Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
08 de febrero, 2018 — La fiscalía hizo el anuncio de la apertura de un examen preliminar sobre Venezuela, tras una revisión cuidadosa independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes que documentan crímenes que pudieran ser de competencia del tribunal.
La fiscal Fatou Bensouda expresó en una vídeo-declaración que analizará crímenes presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto al menos desde abril de 2017.
“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.
Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma, y en virtud de este principio, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales.
El examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible “para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.
No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de este examen.
La Corte anunció también que abrirá otro examen preliminar sobre Filipinas en el marco de presuntos crímenes cometidos durante la campaña “La guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno. La fiscal aseguró que se ha alegado que desde el 1o de julio de 2016, se han asesinado a miles de personas por su presunta implicación en el uso o tráfico ilegal de estupefacientes.
“Reitero que la Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, de acuerdo con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables de la Corte. Al hacerlo, esperamos contar con la plena cooperación de las autoridades nacionales competentes en Filipinas y en Venezuela.”, concluyó Bensuda.
