Venezuela: claves para una crisis

Venezuela: claves para una crisis

 Luis Carlos Battista

 Julio 2017

En 2014, el ministro Jorge Giordani expresó en una carta pública luego de su renuncia como titular del Poder Popular de Planificación su propuesta de una reducción del gasto público, y la corrección de derroches y corrupciones en Venezuela. En la misma misiva señalaba que el entonces recién electo presidente Nicolás Maduro inició una nueva oleada de grandes gastos sin los requisitos diseñados, y con el agravante de ser aprobados improvisadamente por el Gobierno de Calle sin estudio previo. El gobierno de Maduro ha seguido este mantra hasta nuestros días.

Desde el punto político, el Gobierno de Calle puede entenderse como necesario para el entonces recién electo Presidente. Este plan de recorrido nacional tuvo el objetivo de mostrar un gobierno dinámico, cercano a las necesidades y solicitudes de los electores, en especial de los sectores más humildes que son, al mismo tiempo, los más fieles al proyecto político del chavismo. Si bien el recién inaugurado mandatario necesitaba un baño de masas y arrancar con una agenda activa, el error se presenta en no haberlo organizado eficientemente con un presupuesto basado en la realidad económica del país.

A pesar de que para 2017 el presupuesto nacional fue calculado con base en un precio de 30 dólares el barril de petróleo, algo acertado dado el bajo precio de este producto en el mercado internacional, el gobierno venezolano mantiene una cuantiosa deuda soberana. Es por ello que se ha visto obligado a vender activos y a reducir la importación de alimentos y medicinas para poder conservar reservas con qué pagar a sus acreedores. En la calificación del riesgo de deuda soberana, Venezuela es la segunda economía más baja a nivel mundial, solo superando a Puerto Rico. Se le suma a ello el impacto negativo que ha tenido para la economía la presencia de un control de divisas con varias tasas cambiarias, siendo preferenciales algunos rubros sobre otros, desestabilizando el mercado interno. La dependencia venezolana del petróleo no ha sido beneficiosa para el chavismo. El error de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro luego, es haber seguido utilizando el modelo rentista usado por gobiernos anteriores y no haber promovido la diversificación de exportaciones del país. En este sentido, se desaprovecharon oportunidades como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Desde el inicio de su mandato, el presidente Maduro tuvo un llamado de atención que decidió ignorar. Ganó su primera elección con el 50% de los votos frente al 48% de Henrique Capriles. Maduro llamó entonces célebremente “mitad mayoritaria” a algo que hubiera hecho a un político razonable buscar puntos de contacto entre su plataforma y la plataforma opositora. A pesar de llamar posteriormente a un diálogo con la oposición, no se llegó a ningún resultado dada la poca disposición a ceder posición por parte de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El segundo llamado de atención de los electores venezolanos ocurrió en las elecciones legislativas de 2015 cuando el PSUV perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. La rápida juramentación de los nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia caldeó los ánimos de los diputados opositores. Tras ello ha seguido una guerra declarada entre los distintos poderes del Estado venezolano. La Asamblea Nacional ha negado las solicitudes realizadas por el gobierno como la aprobación de Decretos de Emergencia y el Tribunal Supremo ha usurpado funciones legislativas que no le corresponden, siendo cúspide la célebre sentencia 156, donde este se atribuye competencias de la Asamblea Nacional venezolana. Posteriormente el propio Tribunal Supremo de Justicia decidió anularla parcialmente ante la negativa que despertó tanto nacional como internacionalmente.

EPA

La oposición acusa al Consejo Nacional Electoral y al sistema judicial de no mantener una independencia frente al ejecutivo al bloquear distintas acciones democráticas por parte de la oposición. Las respuestas de estos poderes han sido de dudosa legalidad y apego a la Constitución. Tal ha sido el caso de la suspensión del referendo revocatorio y el aplazamiento sin razón sustancial de elecciones regionales previstas para octubre de 2016, la restricción de derechos a dirigentes opositores y diputados, así como la violación de su inmunidad parlamentaria.

La pena impuesta a Leopoldo López ha sido calificada como ilegal por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria (el mismo que exigió a Estados Unidos la liberación de cinco agentes cubanos). El Grupo de Trabajo indicó que “la condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada marcado por graves irregularidades, en el que no se respetó el debido proceso legal ni las garantías judiciales”. Además, “[n]o se publicaron los fundamentos de las imputaciones, no se le permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas de descargo que ofreció”. La reciente concesión de prisión domiciliaria intenta aliviar un poco las presiones sobre el gobierno, y a la vez que dividir a los opositores.

La oposición aún posee el control de varios medios de comunicación a pesar del recurso de cadena nacional con los que cuenta el gobierno. Numerosas acusaciones de narcotráfico y corrupción pesan contra oficiales de las fuerzas armadas y dirigentes del PSUV. Maduro no supera el umbral del 30% de aprobación en las distintas encuestas, algo que no es único entre los otros mandatarios de la región. Sin embargo, ningún otro, excepto Michel Temer, Presidente de Brasil, cuenta con una situación tan contraria para sí.

Cada día de manifestaciones le pasa factura al gobierno. Tal vez el oficialismo espera que terminen como las anteriores, con pocas consecuencias políticas. Al parecer la oposición no está dispuesta a ceder esta vez, pues están en juego sus intereses de clase. Las imágenes de atropellos y represión por parte de las fuerzas del orden son cuantiosas, e igualmente han quedado evidenciados los comportamientos agresivos de algunos manifestantes de la oposición. Ambas partes han caído en exceso y no todas las muertes se le pueden achacar al gobierno. No obstante, producto de la guerra mediática de la oposición contra el mandatario venezolano, los gobiernos vecinos y la opinión pública internacional han retirado su apoyo al presidente venezolano.

Para empeorar el clima político, el Presidente ha llamado a una Asamblea Constituyente. Sin duda, se restringirán aún más las libertades políticas y civiles en Venezuela. Los procesos constituyentes, por su magnitud y relevancia, requieren movilizar numerosas fuerzas populares y políticas y generar consensos sociales. Al carecer de consenso, este no se realiza en el mejor momento. Por ello, rompiendo definitivamente el principio de legalidad, Maduro marca un punto de no retorno al actuar desconociendo los procedimientos establecidos por la propia Constitución en vigor, donde la Asamblea Nacional juaga un papel preponderante, y prevé un referendo popular. Tras la Constituyente, Venezuela muy previsiblemente entrará en la fase de régimen totalitario, aumentando la polarización en el país.

AFP

Un nuevo factor en esta escalada de tensión son las acciones y declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega. La Fiscal representa a un sector del chavismo crítico del actual gobierno, y por ende comprometido con el país por encima de cuestiones partidistas. Resaltan sus declaraciones respaldando las manifestaciones. Además ha denunciado la pérdida de la institucionalidad, las presiones sobre funcionarios públicos violentando el voto libre, violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias sin debido proceso. Su recurso para declarar nulo el llamado a la Constituyente interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia fue negado. El mismo órgano ahora se presta a enjuiciarle políticamente, acrecentando las dudas sobre la imparcialidad de los magistrados, cuya misma designación es considerada por la Fiscal como nula. Si el juicio político contra la Fiscal avanza, será necesario observar la reacción de esta. Es posible que decida no acatar la decisión judicial.

Algo positivo es que el segundo país con la tasa más alta de homicidios en el mundo no se haya sumido en el caos de una guerra civil, lo cual es casi milagroso dada la alta e ilegal tenencia de armas de fuego entre la población. La extrema polarización que vive el país no es buena señal. Desde el gobierno se ha promovido la paramilitarización de colectivos bajo el argumento de promover la defensa de la patria, lo que podría contribuir a la violencia civil.

El presidente Maduro ha olvidado la máxima maquiavélica de que la política es el arte de saber negociar. A medida que baja la popularidad del gobierno, menos razones tiene la oposición para dialogar. Esta no duda que habrá transición, solo necesita confirmar el momento. Sin embargo, se le puede achacar que tradicionalmente ha carecido de un proyecto nacional, salvo la derrota del chavismo. La oposición reconoce que no puede sugerir un regreso a la IV República.

El gobierno desaprovechó una oportunidad de oro mientras Henry Ramos Allup ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional. Ramos, un socialdemócrata pragmático, y Vicepresidente de la Internacional Socialista, cuenta con amplio apoyo y respeto dentro de las fuerzas opositoras. A pesar de ser crítico del chavismo, no ha dudado en reconocerle méritos cuando lo merece. En lugar de apelar a su razonabilidad, algo que podría haber beneficiado al gobierno, se le comenzaron a lanzar ataques que podrían interpretarse como personales.

Maduro debería aprender de José Mujica cuando dice que: “si a la izquierda le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda, porque tendrá que volver a empezar. Y si cometió errores, tendrá que reaprender, y la vida continúa”. Maduro no ha aprendido la lección que dio Hugo Chávez en 2002 cuando abandonó Miraflores para evitar derramamiento de sangre. Demorar su salida solo servirá para acrecentar la violencia.

LUIS CARLOS BATTISTA es maestro y licenciado en Derecho por  la Georgetown Law y por la Universidad de La Habana, y licenciado en Relaciones Internacionales por la Florida International University. Escribe columnas sobre temas latinoamericanos y de política exterior para distintas plataformas comunicativas de Cuba, España y Estados Unidos. Sígalo en Twitter en @lcbattista.