Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Este proximo 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre el monto que Nicaragua le adeuda a Costa Rica por los daños ambientales ocasionados en el sector de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de los daños ocasionados por Nicaragua en octubre del 2010, con la construcción de un caño ilegal, y con la apertura de dos nuevos caños detectados en setiembre del 2013 en el sector de Isla Portillos.
En agosto del 2017 (véase nota nuestra), la CIJ había dado por concluido el debate entre ambos Estados, entrando a deliberar, por lo que el plazo que el juez internacional utilizó para proceder al “délibéré” en este caso, es de 6 meses.
En una nota anterior se analizó la peculiar manera en la que ambos Estados “negociaron” el monto, que Costa Rica anunció de forma unilateral en junio del 2016 por más de 6 millones de US$ (véase nota publicada en OPALC, Sciences-Po, Paris titulada “Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes“). Este monto fue rechazado por Nicaragua, obligando a la CIJ a activar el procedimiento de fijación del monto previsto en su sentencia de diciembre del 2015 (que otorgaba a ambos Estados un plazo de 12 meses para que acordaran el monto de manera conjunta): sobre los alcances de este fallo del 2015 de la CIJ para Costa Rica y para Nicaragua, remitimos a nuestra nota también publicada en el OPALC titulada “El fallo de la Corte internacional de justicia entre Costa Rica y Nicaragua: breves apuntes“.
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada “trocha fronteriza” construida a partir del 2011 por las autoridades costarricenses a lo largo de buena parte de la frontera fluvial con Nicaragua. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Mapa de la “trocha fronteriza” y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una “agresión” e “invasión” por parte de las autoridades de Costa Rica. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada)
