Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
25 de octubre, 2017 — El experto independiente de Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo solicitó a las autoridades españolas establecer negociaciones de buena fe con los líderes de Cataluña, tras el anuncio del gobierno español de activar un artículo de la Constitución que suspendería la autonomía de esa comunidad inmersa en un desafío independentista.
El pasado jueves, el gobierno español decidió poner en marcha los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención del gobierno catalán.
Alfred de Zayas, condenó este miércoles esa decisión del gobierno español y destacó que es incompatible con cuatro artículos – 1,19,25 y 27 – del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El experto de Naciones Unidas destacó que negar a un pueblo la manifestación sobre su autodeterminación, denegar la legalidad de un referéndum, usar la fuerza para impedirlo y anular la autonomía de un pueblo mediante castigo supone una violación del artículo 1º del mencionado Pacto.
Respecto a la aplicación del principio de integridad territorial invocado por el gobierno español, De Zayas, destacó la importancia de éste contenida en muchas resoluciones de la Asamblea General, pero indicó que “su objetivo es aplicarlo externamente, para prohibir las amenazas o incursiones extranjeras en la integridad territorial de los Estados soberanos”.
Añadió que “el derecho de libre determinación es un derecho de los pueblos y no una prerrogativa de los Estados para conceder o negar. En caso de conflicto entre el principio de integridad territorial y el derecho humano a la libre determinación, prevalece este último”.
De Zayas insistió que la única solución democrática a la actual situación es “suspender las medidas represivas y organizar un referéndum que determine los deseos de la población afectada”.
Según la opinión del experto, la consulta tendría que ser supervisada por la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y observadores internacionales como el Centro Carter.
