Inmigrantes en Argentina: ¿una aventura hacia una vida mejor?
La migración es una realidad, llena de luces y sombras, que también se da en el interior de América Latina. Un ejemplo es Argentina, un país de migrantes que hoy se debate entre los logros de una inclusiva ley de inmigración y la compleja realidad.
Según el último censo oficial, los inmigrantes suponen el 4,5% de la población en Argentina. La comunidad paraguaya es la más numerosa, con 550.700 personas; le siguen los 345.000 bolivianos, los 191.100 chilenos y los 157.500 peruanos. Las comunidades paraguaya, boliviana y peruana son también las que más están creciendo en los últimos años, y tienden a concentrarse en el área metropolitana de Buenos Aires.
Desde 2003, el Gobierno argentino, haciendo honor a su historia, ha promovido una política migratoria inclusiva: en los cinco años que siguieron a la entrada en vigor de la ley en 2004 se concedieron más de 500.000 residencias definitivas, una media de unas 100.000 anuales. Si bien esa ley ha contribuido a disminuir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, muchos empleadores se siguen beneficiando del alto grado de informalidad de los sectores donde más se emplean: construcción, textil y servicio doméstico. El ingreso mensual que perciben los trabajadores migrantes suramericanos en Argentina es 23% inferior al salario medio, según un estudio reciente del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (Citradis). Además, los inmigrantes han sido el colectivo menos beneficiado por las políticas públicas que han reducido los niveles de informalidad laboral en Argentina del 49% en 2003 al actual 34%.
Muchos argentinos siguen pensando que los inmigrantes les pueden quitar el trabajo, pese a las evidencias de que el incremento de ellos “no incide en el nivel de desocupación de los nativos”, como afirma un estudio de 2012 realizado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Los inmigrantes “complementan y no sustituyen a los trabajadores locales, generando un impacto positivo en la sociedad argentina”, afirma el estudio El impacto de las migraciones en Argentina en el inicio del siglo XXI . Así, la OIM cree que los bolivianos, que han alcanzado un alto grado de eficiencia en la producción de hortalizas frescas y han creado sus propios mercados de distribución, han venido a resolver “un problema de escasez de mano de obra que padeció siempre la horticultura en fresco en la Argentina”. Tras estudiar el caso de la comunidad boliviana en Buenos Aires, la antropóloga argentina María Inés Pacecca concluye que, en gran parte, se trata de una “historia de éxito”: muchas familias han conseguido abrir su propio negocio, sobre todo, verdulerías: ha sido una estrategia, forjada sobre el trabajo y la solidaridad, para ganar autonomía y encontrar su lugar en la ciudad del tango.
La cara más oscura
Sin embargo, los bolivianos son también protagonistas de la cara más oscura de la migración en Argentina: la de los hombres y mujeres que llegan a Buenos Aires con mentiras y son obligados a trabajar, en condiciones análogas a la esclavitud, en talleres textiles clandestinos, a cambio de poco o nada; a veces, sólo por la comida y para saldar la supuesta deuda de su viaje. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que alrededor de 1,8 millones de personas trabajan en condiciones de trabajo forzoso en América Latina. El textil es uno de los sectores más afectados por esta lacra, favorecido por la informalidad del sector: según la propia Cámara de la Industria Indumentaria, el 78% de los trabajadores del textil trabaja en negro.
Esta tragedia cotidiana, siempre latente, volvió a las portadas de diarios y noticieros el pasado 27 de abril, cuando dos niños de origen boliviano, de siete y diez años, murieron en el barrio porteño de Flores a causa de un incendio en un taller textil clandestino que no cumplía unas mínimas condiciones de seguridad. La Fundación La Alameda, que lleva años denunciando esta situación, ha confeccionado una lista de 113 marcas de ropa -algunas tan conocidas como Zara, Puma y Adidas- a las que acusa de utilizar mano de obra esclava. En 2013, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) presentó una denuncia contra Zara a la que siguieron varios allanamientos.
El listado de La Alameda incluye también 34 empresas agrarias, el otro sector de la economía en el que abunda la explotación e incluso el trabajo en condiciones análogas a la esclavitud, como denuncia el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Cada tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) anuncia la detección de trabajadores en condiciones infrahumanas en el campo argentino, en provincias del interior y el norte empobrecido o en la misma provincia de Buenos Aires. De nuevo, la informalidad del sector ayuda a los empresarios sin escrúpulos: el 60% de la mano de obra rural trabaja en negro, según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Utrae).
Prejuicios xenófobos
Como señala la OIM, la ley de migración argentina no hizo sino consagrar institucionalmente “el derecho humano a migrar, el acceso a la justicia, la prohibición de expulsiones sin el debido control judicial y la reducción de los supuestos de detección de migrantes”. Sin embargo, el debate sobre los presuntos “excesos migratorios” se ha reinstalado en el “escenario preelectoral particular” que vive argentina, como destaca Pablo Ceriani, director del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, en un reportaje de la revista Veintitrés. “Es tanto más cómodo achacarle la responsabilidad de todos los males a una minoría silenciada política y electoralmente”, lamenta Ceriani, en alusión a algunas declaraciones de miembros del gobierno porteño, en manos de Mauricio Macri, candidato presidencial y principal contrincante del oficialismo kirchnerista.
El diputado Gastón Harispe, por su parte, habla de una “campaña de estigmatización infundada”, pues “delinquen igual los migrantes que los argentinos nativos”. Los medios de comunicación refuerzan, muchas veces, esos falsos estereotipos, como el que vincula la migración peruana con las bandas del narcotráfico. Según el informe de la OIM, por ejemplo, el 38% de los inmigrantes varones peruanos tienen educación terciaria o universitaria, frente al 18% de la media argentina.
“Es una ingenuidad pensar que los prejuicios se combaten con información”, alerta Pacceca. Tampoco se derogan por ley. Como asegura el informe difundido por Citradis, los inmigrantes siguen sometidos a discriminación, y no sólo en el acceso al empleo o en el salario: también al acceder a una vivienda, y las dificultades que aumentan cuanto más oscuro es el tono de la piel. Además, los migrantes latinoamericanos tienen un menor acceso a la salud y la educación pública: según el Citradis, un 66% de los asalariados argentinos cuentan con cobertura de la seguridad social, frente al 47,7% en el caso de los migrantes. En realidad, y a pesar de sus mayores dificultades de inserción, los extranjeros trabajan más que la media, en parte porque la mayor parte de ellos llega al país en edad de trabajar.
Por otro lado, el informe de la OIM comprobó que paraguayos, bolivianos o peruanos presentan “índices de detención superiores a los nacionales” debido a “las prácticas de discriminación que se ejercen sobre estos grupos, cristalizada en una mayor vigilancia y control”. Es decir, a los inmigrantes, siempre bajo sospecha, se les persigue más, y por eso se les detiene, procesa, condena y encarcela también en mayor medida.
Cada vez más estudiantes
Pero Argentina aporta un elemento diferencial en América Latina: además de absorber el flujo de migrantes en busca de trabajo, también es receptora de jóvenes llegados con un objetivo en firme: estudiar. Es, sobre todo, el caso de jóvenes procedentes de países donde los estudios universitarios son muy onerosos, como sucede en Colombia y Chile. Es algo que se siente en las calles, en los acentos, en los restaurantes y en la música: la influencia colombiana ha llegado para quedarse. Es, quizá, la arista más notable de un fenómeno más amplio: entre 2006 y 2013 se duplicó la presencia de estudiantes extranjeros en el país. Según datos del Ministerio de Educación argentino, el país acoge a más de 50.000 alumnos extranjeros de carreras universitarias y otros miles cursan posgrados. Podría ser la cifra más alta de América Latina, pero no existen estadísticas oficiales en todos los países que permitan confirmarlo.
Lo que sí es un hecho es que cada vez más jóvenes llegan a Argentina atraídos por la posibilidad de estudiar gratuitamente -un derecho recogido en la propia Constitución- en un sistema universitario de reconocida calidad académica. La ley migratoria brinda además todas las facilidades: los inmigrantes pueden entrar como turistas y tienen 90 días para cambiar su estatus migratorio -en muchos países, una vez dentro del país no se permite cambiar de estatus-; el trámite para obtener la residencia como estudiante es, además, relativamente sencillo, más aún para quienes proceden de los países del Mercosur.
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