Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Argentina: 30 años de una sentencia histórica
El juicio de 1985 contra militares implicados en crímenes de la última dictadura quedó en la memoria colectiva del país, donde aún se procesa a personas vinculadas con esos hechos. DW analiza el estado de la cuestión.
Una singular efemérides pasa prácticamente desapercibida en Argentina, mientras el país asiste expectante al alboroto suscitado por los desacuerdos en el traspaso de la presidencia, último capítulo de las desavenencias entre kirchneristas y macristas. El 9 de diciembre de 1985 se pronunció la sentencia que condenaba a Jorge Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por su participación directa en graves crímenes cometidos durante la última dictadura argentina. Fueron los dos veredictos más duros, pero no los únicos que se dictaron aquel día: también fueron condenados Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti.
Ricardo Gil Lavedra, abogado y exministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, fue miembro del tribunal que condenó a Videla y Massera en 1985. Desde su despacho bonaerense, Gil Lavedra recuerda a Deutsche Welle la importancia de aquel juicio para la historia política de Argentina y su valor pionero en el ámbito internacional: “Aquello supuso la bisagra de la transición democrática argentina, porque significó el restablecimiento del imperio de la ley y el principio básico de toda sociedad democrática, que es la igualdad de todos ante la ley. Así, la nueva sociedad democrática se constituyó sobre la base del Estado de derecho”, valora. “Además, el juicio contó con unas características inéditas por la falta de antecedentes que había en el resto del mundo”, dice Gil Lavedra.
Del papel pionero de Argentina a la actual incertidumbre
La histórica sentencia sufrió posteriores modificaciones con los sucesivos cambios en el poder. Sin embargo, permanece como un hito por haberse convertido en precedente jurídico para otros países de la región y haber elevado a Argentina a la vanguardia de los derechos humanos. Su trascendencia internacional valió al proceso el sobrenombre de “Núremberg argentino” y el alegato final de su fiscal, Julio César Strassera, permanece en la memoria colectiva del país, con su reclamo de justicia “en nombre de la conciencia jurídica universal”.
Treinta años después, la Justicia aún no ha concluido su trabajo, como reflejan las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Voces del oficialismo dicen que el nuevo presidente pudiera tener entre sus propósitos frenar o limitar la celebración de los juicios. “Yo no lo creo, porque todas las fuerzas políticas están de acuerdo en la necesidad de que se lleven a cabo”, asegura Gil Lavedra. Ton Robben, director del departamento de Ciencias Sociales y Antropología Cultural de la Universidad de Utrecht y autor, entre otros, del libro Political Violence and Trauma in Argentina, recuerda a Deutsche Welle que “Macri ha dicho públicamente que desea que los juicios continúen. La cuestión es hasta qué punto y durante cuánto tiempo”, dice Robben.
Los empresarios vinculados con la dictadura
En el actual debate también se ha planteado la cuestión sobre si Mauricio Macri pudiera querer limitar los juicios a compañías y empresarios vinculados con la dictadura. Mientras Gil Lavedra considera el proceso emprendido como “irreversible”, Ton Robben sí contempla esa posibilidad: “Me puedo imaginar que procesar a compañías extranjeras como Ford o Bank of America y a sus respectivos directivos argentinos puede suponer un freno para que las empresas inviertan en Argentina debido al incierto clima judicial. De la misma forma, las empresas argentinas podrían estar menos dispuestas a apoyar la política económica de Macri si prevén que va a haber años y años de juicios contra ellas”, explica.
Sobre por qué en más de una década de los Kirchner en el poder no se ha hecho nada a ese respecto, Ton Robben aduce precisamente razones económicas: “Se produce una dinámica en Argentina que relaciona la economía con la responsabilidad. Cuanto peor le va al país económicamente, menos atención presta a las pasadas violaciones cotra los derechos humanos y crímenes contra la humanidad”, argumenta. Tanto Gil Lavedra como Robben están de acuerdo en que se deben agilizar los procesos: “Todo se ha demorado en demasía y eso es malo para todos”, valora el político argentino. Robben, por su parte, cree que “el Estado argentino debiera invertir más medios en tribunales, jueces, etc., con el fin de acelerar la celebración de los juicios. Los acusados se van haciendo viejos y pasan muchos años detenidos ante de ser enjuiciados. Agilizar sus procesos beneficiaría a todas las partes”, dice.
