Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Una dictadura dentro de Noruega, una colonia rusa, un destino turístico en auge, la última esperanza de la humanidad y el lugar donde está prohibido morir. Todo eso es Svalbard.
En el año 2011, un grupo de turistas británicos se adentró en el cada vez más popular archipiélago de Svalbard y acampó a los pies del glaciar Von Post. Un adolescente fue atacado por un oso polar e, incumpliendo una de las leyes básicas del archipiélago, murió.
Svalbard, un territorio del tamaño de Lituania y 2.700 habitantes, es el lugar habitado más septentrional del mundo. Situado por encima del Círculo Polar Ártico, no fue descubierto hasta ya haberse iniciado la colonización de América. Es uno de los lugares más hostiles del continente europeo, con relieve abrupto, cubierto en un 60% por glaciares, un clima polar y más osos polares que personas.
El archipiélago forma parte del Reino de Noruega; sin embargo, posee ciudades rusas y, pese a lo que pueda evocar el nombre de Noruega, Svalbard queda fuera del régimen democrático del resto del país a modo de región con un Gobierno autoritario dentro del país. Un régimen autoritario dispuesto a hacer lo necesario para asegurarse de que se cumpla una ley: está prohibido morir.
Tierra de nadie, tierra de todos
El archipiélago de Svalbard careció de gobierno efectivo de ningún Estado hasta 1920, cuando se firma en Versalles el tratado de Svalbard en el contexto de las negociaciones de paz de la I Guerra Mundial.
Dos décadas después del descubrimiento de Svalbard en 1596 por el neerlandés Willem Barents en su búsqueda del Paso del Noreste, el archipiélago se convirtió en una importante base ballenera. Europa estaba inmersa en una era de crecimiento demográfico y económico y necesitaba una gran cantidad de aceite de ballena, necesario para la iluminación, la fabricación de jabones, la preparación de cueros o la elaboración de textiles. Neerlandeses e ingleses crearon varios asentamientos estacionales, a los que se acabarían sumando daneses y franceses. Pero, a finales del siglo XVII, las ballenas se habían retirado de los fiordos y cada vez era necesario alejarse más de las islas para arponearlas. Así, el archipiélago se convirtió en un mero punto de parada camino al mar de Groenlandia, bajo teórico dominio danés.
Los rusos intentaron sumarse al arponeo, pero con las ballenas en retirada la industria ballenera no llegó a desarrollarse. No obstante, encontraron otro recurso de valor comercial en Svalbard: la caza de morsas, zorros y osos y el comercio de pieles y marfil. Los pomory creaban así las primeras bases rusas en las islas. Tras el éxito ruso y el próspero comercio con los pomory, el Reino de Dinamarca-Noruega envió expediciones a Svalbard, pero estas no solo encontraron caza. Las últimas expediciones, a finales del siglo XIX, encontraron un recurso aún más valioso en plena industrialización: carbón.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX se desarrolló una fiebre minera en el norte de Noruega, paralela a la de Alaska, en dirección a la última frontera del Viejo Mundo. Expediciones de una decena de Estados realizaron reclamaciones de tierra conjuntamente mayores que la propia superficie de Svalbard, lo que generaba superposiciones que requerían de tribunales que las solventasen. Habían nacido la necesidad de un Estado en las islas y, debido a sus depósitos de carbón, el interés de los Estados en ellas.
El tratado de Svalbard
Británicos, rusos y estadounidenses presionaron por la propiedad del archipiélago, pero la recién nacida Noruega no quería perder la nueva riqueza descubierta. Había demasiados países involucrados en las islas para que la solución fuese fácil ni rápida.
Hubo varios intentos de solventar la cuestión de esa tierra de nadie, pero hasta que no se reunieron todas las grandes potencias en París para firmar los acuerdos de paz de la Gran Guerra no se logró un acuerdo. Las condiciones de este acuerdo, en las que Noruega no quería perder su soberanía ni el resto de Estados el acceso a los recursos, marcan en el presente la singularidad insular.
El primer punto del tratado establece “la soberanía absoluta y sin restricciones de Noruega sobre Svalbard” para luego restringirla a lo largo de todo el acuerdo y garantizar derechos a los países que ya realizaban actividades económicas en el territorio. Noruega es así el país que tiene la potestad de legislar y hacer cumplir la ley en las islas, pero los ciudadanos y empresas de los países firmantes del tratado tienen los mismos derechos que los noruegos y no pueden ser discriminados administrativamente.
Asimismo, la entrada a Svalbard es teóricamente libre —las conexiones se realizan a través de Noruega continental y hay que cruzar sus aduanas—, y el derecho de residencia, igual para noruegos y residentes de otros Estados firmantes, así como la concesión de licencias de pesca, caza, captura, extracción de minerales terrestres y marítimos, instalación de industrias o comercio.
La administración de Svalbard no puede suponer un beneficio económico para Noruega, por lo que los impuestos y tasas recaudados en el territorio no pueden engrosar las arcas del Estado. En otras palabras, Noruega no puede cobrar impuestos por encima de lo que se necesite para la propia administración de Svalbard.
Para evitar el desarrollo de un conflicto, se estableció la prohibición de bases militares permanentes, por lo que se trata de un territorio desmilitarizado. También se estableció una temprana conciencia ambiental: el tratado fuerza a Noruega a velar por la preservación medioambiental del archipiélago.
En la actualidad, un siglo después, este tratado sigue marcando el devenir de Svalbard. Constituye uno de los pocos acuerdos firmados en París en 1920 que siguen vigentes.
La carga económica de Svalbard
Las regulaciones del tratado otorgan a Noruega un territorio que es una carga. El país no puede lucrarse de la explotación de las islas y tiene que administrarlas y proteger su medio ambiente. Tampoco obtiene grandes beneficios a través de las empresas radicadas en el país, ya que estas tienen que competir en igualdad de condiciones con las de terceros países. Por ello, Oslo fundó una empresa minera con capital parcialmente público, la Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), y así explotar económicamente las islas.
Desde principios del siglo XX se fundaron varias ciudades-empresas mineras, donde todos los servicios corrían a cargo de la empresa explotadora, que frecuentemente pagaba salarios en divisas únicamente útiles en las explotaciones, lo que reducía el coste del trabajo.
No obstante, la explotación del carbón en un entorno tan hostil era difícil, y las empresas empezaron a poner ciudades y permisos mineros a la venta. Noruega aprovechó para sacar provecho a la situación comprando Longyearbyen —considerada la capital del territorio— y fundando la SNSK, a través de la cual fue adquiriendo otros asentamientos. La URSS, a su vez, adquirió las ciudades de Pyramiden y Barentsburgo, además de las nacionalizadas Grumant y Colesbutka.
En los años 70, el modelo de explotación minera se vino abajo con la crisis energética y la posterior crisis del modelo industrial basado en el carbón, lo cual encareció la energía necesaria para su extracción en las islas y el transporte hasta el continente. La demanda bajó, y con ella los precios de venta.
Noruega, en plena Guerra Fría, se vio forzada a adquirir las acciones de la SNSK que no poseía para evitar que las minas cerrasen y Svalbard quedase exclusivamente bajo explotación soviética. Esto cambió completamente la rentabilidad de las islas.
Para mantener en funcionamiento las ciudades que aún no habían sido abandonadas y al pasar a una propiedad completamente pública, se normalizó la situación en los asentamientos, que dejaron de ser ciudades-empresas. Se instalaron servicios públicos, se construyeron viviendas familiares, se ampliaron las oficinas del gobernador, se atrajo a las familias de los mineros y funcionarios que quedaban, se construyó un aeropuerto —lo que regularizó el abastecimiento— y se conectaron las islas a la red de telecomunicaciones del resto de Noruega.
El archipiélago no puede contribuir a financiar las arcas estatales, pero desde los 70 la realidad es que ha sido subsidiado desde el continente. Las regulaciones del tratado de Svalbard no permiten cobrar impuestos como el IVA, y el de la renta es muy inferior al del resto de Noruega. El desarrollo de los servicios añadió nuevos gastos, de forma que Svalbard supone una pesada carga económica para Oslo.
La dictadura demográfica
En Svalbard ya estaba prohibido morir antes de la crisis energética, ya que los cuerpos enterrados décadas atrás en el cementerio de Longyearbyen emergían momificados por las bajas temperaturas y la congelación y deshielo anual del suelo. Sin embargo, esta política se mantuvo en el momento de normalizar la vida en las islas en los 70, cuando ya se podían trasladar los cuerpos al continente y los valores culturales permitían la incineración.
La razón fue que el mantenimiento de esta norma permitía aplicar una política demográfica concreta. La normalización de los asentamientos supuso que dejaban de estar poblados únicamente por empleados de las minas y que, como consecuencia del tratado de Svalbard, cualquier ciudadano de un país firmante tenía derecho a trasladarse al archipiélago en igualdad de condiciones que un noruego, aunque su residencia en las islas no contabilice para pedir la residencia o ciudadanía noruegas.
El riesgo está en que la llegada de migrantes procedentes de países pobres que se instalan en las islas acabe superando a largo plazo a una población noruega fluctuante, que se pensaba que iba a las islas a trabajar y después regresaba al continente, de tal manera que Noruega acabe con un territorio poblado por apátridas no integrado en la sociedad continental. Al prohibir la muerte, se entregaban al gobernador poderes para evitar que esta situación se produjese.
El gobernador de Svalbard, una figura no democrática elegida por el Ministerio de Justicia, posee el poder ejecutivo y dirige las fuerzas de policía con el deber de hacer cumplir las leyes; por ello, tiene potestad para evitar que se produzcan muertes en Svalbard. Para ello puede expulsar de las islas a cualquier persona que, independientemente de su nacionalidad, esté enferma o no pueda mantenerse en las islas, como jubilados o desempleados.
No está legalmente prohibido nacer, pero el hospital no está preparado para los partos. Para evitar la muerte de la madre o el bebé, los nacimientos también han sido desterrados de las islas. Sin nacimientos ni muertes, queda claro que Svalbard es un lugar de paso, una colonia de explotación de los recursos naturales y turísticos.
El resultado ha sido una estructura demográfica con una población anciana —mayor de 66 años— de solo un 1,5%, similar a la de países subdesarrollados, pero una población de entre 25 y 45 años que supone el 51% del total. Un escenario demográfico complejo, muy alejado del resto de Europa y marcado por la inmigración de personas en edad de trabajar y su posterior emigración.
La continuidad demográfica de Svalbard y de los intereses noruegos en la zona depende de que la inmigración sea igual o superior a la emigración. Hasta 1998, la población de los asentamientos soviéticos-rusos era superior a la noruega, pero la caída de la URSS hizo perder las ayudas que sostenían las ciudades soviéticas; además, la normalización de la vida en los asentamientos noruegos y el auge del turismo permitieron incrementar su población y estabilizarla.
El oso y el dragón
Si bien la existencia de importantes bases de investigación científica, como la Bóveda Mundial de Semillas —donde se guardan semillas de todo el mundo para usar en caso de catástrofe planetaria— y la Universidad del Ártico, otorgan prestigio internacional a Noruega, el mantenimiento de las minas es insostenible.
La expulsión de las personas “no productivas” ha permitido ahorrar en gastos sociales y el turismo y la investigación han generado nuevos pilares económicos, pero las minas siguen siendo las grandes empleadoras y su explotación, cada vez menos rentable, pone en riesgo el sostenimiento de las islas por parte de Noruega.
Rusia se ha enfrentado al mismo problema de rentabilidad, pero ha mantenido abiertos sus asentamientos, bajo propiedad de la empresa estatal Arktikugol, con la estructura de ciudades-empresas y poblaciones mínimas formadas por mineros ucranianos y directivos rusos, aun habiendo cerrado las minas de Pyramiden. Pese a ser un lugar desmilitarizado, tienen un valor estratégico para Rusia como salida al Atlántico y como plataforma para la explotación de los recursos de petróleo y gas que se calcula que existen bajo el hielo ártico.
La necesidad de convivencia y colaboración entre asentamientos rusos y noruegos ha permitido unas relaciones entre ambos países mucho más cordiales que las que mantienen la mayoría de Europa occidental con el Kremlin; de hecho, llegaron a acordar pacíficamente sus límites marítimos en las ricas aguas árticas. Empero, las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea dieron una nueva importancia simbólica a Svalbard.
La respuesta rusa ha consistido en enviar al archipiélago a su primer ministro, Dimitry Rogozin, persona que encabeza la lista noruega de sanciones al Gobierno ruso y que no es bienvenida en el país, pero por el tratado de Svalbard tiene libre acceso al archipiélago. Noruega, por su parte, ha exhibido músculo organizando la reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Longyearbyen, lo que ha generado protestas diplomáticas por parte de Moscú en un nuevo clima de tensión que tiene como base Svalbard.
El deshielo del Ártico ha posicionado a Svalbard en el camino más corto entre Asia oriental —especialmente China— y Europa, con la consiguiente modificación en el juego de fuerzas ante la renovada importancia geopolítica de las islas. Es por ello que varios países asiáticos, como China, Japón, Corea del Sur e India, han abierto bases científicas en Ny-Alesund.
China ha sido el agente con mayores intereses en las islas, ya que intenta hacerse un hueco en el Ártico. Pese a no tener tierras en la zona, se ha autoproclamado vecino del Ártico y ha presionado para entrar de observador en el Consejo Ártico. Tener una base en las islas daría a China pleno acceso al océano septentrional y la llave de Europa.
En 2014 el empresario chino Huang Nubo intentó adquirir una gran extensión de tierra en Svalbard, como ya lo había intentado antes en Islandia, para construir un gran complejo turístico. Ante la inverosimilitud del proyecto, se temió que fuera un hombre de paja de Pekín y el Gobierno noruego tuvo que intervenir para adquirir las tierras y evitar una colonia de una tercera potencia que no ha ocultado sus intereses en la zona.
Parte de los temores estaban fundamentados en que China ya había intentado construir un gran radar en Ny-Alesund que le habría servido para controlar el tráfico marítimo de la Ruta del Noroeste. Además, las relaciones entre Noruega y China no son buenas desde la entrega del Premio Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo.
Noruega tiene un gran lastre en Svalbard, pero el archipiélago es una plataforma para la explotación de los recursos a largo plazo y el único modo de que otro Estado no se le adelante y acabe, de paso, sitiando Europa por el norte.
