Catalunya en Europa y viceversa

Catalunya en Europa y viceversa

Vistos los resultados, tan descabellado es pensar que el 27-S fueron unas elecciones autonómicas convencionales como que de su resultado surgirá de inmediato un nuevo Estado independiente dentro de la Unión Europea. El 27 de septiembre abre en Catalunya y España necesariamente un periodo de negociación interna y externa para afrontar un reto político mayúsculo, donde los debates sobre la relación con Europa serán centrales.

Por mucho que hayan querido trazarse paralelos con la independencia de las repúblicas bálticas, los países del este de Europa o Escocia, no existen en el seno de la Unión precedentes idénticos a la situación catalana. El carácter excepcional de las elecciones del 27-S y el mandato popular a favor de la independencia serán leídos de manera diferente por aquellos que consideran las elecciones como un referéndum de facto y aquellos que las leen como unos simples comicios autonómicos.

Los partidarios de cada una de las lecturas argumentarán que, o bien Europa debe posicionarse ante la voluntad de avanzar hacia la creación de un nuevo Estado o bien que la cuestión debe resolverse de manera bilateral entre el gobierno español y el catalán. Ante la excepcionalidad del caso, pocos en Europa darán credibilidad al argumento de que un nuevo Estado catalán se integrará inmediatamente en la UE ni que este quedará dando vueltas al sistema solar sin anclaje alguno. Ni hechos consumados ni oídos sordos a lo expresado en las urnas. Muchos estarán de acuerdo, en cambio, en que el procés requiere de una solución política inminente.

Voces respetables y conocedoras de la maquinaria institucional de la UE vienen alertando de que no hay argumento legal suficiente para abordar una cuestión eminentemente política. Pero también es cierto que pocas de esas voces ven la necesidad imperiosa de inmiscuirse hoy en su solución. Más bien al contrario: salvo contadas excepciones en parlamentos nacionales y miembros del Parlamento Europeo, representantes del Consejo y la Comisión han preferido remitir el dossier a Madrid y Barcelona y aferrarse a las declaraciones y prácticas existentes.

Los motivos son varios. Por un lado, tanto los Estados miembros como la Comisión argumentan que no es potestad suya pronunciarse sobre cuestiones internas de otros Estados miembros. Por el otro, los Tratados de la Unión no se redactaron pensando en la posible desintegración de los Estados miembros sino más bien para marcar las reglas del juego de futuras adhesiones.

Pero, ante todo, la UE se encuentra hoy inmersa en crisis de alta intensidad, con lo que el interés por enfrentarse a otra es cercano a cero. La crisis de Grecia y de los refugiados han tambaleado fundamentos esenciales del proyecto europeo como son la zona euro y la libertad de movimientos y libre circulación de personas. Y con ello han sacado a relucir las deficiencias del modelo europeo ante serias amenazas de desintegración. El común denominador de muchas voces europeas hasta la fecha bien podría resumirse con un “por favor den solución a su problema y, sobre todo, háganlo antes de trasladarlo a las salas de gestión de crisis de la Unión”.

Horizonte europeo

Pero si bien Europa ha tendido a mantener un perfil bajo, tanto los argumentos pro-independencia como los del gobierno español han puesto gran énfasis en el horizonte europeo (o no) de una Catalunya independiente. El debate cara a cara organizado por la televisión privada 8tv el 23 de septiembre giró en exclusiva alrededor de la cuestión europea.

El presidente de Esquerra Republicana y candidato de Junts pel Si, Oriol Junqueras, presentó sólidos argumentos sobre la permanencia de una Catalunya independiente en la Unión. Puso énfasis en que, al poder continuar ostentando la nacionalidad española en una Catalunya independiente, sus ciudadanos seguirían manteniendo su condición de europeos. Por el contrario, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, apuntó que los ciudadanos de un nuevo Estado catalán dejarían de ser españoles, por lo que automáticamente perderían su pasaporte europeo (y remachó su argumento con un: “¿Para qué querrán entonces la independencia si en el fondo desean seguir siendo españoles?”).

Pero aunque el debate se articulara en torno a la ciudadanía europea, mejor sería preguntarse si, en caso de independencia, Catalunya podría seguir formando parte de las estructuras institucionales de la Unión –y no solamente de los beneficios que estas conllevan–. Estar en Europa, ser europeo o comprar en euros no se traduce necesariamente en tener un asiento asignado en el Consejo de la Unión o contar con un miembro de tu nacionalidad en el colegio de Comisarios. Tampoco en participar en los foros de toma de decisiones de la política agrícola común o la definición de la política monetaria de la zona euro. Para ello, es necesario contar con el respaldo de todos los Estados miembros el día de tu adhesión y, sin duda, previo paso por una solución política al escenario post 27-S, que bien podría pasar por un referéndum legal y acordado o una reforma a fondo de la Constitución.