Europa y su dilema en el Mar del Sur de China
En la política internacional actual, pocos asuntos son tan delicados como las disputas en el Mar del Sur de China. Recientemente, un tribunal internacional falló en contra de China y la decisión complicó todavía más las cosas. Europa debe alzar la voz.
El 12 de julio de 2016, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya publicó su veredicto sobre la demanda presentada por Filipinas contra China sobre los derechos de ambos países en el Mar del Sur de China. Manila se oponía a la interpretación que hacía Pekín de sus fronteras marítimas, que se superponen con las de aquel país.
La suerte del Mar del Sur de China es importante para la economía mundial y la seguridad internacional. Un tercio de todo el comercio mundial atraviesa sus aguas, de gran riqueza pesquera y bajo cuyo suelo se cree que existen inmensas reservas de gas y petróleo. Dentro de este mar, China definió unilateralmente una zona, conocida como la “línea de los nueve puntos”, que le ha servido de base para reclamar alrededor del 80% de su superficie, con las islas, las rocas y los arrecifes existentes en su interior.
Para reafirmar su posición, en los últimos años, el Gobierno chino ha convertido varios de los arrecifes que controla en islas artificiales, en las que ha estacionado material militar. Sus acciones unilaterales y el carácter expansionista de su reivindicación inquieta a vecinos como Vietnam y Filipinas. Como consecuencia, estos dos países han estrechado sus lazos de seguridad con Estados Unidos, y eso, a su vez, ha elevado las tensiones con China.
Pekín busca controlar el Mar del Sur de China no sólo por interés económico o por orgullo nacional, sino como una cuestión de seguridad nacional. El país se siente amenazado cuando la marina estadounidense recorre la zona. Y el aumento de su poderío militar y su peso económico le da la audacia necesaria para desafiar el status quo. Sin embargo, a Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y otros les preocupa que China pueda querer restringir la libertad para navegar y sobrevolar el mar. Para poner de relieve su preocupación, Washington ha empezado a recorrer deliberadamente las conflictivas aguas hasta los arrecifes en disputa.
El tribunal falló a favor de Filipinas y dijo que no existía ninguna base legal para que China reivindicara derechos históricos a los recursos comprendidos en su línea de los nueve puntos. También dijo que las rocas y los arrecifes, muchos de los cuales están totalmente sumergidos o sólo se ven durante la marea baja, no son elementos capaces de generar una zona económica exclusiva.
China boicoteó el proceso y dijo que la sentencia era “nula y sin valor”. También puso en duda la imparcialidad del tribunal. Estados Unidos, con el apoyo de Japón y Australia, pidió a Pekín que respetara la decisión.
En cuanto a la UE, cuando el tribunal dictó su fallo, se encontraba aún en estado de shock por el resultado del referéndum sobre el Brexit, celebrado dos semanas antes. Además, China utilizó sus lazos económicos con varios Estados miembros del centro y el sureste de Europa —entre ellos, Hungría y Grecia— para impedir una declaración rotunda en apoyo al veredicto. Por su parte, la Comisión no se atrevió a condenar a Pekín, tal vez por temor a una posible repercusión en las inversiones chinas en Europa. Como consecuencia, hubo una declaración tibia, en la que la Unión se limitó a “dejar constancia” del fallo.
En lugar de resolver el problema, la decisión del tribunal ha complicado las cosas. Pekín no va a aceptar el veredicto; hacerlo equivaldría a perder su dignidad. El fallo es una magnífica victoria diplomática para Filipinas, pero Manila sabe que nunca podría hacerlo respetar: en materia militar, es un pigmeo en comparación con China. La demanda la presentó el presidente anterior, Benigno Aquino III; su sucesor, Rodrigo Duterte, ha adoptado un tono más conciliador con los chinos. Y parece que Pekín confía en evitar nuevos enfrentamientos sobre este asunto con la apertura de las negociaciones comerciales bilaterales con Manila.
Con una mezcla de sobornos e intimidación, es posible que China se salga con la suya en sus aguas meridionales. De esa forma quizá se evitará una guerra por ahora, pero sería un mal precedente. Cuando las leyes internacionales dan un paso atrás, el enfrentamiento entre las grandes potencias dan uno adelante.
Como Estados Unidos es el país que con más fuerza está exigiendo a Pekín que respete el fallo del tribunal, y la UE ha evitado tomar partido, el Gobierno chino podría llegar a la conclusión de que el derecho internacional es un instrumento de los estadounidenses y, como consecuencia, podría estar todavía menos dispuesto a aceptar las decisiones legales internacionales en el futuro. Están en juego la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM) y, más en general, el imperio de la ley a escala internacional.
El imperio de la ley es un requisito necesario para evitar un estado de anarquía en el que “los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben”. No puede apoyarse de forma voluntaria o selectiva; debe valer lo mismo en todas partes. La UE debe alzar la voz. En Ucrania, Europa ha presenciado cómo se desbarataban las leyes internacionales en su propio vecindario. Si se puede despreciar una decisión de la CDM en Asia, ¿por qué no también en el Mar Negro o el Ártico?
Europa no puede subestimar su papel; puesto que no es parte interesada en las disputas del mar del Sur de China ni garantiza la seguridad de ninguno de los Estados involucrados, puede presentar argumentos neutrales en favor del derecho internacional. Tiene que trabajar para convencer a las autoridades chinas de que dialoguen. Si Pekín no está de acuerdo con las conclusiones del tribunal, que apelen, en lugar de ignorarlas.
El artículo original ha sido publicado en Centre for European Reform.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
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