Miles de personas tomaron esta semana las calles de la capital de Nicaragua en una de las marchas más multitudinarias desde que comenzaron las protestas el pasado mes de abril.
La manifestación por el Día de la Madre en Managua se convocó en solidaridad con las madres de los estudiantes y los manifestantes que han muerto a manos de la policía y las fuerzas del Gobierno desde el inicio de la crisis política. Justo antes del atardecer, hombres armados abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en la Universidad Nacional de Ingeniería, según informes de prensa.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que al menos 16 personas han muerto esta semana, la mayoría durante la marcha del miércoles.
El Secretario General emitió un comunicado condenando la violencia en curso en Nicaragua, “en particular el asesinato de varios manifestantes durante manifestaciones en Managua el 30 de mayo”.
Guterres celebra el reciente anuncio sobre el establecimiento de un panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la violencia e insta al Gobierno “a garantizar la protección y la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos“.
Además, hace un llamamiento al Gobierno nicaragüense para que considere favorablemente las solicitudes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para realizar una visita al país.
Las Naciones Unidas, dijo, “están disponibles para ayudar en los esfuerzos de diálogo nacional para fortalecer el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la resolución pacífica de las diferencias”.
Por su parte, el Alto Comisionado expresó su “profunda preocupación” por la nueva escalada de violencia en el país donde “más de cien” personas han muerto en el marco de las protestas en el último mes.
Estamos convencidos que nuestra visita es oportuna e importante y pedimos al Gobierno una pronta respuesta
“Reiteramos nuestra solicitud hecha el pasado 7 de mayo a las autoridades nicaragüenses para que nos garanticen acceso inmediato al país, para que podamos (…) recabar de primera mano información sobre lo que ocurrió durante las protestas y promover medidas para prevenir más violaciones de derechos humanos”, señaló en rueda de prensa la portavoz Liz Throssell.“Estamos convencidos que nuestra visita es oportuna e importante y pedimos al Gobierno una pronta respuesta”, afirman.
Investigación internacional
La portavoz instó a las autoridades a iniciar una “investigación eficaz, pronta e imparcial sobre todas las alegaciones de graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en las últimas semanas”. Estas denuncias incluyen informaciones sobre “asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias” que se cometieron presuntamente después de la última visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país en mayo.
La Comisión anunció esta semana que ha logrado el consentimiento del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional independiente. La ONU saluda que el Gobierno de Daniel Ortega haya aceptado esta investigación, pero considera “profundamente lamentable” que Managua no cumpla sus obligaciones internacionales a la hora de proteger a los manifestantes pacíficos de la violencia y no garantice la rendición de cuentas por el uso ilegal de la fuerza. La Comisión Interamericana ha pedido también que se desmantelen “los grupos parapoliciales” y adopten medidas para prevenir que sigan operando.
Más de un mes de protestas
La crisis en Nicaragua tuvo como detonante las manifestaciones en contra de unas reformas a la seguridad social, pero las protestas continuaron debido a la violencia con la que se reprimieron las marchas.
Las informaciones con las que cuenta la ONU indican que muchas de las víctimas “fueron disparados por fuerzas policiales y grupos armados pro-gubernamentales”.
La Oficina de Derechos Humanos ha denunciado también las amenazas a periodistas, estudiantes y representantes de la Iglesia Católica y ha expresado su preocupación por la detención el 30 de mayo de seis defensores de los Derechos Humanos, entre ellos dos adolescentes, cerca de la frontera con Costa Rica. Ha pedido a las autoridades que garanticen su pronta liberación.