Costa Rica y 12 Estados más instan a suspender proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela

Costa Rica y 12 Estados más instan a suspender proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela

El pasado miércoles 26 de julio, ante la imposibilidad en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), de consensuar un texto sobre la situación en Venezuela por parte del Consejo Permanente (véase nota de prensa), Costa Rica, acompañada por 12 Estados más, adoptó una nueva Declaración Conjunta.

Como se puede apreciar en el texto divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio oficial, Uruguay aparece entrecorchetes, indicando que no se suma del todo al texto difundido y que no lo suscribe en su totalidad. En esta nota de prensa, se puede leer la explicacón dada por el delegado de Uruguay. Por ende, son 13 los Estados firmantes, de los 34 Estados Miembros de la OEA, lo cual puede dar una idea de la división que ha provocado nuevamente el tema en el seno de esta organización hemsiférica (provocando que otras instancias regionales como el MERCOSUR o UNASUR busquen apoyar alguna mediación en aras de relanzar un proceso de diálogo en Venezuela). Tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebrada el pasado 31 de mayo (véase nota), así como el 19 de junio (en el marco de la Asamblea General de la OEA): véase nota nuestra. En ambas ocasiones, la propuesta con un léxico más neutro de los Estados del CARICOM impidió algún tipo de acuerdo consensuado por los Estados miembros de la OEA.

Es de notar que esta nueva declaración de 13 Estados sobre Venezuela fue hecha fuera del ámbito de la OEA, a diferencia de lo que dejan pensar algunos titulares de prensa. Se adoptó a pocos días del proceso de votación sobre una Asamblea Constituyente en Venezuela previsto para el domingo 30 de julio del 2017, en el que se escogerán a los futuros constituyentes.

Es muy probable que estos 13 Estados o algunos de ellos soliciten una nueva Reunión de Consulta de la OEA de cancilleres para que no se reconozca el resultado de la jornada vivida en Venezuela. Es muy probable también que (nuevamente) su propuesta de resolución no pueda ser adoptada ante una mayoría que considera válido y legítimo el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela. Una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución.

Declaración conjunta circulada en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica el 26 de julio del 2017

JULIO 26, 2017 11:20 AM

Declaración conjunta sobre la situación en Venezuela

Los siguientes países, miembros de la OEA, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, [Uruguay]:

Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia.

Hacemos un llamado urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional, incluyendo la separación de poderes, y en este sentido condenamos el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violencia.

Instamos al Gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio.

Declaramos nuestra voluntad de apoyar iniciativas para atender las necesidades económicas, sociales y humanitarias más urgentes, especialmente el suministro de alimentos y medicinas.

Manifestamos una vez más la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela y para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes.