Argentina viola la Convención contra la Tortura en las prisiones

El relator especial de la ONU sobre la Tortura señala en una declaración que Argentina “ha recorrido un largo camino en el abordaje de su pasado” y destaca que “desde el juicio a las Juntas en 1985, hasta los veredictos en la causa de “los vuelos de la muerte” el año pasado, la sociedad argentina ha ganado muchas batallas contra la impunidad, y con coraje ha defendido la democracia, la rendición de cuentas y la dignidad humana.

No obstante, Nils Melzer asegura que aún queda mucho por hacer a fin de evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura, con el fin de asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Más allá del pasado

“Sin embargo, a la sombra de estos logros ejemplares, sobreviven algunos remanentes estructurales, culturales e institucionales del pasado, que aún se encuentran enquistados en los sistemas penitenciarios y de seguridad del país”, expresa Melzer.

El relator señala que a lo largo y ancho del país parece haber un endurecimiento de la política penal, en respuesta a las inquietudes populares en relación con el delito violento y la seguridad pública, lo que produce un incremento en los niveles de reclusión y un deterioro dramático de las condiciones de detención.

“Aun cuando aprecio genuinamente el sistema sofisticado de salvaguardas y mecanismos existentes para prevenir la tortura, asegurar condiciones adecuadas de detención y la dedicación personal de innumerables funcionarios/as en todos los niveles, la realidad es que dichas salvaguardas no han sido suficientemente traducidas en resultados prácticos”, añade el relator.

Sobrepoblación de los centros penitenciarios

Las cárceles y comisarías de Argentina se encuentran crónicamente sobrepobladas, y las condiciones en varios lugares de detención son claramente incompatibles con la dignidad humana.

“Aunque existen diferencias importantes entre las diversas instituciones, me sorprende realmente que, en algunos lugares, las personas privadas de libertad se encuentran encerradas en celdas infestadas con ratas y cucarachas. Una gran cantidad de reclusos disponen solamente de un metro cuadrado de espacio, algunos durmiendo sin colchones, en cemento o camas metálicas, otros no cuentan con acceso a luz artificial, con instalaciones eléctricas y sanitarias rotas, sin acceso a los baños durante la noche, y en casos extremos, sin acceso a la luz del sol durante períodos de hasta seis meses”, observa el experto.

Además, en varios lugares, las personas detenidas se ven privadas de nutrición, higiene y salud adecuada o reportan haber estado expuestas a violencia o corrupción por parte de otros reclusos y agentes penitenciarios.

Adolescentes y enfermos

El relator también expresó su preocupación ante el hecho de que adolescentes privados de libertad residen en condiciones de seguridad excesivamente duras. Por otro lado, algunos pacientes psiquiátricos están institucionalizados en condiciones completamente inaceptables.

“Mi opinión ponderada es que al permitir que esta situación surja, continúe y se exacerbe, a pesar de los reiterados pedidos por parte de la sociedad civil y los mecanismos internacionales, la Argentina ha pasado a ser responsable de una generalizada y persistente violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

Melzer sostiene que “no existe justificación alguna, sea económica, política, legal o de otra índole, para exponer a seres humanos a condiciones tan intolerables”.

El experto señala que también ha recibido numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, y sobre acoso, corrupción y violencia policial arbitraria durante las requisas, los desalojos y los arrestos.

“Algunas víctimas alegaron haber recibido tiros, cachetazos, patadas, amenazas con armas de fuego y haber sido sofocadas con bolsas plásticas”, afirma.

“Estos abusos parecen estar dirigidos principalmente a los sectores marginados de la sociedad como, por ejemplo, los habitantes de los barrios más carenciados, migrantes afrodescendientes, pueblos indígenas y minorías sexuales, entre otros”, agrega.

Violencia sin investigar

Esta violencia institucional no parece ser efectivamente investigada en la práctica, de acuerdo con el relator que insta urgentemente a las autoridades argentinas, en todos sus niveles y poderes, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones de detención en el país.

Medidas urgentes

El relator insta a las autoridades del país a tomar una serie de medidas urgentes:

A los jueces:

• Evitar todo ingreso innecesario de internos en el sistema de detención existente
• Facilitar su liberación o la aplicación de medidas alternativas para cualquier recluso cuya detención no sea imprescindible.

Al parlamento:

•  Brindar los fundamentos legales para permitir el alivio de la presión que se ejerce sobre el sistema de detención.

Al Ejecutivo:

• Prevenir y sancionar todo acto de corrupción, extorsión o maltrato por parte de los agentes penitenciarios o las fuerzas de seguridad.

“En las últimas tres décadas, se ha comprobado en repetidas ocasiones que la sociedad argentina ha sido capaz de expresarse contra la violencia, la tortura y el abuso. Hoy insto al pueblo argentino a honrar esa promesa en nombre de la humanidad”.

En marzo de 2019, el relator especial presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe sobre el país con sus observaciones y recomendaciones.

El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo.