Expertos consideran desaparición forzada el caso de un detenido en Argentina

Expertos consideran desaparición forzada el caso de un detenido en Argentina

21 de marzo, 2016 — Una desaparición forzada no depende del tiempo que dure para ser clasificada como delito, advirtió hoy el Comité de la ONU contra esa práctica, tras analizar el caso de una persona detenida en Argentina a cuya familia se le negó información sobre su paradero durante varios días.

Los expertos indicaron que durante siete días el prisionero Roberto Yrusta no pudo comunicarse con su familia ni recibir asistencia de un abogado, además de que las autoridades ocultaron su paradero durante ese lapso pese a las solicitudes de información de sus familiares.

“Este hecho constituye una desaparición forzada”, afirmó Juan José López Ortega, miembro del Comité.

El recluso había pedido que lo trasladaran de una cárcel de Córdoba, alegando que había sido torturado y maltratado allí durante tres años. El 16 de enero de 2013, el Sr. Yrusta fue trasladado a una cárcel de la provincia de Santa Fe; pero ni él ni su familia sabían el destino y su nombre no figuró correctamente en el registro del penal. Tampoco se indicó quién ordenó el traslado ni cuándo se realizó.

“Una desaparición forzada no tiene que comenzar necesariamente con una detención arbitraria o ilegal, sino que la detención legal de una persona puede llegar a ser ilegal y, como en este caso, convertirse en una desaparición forzada”, subrayó el Comité.

“Para que la detención sea secreta, no tiene que ocurrir en un centro clandestino, sino que puede ocurrir en una prisión oficial, si las autoridades se niegan a facilitar información sobre el paradero de la persona detenida”, agregó.

Una vez que Yrusta logró ponerse de nuevo en contacto con su familia, dijo que todavía lo maltrataban. El 7 de febrero de 2013, unos diez meses antes de la fecha prevista para su libertad definitiva, fue hallado muerto en su celda.

Sus hermanas presentaron una denuncia a las autoridades argentinas, para tratar de aclarar las circunstancias de su desaparición y fallecimiento, así como el trato inhumano del que se había quejado.

Las autoridades argentinas no reconocieron a las hermanas la condición de víctimas y no les permitieron participar en la investigación, con lo que vulneraron lo estipulado en la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, de la cual Argentina es Estado parte.

El Comité recomendó una investigación imparcial sobre la desaparición y las denuncias de Yrusta y señaló que los responsables deben ser enjuiciados.