Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
5 Marzo 2018
Los representantes de 24 países de la región se reunieron en San José, Costa Rica, y adoptaron el texto que se viene negociando desde 2014 y establece también la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
América Latina y el Caribe aprobaron su primer acuerdo vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en cuestiones ambientales.
“Con este acuerdo, la región atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Bárcena agregó que este acuerdo regional, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, responden a la búsqueda de respuestas de la comunidad internacional para cambiar el actual estilo de desarrollo y “para construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales”.
“El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo”, dijo.
El objetivo del acuerdo es “garantizar la aplicación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”
El texto estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, y estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
El derecho a un medio ambiente seguro y saludable como instrumento internacional
El relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, aseguró este lunes que aunque el derecho a gozar de un medio ambiente seguro y saludable figura dentro de acuerdos regionales y legislaciones nacionales, éste no ha sido ha sido reconocido, ni aprobado en el marco internacional de derechos humanos.
John H. Know presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que busca que se reconozca el derecho a un medio ambiente seguro y saludable como un derecho humano a nivel internacional.
Según el documento, se ha demostrado que su reconocimiento genera ventajas reales: aumenta la visibilidad y la importancia de la protección ambiental y sirve de base para la promulgación de legislación sólida en esta materia. También señala que existe una relación de interdependencia entre el medio ambiente y los derechos humanos.
“Un medio ambiente saludable resulta necesario para el pleno disfrute de muchos derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, la salud, los alimentos, el agua o el desarrollo. Al mismo tiempo, el ejercicio de otras libertades, como el derecho a la información, la participación o de recurso, es fundamental para la protección del medio ambiente”, señaló el experto.
De esta manera, el informe establece una serie de principios que los Estados deben cumplir para preservar el medio ambiente y, por lo tanto, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos. Uno de los elementos más importantes es la necesidad de proporcionar un entorno favorable para conseguirlo, lo que genera obligaciones en cuanto a igualdad, educación, acceso a la información, participación ciudadana, protección de minorías y evaluación del impacto de los proyectos y las políticas en ambos ámbitos.
