MADRID – En su famoso “trilema político de la economía mundial”, el economista de Harvard Dani Rodrik expone un problema irresoluble: la integración económica global, el estado-nación y la democracia son tres elementos que no pueden darse simultáneamente en su máxima expresión. A lo sumo, podemos combinar dos de los tres, pero siempre a expensas del restante.
Hasta hace bien poco, el Consenso de Washington que nació en los años ‘80 —cimentado en principios como la liberalización, la desregulación y la privatización— representaba el canon económico por excelencia. Si bien la crisis del 2008 lo puso en jaque, los países del G20 convinieron evitar una respuesta proteccionista. Mientras tanto, la Unión Europea se mantenía (y se mantiene) como el único experimento democrático a escala supranacional, haciendo gala de avances prometedores, pero aquejado de múltiples déficits. En otras palabras, a nivel mundial se venía favoreciendo una integración económica anclada todavía en el estado-nación, lo cual daba pie a que las dinámicas de los mercados internacionales relegasen a la democracia a un segundo plano.
Pero el año 2016 marcó un punto de inflexión, aunque aún no sepamos a ciencia cierta lo que ello comportará a largo plazo. Más allá de que haya surgido en China lo que ha venido a llamarse “Consenso de Pekín”, en el que algunos ven un modelo alternativo de desarrollo basado en un mayor intervencionismo estatal, fueron sobre todo el Brexit y la elección de Donald Trump los acontecimientos que catalizaron un cierto cambio de ciclo. “Let’s take back control” fue el lema que popularizaron los Brexiteers, mientras que muchos votantes de Trump expresaron su recelo ante el poder acumulado por Wall Street, actores transnacionales e incluso otros Estados en un escenario de hiperglobalización. Sería poco sensato desdeñar este diagnóstico, que suscribe en gran medida el propio Rodrik, por el mero hecho de estar en desacuerdo con el tratamiento que proponen Trump y algunos conservadores (¿o reaccionarios?) británicos. Ese tratamiento consiste en poner trabas a la globalización —eso sí, manteniendo intactos o incluso realzando otros ingredientes del Consenso de Washington, como la desregulación financiera— y en fortalecer la democracia a través del estado-nación.
En su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Trump pronunció un discurso de 42 minutos, en el que las palabras “soberanía” o “soberano” aparecieron un total de 21 veces. Es decir, la friolera de 1 vez cada 2 minutos. En Europa, no es únicamente el Reino Unido el que se encuentra inmerso en una deriva neowesfaliana, sino también otros Estados como Polonia y Hungría. Incluso el movimiento “independentista” catalán, comandado por una serie de partidos que en su mayoría no se sentirían cómodos con la etiqueta de “anti-globalización”, sigue una lógica similar de repliegue nacionalista.
Sin embargo, estos actores tienden a sobreestimar su capacidad de diluir la integración económica existente, afianzada por el vertiginoso desarrollo de las cadenas globales de valor en las últimas décadas. Resulta más plausible que, si dichos movimientos insisten en nadar contracorriente, lo que consigan diluir a mayor velocidad sea la influencia de sus respectivos Estados —o aspirantes a Estado— sobre la globalización. En resumidas cuentas, un aumento de soberanía formal puede implicar paradójicamente una pérdida de soberanía efectiva, que es la que de verdad importa. Trasladando esta reflexión al caso catalán, un movimiento pretendidamente independentista y soberanista podría terminar creando una sociedad más dependiente y menos soberana, que quedaría más a merced de las dinámicas internacionales.
Justo una semana después del discurso de Trump en la ONU, el presidente francés Emmanuel Macron acudió a la Sorbona para presentar su visión sobre el futuro de Europa. Macron mencionó también en repetidas ocasiones la palabra “soberanía”, dejando claro que su modelo de Europa se asienta sobre esta noción. Pero, a diferencia de los populistas, el presidente francés apuesta por una soberanía efectiva e inclusiva, de alcance europeo, y apoyada sobre otros dos pilares maestros: la unidad y la democracia.
Otra de las tríadas que operan en el ámbito internacional hace referencia a las formas que tienen los Estados de relacionarse entre sí. Podemos decir que estas relaciones se vehiculan a través de tres ejes: cooperación, competencia y confrontación. Sería ingenuo aspirar a eliminar por completo ese elemento de confrontación que, desde los albores de la historia humana, ha estado siempre presente. No obstante, sí que es posible reducir su dosis aumentando exponencialmente sus costes de oportunidad, como bien ha demostrado la Unión Europea. Por desgracia, los movimientos que entienden la soberanía en términos aislacionistas suelen recurrir a un nacionalismo exacerbado, poco dado a fomentar esos espacios comunes que permiten que la sociedad internacional goce de buena salud.
Que ciertos Estados aboguen por recluirse dentro de sus fronteras resulta anacrónico y contraproducente, pero sería un grave error por parte del resto de la sociedad internacional reaccionar con despecho, imponiendo estrictas cuarentenas ante el temor a un efecto contagio. El espíritu de cooperación, junto con una competencia constructiva, debe vertebrar las relaciones entre todos los actores que dispongan de legitimidad internacional. Es preciso resistir la tentación de aplicar este principio a la carta, ya que estaríamos olvidándonos de que, en aquellos Estados que han sucumbido a discursos reduccionistas, todavía existen amplísimos sectores de la ciudadanía que reivindican un enfoque aperturista. Pensemos en el 48% de votantes del Remain, o en el 49% de partidarios del “no” en el referéndum constitucional turco, y en la decepción que supondría para tantos ellos que la Unión Europea les diese la espalda.
El diálogo habrá de ser la seña de identidad de una sociedad internacional que esté a la altura de ese apelativo, que sea verdaderamente eficaz en la gestión de sus recursos compartidos, y que trate de resolver en conjunto problemas globales como la proliferación nuclear, el terrorismo y el cambio climático. Ese diálogo deberá producirse en el marco de una esfera pública común y democrática, si no queremos perpetuar las deficiencias del Consenso de Washington, que se revelaron con gran estrépito en el infausto año 2016. Si cultivásemos esa esfera pública común, disminuyendo la preeminencia del estado-nación, podríamos desplazarnos paulatinamente hacia el lado menos explorado del triángulo que dibuja Rodrik: el de la democracia global.
Desde luego, este objetivo se antoja difícil de alcanzar, pero el desarrollo tecnológico y la multiplicación de sinapsis económicas y culturales hacen que no sea una quimera. En este sentido, la Unión Europea ha sabido abrir una nueva senda, y lo que se antoja más difícil es renunciar a la oportunidad de recorrerla.
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Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
MADRID – En su famoso “trilema político de la economía mundial”, el economista de Harvard Dani Rodrik expone un problema irresoluble: la integración económica global, el estado-nación y la democracia son tres elementos que no pueden darse simultáneamente en su máxima expresión. A lo sumo, podemos combinar dos de los tres, pero siempre a expensas del restante.
Hasta hace bien poco, el Consenso de Washington que nació en los años ‘80 —cimentado en principios como la liberalización, la desregulación y la privatización— representaba el canon económico por excelencia. Si bien la crisis del 2008 lo puso en jaque, los países del G20 convinieron evitar una respuesta proteccionista. Mientras tanto, la Unión Europea se mantenía (y se mantiene) como el único experimento democrático a escala supranacional, haciendo gala de avances prometedores, pero aquejado de múltiples déficits. En otras palabras, a nivel mundial se venía favoreciendo una integración económica anclada todavía en el estado-nación, lo cual daba pie a que las dinámicas de los mercados internacionales relegasen a la democracia a un segundo plano.
Pero el año 2016 marcó un punto de inflexión, aunque aún no sepamos a ciencia cierta lo que ello comportará a largo plazo. Más allá de que haya surgido en China lo que ha venido a llamarse “Consenso de Pekín”, en el que algunos ven un modelo alternativo de desarrollo basado en un mayor intervencionismo estatal, fueron sobre todo el Brexit y la elección de Donald Trump los acontecimientos que catalizaron un cierto cambio de ciclo. “Let’s take back control” fue el lema que popularizaron los Brexiteers, mientras que muchos votantes de Trump expresaron su recelo ante el poder acumulado por Wall Street, actores transnacionales e incluso otros Estados en un escenario de hiperglobalización. Sería poco sensato desdeñar este diagnóstico, que suscribe en gran medida el propio Rodrik, por el mero hecho de estar en desacuerdo con el tratamiento que proponen Trump y algunos conservadores (¿o reaccionarios?) británicos. Ese tratamiento consiste en poner trabas a la globalización —eso sí, manteniendo intactos o incluso realzando otros ingredientes del Consenso de Washington, como la desregulación financiera— y en fortalecer la democracia a través del estado-nación.
En su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Trump pronunció un discurso de 42 minutos, en el que las palabras “soberanía” o “soberano” aparecieron un total de 21 veces. Es decir, la friolera de 1 vez cada 2 minutos. En Europa, no es únicamente el Reino Unido el que se encuentra inmerso en una deriva neowesfaliana, sino también otros Estados como Polonia y Hungría. Incluso el movimiento “independentista” catalán, comandado por una serie de partidos que en su mayoría no se sentirían cómodos con la etiqueta de “anti-globalización”, sigue una lógica similar de repliegue nacionalista.
Sin embargo, estos actores tienden a sobreestimar su capacidad de diluir la integración económica existente, afianzada por el vertiginoso desarrollo de las cadenas globales de valor en las últimas décadas. Resulta más plausible que, si dichos movimientos insisten en nadar contracorriente, lo que consigan diluir a mayor velocidad sea la influencia de sus respectivos Estados —o aspirantes a Estado— sobre la globalización. En resumidas cuentas, un aumento de soberanía formal puede implicar paradójicamente una pérdida de soberanía efectiva, que es la que de verdad importa. Trasladando esta reflexión al caso catalán, un movimiento pretendidamente independentista y soberanista podría terminar creando una sociedad más dependiente y menos soberana, que quedaría más a merced de las dinámicas internacionales.
Justo una semana después del discurso de Trump en la ONU, el presidente francés Emmanuel Macron acudió a la Sorbona para presentar su visión sobre el futuro de Europa. Macron mencionó también en repetidas ocasiones la palabra “soberanía”, dejando claro que su modelo de Europa se asienta sobre esta noción. Pero, a diferencia de los populistas, el presidente francés apuesta por una soberanía efectiva e inclusiva, de alcance europeo, y apoyada sobre otros dos pilares maestros: la unidad y la democracia.
Otra de las tríadas que operan en el ámbito internacional hace referencia a las formas que tienen los Estados de relacionarse entre sí. Podemos decir que estas relaciones se vehiculan a través de tres ejes: cooperación, competencia y confrontación. Sería ingenuo aspirar a eliminar por completo ese elemento de confrontación que, desde los albores de la historia humana, ha estado siempre presente. No obstante, sí que es posible reducir su dosis aumentando exponencialmente sus costes de oportunidad, como bien ha demostrado la Unión Europea. Por desgracia, los movimientos que entienden la soberanía en términos aislacionistas suelen recurrir a un nacionalismo exacerbado, poco dado a fomentar esos espacios comunes que permiten que la sociedad internacional goce de buena salud.
Que ciertos Estados aboguen por recluirse dentro de sus fronteras resulta anacrónico y contraproducente, pero sería un grave error por parte del resto de la sociedad internacional reaccionar con despecho, imponiendo estrictas cuarentenas ante el temor a un efecto contagio. El espíritu de cooperación, junto con una competencia constructiva, debe vertebrar las relaciones entre todos los actores que dispongan de legitimidad internacional. Es preciso resistir la tentación de aplicar este principio a la carta, ya que estaríamos olvidándonos de que, en aquellos Estados que han sucumbido a discursos reduccionistas, todavía existen amplísimos sectores de la ciudadanía que reivindican un enfoque aperturista. Pensemos en el 48% de votantes del Remain, o en el 49% de partidarios del “no” en el referéndum constitucional turco, y en la decepción que supondría para tantos ellos que la Unión Europea les diese la espalda.
El diálogo habrá de ser la seña de identidad de una sociedad internacional que esté a la altura de ese apelativo, que sea verdaderamente eficaz en la gestión de sus recursos compartidos, y que trate de resolver en conjunto problemas globales como la proliferación nuclear, el terrorismo y el cambio climático. Ese diálogo deberá producirse en el marco de una esfera pública común y democrática, si no queremos perpetuar las deficiencias del Consenso de Washington, que se revelaron con gran estrépito en el infausto año 2016. Si cultivásemos esa esfera pública común, disminuyendo la preeminencia del estado-nación, podríamos desplazarnos paulatinamente hacia el lado menos explorado del triángulo que dibuja Rodrik: el de la democracia global.
Desde luego, este objetivo se antoja difícil de alcanzar, pero el desarrollo tecnológico y la multiplicación de sinapsis económicas y culturales hacen que no sea una quimera. En este sentido, la Unión Europea ha sabido abrir una nueva senda, y lo que se antoja más difícil es renunciar a la oportunidad de recorrerla.