Colombia, al borde de la paz

Colombia, al borde de la paz

Niñas colombianas vestidas con trajes tradicionales en Medellín, Colombia. Raúl Arboleda/AFP/Getty Images

El acuerdo final de paz se enfrenta a grandes desafíos, como el plebiscito del 2 de octubre, la dejación de armas y la misión de verificación y monitoreo de la ONU. Pero tras cuatro años de diálogos en Cuba, los colombianos han hecho historia al poner fin a 52 largos años de conflicto.

El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado el 24 de agosto un acuerdo final de paz en La Habana. Este anuncio es un hito en la búsqueda de la paz tras 52 años de conflicto armado. Después de dos intentos fallidos de negociaciones en las últimas tres décadas con el grupo guerrillero más grande del país, unos diálogos exhaustivos y esmerados a puerta cerrada han dado lugar a un acuerdo final que busca sanar las causas del conflicto, dar compensación a las víctimas y, en el largo plazo, permitir a las FARC pasar a formar parte del sistema democrático colombiano.

El acuerdo es fruto de cuatro años de diálogos en Cuba en los que se llegó a acuerdos sobre desarrollo agrario; fortalecimiento de las garantías para la oposición política; reformas sustanciales en la política sobre drogas y la sustitución de cultivos de coca; una comisión para la verdad; un aparato especial de jurisdicción para los casos más graves de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto; la reincorporación de las FARC en la vida civil; y escaños para las FARC en el Congreso, entre otras medidas. Una misión especial de la ONU ya está desplegada para monitorear y verificar la dejación de armas, el alto al fuego bilateral y el cese de las hostilidades.

Los últimos puntos de la negociación incluyeron la participación de las FARC en el sistema político y su reintegración a la vida civil. Podrán presentarse a las elecciones al Congreso colombiano en 2018 y se les garantizarán un número de escaños en el Senado y  la Cámara de Representantes. Hasta entonces, las FARC pueden designar tres voceros civiles, tres en la Cámara y tres en el Senado.

Aunque el acuerdo es motivo de celebración, son muchos los retos que quedan en los seis a nueve meses que enfrenta Colombia para transitar hacia la paz. El más inmediato es el plebiscito del 2 de octubre, en el que los ciudadanos deberán votar el paquete de acuerdos, cuyo resultado será vinculante para Juan Manuel Santos. El presidente arrastra bajos niveles de aceptación debido al descontento popular respecto al Gobierno, y a la oposición lideraba por el ex presidente Álvaro Uribe. El ex presidente ha dedicado su campaña por el plebiscito a los puntos más controvertidos del acuerdo de paz, como que los miembros convictos de las FARC no irán a la cárcel, aunque los responsables de los crímenes más graves sí afrontarán una privación de su libertad por muchos años, y que se les garantizarán escaños en el Congreso. La oposición asegura que volvería a negociar el acuerdo para llegar a mejores términos, lo cual es considerado mayoritariamente como poco realista.

La aprobación del acuerdo está lejos de materializarse. Las partes deberán discutir de forma sencilla y efectiva, haciendo distinción entre los méritos de la paz y la imagen del Ejecutivo colombiano. El Gobierno ya ha comenzado la labor de pedagogía sobre el contenido de los acuerdos. Las FARC deberán asumir su papel, y deberán juntar sus fuerzas y destruir algunas armas antes del plebiscito. Pedir perdón por los peores abusos contra civiles, como secuestro o extorsión, será el primer paso de un largo camino para convencer a los colombianos de que se están cumpliendo los acuerdos de buena fe.

Las FARC ya comenzaron a poner un pie fuera del conflicto con el alto al fuego informal del año pasado, pero la transición completa comenzará con el proceso de dejación de armas, programado para los próximos seis meses desde la firma oficial de los acuerdos a finales de septiembre. Una programación detallada, una misión de verificación de la ONU y protocolos claros indican que el proceso tiene un marco de implementación sólido. Sin embargo, en vista de  la campaña de exterminio que cegó las posibilidades de las FARC de entrar en el sistema político durante los 80, la principal preocupación se centra en la seguridad de los guerrilleros que dejen las 23 zonas de acampamiento y los ocho lugares donde las guerrillas se concentrarán. La aplicación eficiente y flexible de los protocolos de seguridad será fundamental. La guerrilla tiene a menudo una relación hostil con el Ejército, y la presencia de las economías ilegales, sobre todo el cultivo de coca y la minería, tentará a otros grupos armados a ocupar el territorio que queda vacante.

Uno de esos grupos armados podría ser el Ejército Nacional de Liberación (ELN), el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia, formado por aproximadamente 1.800 combatientes y con una fuerte presencia en la frontera con Venezuela. El Gobierno y el ELN anunciaron negociaciones paralelas en marzo de este año, pero todavía tienen que acordar la primera ronda de diálogos que en la actualidad se encuentran en un punto muerto. Con la presencia del ELN y otros grupos armados, monitorear y verificar el cese de las hostilidades será sin duda un reto crucial en la etapa inmediata del posconflicto.

Las FARC tendrán que mantener también la cohesión interna durante la transición para garantizar que cumplen su parte del acuerdo, incluido el cese de toda forma de violencia contra las Fuerzas Armadas y los civiles. El riesgo de disidentes y unidades que actúen al margen del proceso de paz ya ha sido constatado en los eventos relacionados con el Frente Primero de las FARC, que opera en el sureste de la provincia de Guaviare y ha declarado que una de sus facciones no será parte en el proceso de paz. Existen pruebas sólidas de que otras unidades de las FARC también están divididas. Ya se han atribuido ataques a estas unidades, y algunos de sus guerrilleros se han unido al ELN.

El Gobierno también deberá afrontar el reto de crear buena voluntad en áreas que han sido ampliamente afectadas por la violencia y el abandono del Estado, así como en los lugares en los que se establecerán las zonas de concentración. La legitimidad del Estado en muchos de estos lugares es casi nula. El Gobierno deberá comenzar un diálogo prolongado según se van implementando los proyectos para estabilizar el territorio y volver a instaurar su autoridad.

Finalmente, la misión de la ONU encargada de monitorear y verificar el abandono de armas, el alto al fuego y el cese de las hostilidades es esencial para que tanto las partes del acuerdo como la sociedad civil confíen en que el acuerdo puede ser cumplido. Adecuar las expectativas de las comunidades locales durante el tiempo que dura su misión, así como escoger y canalizar información fiable extraída de una variedad de actores nacionales e internacionales no será fácil. Mientras disuelve disputas sobre posibles violaciones, la misión de la ONU se verá presionada a tomar partido, especialmente contra las FARC. Para tomar decisiones informadas, será necesario consultar con los delegados de los países garantes, Noruega y Cuba. La comunidad internacional, en especial pero no exclusivamente los Estados Unidos y la UE, necesitará en ocasiones apoyar de manera pública las duras decisiones que deba tomar la misión durante un periodo turbulento.

Habrá grandes retos en los críticos meses venideros. Pero a la luz de la histórica declaración de La Habana, merece la pena recordar que Colombia se ha enfrentado con éxito a mayores obstáculos en el pasado medio siglo de conflicto armado.

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