La Corte Penal Internacional: ¿la justicia universal es posible?

La Corte Penal Internacional: ¿la justicia universal es posible?

La Corte Penal Internacional (CPI) está lejos de ser el organismo global diseñado para perseguir a responsables de crímenes contra la humanidad, como prometió durante su establecimiento en 1998. La incapacidad de La Haya para castigar a genocidas se ilustra con el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien se ha paseado por África a pesar de que enfrenta una orden de arresto internacional desde hace seis años.

“La Corte Penal está fracasando”

Sí en el caso Omar al Bashir. A pesar de enfrentar orden de entrega y captura internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en la región de Darfur, el líder sudanés se ha pasado por 18 países en completa impunidad. Incluso ha visitado seis Estados miembros de la Corte Penal Internacional (Chad, Nigeria, Congo, Kenia, Malaui y Suráfrica), quienes en teoría están obligados a cumplir las órdenes de los magistrados del organismo.

Esto ha sido posible porque todo depende de que alguien se atreva a detenerlo, lo cual es poco probable. La justicia internacional no opera como las justicias nacionales, no es como acatar la orden de arresto contra un terrorista o narcotraficante transnacional, quien es detenido para evitar que siga propagando el daño causado por su actividad delictiva. En el caso de los dictadores es distinto, puesto que su captura podría desatar grandes disturbios en el interior de sus países o desencadenar conflictos transfronterizos.

Al Bashir no aparecerá en el banquillo de los acusados mientras continúe en el poder. De manera que aquellos que reclaman justicia deben ser pacientes y esperar como ocurrió con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic, el líder serbobosnio Radovan Karadzic y el ex Presidente de Liberia Charles Taylor; todos testimonios de que la impunidad tarde o temprano llega a su final.

Por ahora, habrá que conformarse con la incomodidad que genera para el Presidente sudanés el tener que elegir cuidadosamente sus destinos en el extranjero y viajar siempre escoltado por dos aeronaves de combate para evitar que su avión presidencial sea interceptado en el espacio aéreo.

“La CPI no es bienvenida en África”

Algo hay de cierto. Si la Corte, por ejemplo, pidiera el arresto de altos mandos israelíes que hubieran cometido crímenes en Palestina, o de militares rusos por supuestos actos de limpieza étnica en territorios de soberanía georgiana, entre 1993 y 2008, tal vez muchos países africanos reticentes a cooperar cambiarían de opinión.

Sin embargo, debido a que todos los casos abiertos hasta ahora son africanos, ocho en total, los detractores del organismo han tenido municiones de sobra para alterar la percepción que se tiene en África sobre la CPI, presentándola como un órgano colonialista empeñado en criminalizar a un continente.

Mandatarios como el de Uganda, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986; de Eritrea, Isaías Afwerki, en el mando desde 1992, y el de Ruanda, Paul Kagame, han atacado a la institución acusándola de “racista”, “contraproducente”, “hipócrita” y “selectiva”. La Unión Africana igualmente ha sido hostil hacia el organismo, socavando el derecho internacional anteponiendo los intereses de una clase política que se resiste al cambio.

La Corte seguirá acumulando fiascos como el de Al Bashir o el del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, caso al que tuvo que renunciar por no reunir suficientes pruebas para verificar sus acusaciones, hasta que demuestre que no se fija sólo en los delitos cometidos en África. La Corte reforzaría su credibilidad si muestra que está dispuesta a pedirle cuentas a naciones de otros hemisferios.

“La CPI paga el precio de nacer sin el apoyo de Consejo de Seguridad”

Sí, aunque sus obstáculos van más allá. Sería un error negar que la CPI opera en una estructura internacional que no es equitativa. El sisitema actual excluye de la rendición de cuentas a tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia y China.

La negativa de recocer las competencias del texto funcional de la Corte restringe la cooperación de estos países con el organismo y, por tanto, limita su margen de actuación en todos los ámbitos, desde la recolección de evidencias hasta la detención de presuntos culpables. Además de no reconocer al tribunal, EE UU ha socavado su alcance firmando acuerdos bilaterales de inmunidad para prohibir la entrega a La Haya de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el verdadero talón de Aquiles de la Corte no es el distanciamiento con Washington, Pekín y Moscú, sino la falta de una policía propia para detener a los acusados. También sigue siendo un reto un elemento fundamental de la justicia como es la protección de víctimas y testigos, así como la restitución de daños.

Si en el caso del dirigente keniano Kenyatta, acusado de las matanzas étnicas desatadas tras los comicios de 2007, los testigos hubieran conocido los derechos que poseen según el Estatuto de Roma, incluyendo la protección y reparación, muy probablemente la Corte no hubiera sufrido el vergonzoso revés de perder el caso. La fiscal jefe, Fatou Bensouda, argumentó que los testigos habían sido amenazados y sobornados por grupos afines al jefe de Estado en ejercicio.

“La justicia global avanza a contracorriente”

Definitivamente. Lo que se inició como un proyecto teórico hoy es una realidad. Se ha alcanzado mucho desde la celebración de la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, llevada a cabo en Roma en 1998, hasta la entrada en vigor del Estatuto en 2002.

El avance más visible es el aumento del número de Estados parte. Arrancó con 89 ratificaciones el día formal de su inauguración y hoy cuenta con 123 países. Para que la Corte pueda desarrollar exitosamente este proyecto universal, se necesita que cada vez más naciones del mundo formen parte del organismo.

Igualmente ha crecido el número de intervenciones. Después de abrir en 2003 su primer caso por los crímenes cometidos en Ituri, provincia del noroeste de la República Democrática del Congo y una de las regiones más sanguinarias del planeta gobernada por milicias y delincuentes, acumula siete investigaciones más, de las cuales dos son remisiones estatales, Uganda del Norte y la República Centroafricana; dos iniciativas del fiscal especial, Kenia y Costa de Marfil, y dos del Consejo de Seguridad de la ONU, Darfur y Libia.

Cada uno de estos casos certifica que la CPI sólo interferirá cuando un país no esté dispuesto o sea incapaz de juzgar a sus propios nacionales responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Todos los miembros de la OTAN han entendido esto con excepción de Turquía y Estados Unidos.

La contribución de La Haya no se limita a sus investigaciones y al análisis de situaciones que inquietan a la comunidad internacional, como ocurre en el caso Colombia y Honduras, que forman parte de los ocho archivos bajo evaluación. La implementación del Estatuto de la CPI ha fortalecido las legislaciones internas de los países firmantes con relación a los crímenes más severos registrados por la humanidad. Además, la posibilidad de un juicio internacional ha incrementado la probabilidad de que un Estado atienda estos casos a nivel interno.

“La cooperación es el gran desafío de la CPI”

Sin duda.  La efectividad de la CPI aumentará en tanto mejore su habilidad para trabajar en conjunto con los países miembros y las principales organizaciones e instituciones internacionales como la Unión Africana, la Liga Árabe y la Unión Europea; así como con instancias de investigación policiaca y judicial como Interpol y Europol. Esta cooperación podría facilitarse a través de los acuerdos de relación o cooperación entre estas instituciones e incrementaría las probabilidades de ejecución de las decisiones de los magistrados de La Haya. Por ejemplo, el apoyo logístico, técnico y financiero aumentaría las capacidades en el contexto de protección de testigos y congelación de activos.

Para desarrollar exitosamente este proyecto universal también es fundamental sumar más países al proyecto; y en este tenor, es fundamental el apoyo político y diplomático de la Unión Europea, como uno de los mayores promotores de la democracia y los derechos humanos en el planeta.

La UE debe demostrar abiertamente su voluntad de que está dispuesta a profundizar sus relaciones con socios regionales que deseen cooperar con la Corte y con aquellos países en condiciones estratégicas para influir sobre otros miembros de la Unión Africana, quien tiene el poder de hacer cumplir los arrestos que dicta La Haya.

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