¿Sirve un vídeo colgado en la Red para juzgar un crimen de guerra?

¿Sirve un vídeo colgado en la Red para juzgar un crimen de guerra?

El pliego de la fiscalía describe la primera ejecución extrajudicial de Mahmoud al Werfalli del siguiente modo: “Dispara al encapuchado con su mano izquierda en varias ocasiones y este cae al suelo. Mr. Al Werfalli se acerca al cuerpo, le dispara de nuevo varias veces y dice ‘tú has sido engañado por el que te hizo daño. Has sido engañado por satán’”. Lo que no detalla el escrito es la saña del verdugo, comandante libio. Tirotea a su víctima desde lejos con una ametralladora —un segundo individuo hace lo propio a mayor distancia—. Se acerca al cuerpo y, ahora con un fusil automático Kaláshnikov, le asesta varios disparos. La última bala atraviesa al encapuchado a la altura del cuello. Esta secuencia fue grabada y subida a la red social Facebook el 4 de junio de 2016. La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya, ha incluido este vídeo y otros seis más como únicas pruebas en la orden de arresto emitida en contra de Al Werfalli por crímenes de guerra. Se le acusa del asesinato de 33 personas entre el 3 de junio de 2016 y el 7 de julio de 2017. Es la primera vez que el tribunal fundamenta una acusación exclusivamente en pruebas obtenidas en las redes sociales, un contenedor de información que sin duda desafía los procesos habituales de verificación.

Mahmoud Mustafa Busayf al Werfalli es comandante de las Fuerzas Especiales Al Saiqa, una brigada que desertó del Ejército libio tras el levantamiento de 2011 contra el régimen de Muamar el Gadafi. Al Werfalli es aliado además del general Khalifa Haftar, jefe del denominado Ejército Nacional Libio, exaliado de la CIA y hombre fuerte en la franja oriental de Libia en torno a Bengasi, la segunda ciudad del país. La CPI, con el escrito de los siete vídeos, requirió a las autoridades libias el arresto de Al Werfalli el pasado 15 de agosto. Dos días después, un portavoz de Haftar agradeció la petición de La Haya e informó de que el comandante había sido arrestado.

Pero las redes volvieron a jugarle una mala pasada a Al Werfalli —que tampoco se esconde mucho—. Varias fotos colgadas en la Red, algunas en perfiles vinculados al ejército de Haftar, le situaron en Ajdabiya. Libre como un pájaro. Así que la CPI volvió el pasado miércoles a pedir su detención. En el comunicado remitido a Trípoli, la fiscal Fatou Bensouda se hace eco precisamente de los informes que “supuestamente indican el hecho de que el sospechoso está en libertad y ha podido participar en nuevas muertes desde que fuera emitida la orden de arresto”. En las fechas en las que aparecieron las nuevas fotos de Al Werfalli, la prensa local informó de la ejecución de cinco presos en la misma localidad de Ajdabiya.

Prospere o no la orden de detención, el caso Al Werfalli sienta un precedente en la recogida de pruebas acusatorias en el máximo órgano de justicia penal internacional. Según Fadi el Abdallah, portavoz del tribunal, en activo desde julio 2002, “en cada peldaño de un proceso judicial de esta clase hay distintos grados de prueba exigida a los fiscales para apoyar la acusación”. “Esta vez, los jueces consideraron suficiente las cintas para ordenar el arresto. Si el caso progresa y llega a juicio, el grado de exigencia con las pruebas que sostengan los vídeos aumentará hasta que no haya resquicio de duda razonable sobre lo ocurrido y su autoría. Eso es lo que debe demostrar la fiscalía”. En el caso contra Thomas Lubanga, el señor de la guerra congoleño condenado a 14 años de cárcel en 2012 por reclutar niños soldado, la fiscalía apoyó su acusación en abundante material gráfico, pero no solo.

El desafío en el proceso contra Al Werfalli está en la comprobación de los vídeos colgados en la Red. En este terreno también se están moviendo los medios. El proyecto de periodismo de investigación online Bellingcat, fundado por el reportero británico Eliot Higgins, ha tratado en efecto de examinar los siete vídeos mencionados por la CPI en su orden de detención. Bellingcat, uno de los mejores intentos de este nuevo periodismo investigativo, ha logrado a través de la plataforma online Check y la colaboración de especialistas en mapeo —muchas veces anónimos— geolocalizar tres de las siete grabaciones. Todos los vídeos se pueden ver a través de diferentes atajos online y todos tienen fecha, hora y autor de carga. Pero los expertos en la materia se han topado, como quizá lo haya hecho la CPI, con uno de los mayores obstáculos: ¿cuándo se grabaron?

La fiscalía de la Corte dispone de un departamento forense especializado en manejar material digital y audiovisual, que la apoya en sus investigaciones. “En algunos casos, cuando lo consideramos necesario y después de efectuar un estudio exhaustivo, hemos externalizado este tipo de servicio”, señalan sus portavoces. Libia no es un Estado miembro del Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI, pero el Consejo de Seguridad de la ONU decidió en 2011, por unanimidad, remitir el caso a sus jueces y fiscales. Peor ni siquiera ha logrado juzgar todavía a Said el Islam, el hijo favorito de Gadafi y su posible heredero, que fue capturado en Zintan (sur de Libia) en 2011 por las milicias de la zona. La fiscalía de la Corte sigue reclamando su entrega, sin éxito. Ante esta situación, el arresto de Al Werfalli serviría para demostrar que la CPI no busca solo a los presuntos criminales del entorno de Gadafi, sino que aborda la violencia perpetrada por otros civiles o militares en Libia.