Secretario General esté justificado. En otras palabras, la implementación de los mandatos y el uso eficiente de los recursos para los mismos. La Asamblea General toma una decisión final que oscila entre el 80% y 90% de lo que nosotros recomendamos. Es parte de los contrapesos de la Organización, de la Secretaría General, y trabaja por y para los Estados miembros.

FHG – Esta es la primera vez que un latinoamericano ocupa la presidencia. ¿Tiene alguna implicación financiera o política para el Grupo de América Latina y el Caribe?

CRM – Considero que es más una importancia política relativa. No tiene implicaciones presupuestarias de ninguna índole, ni para bien ni para mal. Es un reconocimiento de los miembros de la Comisión hacia la persona que elijan como presidente, una cuestión de reputación y orgullo para la región y para el país. Ahora bien, todos los miembros de la Comisión tienen algunos temas que les son más prioritarios. Al detentar un latinoamericano la presidencia, la expectativa es que los intereses de Latinoamérica van a estar bien resguardados, y así, se espera que los mandatos prioritarios para la región como la Operación para el Mantenimiento de la Paz (OMP) en Haití, la Misión Política Especial en Colombia o la Comisión Económica para América Latina en Chile estén bien financiados.

FHG – ¿Cuál ha sido una de las prioridades, de las que México pudo asegurarse, que estuvieron en la agenda gracias a su presidencia?

CRM – Los temas que tradicionalmente México ha defendido en la Organización están debidamente tratados y priorizados. Entre ellos está actualmente el proceso para el Pacto Mundial de la Migración —ya que el propio proceso necesita recursos para su conducción— o temas relacionados al desarme nuclear. Estos son los dos más recientes, pero por años México ha tenido siempre una doble función: tiene áreas en las que está interesado en que haya suficientes recursos asignados, pero también en los últimos 10 o 20 años ha sido un gran promotor de la eficiencia de los recursos de la Organización. Es decir, no quiere que se malgaste un solo dólar porque son recursos que los ciudadanos mexicanos pagan. Estas dos grandes prioridades se materializan por medio de una membresía en la Comisión y más aún mediante una presidencia.

FHG – ¿Puede explicar grosso modo cómo está estructurado algún presupuesto en lo particular?

CRM – Usemos de ejemplo el presupuesto para las OMP. Está dividido en tres grandes rubros: 1) el personal militar o policial, 2) el personal civil y 3) los recursos operativos. La parte presupuestaria que corresponde al personal militar está predeterminada de alguna manera, porque quien decide el tamaño de los contingentes es el Consejo de Seguridad de la ONU con un criterio que no es presupuestario. La parte correspondientes al personal civil y los costos operativos sí dependen de la Asamblea General y de la ACABQ. La Comisión tiene que analizar si los recursos que se solicitan para personal civil y gastos operativos se justifican a la luz del mandato de la Operación y hacer recomendaciones a la Asamblea General sobre ellos. Por ejemplo, hay mandatos muy restringidos, como la observación de un Acuerdo de Cese al Fuego entre partes de un conflicto y otros más amplios y complejos, que abarcan áreas como el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la protección de los derechos humanos. La Comisión tiene que velar para que los recursos que se soliciten se ajusten a dichas actividades.

FHG – ¿Los Estados pueden ser sancionados si dejan de contribuir al presupuesto?

CRM – Los Estados miembros tienen la obligación de pagarlos. Hay una norma que dice que ningún país puede deber hasta 2 años correspondientes a sus cuotas del presupuesto regular. Si se debe el equivalente a 2 años se sanciona con la pérdida del voto. Normalmente casi no se llega a esos niveles. Para los países que están en situaciones particulares, se analiza si su deuda con la Organización es por causas justificadas o no. A veces se les condona la deuda para efectos del voto y se les restituye su derecho en tanto se esfuerzan por continuar pagando sus contribuciones. Son pocos estos casos, no más de tres o cuatro.

FHG – ¿Esto significa que la amenaza de Estados Unidos de reducir en 40% sus contribuciones le implicaría la pérdida del derecho al voto? Suponiendo que suceda, ¿qué pasaría con los fondos y programas tan importantes como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)?

CRM – Es importante hacer una distinción entre los recursos que los países destinan de manera obligatoria a las actividades cotidianas de la ONU y a las OMP y, por otro lado, los recursos que los países aportan voluntariamente. Estados Unidos es muchas veces el mayor contribuyente en las aportaciones voluntarias de distintos organismos de la Organización, como del Programa Mundial de Alimentos, de la Oficina de Asuntos Humanitarios, del PNUD, de la Unicef, etcétera. Cuando un país anuncia recortes a sus contribuciones hay que ver si los anuncios se refieren de manera general a sus contribuciones al Sistema de las Naciones Unidas o a las cuotas obligatorias. Si fuera este último caso y dejara de pagar el equivalente de hasta 2 años, sí perdería el voto; pero si los ajustes se refieren a contribuciones voluntarias, Estados Unidos está en su derecho soberano de reducir su aportación voluntaria. Creo que esto último ya lo ha hecho, lo cual es desafortunado porque son programas importantes de las distintas áreas de la ONU, como la niñez, la salud sexual y reproductiva o de manera amplia con proyectos de desarrollo.

FHG – ¿Considera que los salarios de los funcionarios de la ONU son excesivos? ¿No deberían mejor reducirlos y destinar esos recursos a programas cuya eficiencia se ha probado?

CRM – La Comisión que presido no se encarga de las condiciones de servicio del personal. Para ello, la ONU cuenta con la Comisión de Administración Pública Internacional. Ellos ajustan las condiciones para atraer de manera competitiva a funcionarios dentro de la Organización. No es mi área de expertise, pero no considero que sean muy elevados. Creo que es muy importante tener salarios competitivos porque al final se trata de atraer al personal más calificado a trabajar a la Organización. Un punto importante que levantas es que sí destinamos demasiados recursos a salarios del personal y esa área sí me compete: alrededor del 70% del presupuesto ordinario se destina a salarios. Es decir, no es una cuestión de salario del personal, sino de la cantidad del personal. Hubo una reducción reciente, pero sigue estando muy por encima del ideal. Espero que con algunas reformas impulsadas por el Secretario General se disminuya todavía más la carga. Por ejemplo, al consolidar los procesos administrativos en un solo lugar y no realizarlos en todas las oficinas de la ONU (Ginebra, Nueva York, Viena y en las OMP) se podrían reducir las plantillas administrativas y así dedicar más recursos a los programas sustantivos y ampliar el beneficio de sus últimos destinatarios.

FARID HANNAN GOYRI es miembro de la Facultad Menor del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Sígalo en Twitter en @FaridHannan.