México continúa operando bajo el supuesto de que los salarios suficientemente bajos como para atraer y sostener inversiones, aseguran la vía más corta a la competitividad. La elite económica mexicana, por consiguiente, considera que la continua explotación de los trabajadores del país constituye prácticamente un deber patriótico. Es posible que el fomento de un crecimiento salarial más rápido en el sector manufacturero de México esté supeditado al libre acceso al mercado estadounidense.
¿Cómo podría México llegar a esto? A largo plazo, sería logrando el pleno empleo. Pero, a mediano plazo, la clave radica en los derechos laborales: sindicalización y negociación colectiva; prohibición del trabajo infantil, de las horas de trabajo extraordinarias sin remuneración, de los despidos injustificados y de la subcontratación excesiva; y en proporcionar la capacitación necesaria para satisfacer las cambiantes necesidades de la economía.
La inclusión de condiciones salariales en el nuevo NAFTA también podría ser significativa para los Estados Unidos y Canadá, especialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes y residentes permanentes. En relación a México, el tema más importante excluido del acuerdo original es el de la inmigración y los migrantes. La clave del éxito radicará en imponer penas efectivas por el no cumplimiento, con enfoque en el retiro de beneficios comerciales.
En materia de corrupción, también es probable que a México le resulte difícil avanzar sin disciplina externa. Por cierto, desde 2008 México ha buscado implementar reformas de amplio alcance al sistema de justicia penal, y el año pasado creó un sistema anticorrupción a nivel nacional.
No obstante, el gobierno ha socavado activamente sus propios esfuerzos en ambos frentes, y el sistema anticorrupción todavía no ve la luz del día. Además, los llamamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil, líderes empresariales y académicos destacados para que se nombre a un procurador general autónomo y efectivo, así como a un fiscal anticorrupción, han enfrentado una considerable resistencia.
La renegociación del NAFTA provee la oportunidad de internacionalizar la lucha anticorrupción por parte de México. El USTR ya ha identificado a la corrupción como tema de interés. Por ejemplo, en el nuevo NAFTA podrían incluirse las disposiciones principales de la ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (US Foreign Corrupt Practices Act) con el objeto de elevar los estándares de cumplimiento mexicanos.
El último capítulo que debería añadirse al NAFTA renegociado es también el más delicado: los derechos humanos. Desde fines de los años 1990, México ha aceptado la idea de someter a escrutinio internacional sus compromisos en este ámbito.
Sin embargo, este promete ser el año de mayor violencia en México desde 2006, cuando se declaró la “guerra contra el narcotráfico”. Hay motivo para pensar que la preocupación existente en Estados Unidos por su epidemia de opioides, que cada vez empeora más y que supuestamente se origina en los cultivos de adormidera mexicanos, intensificará las acciones de la guerra y, con ello, las violaciones a los derechos humanos.
Dado que el gobierno mexicano no ha logrado traducir a acción su retórica sobre los derechos humanos, es posible que el NAFTA proporcione un mecanismo poderoso para mejorar los resultados. Entre las metas específicas se deberían incluir una mayor igualdad salarial entre los géneros y un mayor equilibrio entre la prosperidad de los exportadores agrícolas y la de los trabajadores de dicho sector, muchos de los cuales son indígenas.
Los tratados comerciales como el NAFTA deben dejar de considerarse cartas de derechos de las grandes empresas. Dichos tratados deben servir a los ciudadanos comunes y corrientes y abordar sus problemas. A tal fin, los acuerdos comerciales de hoy deben tener un enfoque cooperativo que subraye el desarrollo de capacidades y fomente una vigorosa participación ciudadana, con la sociedad civil de cada país habilitada jurídicamente para interponer recursos dentro del marco de un nuevo acuerdo.
Para que la renegociación del NAFTA sea de provecho, ella debe abordar salarios, corrupción y derechos humanos, temas que hoy representan profundos desafíos para México. De ser así, Canadá y Estados Unidos también se encontrarán en mejores circunstancias.
Traducción del inglés por Ana María Velasco
CIUDAD DE MÉXICO – De acuerdo a lo prometido por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha comenzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés). Y las conversaciones iniciales ya están enviando un mensaje claro: los desacuerdos a ser resueltos por Canadá, México y los Estados Unidos no son económicos, sino fundamentalmente políticos, y son tan pronunciados dentro de cada país como lo son entre cada uno de ellos.
Contrariamente a lo que se suele creer, el verdadero dilema que enfrenta el comercio mundial en estos tiempos no radica tanto en la liberalización versus el proteccionismo, sino en los derechos del capital versus los derechos de la ciudadanía. En los últimos años, los acuerdos comerciales han exacerbado los desequilibrios en este respecto al no entregar beneficios a muchos sino a relativamente pocas empresas poderosas.
Dentro de este contexto, sería erróneo enfocarse en mejorar el balance comercial de cada economía del NAFTA. Más bien, el objetivo de los negociadores debe ser amplificar más los beneficios del comercio, aprovechando mejor las oportunidades de cooperación que surgen de la proximidad geográfica, los mercados laborales complementarios, la dinámica demográfica, y la integración económica.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) tiene la idea correcta, con objetivos de negociación que comprenden cuestiones laborales y salariales, transparencia, corrupción, y algunos aspectos de los derechos humanos. Canadá ha enriquecido este enfoque aún más al insistir que también se incluyan el género y los derechos de los pueblos indígenas. México todavía no señala lo que desea, pero debería apuntar en la misma dirección.
Las cuestiones relativas a los salarios y a las condiciones de trabajo serán de especial importancia para México, donde el enfoque prevalente se puede denominar “explotación patriota”. Es decir, los derechos de los trabajadores y la remuneración se consideran materia de importancia tan solo para las empresas mexicanas.
A pesar de que en 1993 México prometió que sus estándares laborales cumplirían con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, esto todavía no se hace realidad. Por lo tanto, a medida que la productividad laboral aumenta en México, quienes se apropian del ingreso adicional son principalmente las empresas y sus accionistas, en lugar de los trabajadores que crean el valor. Como lo manifestó el CEO de United Technologies, en la actualidad los trabajadores mexicanos realizan las mismas labores al mismo nivel que sus contrapartes estadounidenses, pero por apenas un quinto de su remuneración.
México continúa operando bajo el supuesto de que los salarios suficientemente bajos como para atraer y sostener inversiones, aseguran la vía más corta a la competitividad. La elite económica mexicana, por consiguiente, considera que la continua explotación de los trabajadores del país constituye prácticamente un deber patriótico. Es posible que el fomento de un crecimiento salarial más rápido en el sector manufacturero de México esté supeditado al libre acceso al mercado estadounidense.
¿Cómo podría México llegar a esto? A largo plazo, sería logrando el pleno empleo. Pero, a mediano plazo, la clave radica en los derechos laborales: sindicalización y negociación colectiva; prohibición del trabajo infantil, de las horas de trabajo extraordinarias sin remuneración, de los despidos injustificados y de la subcontratación excesiva; y en proporcionar la capacitación necesaria para satisfacer las cambiantes necesidades de la economía.
La inclusión de condiciones salariales en el nuevo NAFTA también podría ser significativa para los Estados Unidos y Canadá, especialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes y residentes permanentes. En relación a México, el tema más importante excluido del acuerdo original es el de la inmigración y los migrantes. La clave del éxito radicará en imponer penas efectivas por el no cumplimiento, con enfoque en el retiro de beneficios comerciales.
En materia de corrupción, también es probable que a México le resulte difícil avanzar sin disciplina externa. Por cierto, desde 2008 México ha buscado implementar reformas de amplio alcance al sistema de justicia penal, y el año pasado creó un sistema anticorrupción a nivel nacional.
No obstante, el gobierno ha socavado activamente sus propios esfuerzos en ambos frentes, y el sistema anticorrupción todavía no ve la luz del día. Además, los llamamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil, líderes empresariales y académicos destacados para que se nombre a un procurador general autónomo y efectivo, así como a un fiscal anticorrupción, han enfrentado una considerable resistencia.
La renegociación del NAFTA provee la oportunidad de internacionalizar la lucha anticorrupción por parte de México. El USTR ya ha identificado a la corrupción como tema de interés. Por ejemplo, en el nuevo NAFTA podrían incluirse las disposiciones principales de la ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (US Foreign Corrupt Practices Act) con el objeto de elevar los estándares de cumplimiento mexicanos.
El último capítulo que debería añadirse al NAFTA renegociado es también el más delicado: los derechos humanos. Desde fines de los años 1990, México ha aceptado la idea de someter a escrutinio internacional sus compromisos en este ámbito.
Sin embargo, este promete ser el año de mayor violencia en México desde 2006, cuando se declaró la “guerra contra el narcotráfico”. Hay motivo para pensar que la preocupación existente en Estados Unidos por su epidemia de opioides, que cada vez empeora más y que supuestamente se origina en los cultivos de adormidera mexicanos, intensificará las acciones de la guerra y, con ello, las violaciones a los derechos humanos.
Dado que el gobierno mexicano no ha logrado traducir a acción su retórica sobre los derechos humanos, es posible que el NAFTA proporcione un mecanismo poderoso para mejorar los resultados. Entre las metas específicas se deberían incluir una mayor igualdad salarial entre los géneros y un mayor equilibrio entre la prosperidad de los exportadores agrícolas y la de los trabajadores de dicho sector, muchos de los cuales son indígenas.
Los tratados comerciales como el NAFTA deben dejar de considerarse cartas de derechos de las grandes empresas. Dichos tratados deben servir a los ciudadanos comunes y corrientes y abordar sus problemas. A tal fin, los acuerdos comerciales de hoy deben tener un enfoque cooperativo que subraye el desarrollo de capacidades y fomente una vigorosa participación ciudadana, con la sociedad civil de cada país habilitada jurídicamente para interponer recursos dentro del marco de un nuevo acuerdo.
Para que la renegociación del NAFTA sea de provecho, ella debe abordar salarios, corrupción y derechos humanos, temas que hoy representan profundos desafíos para México. De ser así, Canadá y Estados Unidos también se encontrarán en mejores circunstancias.
Traducción del inglés por Ana María Velasco