Derecho Internacional Público – dipublico.org Cátedra I de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata – Argentina
Honduras presenta su Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
08 de mayo, 2015 — El gobierno de Honduras ha tomado medidas enérgicas para combatir el crimen organizado, agravado por el tráfico de drogas y que dio lugar a altas tasas de homicidios, dijo hoy el ministro de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro.
El alto funcionario presentó el Examen Periódico Universal (EPU) de su país ante el Consejo de Derechos Humanos, un mecanismo de evaluación al que los países se someten cada cuatro años, la última vez que Honduras lo hizo fue en 2010.
El Secretario de Estado dijo a los miembros del panel que una de las medidas adoptadas fue la de constituir escudos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar el paso de la droga, además de una profunda reforma de la policía nacional.
“Como resultado de esta decidida política, Honduras dejó de ser el principal puente de tráfico de drogas entre el Sur y Norte de América. Las tasas de homicidio han caído dramáticamente de 86,5 a 66,4 por cada 100.000 habitantes. Aunque estas cifras siguen siendo muy altas, la tendencia es hacia la baja en el curso de este año”.
Por su parte, el grupo de trabajo encargado de revisar el informe de Honduras cuestionó el persistente clima de violencia e inseguridad en el país, incluidos los asesinatos de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades indígenas y de afrohondureños.
Otra preocupación fue la constancia de casos de violencia contra la mujer y los feminicidios, así como el tema de la migración de menores que viajan solos.
Entre las nuevas recomendaciones figuran el fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de investigar crímenes y ejecuciones extrajudiciales y de implementar formas efectivas de acabar con la impunidad.
Otras encomiendas fueron la reducción del hacinamiento en las prisiones y centros de detención juveniles, además de garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de los miembros del sistema judicial, entre otros.
